EL COMPUTO DEL PLAZO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL COVID-19

EL COMPUTO DEL PLAZO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL COVID-19

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Le dimos la bienvenida al año 2020 sin imaginarnos lo que nos esperaba. Al inicio del año se veía todo bien, la economía marchaba como siempre, las personas hacían planes a futuro (como viajes, eventos, matrimonio, maestría, hijos, etc.), las empresas invertían, contrataban personal, compraban inmuebles, vehículos, se endeudaban, etc.; hasta que llegó el 15 de marzo.

El presidente Vizcarra mediante un mensaje presidencial daba inicio a un Estado de Emergencia Nacional y ponía al país entero en cuarentena, pues teníamos el primer caso detectado con el virus COVID-19 en nuestro país.

Ante esta situación, teníamos muchas preguntas sin respuestas, normas empezaron a publicarse en el ámbito tributario, haciendo todo el panorama más confuso para los contribuyentes, en especial para aquellos que habían iniciado un procedimiento o necesitaban iniciar uno. En base a ello, varias interrogantes empezaron a surgir respecto a la suspensión y reinicio del computo del plazo de los procedimientos administrativos, las cuales vamos aclarar en las siguientes líneas.

  1. Contexto Normativo:

El 11 de marzo de 2020 se publicó el D. S. N° 08-2020-SA, mediante el cual se declara Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de 90 días calendario, ante la existencia del COVID-19. Que un país declare emergencia sanitaria significa que todo el sistema de salud de dicho país se enfoca y prioriza la pandemia por el COVID-19. Las personas infectadas por este virus, son prioridad en el momento de la atención, la compra de las medicinas, la implementación de nuevas áreas de atención especiales para este tipo de enfermedad, etc., todo se centra en la atención de la enfermedad objeto de la pandemia, pero sin descuidar las demás enfermedades.

Posteriormente, el 15 de marzo se publica el D. S. N° 44-2020-PCM y se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 15 días calendario y se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, del 16 al 31 de marzo de 2020[1].

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LA QUEJA COMO MEDIO DE DEFENSA

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Conforme al criterio del Tribunal Fiscal, la queja es un remedio procesal que permite a los administrados cuestionar las actuaciones indebidas de la Administración que puedan vulnerar sus derechos o intereses, a fin que se pueda corregir las actuaciones y encauzar el procedimiento. En ese sentido, la queja no  constituye un recurso impugnativo, ni procede cuando existan otros procedimientos o vías idóneas para conocer el asunto cuestionado.

La queja contra las actuaciones de la Administración Tributaria se encuentra regulada de manera general en el artículo 155° del TUO del Código Tributario-Decreto Supremo N° 133-2013-EF (En adelante CT), siendo el Tribunal Fiscal, a través de la Oficina de Atención de Quejas, el competente para resolverla, de ahí resulta la jurisprudencia del Tribunal Fiscal que nos da los criterios sobre su regulación.

En el caso que se necesite defender contra actuaciones irregulares del Tribunal Fiscal, también se puede interponer queja ante la Defensoría del Contribuyente, la cual será resuelta por el Ministerio de Economía y Finanzas.

También contamos con la queja administrativa, regulada en la Ley de Procedimiento Administrativo General.

  1. La naturaleza de la queja: 

El artículo 155 del CT establece que “La queja se presenta cuando existan actuaciones o procedimientos que afecten directamente o infrinjan lo establecido en este código, en la Ley General de Aduanas, su reglamento y disposiciones administrativas en materia aduanera; así como en las demás normas que atribuyan competencia al Tribunal Fiscal”. Esta norma debe ser concordada con el literal h) del artículo 92 del mismo cuerpo normativo, según el cual los deudores tributarios tienen derecho, entre otros, a: “Interponer queja por omisión o demora en resolver los procedimientos tributarios o por cualquier otro incumplimiento a las normas establecidas en el presente código“.

Así mismo cabe tener en cuenta lo establecido en el numeral 5) del Artículo 101 del CT, según el cual, son atribuciones del Tribunal fiscal “Atender las quejas que presenten los administrados contra la Administración Tributaria, cuando existan  actuaciones o procedimientos que los afecten directamente o infrinjan lo establecido en este Código; las que se interpongan de acuerdo con la Ley General de Aduanas, su reglamento y disposiciones administrativas en materia aduanera, así como lo demás que sea de competencia del Tribunal Fiscal conforme al marco normativo aplicable”.

Como se puede visualizar la norma ya no hace referencia a la queja como un recurso como antes lo hacía, este error fue corregido con el Decreto Legislativo N° 1315 publicado el 31 de Diciembre del 2016. La explicación de ello es que la queja no puede ser un recurso porque tiene una naturaleza de un medio excepcional procedimental, es un remedio procesal mediante el cual se busca corregir las actuaciones de la administración que afecten de manera indebida al deudor tributario y reencauzar el procedimiento.

Es decir, mediante el recurso administrativo, se promueve el control de la legalidad de un acto emanado de la autoridad administrativa, con la finalidad que se le revoque o modifique, con el objeto de restablecer el interés que ha sido lesionado o vulnerado por este acto administrativo que se impugna mediante el recurso. En ese sentido, la nota característica de los recursos es su finalidad impugnatoria de actos o disposiciones preexistentes que se estiman contrarias a Derecho, en cambio, la queja no es instrumento para impugnar, sino para corregir, por lo que su finalidad es distinta.

Esta diferencia se nota cuando analizamos el recurso de reclamación, reconsideración, oposición, o revocación, el cual se interpone ante el mismo órgano que emitió el acto administrativo que es materia de controversia, a fin que considere nuevamente el asunto sometido a su pronunciamiento, ya que el Administrado tiene el derecho de impugnar un acto administrativo y la Administración tiene el deber de revisar su propio acto. Sin embargo, la queja es diferente, no ha sido diseñada para impugnar acto administrativo alguno; por el contrario, la queja en materia tributaria procede cuando existen actuaciones o procedimientos que infrinjan lo establecido en el Código Tributario. Entonces podemos apreciar que la naturaleza de una queja es la de un remedio procesal que el legislador ha regulado; de tal manera que los administrados puedan utilizarla para que se corrijan los defectos que se pudieran presentar en la tramitación de cualquier procedimiento administrativo, de tal manera que puedan subsanarse los errores cometidos dentro del procedimiento[1]. 

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