Archivos de Categoría: Comprobante de pago

EFECTO DE LA POSTERGACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL

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El 28 de agosto de 2020, fue publicó en Edición Extraordinaria el Decreto Supremo No. 146-2020-PCM (“DS 146”), el cual prorroga el Estado de Emergencia Nacional, declarado inicialmente por el Decreto Supremo No. 044-2020-PCM y ampliado, por última vez, mediante Decreto Supremo No. 135-2020-PCM.
Así, la prorroga mencionada extenderá el Estado de Emergencia Nacional, inicialmente vigente hasta el 31 de agosto de 2020, al periodo comprendido entre el 01 de setiembre y el 30 de setiembre del presente año.
 
En ese sentido, lo señalado en las Resoluciones de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos N.os 008-2020-SUNAT/700000 y 011-2020-SUNAT/70000, aplica a las infracciones cometidas o detectadas hasta el 30 de septiembre del 2020. Es decir, todas las infracciones cometidas durante el Estado de EMERGENCIA NACIONAL decretado por el Gobierno no serán sancionadas.
 
Sin embargo, el día de hoy se publicó la RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE TRIBUTOS INTERNOS Nº 000016-2020-SUNAT/700000, la cual señala que no se sancionará administrativamente la infracción tipificada en el numeral 10 del artículo 175 del Código Tributario, considerando ciertos criterios. Pero que ello, no resulta de aplicación respecto de las infracciones a las que se aplican las Resoluciones de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos N.os 008-2020-SUNAT/700000 y 011-2020-SUNAT/70000, las que se ceñirán a lo previsto en ellas.

EL COMPUTO DEL PLAZO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL COVID-19

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Le dimos la bienvenida al año 2020 sin imaginarnos lo que nos esperaba. Al inicio del año se veía todo bien, la economía marchaba como siempre, las personas hacían planes a futuro (como viajes, eventos, matrimonio, maestría, hijos, etc.), las empresas invertían, contrataban personal, compraban inmuebles, vehículos, se endeudaban, etc.; hasta que llegó el 15 de marzo.

El presidente Vizcarra mediante un mensaje presidencial daba inicio a un Estado de Emergencia Nacional y ponía al país entero en cuarentena, pues teníamos el primer caso detectado con el virus COVID-19 en nuestro país.

Ante esta situación, teníamos muchas preguntas sin respuestas, normas empezaron a publicarse en el ámbito tributario, haciendo todo el panorama más confuso para los contribuyentes, en especial para aquellos que habían iniciado un procedimiento o necesitaban iniciar uno. En base a ello, varias interrogantes empezaron a surgir respecto a la suspensión y reinicio del computo del plazo de los procedimientos administrativos, las cuales vamos aclarar en las siguientes líneas.

  1. Contexto Normativo:

El 11 de marzo de 2020 se publicó el D. S. N° 08-2020-SA, mediante el cual se declara Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de 90 días calendario, ante la existencia del COVID-19. Que un país declare emergencia sanitaria significa que todo el sistema de salud de dicho país se enfoca y prioriza la pandemia por el COVID-19. Las personas infectadas por este virus, son prioridad en el momento de la atención, la compra de las medicinas, la implementación de nuevas áreas de atención especiales para este tipo de enfermedad, etc., todo se centra en la atención de la enfermedad objeto de la pandemia, pero sin descuidar las demás enfermedades.

Posteriormente, el 15 de marzo se publica el D. S. N° 44-2020-PCM y se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 15 días calendario y se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, del 16 al 31 de marzo de 2020[1].

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TRATAMIENTO TRIBUTARIO EN EL SECTOR INMOBILIARIO Venta de Bienes Inmuebles realizada por persona natural

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  1. Introducción:

En los últimos años el sector inmobiliario ha tenido un movimiento muy acelerada. Se cuenta con empresas que se dedican a construir y vender inmuebles, algunas otras sólo venden inmuebles, también se cuenta con personas naturales que se dedican a la venta de inmuebles sin ser una empresa inmobiliaria, personas naturales que invierten en un inmueble que luego venden, etc. Bajo este contexto, el derecho tributario presenta un tratamiento para la enajenación de inmuebles con los diversos matices, según el caso concreto.

Este artículo, sólo se abocará a desarrollar el tratamiento tributario en el caso de la venta de inmuebles realizada por persona natural con las particularidades para cada supuesto.

  1. ¿Cuándo estamos ante una ganancia de capital gravada?:

El impuesto directo más importante en nuestro sistema tributario en términos de recaudación es, sin lugar a dudas, el Impuesto a la Renta[1]. Dicho impuesto grava las rentas que provienen del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, las ganancias de capital, entre otros ingresos producidos por las personas naturales o las personas jurídicas. Según el artículo 1° de la Ley de Impuesto a la Renta (LIR) se encuentran gravadas, entre otras:

“Artículo 1.- El Impuesto a la Renta grava: a) Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales aquellas que provengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos. b) Las ganancias de capital. (…)”

En el caso de las personas naturales tributan con el impuesto a la renta cuando realizan diversas actividades generadoras de renta como el trabajo de manera independiente o dependiente, la enajenación de acciones, ganancia de capital, etc.

La definición de ganancia de capital está contenida en el artículo 2 de la LIR, que establece lo siguiente:

“Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, constituye ganancia de capital cualquier ingreso que provenga de la enajenación de bienes de capital. Se entiende por bienes de capital a aquellos que no están destinados a ser comercializados en el ámbito de un giro de negocio o de empresa.”

De acuerdo con lo anterior, cuando una persona natural obtiene ingresos por la enajenación de un bien de capital, la operación está gravada con renta. Dicha renta será de segunda categoría según el artículo 24 de la LIR, citado a continuación:

“Artículo 24.- Son rentas de segunda categoría: (…) j) Las ganancias de capital.”

De acuerdo a la revisión normativa realizada, podemos concluir que, si una persona natural, que no genera renta empresarial, realiza la venta de un inmueble y obtiene una ganancia por dicha operación, esta se encontrará gravada como renta de segunda categoría.

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MODIFICAN LA NORMATIVA SOBRE LA LIQUIDACIÓN DE COMPRA ELECTRÓNICA-RS N° 244-2019/SUNAT

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El 28 de noviembre del 2019 se publicó la  Resolución de Superintendencia N°. 244-2019-EF/15, la cual modifica el Rgto. de Comprobantes de Pago a fin de establecer que, para la emisión de una liquidación de compra el valor de las ventas acumulado por el vendedor en el transcurso de cada período aplicable hasta el día calendario anterior al de la emisión no supere el límite de 75 UIT.

Por otro lado, ha modificado las siguientes resoluciones de superintendencia, vinculadas a la emisión electrónica de comprobantes:

Res. 317-2017/SUNAT: Se prevé que la liquidación de compra electrónica (LCE) pueda emitirse por los sujetos designados por la SUNAT a través del SEE-Del contribuyente.

Res. 188-2010/SUNAT: Se modifican algunos aspectos de la emisión de la LCE a través del SEESOL, así como el plazo para realizar la reversión y el registro de pagos.

-Res. 300-2014/SUNAT: Se regula el envío a la SUNAT de una declaración jurada informativa con la información de las liquidaciones de compra emitidas en formatos impresos y/o importados por imprenta autorizada emitidas cuando por causas no imputables al emisor electrónico esté imposibilitado de emitir una LCE y para modificar el plazo de envío de la declaración jurada informativa en la que se informa las liquidaciones de compra emitidas en formatos impresos y/o importados por imprenta autorizada cuando el domicilio fiscal y/o el establecimiento anexo del emisor electrónico se encuentren en una zona con baja o nula conexión a Internet.

– Res. 097-2012/SUNAT y 199-2015/SUNAT: Se establecen las disposiciones necesarias para la emisión de la LCE a través del SEE-Del Contribuyente.

El 1-1-20 entrará en vigor esta disposición, salvo determinadas disposiciones, vinculadas a las modificaciones de las Res. 317-2017/SUNAT, 097-2012/SUNAT, 300-2014/SUNAT y disposiciones derogatorias, que entrarán en vigor el 1-2-20.

A continuación un resumen preciso de las modificaciones realizadas:

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TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LAS OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO ENTRE SUJETOS NO DOMICILIADOS (PRIMERA PARTE)

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Durante el desarrollo comercial de una empresa suele ser imperativo que ésta cuente con el dinero suficiente para poder llevar a cabo su objeto social. Una de las formas de obtener dinero es mediante los aportes de capital realizados por sus socios y la otra forma es a través de un préstamo.

Cada una de estas formas tienen un impacto tributario distinto. En el caso de los dividendos, estos sólo permiten que los accionistas tengan una participación en el resultado final de la empresa, cuando se distribuya dividendos. Por otro lado, respecto de los intereses, reducen los resultados de la empresa por constituir gasto; ya que deuda debe ser devuelta con intereses, los cuales califican como gasto.

En este artículo se evaluarán los efectos tributarios que se deben tomar en cuanta, al momento de tomar una decisión de financiamiento, considerando lo establecido en el TUO de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR).

  1. Tipos de Financiamiento Empresarial: 

1.1.-Financimiento interno: 

El financiamiento interno es aquel que la empresa encuentra en sus propios accionistas. Si la empresa necesita capital para seguir trabajando o para emprender un nuevo proyecto, la opción que se vocea en la mesa es que los accionistas inyecten capital a la empresa cambio de acciones. En este caso, el aumento de capital consiste en la realización de nuevos aportes, en bienes o en efectivo a favor de la sociedad, que incrementan su economía a cambio de la entrega a los aportantes de nuevas acciones y / o participaciones o del aumento del valor nominal de las acciones y / o participaciones. En la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada –EIRL- también procede el trámite del aumento de capital.

En este sentido, la doctrina reconoce dos funciones del capital social: (I) una función garantista y (ii) una función organizativa. Respecto a la primera, el capital social «expresa la cifra a que debe ascender como mínimo el patrimonio social líquido que los socios se comprometen a mantener en el sentido de que no podrán retirar cantidad alguna de ese patrimonio ni en concepto de beneficios ni en ningún otro[1].” Por otro lado, respecto a la función organizativa del capital social, cabe precisar que esta hace alusión al rol que cumple el capital al interior de la sociedad en lo correspondiente a la regulación de las distintas relaciones que toman lugar en la sociedad, como son la relación entre la sociedad y sus accionistas, y la relación entre los mismos accionistas.

Dicho esto, es claro que el capital no es “una mera expresión sino un concepto jurídico y económico, con un contenido real que se sostiene en principios o postulados esenciales que el legislador recoge.[2]” Teniendo su reducción o aumento una importancia en la vida económica de una empresa.

En el artículo 202° de la Ley General de Sociedades (LGS) contempla cuatro modalidades de aumento de capital: (i) nuevos aportes, (ii) capitalización de créditos, (iii) capitalización de utilidades, y (iv) “los demás casos previsto en la ley”.

De manera trasversal a las distintas formas de aumento de capital, el artículo 201 de la LGS establece los requisitos formales para la adopción de un acuerdo de aumento de capital, de esta manera dispone: (i) que el acuerdo debe ser tomado por la junta general, (ii) que debe cumplir los mismos requisitos que la ley señala para cualquier modificación de estatuto, y (iii) que debe constar en escritura pública e inscribirse en el registro correspondiente.

Si bien todo aumento de capital entraña nuevos aportes-, pues a pesar de que la ley hace la distinción esbozada líneas atrás, todas las modalidades representan-directa o indirectamente- aportes nuevos en favor de la sociedad que emite las acciones.

Desde el punto de vista económico, estos aportes de capital tienen un impacto en el Balance General. Cuando se toma la decisión hacer el reparto de las utilidades y se paga dividendos a los accionistas (antiguos y nuevos), el impacto también es tributario, porque se tiene que efectuar la retención del impuesto de renta por dividendos (tasa impositiva efectiva 5%). Dicha retención debe ser declarada y pagada por la empresa emisora de la acción mediante PDT 617 en el periodo en que se ha efectuado la retención. Cabe precisar que, conforme al artículo de la LIR, en el caso de las personas jurídicas, éstas no pagan impuesto por dividendos; por lo tanto, se le efectúa ningún tipo de retención. 

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TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LA REORGANIZACIÓN DE SOCIEDADES

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El incremento de la economía peruana en los últimos años, ha traído un crecimiento económico importante, haciendo que las empresas tengan la necesidad de ser más competitivas, para lo cual suman no solo sinergias sino potencialidades comunes, pues la suma de experticias puede traer capacidades para entrar a nuevos mercados y no solo eso, sino que, en muchos casos, se estimula la economía de escala disminuyendo y optimizando la forma y fondo en cómo se atienden nuevos y mayores mercados.

En el presente trabajo se abordará el tratamiento tributario y contable de la reorganización de sociedades, a fin de establecer un marco sobre el cual los empresarios y especialistas y personas dedicadas a la reorganización empresarial puedan establecer parámetros indicadores de conveniencia tributaria y contables, pues al final de las decisiones estas implicancias pueden o no definir el negocio.

I. Concepto de reorganización de sociedades:

 La reorganización de sociedades es un procedimiento estructural societario que tiene un impacto tributario contable para las empresas que la realizan. Existen varias formas de reorganizarse: Fusión por absorción, escisión propia, escisión impropia y reorganización simple. Por extensión, el reglamento puntualiza que también pueden fusionarse las E.I.R.L, siempre que pertenezcan al mismo titular.

En principio, la reorganización sólo comprende a las sociedades domiciliadas en el país, pero de manera excepcional pueden también fusionarse las sucursales de personas jurídicas no domiciliadas en el país, siempre que se fusionen sus casas matrices u oficinas principales en el extranjero. De la misma manera, es posible la fusión de una o más sucursales de personas jurídicas no domicilias y una persona jurídica domiciliada, si es que está precedida de la fusión de la respectiva matriz con la persona jurídica establecida en el Perú.

Cabe precisar que, en la fusión y en la escisión las acciones o participaciones son recibidas por los socios de las nuevas sociedades o de la sociedad absorbente, mientras que, en la reorganización simple, según los artículos 391 y 392 de la Ley General de Sociedades, las acciones se entregan a la sociedad que hizo el aporte.

II.- Desde el punto de vista del impuesto a la renta: 

De conformidad con lo señalado por el texto del artículo 104º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta (en adelante LIR), una vez que se ha producido la reorganización de sociedades o empresas, las partes intervinientes pueden optar, en forma excluyente por los siguientes tres regímenes:

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ASPECTOS TRIBUTARIOS DE LA EXPORTACIÓN EN EL SECTOR TURISMO: Servicio de Hospedaje y alimentación a los sujetos no domiciliados

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El Perú en los últimos años califica como un país receptor de diferentes turistas de todo el mundo, siendo así, muchas ciudades del Perú se benefician con los ingresos provenientes del sector turismo, dentro de ellas está el servicio de alojamiento y alimentación a turistas nacionales y extranjeros. Al respecto, queremos destacar el incremento sostenido de los Establecimientos de Hospedaje y Agencias de Turismo a nivel nacional que venden paquetes turísticos constantemente, inclusive con varios meses de anticipación.

En ese sentido, como se ha venido incrementando sostenidamente la afluencia de turistas extranjeros o de sujetos de nacionalidad peruana que ya no tienen la calidad de domiciliados por haber permanecido fuera del territorio nacional más de 183 días calendario, conforme lo establecido en el artículo 7º TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, consideramos que es importante resaltar el tratamiento tributario en cuanto a los requisitos y formalidades que deberán cumplir a efectos de gozar de los beneficios tributarios otorgados al sector turismo, la emisión del comprobante de pago y sus alcances, finalizando con casos prácticos de varios de los supuestos que se presentan en este rubro.

  1. Exportación de servicios:

 El concepto de exportación es un tema que no se encuentra regulado en el TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas-Decreto Supremo Nº 055-99-EF (en adelante LIGV), podremos encontrar lo que calificará como exportación de bienes o servicios e incluso los requisitos que debemos cumplir para que una operación califique como exportación de bienes o servicios, pero una definición exacta de qué se entiende por exportación la vamos a encontrar en el título III de la Ley General de Aduanas el cual establece que: “ La exportación es el régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior. La exportación no está afecta a ningún tributo.”

Es en correlato a ello que el artículo 33º de la LIGV indica que las actividades calificadas como exportación (sea de bienes o de servicios) se encuentran inafectas del IGV.

En ese sentido, avocándonos a la exportación de servicios, el artículo 33º de la LIGV modificado en el año 2017[1] hace una calificación de exportación de servicios indicando que calificará como tal todas aquellas operaciones que cumplan de manera CONCURRENTE con los siguientes requisitos:

a) Se presten a título oneroso desde el país hacia el exterior, lo que debe demostrarse con el comprobante de pago que corresponda, emitido de acuerdo con el reglamento de la materia y anotado en el Registro de Ventas e Ingresos.

b) El exportador sea una persona domiciliada en el país.

c) El usuario o beneficiario del servicio sea una persona no domiciliada en el país.

d) El uso, la explotación o el aprovechamiento de los servicios por parte del no domiciliado tengan lugar en el extranjero.

  1. Conforme lo indicado por el artículo 9° del Reglamento de la Ley del IGV, modificado por el Decreto Supremo N.º 342-2017-EF, los servicios se considerarán prestados desde el país hacia el exterior cuando:
  2. La prestación del servicio por parte de la persona domiciliada en el país se realiza íntegramente en el Perú; y,
  3. El uso, la explotación o el aprovechamiento de los servicios por parte del no domiciliado tiene lugar en el extranjero, para lo cual se considera el lugar donde ocurre el primer acto de disposición del servicio, entendido como el beneficio económico inmediato que el servicio genera al usuario no domiciliado.

Para establecer que el uso, explotación o aprovechamiento de los servicios por parte del no domiciliado tiene lugar en el extranjero se evaluarán las condiciones contractuales de cada caso en particular, teniendo en cuenta no sólo lo señalado en los contratos sino también lo acordado a través de otros medios de prueba a efecto de determinar el lugar donde efectivamente se realiza dicho uso, explotación o aprovechamiento. Lo señalado en el párrafo precedente no limita las facultades de fiscalización que tiene la SUNAT. 

e) El exportador de servicios deberá, de manera previa, estar inscrito en el Registro de Exportadores de Servicios a cargo de la SUNAT.

Al respecto podemos señalar que el 27.11.2017 publicó la Resolución de Superintendencia N° 312-2017-SUNAT, mediante la cual, la SUNAT crea el Registro de Exportadores de Servicios de conformidad con la Ley 30641, Ley que Fomenta la Exportación de Servicios y el Turismo.

Esta norma señala que las personas que deseen inscribirse en el Registro deberán ingresar a SUNAT Operaciones en Línea, consignando sus datos generales y los requisitos establecidos por SUNAT.

  • Los Requisitos para inscribirse son: 

El número de RUC de la empresa no debe estar de baja o con suspensión temporal de actividades.

No tener la condición de no habido; y,

Encontrarse en el Régimen General, Régimen Especial o Régimen MYPE Tributario.

Para presentar la solicitud de inscripción.- Debe ingresarse a SUNAT Operaciones en Línea y seleccionar la opción correspondiente. Debe especificarse el tipo de servicio a exportar. Si van a exportar más de un tipo de servicio, debe consignarse aquél por el que se estima obtendrán mayores ingresos.

La validación del cumplimiento de los requisitos se realiza en línea. Si el solicitante no cumple con los requisitos, no se aceptará la solicitud de inscripción. Si el solicitante cumple con los requisitos, la inscripción surte efecto de inmediato. SUNAT procederá de oficio a incluir esta condición en el RUC del contribuyente.

Cuando se termina con la inscripción, se puede imprimir la constancia de inscripción. 

  • Exclusión del registro. – Procederá a pedido del exportador; o de oficio cuando el exportador incumpla con los requisitos establecidos.
  •  Reinscripción. – Los sujetos excluidos pueden volver a inscribirse a partir del día siguiente de su exclusión, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por SUNAT.

      Designación como emisores electrónicos:

Se designa como emisores electrónicos del Sistema de Emisión Electrónica, a los sujetos que a partir del 1 de enero de 2018 realicen una o más operaciones de exportación de servicios, sólo respecto de estas operaciones, siempre que SUNAT no les haya asignado dicha calidad a la fecha de entrada en vigencia de esta resolución (28.11.2017). Deberán emitir facturas, notas de crédito y débito electrónicas en el Sistema de Emisión Electrónica por sus operaciones de exportación de servicios, considerando la normativa correspondiente.

En ese sentido, todo servicio que cumpla con estos requisitos calificará como una exportación de servicios no gravado con el IGV, sin considerar ninguna lista taxativa. Sin embargo, el artículo 33° de la Ley del IGV cuenta con una lista de servicios que, a pesar de no cumplir con los requisitos antes indicados, también califican como exportación de servicios como por ejemplo la prestación de servicio de hospedaje y los servicios de alimentación y transporte turístico a operadores no domiciliados.

Por consiguiente, como parte del desarrollo de este artículo, a continuación, abordaremos los siguientes puntos, referente al sector turismo:

  • Prestación de Servicios de hospedaje donde se incluye la alimentación. (numeral 4 del artículo 33° de la Ley del IGV)
  • Servicios que conforman el paquete turístico prestado por operadores turísticos domiciliados en el país. (numeral 9 del artículo 33° de la Ley del IGV).
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PROCEDIMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN TRIBUTARIA ELECTRÓNICA

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La notificación tributaria es un acto de toda Administración Tributaria que cumple una función importante en la relación jurídica tributaria entre el sujeto activo y pasivo. La notificación acerca a ambas partes y siempre hemos escuchado de ella tanto en la Resolución de Determinación, la Resolución de Multa, la Orden de Pago, la Resolución de Ejecución Coactiva, entre otros, ello se debe a la importancia que tiene en el momento de realizarla, ya que debe contener las garantías necesarias que el Estado debe otorgar a los administrados para asegurar su derecho de defensa, constituyendo de por si no solo un derecho de los administrados o contribuyentes, sino además una garantía jurídica frente a la actividad de la Administración Pública, y entre ellas de la Administración Tributaria.

Por ello, en esta oportunidad, vamos a tener un acercamiento a la institución de la notificación, haciendo especial énfasis en la notificación de los actos administrativos tributarios, analizando la parte operativa que ahora se maneja desde la perspectiva electrónica.

  1. Notificación Tributaria: 

Cuando nos referimos a la Notificación, inmediatamente debemos pensar en la eficacia, La Ley de Procedimiento Administrativo General-Ley N° 27444-, señala una serie de aspectos respecto a la eficacia de los actos administrativos, estableciendo como regla general que el acto administrativo es eficaz a partir de su notificación.

Es así que conforme al numeral 16.1 del artículo 16 de la indicada ley señala que, “el acto Administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada produce sus efectos, conforme a los dispuesto en el presente capitulo”.

Al respecto, debemos indicar que MORON URBINA ha señalado que “un acto administrativo carece de eficacia mientras no sea notificado a su destinatario o publicado, pero en cambio no por ello se encuentra privado de validez. La transmisión (en cualquiera de sus formas) constituye la condición jurídica para iniciar la eficacia del acto administrativo”[1].

Con respecto a las formas de notificación del acto administrativo, el artículo 104 del Código Tributario ha establecido diferentes formas de notificación de los actos administrativos emitidos por la SUNAT y los Gobiernos Locales, las cuales en gran parte son distintas a las notificaciones establecidas por la Ley de Procedimiento Administrativo General, sobre todo porque en esta última, las notificaciones se deben realizar por orden de prelación.

Conforme lo indicado en el inciso b) del artículo 104° del Código Tributario, la Notificación de los actos administrativos podrá realizar, de manera indistintamente por:

     “b) Por medio de sistemas de comunicación electrónicos, siempre que se pueda confirmar la entrega por la misma vía.

 Tratándose del correo electrónico u otro medio electrónico aprobado por la SUNAT o el Tribunal Fiscal que permita la transmisión o puesta a disposición de un mensaje de datos o documento, la notificación se considerará efectuada al día hábil siguiente a la fecha del depósito del mensaje de datos o documento.

 La SUNAT mediante Resolución de Superintendencia establecerá los requisitos, formas, condiciones, el procedimiento y los sujetos obligados a seguirlo, así como las demás disposiciones necesarias para la notificación por los medios referidos en el segundo párrafo del presente literal. 

En el caso del Tribunal Fiscal, el procedimiento, los requisitos, formas y demás condiciones se establecerán mediante Resolución Ministerial del Sector Economía y Finanzas.

 (…)”

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TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LAS INDEMNIZACIONES

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En el devenir de las relaciones económicas de los sujetos en este mundo globalizado se presentan situaciones de riesgo que podría terminar en conflictos. Las empresas pueden tener conflictos con sus trabajadores, proveedores o clientes, etc.

Ante ello, nos podemos preguntarnos: ¿Qué pasa si la empresa gana en el conflicto y recibe una indemnización? ¿Califica ese ingreso como renta gravable para efectos de la Ley del Impuesto a la Renta? ¿Una persona natural que recibe una indemnización, tributa por ello? ¿Cuántos tipos de indemnizaciones existen desde el punto de vista civil y laboral? ¿Qué pasa si la empresa pierde en el conflicto y debe pagar una indemnización? ¿Califica ese gasto, como gasto deducible para efectos de la determinación del impuesto a la renta? ¿Cuál es el tratamiento tributario desde el punto de vista del Impuesto General a las Ventas?

En este artículo vamos a desarrollar cuál es el tratamiento tributario que se le debe dar a las indemnizaciones en su conjunto, tanto en el supuesto que se deba pagar como en el supuesto que se reciba ese ingreso por concepto de indemnización, sea persona natural o jurídica.

  1. ¿Qué es indemnización por daños y perjuicio? 

La indemnización es el resarcimiento de daños y perjuicios que alcanza a todo el menoscabo económico sufrido por el perjudicado consistente en la diferencia que existe entre la situación del patrimonio que sufrió el agravio y la que tendría de no haberse realizado el hecho dañoso, bien por disminución efectiva del activo siempre comprendiendo en su plenitud las consecuencias del acto lesivo.

En este sentido se pronuncia el artículo 1101 del Código Civil: “Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas.”.

 Así mismo, la indemnización por daños y perjuicios tiene como fin indemnizar al acreedor de las consecuencias perjudiciales causadas por el incumplimiento de la obligación o por la realización del acto ilícito. Siendo esta indemnización preferentemente de carácter pecuniario también puede ser moral y se debe proceder a valorar económicamente distintos aspectos o componentes que si bien, son fácilmente cuantificables, plantean en la práctica notorias dificultades de concreción, ya que es difícil medir realmente el daño, en especial cuando es moral.

En este sentido, el artículo 1106 del Código Civil establece que: “La indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida que hayan sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, salvas las disposiciones contenidas en los artículos siguientes.”

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EL LLEVADO DE LIBROS DE MANERA ELECTRÓNICA Y EMISORES ELECTRÓNICOS DE COMPROBANTES DE PAGO A PARTIR DEL EJERCICIO 2018

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Desde hace varios años atrás la SUNAT viene implementando de manera paulatina esta obligación de llevar de manera electrónica los registros y a emitir los comprobantes de pago de la misma manera. En el año 2014 se emitió la Resolución de Superintendencia N.° 300-2014/SUNAT y normas modificatorias que crea el Sistema de Emisión Electrónica (SEE), el cual está conformado actualmente por el SEE – Del contribuyente, el SEE – SOL, el SEE – SFS y el SEE – OSE, para emitir en forma electrónica los comprobantes de pago y los documentos relacionados a estos, habiéndose incorporado también al SEE la emisión electrónica del comprobante de retención y del comprobante de percepción.

Para este año 2018 hay nuevos obligados y nuevas reglas; en este informe vamos a desarrollar cuál es el mecanismo y cuáles son los obligados a emitir comprobantes de pago de manera electrónica para dicho ejercicio.

  1. DESIGNACIÓN DE NUEVOS EMISORES ELECTRÓNICOS DEL SEE:

Mediante Resolución de Superintendencia N° 155-2017/SUNAT (28.06.2017) se designan nuevos emisores electrónicos del SEE  a partir del 01.01.2018 en función a determinados parámetros.

  1. Designación de emisores electrónicos a partir del 01.01.2018

El artículo 1° designa como emisores electrónicos del SEE a los sujetos siguientes, siempre que SUNAT no les haya asignado dicha calidad antes de la entrada en vigencia de la citada resolución:

  1. A partir del 01 de Enero de 2018: Son obligados a emitir de electrónica los:
  • Que al 30 de junio de 2017, tengan la calidad de agentes de retención o agentes de percepción del IGV
  • Que a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, tengan la calidad de principales contribuyentes nacionales.
  • Comprendidos en el Anexo I de la presente resolución.
  1. Desde el 1 de Mayo de 2018, a los sujetos comprendidos en el Anexo II.
  2. Desde el 1 de Agosto de 2018, a los sujetos comprendidos en el Anexo III.
  3. Desde el 1 de Noviembre de 2018, a los sujetos comprendidos en el Anexo IV.
  4. Designación de emisores electrónicos a partir del 01.01.2018 y en adelante

El inciso a) del párrafo 2.1 del artículo 2 de la Resolución de Superintendencia N° 155-2017/SUNAT, modificado por el artículo único de la Resolución de Superintendencia                    N° 020-2018/SUNAT (21.01.2018), designa como emisores electrónicos del SEE a los sujetos siguientes, siempre que SUNAT no les haya asignado dicha calidad antes de la entrada en vigencia de la citada resolución:

2.1. A los sujetos que, a partir del 01.07.2018, realicen las operaciones de exportación de bienes a que se refiere el segundo y el tercer párrafos y/o los numerales 2, 3 y 8 del séptimo párrafo del artículo 33 del TUO de la LIGV y sólo respecto de lo que corresponda emitir por esas operaciones.

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