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ESTABLECEN EL RÉGIMEN DE APLAZAMIENTO Y/O FRACCIONAMIENTO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS ADMINISTRADAS POR LA SUNAT

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Mediante la Ley N° 31011, el Congreso de la República le delegó facultades al Poder Ejecutivo, para establecer disposiciones que faciliten el pago de las deudas tributarias administradas por la SUNAT en el contexto de la crisis económica de los contribuyentes ante las medidas de aislamiento social para reducir la propagación del COVID-19. En ese sentido, se publicó el 10 de mayo de 2020 en el diario oficial El Peruano, el Decreto Legislativo N.º 1487, el cual establece el Régimen de Aplazamiento y/o Fraccionamiento (RAF) de las deudas tributarias administradas por la SUNAT y deudas por ESSALUD. Este RAF entra en vigencia a partir del 11 de mayo, pero para su aplicación se tiene que esperar la publicación de la Resolución de Superintendencia emitida por SUNAT.

De esa manera, en este artículo vamos a desarrollar todo sobre el Nuevo Régimen de Aplazamiento y/o Fraccionamiento:

I.-Deudas que se pueden fraccionar y/o aplazar:

  1.-Los pagos a cuenta del impuesto a la renta de los períodos enero a marzo 2020

2.-Las que sean exigibles y pendientes de pago hasta la fecha de presentación de la solicitud.

3.-Deudas por multas por infracciones cometidas detectadas hasta el día anterior a la fecha de presentación de la solicitud y se encuentren pendientes de pago.

4.-Los saldos de aplazamientos y/o fraccionamientos anteriores, otorgado con carácter particular o general, vigente o con causal de pérdida, a la fecha de presentación de la solicitud.

 5.-Exigibles hasta la fecha de presentación de la solicitud de acogimiento (Saldos de aplazamientos y/o fraccionamientos pendientes de pago a la fecha en que se presenta la solicitud y cualquiera sea el estado en que se encuentren).

(*) Incluye los intereses, actualización e intereses capitalizados correspondientes.

6.-Contenidas en liquidaciones de cobranza que se encuentren pendientes de pago a la fecha de presentación de la solicitud y que estén vinculadas a una RD o RM.

7.-Saldos de un aplazamiento y/o fraccionamiento anterior, otorgado con carácter particular o general, vigente o con causal de pérdida a la fecha de presentación de la solicitud.

 

II.-Deudas que no se pueden fraccionar y/o aplazar:

  • Las deudas por tributos retenidos o percibidos.
  • Las incluidas en un procedimiento concursal o de liquidación judicial o extrajudicial, a la fecha de presentación de la solicitud.
  • Los recargos de acuerdo a la Ley General de Aduanas.
  • Los pagos a cuenta del impuesto a la renta del ejercicio 2020 correspondiente a los períodos abril a diciembre 2020.

III.-¿Cuáles son los sujetos que se encuentran comprendidos?:

Los sujetos que tengan las deudas tributarias previstas en la norma pueden acogerse al RAF, siempre que al momento de presentar la solicitud cumplan con los siguientes requisitos:

  1. Estar inscrito en el RUC.
  2. Haber cumplido con presentar las declaraciones juradas mensuales de marzo y abril del 2020 o las cuotas mensuales del régimen especial del impuesto a la renta.
  3. Acreditar la disminución de sus ingresos netos, comparando la sumatoria de los ingresos de marzo y abril 2019, con los obtenidos en los mismos períodos en el 2020. En caso no se hubieran obtenido ingresos en el 2019 ni en enero – abril 2020, se considerará acreditada la disminución. Este requisito no aplica a los sujetos que solo generen rentas distintas a la renta empresarial.
  4. No contar con un saldo mayor al 5% de la UIT (S/ 215) en cualquiera de las cuentas que se tenga en el Banco de la Nación por las operaciones sujetas al SPOT (esto es, el Sistema de Detracciones).
  5. Haber presentado todas las declaraciones que correspondan a la deuda tributaria por la que se solicita el acogimiento al RAF.
  6. Entregar o formalizar la garantía[1], cuando corresponda, en la forma, plazo y condiciones que se establezca mediante resolución de superintendencia de la SUNAT.

Se tiene que cumplir con todos los requisitos, en caso de que no se cumpla con alguno de los requisitos se denegará la solicitud de acogimiento, salvo los casos en que expresamente se señala que el incumplimiento del requisito implica que se excluya del RAF una determinada deuda.

Cómo calcular la disminución de los ingresos netos:

3.1.-Tratándose de sujetos que generan rentas de la tercera categoría o ingresos inafectos que de estar gravados calificarían como rentas de tercera categoría, se debe comparar el resultado de sumar los ingresos netos mensuales de los períodos tributarios de marzo y abril del ejercicio 2020 con los ingresos netos mensuales de los mismos períodos del ejercicio 2019. 

Ejemplo: Se tiene ingresos en los periodos de marzo y abril 2019

 

 3.2.-En caso los contribuyentes no hubieran obtenido ingresos netos mensuales en los meses de marzo y/o abril del ejercicio gravable 2019, a efectos de la comparación, se debe considerar:

  1. Los dos mayores montos de los ingresos netos mensuales obtenidos en cualquiera de los meses de dicho ejercicio.

 Ejemplo: Los dos mayores ingresos corresponden a los meses de agosto y noviembre 2019

 De contar con ingresos en un solo mes del ejercicio 2019, dicho ingreso y se multiplicará por dos.

Ejemplo: Sólo te tiene ingresos en el periodo de noviembre 2019

 3.3.- De no contar con ingresos netos en el ejercicio 2019, pero sí en los meses de enero y/o febrero del ejercicio 2020:

Se tomará en cuenta los ingresos netos mensuales de los meses de enero y febrero del ejercicio gravable 2020.

Ejemplo: Se toma en cuenta los ingresos de los periodos de enero y febrero 2020 

 De contar con ingresos en uno de los meses de enero o febrero del ejercicio gravable 2020, dicho ingreso y se multiplicará por dos.

Ejemplo: Sólo te tiene ingresos en el periodo de enero 2020

 3.4.-En caso los contribuyentes no hubieran obtenido ingresos netos mensuales durante el ejercicio 2019 ni en los meses de enero a abril de 2020, se considera que sus ingresos han disminuido. En este caso estamos ante una presunción legal, por lo que sin demostración se entiende cumplido con el requisito.

3.5.-Tratándose de los sujetos que generen o perciban rentas distintas a las de tercera categoría y además generen rentas de tercera categoría, se considera lo que resulta de la comparación mencionada en el primer acápite de este apartado.

IV.-De los plazos máximos de aplazamiento y/o fraccionamiento que se otorgan en el RAF:  

PROCEDIMIENTOS PLAZOS MÁXIMOS
Aplazamiento Seis (6) meses.
Aplazamiento y fraccionamiento –       Seis (6) meses de aplazamiento.

–       Treinta (30) meses de fraccionamiento.

Fraccionamiento Treinta y seis (36) meses.

 

V.-¿Cuáles son los intereses que se van a cobrar?

 El artículo 9° del Decreto Legislativo N° 1487 señala las siguientes disposiciones respecto de los intereses:

 La tasa de interés es de cuarenta por ciento (40%) de la TIM vigente a la fecha de entrada en vigencia de la resolución de superintendencia de SUNAT y se aplica a partir del día siguiente a la fecha de presentación de la solicitud de acogimiento, siempre que se acepte el acogimiento.

Es un interés al rebatir diario que se aplica sobre el monto de la deuda tributaria acogida. Al final del plazo del aplazamiento se debe cancelar tanto los intereses como la deuda tributaria aplazada.

Es un interés al rebatir mensual sobre el saldo de la deuda tributaria acogida que se calcula aplicando la tasa de interés de fraccionamiento, durante el período comprendido desde el día siguiente del vencimiento de la cuota mensual anterior hasta el día de vencimiento de la respectiva cuota, con excepción de la primera cuota. La primera cuota se calcula aplicando la tasa de interés de fraccionamiento que corresponda desde el día siguiente a la fecha de presentación de la solicitud de acogimiento hasta la fecha de su vencimiento.

 Sólo los intereses se cancelan al vencimiento del plazo de aplazamiento, debiendo las cuotas del fraccionamiento ser canceladas en la fecha de su vencimiento.

VI.-Consideraciones a tomar en cuenta respecto a los pagos mensuales: 

TIPO DE PAGO CONSIDERACIONES
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pago de Cuotas

-La totalidad de la deuda tributaria acogida se fracciona en cuotas mensuales iguales y consecutivas, con excepción de la última.

 

-Las cuotas mensuales están constituidas por la amortización más los intereses del fraccionamiento.

 

-Los pagos mensuales se imputan en primer lugar a los intereses moratorios aplicables a la cuota no pagada a su vencimiento y luego al monto de la cuota impaga.

 

-La amortización corresponde en primer lugar al monto sin garantía, en segundo lugar, al monto garantizado mediante hipoteca y, en tercer lugar, al monto garantizado mediante carta fianza, de corresponder.

 

-De existir cuotas mensuales vencidas e impagas, los pagos que se realicen se imputan en primer lugar a la cuota más antigua pendiente de pago. El vencimiento de cada cuota mensual se produce el último día hábil de cada mes. Tratándose de fraccionamiento, la primera cuota vence el último día hábil del mes siguiente a la fecha en que la SUNAT aprueba la solicitud de acogimiento. Tratándose de aplazamiento con fraccionamiento, la primera cuota vence el último día hábil del mes siguiente a aquel en que culmina el aplazamiento.

 

-El monto de las cuotas mensuales no puede ser menor al cinco por ciento (5%) de la UIT, salvo la última.

 

 

 

Anticipos de Cuotas

-Se considera pago anticipado a aquel que excede el monto de la cuota por vencer en el mes de la realización del pago, siempre que no haya cuotas vencidas e impagas.

 

-El pago anticipado se aplica contra el saldo de la deuda materia de fraccionamiento, reduciendo el número de cuotas o el monto de la última. La reducción del número de cuotas no exime del pago de las cuotas mensuales que venzan en los meses siguientes al mes en que se realiza el pago anticipado.

VII.-Efectos del acogimiento al RAF en las impugnaciones, cobranza coactiva y fiscalizaciones:

  • Con la presentación de la solicitud de acogimiento al RAF, se entiende solicitado el desistimiento de la impugnación de las deudas incluidas en dicha solicitud y con la aprobación de la solicitud de acogimiento se considera procedente dicho desistimiento.
  • Se suspende la cobranza de la deuda tributaria materia de la solicitud de acogimiento al RAF desde el mismo día de presentación de la solicitud hasta la fecha en que se emite la resolución que aprueba dicho acogimiento. En caso se deniegue la solicitud de acogimiento, se levanta dicha suspensión, salvo cuando se impugne la resolución denegatoria.
  • El acogimiento al RAF no limita las facultades de fiscalización respecto de la deuda tributaria que no haya sido materia de un procedimiento de fiscalización por parte de la SUNAT.

VIII.-Del desistimiento de la solicitud de acogimiento:

El deudor tributario puede desistirse de su solicitud antes que surta efecto la notificación de la resolución que la aprueba o la deniega.

IX.-¿Cuándo se pierde el fraccionamiento y/o aplazamiento?: 

APLAZAMIENTO
FRACCIONAMIENTO
FRACCIONAMIENTO Y APLAZAMIENTO 

 [1] Se exige garantía cuando: a) La deuda tributaria que sea ingreso del Tesoro Público sea mayor a las 120 UIT, en cuyo caso se debe garantizar el monto que exceda dicha cantidad. b) La deuda tributaria que sea ingreso del ESSALUD sea mayor a las 120 UIT, en cuyo caso se debe garantizar el monto que exceda dicha cantidad. c) Los saldos de un aplazamiento y/o fraccionamiento otorgado con anterioridad con carácter particular o general que se encuentren garantizados a la fecha de presentación de la solicitud de acogimiento. d) La deuda tributaria incluida en la solicitud de acogimiento que a la fecha de su presentación se encuentre garantizada con embargos en forma de inscripción de inmuebles o con embargos en forma de depósito, con o sin extracción de bienes. e) La deuda tributaria impugnada incluida en la solicitud de acogimiento que se encuentre garantizada en virtud de lo dispuesto en los artículos 137, 141, 146, 148 y 159 del Código Tributario. f) El solicitante sea una persona natural con proceso penal en trámite por delito tributario o aduanero a la fecha de presentación de la solicitud, o sea una persona jurídica cuyo representante legal se encuentre en el mismo supuesto.

 


MEDIDAS TRIBUTARIAS Y LABORALES EXCEPCIONALES ANTE EL COVID-19 ESTADO DE EMERGENCIA

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  1. Aspectos preliminares:

 El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calificado el brote de COVID-19 como una pandemia, al haberse extendido en más de cien países del mundo de manera simultánea. En ese sentido, en el Perú, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú donde se señala que todos tenemos derecho a la protección de su salud, del medio familiar y de la comunidad, el Gobierno Central, el día 15 de marzo de 2020, el Gobierno emitió y publicó el Decreto Supremo No. 044-2020-PCM a fin de adoptar medidas adicionales y excepcionales para proteger eficientemente la vida y la salud de la población, reduciendo la posibilidad del incremento del número de afectados por el COVID-19, sin afectarse la prestación de los servicios básicos, así como la salud y alimentación de la población.

En base a este contexto de emergencia en que se encuentra el país, se han publicado una serie de normas a efecto de poder sostener de la mejor manera está situación, tanto desde el punto de vista civil como tributario y laboral.

2.-Disposiciones Generales:

 Entre las medidas más relevantes que ha dictado el Gobierno, debemos destacar las siguientes:

  • El Estado de Emergencia tiene una duración de 15 días calendarios, computados desde el día 16 de marzo hasta el 30 de marzo de 2020.
  • Se ha dispuesto el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las graves consecuencias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.
  • Durante el Estado de Emergencia, están permitidas la prestación de los siguientes servicios:

– Abastecimiento de alimentos.

– Abastecimiento de medicinas.

– Servicios bancarios y financieros (bancos, COOPAC, cajas, etc.)

– Continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas y combustible.

– Continuidad de telecomunicaciones.

– Continuidad de limpieza y recojo de residuos sólidos.

– Continuidad de servicios funerarios.

– Otros relacionados a los antes indicados.

  • Asimismo, se garantiza la adecuada prestación y acceso a los servicios y bienes esenciales, tales como:

a) Adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al público.

b) Adquisición, producción y abastecimiento de productos farmacéuticos y de primera necesidad.

c) Asistencia a centros, servicios y establecimientos de salud, así como centros de diagnóstico, en caso de emergencias y urgencias.

d) Entidades financieras, seguros y pensiones, así como los servicios complementarios y conexos que garanticen su adecuado funcionamiento.

e) Producción, almacenamiento, transporte, distribución y venta de combustible. f) Hoteles y centros de alojamiento, solo con la finalidad de cumplir con la cuarentena dispuesta.

g) Medios de comunicación y centrales de atención telefónica (call center).

h) Circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de las actividades descritas.

i) Asistencia y cuidado de personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes.

  • Se ha dispuesto la suspensión del acceso al público a los locales y establecimientos, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, grifos y establecimientos de venta de combustible. Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que, a juicio de la autoridad competente, pueda suponer un riesgo de contagio.
  • La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida debe ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos. En todo caso, se deben evitar aglomeraciones y se controla que consumidores y empleados mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles contagios.
  • Se suspende el acceso al público a los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así como a los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, actividades culturales, deportivas y de ocio. Asimismo, se suspenden las actividades de restaurantes y otros centros de consumo de alimentos, así como los desfiles, fiestas patronales, actividades civiles y religiosas, así como cualquier otro tipo de reunión que ponga en riesgo la salud pública.
  • Durante el estado de emergencia, se dispone el cierre total de las fronteras, por lo que queda suspendido el transporte internacional de pasajeros, por medio terrestre, aéreo, marítimo y fluvial. Esta medida entró en vigencia desde las 23.59 horas del día lunes 16 de marzo de 2020. Antes de esta fecha, los pasajeros que ingresen al territorio nacional deben cumplir aislamiento social obligatorio (cuarentena) por quince (15) días calendario.
  • El transporte de carga y mercancía no se encuentra comprendido dentro de este cierre temporal. Las autoridades competentes adoptan las medidas necesarias para garantizar el ingreso y salida de mercancías del país por puertos, aeropuertos y puntos de frontera habilitados.
  • En el transporte interprovincial de pasajeros, durante el estado de emergencia, se dispone la suspensión del servicio, por medio terrestre, aéreo y fluvial. Esta medida entró en vigencia desde las 23.59 horas del día lunes 16 de marzo de 2020.
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MODIFICAN LA NORMATIVA SOBRE LA LIQUIDACIÓN DE COMPRA ELECTRÓNICA-RS N° 244-2019/SUNAT

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El 28 de noviembre del 2019 se publicó la  Resolución de Superintendencia N°. 244-2019-EF/15, la cual modifica el Rgto. de Comprobantes de Pago a fin de establecer que, para la emisión de una liquidación de compra el valor de las ventas acumulado por el vendedor en el transcurso de cada período aplicable hasta el día calendario anterior al de la emisión no supere el límite de 75 UIT.

Por otro lado, ha modificado las siguientes resoluciones de superintendencia, vinculadas a la emisión electrónica de comprobantes:

Res. 317-2017/SUNAT: Se prevé que la liquidación de compra electrónica (LCE) pueda emitirse por los sujetos designados por la SUNAT a través del SEE-Del contribuyente.

Res. 188-2010/SUNAT: Se modifican algunos aspectos de la emisión de la LCE a través del SEESOL, así como el plazo para realizar la reversión y el registro de pagos.

-Res. 300-2014/SUNAT: Se regula el envío a la SUNAT de una declaración jurada informativa con la información de las liquidaciones de compra emitidas en formatos impresos y/o importados por imprenta autorizada emitidas cuando por causas no imputables al emisor electrónico esté imposibilitado de emitir una LCE y para modificar el plazo de envío de la declaración jurada informativa en la que se informa las liquidaciones de compra emitidas en formatos impresos y/o importados por imprenta autorizada cuando el domicilio fiscal y/o el establecimiento anexo del emisor electrónico se encuentren en una zona con baja o nula conexión a Internet.

– Res. 097-2012/SUNAT y 199-2015/SUNAT: Se establecen las disposiciones necesarias para la emisión de la LCE a través del SEE-Del Contribuyente.

El 1-1-20 entrará en vigor esta disposición, salvo determinadas disposiciones, vinculadas a las modificaciones de las Res. 317-2017/SUNAT, 097-2012/SUNAT, 300-2014/SUNAT y disposiciones derogatorias, que entrarán en vigor el 1-2-20.

A continuación un resumen preciso de las modificaciones realizadas:

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CÓDIGO TRIBUTARIO: Procedencia de la prórroga para rehacer la contabilidad cuando la denuncia policial por pérdida se realizó con posterioridad al inicio de la fiscalización

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RTF N° 2114-Q-2018 / 04.07.2018
La quejosa cuestionó que, pese a que oportunamente comunicó a la Administración Tributaria sobre el robo de sus libros y registros contables, esta le haya denegado la solicitud de prórroga de 60 días calendarios para rehacer su contabilidad y cumplir con la presentación de la documentación solicitada conforme lo dispuesto en la R. de S. N° 234-2006/SUNAT.
Precisó que no existe en el Código Tributario (CT) alguna disposición que establezca como condición para otorgar dicho plazo que tal denuncia tenga que ser presentada con anterioridad o posterioridad al inicio del procedimiento de fiscalización, por lo que solicita que se deje sin efecto el resultado de requerimiento.
La Administración Tributaria señaló que en el procedimiento de fiscalización iniciado había reiterado la solicitud de exhibición y/o presentación de la información y documentación no presentada, y que denegó la solicitud de prórroga para atender el citado requerimiento por considerar que la denuncia no acredita fehacientemente la pérdida de los libros y registros contables.
El Tribunal Fiscal (TF) verificó que la quejosa no cumplió con presentar la información requerida por la Administración Tributaria (Libro Caja y Bancos, Libro Diario, Libro Mayor, Libro de Inventarios y Balances, entre otros), lo que debía ser cumplido el 23 de mayo de 2018 y posteriormente el 4 de junio de 2018.
Observó que de la denuncia policial presentada por la quejosa el 25 de mayo de 2018 se aprecia que en dicha fecha ocurrió el hurto de los libros (ejercicios 2015 y 2016) y un CPU con información contable de la empresa, lo que fue puesto en conocimiento de la Administración Tributaria el 28 de mayo de 2018, fecha en la que además se solicitó que se otorgue el plazo de 60 días a que se refiere la R. de S. N° 234-2006/SUNAT. Ello tuvo como respuesta la denegatoria de la Administración Tributaria al considerar que la denuncia aludida no era fehaciente al ser de fecha posterior al inicio del procedimiento de fiscalización.
El TF determinó que dado que la quejosa comunicó a la Administración Tributaria el extravío de sus libros y registros contables, resultaba aplicable el plazo de 60 días calendario a fin que la quejosa pudiera rehacer la documentación extraviada y atender el requerimiento, pues no existe en el CT ni en la citada resolución de superintendencia como condición para la aplicación de dicho plazo, que la denuncia de la pérdida o destrucción se hubiera producido con anterioridad o posterioridad a la notificación del requerimiento mediante el cual se solicita la presentación de la referida documentación ni que esta deba producirse con anterioridad al inicio del procedimiento de verificación o fiscalización que estuviera practicando, por lo determinó que no resultaba atendible lo expuesto por la Administración Tributaria para negarle tal pedido.
En consecuencia, declaró fundada la queja en este extremo y dispuso que se le otorgue a la quejosa el plazo de 60 días calendario contados a partir del día siguiente de ocurridos los hechos, a efecto que pueda rehacer los libros y registros contables extraviados.


Pérdida de la gradualidad por imposibilidad de realizar el cierre por “causa imputable al infractor

Categoría : Código Tributario

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RTF 829-8-2018 de 30-1-18:

Hechos: La SUNAT aplicó la sanción de cierre por la infracción del art. 174, inc. 1 del Código
Tributario. Indicó que no correspondía aplicar la gradualidad en virtud de lo establecido en el art. 9 del Rgto. del Régimen de Gradualidad, que establece que el régimen de gradualidad se pierde si por causa imputable al infractor no es posible ejecutar el cierre del local.

El cierre, según SUNAT, no podía ejecutarse porque de la “Consulta RUC” había verificado que
dos contribuyentes (incluido el infractor) habían declarado el mismo establecimiento como domicilio fiscal.

Cuestión controvertida: El hecho que dos contribuyentes (incluido el infractor) hayan
declarado el mismo establecimiento como domicilio fiscal, ¿constituye una causa imputable al infractor, que originen la pérdida de la gradualidad?

Fallo: No, “la “causa imputable al infractor” debe encontrarse acreditada en autos, situación que no se aprecia de la documentación del expediente, pues lo que se encuentra acreditado es que la ejecución de la sanción de cierre no pudo realizarse por circunstancias no imputables a la
recurrente, debido a que el establecimiento intervenido también había sido declarado por ……
como persona natural con negocio, con anterioridad a la intervención realizadas por el
fedatario fiscalizador y lo mantuvo después de emitida la resolución que disponía el cierre, por lo que procede revocar la apelada a efecto que la Administración reliquide el monto de la sanción de multa (multa que sustituye al cierre – art. 183, inc a) del Código Tributario), teniendo en cuenta el régimen de gradualidad correspondiente.”


JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL

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  1. Resolución del Tribunal Fiscal No 02081-Q-2018, con fecha 12.07.2018, de Observancia Obligatoria:

“El Tribunal Fiscal es competente para conocer las impugnaciones relacionadas a resoluciones que aprueban solicitudes de acogimiento al Fraccionamiento Especial de Deudas Tributarias y otros ingresos administrados por la SUNAT – FRAES, aprobado por Decreto Legislativo No. 1257, cuando el administrado no está de acuerdo con el monto de la deuda acogida o cuando la resolución que resuelve el acogimiento no incluye deuda que se encuentra dentro de los alcances del Decreto Legislativo No. 1257”.

2. Resolución del Tribunal Fiscal No 02118-Q-2018 con fecha 12.07.2018, se ha establecido lo siguiente como observancia obligatoria:

“El Tribunal Fiscal es competente para emitir pronunciamiento sobre las impugnaciones relacionadas con resoluciones que denieguen el beneficio de extinción de deudas regulado en el artículo 11 del Decreto Legislativo No. 1257”.

3. Resolución No. 3007-10-2018,  detracciones, registro de ventas y servicios de transporte de carga exonerados del IGV

El Tribunal Fiscal se ha pronunciado sobre lo siguiente:

  • La Administración repara la base imponible del IGV de enero 2017 del contribuyente al haber detectado una diferencia entre lo declarado y lo anotado en el Registro de Ventas por el importe de (S/ – 1,213). Así, el Tribunal Fiscal se pronunció que debido a que en el periodo enero 2017, el recurrente declaró una base imponible del IGV mayor al anotado en el Registro de Ventas, la observación efectuada por la Administración se encuentra arreglada a Ley.
  • De las normas glosadas se tienen que tratándose de los servicios de transporte de carga señalados en el numeral 3 del Apéndice II de la Ley del IGV, ésos se encontrarán exonerados con el IGV, siempre que se realicen en la zona primaria de aduanas, siendo que el medio de transporte que ingrese o salga del territorio aduanero, debe contar con la respectiva autorización aduanera. Sin embargo, la recurrente no ha presentado ningún medio probatorio que desvirtúe la observación formulada por la Administración, a fin de acreditar que los servicios de transporte de carga consignados en los respectivos comprobantes de pago de ventas y anotados en su Registro de Ventas como operaciones exoneradas con el citado impuesto. En tal sentido, procede mantener el presente reparo.
  • La Administración determinó ingresos omitidos para efecto del IGV de enero de 2007, basándose únicamente en la información obtenida de los depósitos efectuados en la cuenta de detracciones del recurrente, siendo que de autos no se advierte que ésta haya efectuado alguna actuación adicional, como un cruce de información con los clientes que habrían efectuado tales detracciones, con el fin de verificar si éstas corresponden a operaciones que efectivamente se realizaron, a efectos de determinar con certeza la obligación tributaria, el momento de su nacimiento y su cuantía. En vista de ello y dado que la Administración solo tomó la información de los depósitos efectuados en la cuenta de detracciones de la recurrente para determinar ingresos omitidos, el reparo no se encuentra arreglado a ley, por lo que corresponde levantarlo.

PROCEDIMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN TRIBUTARIA ELECTRÓNICA

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La notificación tributaria es un acto de toda Administración Tributaria que cumple una función importante en la relación jurídica tributaria entre el sujeto activo y pasivo. La notificación acerca a ambas partes y siempre hemos escuchado de ella tanto en la Resolución de Determinación, la Resolución de Multa, la Orden de Pago, la Resolución de Ejecución Coactiva, entre otros, ello se debe a la importancia que tiene en el momento de realizarla, ya que debe contener las garantías necesarias que el Estado debe otorgar a los administrados para asegurar su derecho de defensa, constituyendo de por si no solo un derecho de los administrados o contribuyentes, sino además una garantía jurídica frente a la actividad de la Administración Pública, y entre ellas de la Administración Tributaria.

Por ello, en esta oportunidad, vamos a tener un acercamiento a la institución de la notificación, haciendo especial énfasis en la notificación de los actos administrativos tributarios, analizando la parte operativa que ahora se maneja desde la perspectiva electrónica.

  1. Notificación Tributaria: 

Cuando nos referimos a la Notificación, inmediatamente debemos pensar en la eficacia, La Ley de Procedimiento Administrativo General-Ley N° 27444-, señala una serie de aspectos respecto a la eficacia de los actos administrativos, estableciendo como regla general que el acto administrativo es eficaz a partir de su notificación.

Es así que conforme al numeral 16.1 del artículo 16 de la indicada ley señala que, “el acto Administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada produce sus efectos, conforme a los dispuesto en el presente capitulo”.

Al respecto, debemos indicar que MORON URBINA ha señalado que “un acto administrativo carece de eficacia mientras no sea notificado a su destinatario o publicado, pero en cambio no por ello se encuentra privado de validez. La transmisión (en cualquiera de sus formas) constituye la condición jurídica para iniciar la eficacia del acto administrativo”[1].

Con respecto a las formas de notificación del acto administrativo, el artículo 104 del Código Tributario ha establecido diferentes formas de notificación de los actos administrativos emitidos por la SUNAT y los Gobiernos Locales, las cuales en gran parte son distintas a las notificaciones establecidas por la Ley de Procedimiento Administrativo General, sobre todo porque en esta última, las notificaciones se deben realizar por orden de prelación.

Conforme lo indicado en el inciso b) del artículo 104° del Código Tributario, la Notificación de los actos administrativos podrá realizar, de manera indistintamente por:

     “b) Por medio de sistemas de comunicación electrónicos, siempre que se pueda confirmar la entrega por la misma vía.

 Tratándose del correo electrónico u otro medio electrónico aprobado por la SUNAT o el Tribunal Fiscal que permita la transmisión o puesta a disposición de un mensaje de datos o documento, la notificación se considerará efectuada al día hábil siguiente a la fecha del depósito del mensaje de datos o documento.

 La SUNAT mediante Resolución de Superintendencia establecerá los requisitos, formas, condiciones, el procedimiento y los sujetos obligados a seguirlo, así como las demás disposiciones necesarias para la notificación por los medios referidos en el segundo párrafo del presente literal. 

En el caso del Tribunal Fiscal, el procedimiento, los requisitos, formas y demás condiciones se establecerán mediante Resolución Ministerial del Sector Economía y Finanzas.

 (…)”

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LA QUEJA COMO MEDIO DE DEFENSA

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Conforme al criterio del Tribunal Fiscal, la queja es un remedio procesal que permite a los administrados cuestionar las actuaciones indebidas de la Administración que puedan vulnerar sus derechos o intereses, a fin que se pueda corregir las actuaciones y encauzar el procedimiento. En ese sentido, la queja no  constituye un recurso impugnativo, ni procede cuando existan otros procedimientos o vías idóneas para conocer el asunto cuestionado.

La queja contra las actuaciones de la Administración Tributaria se encuentra regulada de manera general en el artículo 155° del TUO del Código Tributario-Decreto Supremo N° 133-2013-EF (En adelante CT), siendo el Tribunal Fiscal, a través de la Oficina de Atención de Quejas, el competente para resolverla, de ahí resulta la jurisprudencia del Tribunal Fiscal que nos da los criterios sobre su regulación.

En el caso que se necesite defender contra actuaciones irregulares del Tribunal Fiscal, también se puede interponer queja ante la Defensoría del Contribuyente, la cual será resuelta por el Ministerio de Economía y Finanzas.

También contamos con la queja administrativa, regulada en la Ley de Procedimiento Administrativo General.

  1. La naturaleza de la queja: 

El artículo 155 del CT establece que “La queja se presenta cuando existan actuaciones o procedimientos que afecten directamente o infrinjan lo establecido en este código, en la Ley General de Aduanas, su reglamento y disposiciones administrativas en materia aduanera; así como en las demás normas que atribuyan competencia al Tribunal Fiscal”. Esta norma debe ser concordada con el literal h) del artículo 92 del mismo cuerpo normativo, según el cual los deudores tributarios tienen derecho, entre otros, a: “Interponer queja por omisión o demora en resolver los procedimientos tributarios o por cualquier otro incumplimiento a las normas establecidas en el presente código“.

Así mismo cabe tener en cuenta lo establecido en el numeral 5) del Artículo 101 del CT, según el cual, son atribuciones del Tribunal fiscal “Atender las quejas que presenten los administrados contra la Administración Tributaria, cuando existan  actuaciones o procedimientos que los afecten directamente o infrinjan lo establecido en este Código; las que se interpongan de acuerdo con la Ley General de Aduanas, su reglamento y disposiciones administrativas en materia aduanera, así como lo demás que sea de competencia del Tribunal Fiscal conforme al marco normativo aplicable”.

Como se puede visualizar la norma ya no hace referencia a la queja como un recurso como antes lo hacía, este error fue corregido con el Decreto Legislativo N° 1315 publicado el 31 de Diciembre del 2016. La explicación de ello es que la queja no puede ser un recurso porque tiene una naturaleza de un medio excepcional procedimental, es un remedio procesal mediante el cual se busca corregir las actuaciones de la administración que afecten de manera indebida al deudor tributario y reencauzar el procedimiento.

Es decir, mediante el recurso administrativo, se promueve el control de la legalidad de un acto emanado de la autoridad administrativa, con la finalidad que se le revoque o modifique, con el objeto de restablecer el interés que ha sido lesionado o vulnerado por este acto administrativo que se impugna mediante el recurso. En ese sentido, la nota característica de los recursos es su finalidad impugnatoria de actos o disposiciones preexistentes que se estiman contrarias a Derecho, en cambio, la queja no es instrumento para impugnar, sino para corregir, por lo que su finalidad es distinta.

Esta diferencia se nota cuando analizamos el recurso de reclamación, reconsideración, oposición, o revocación, el cual se interpone ante el mismo órgano que emitió el acto administrativo que es materia de controversia, a fin que considere nuevamente el asunto sometido a su pronunciamiento, ya que el Administrado tiene el derecho de impugnar un acto administrativo y la Administración tiene el deber de revisar su propio acto. Sin embargo, la queja es diferente, no ha sido diseñada para impugnar acto administrativo alguno; por el contrario, la queja en materia tributaria procede cuando existen actuaciones o procedimientos que infrinjan lo establecido en el Código Tributario. Entonces podemos apreciar que la naturaleza de una queja es la de un remedio procesal que el legislador ha regulado; de tal manera que los administrados puedan utilizarla para que se corrijan los defectos que se pudieran presentar en la tramitación de cualquier procedimiento administrativo, de tal manera que puedan subsanarse los errores cometidos dentro del procedimiento[1]. 

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EL PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA FRENTE A LA SUNAT

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  1. Procedimiento de Cobranza Coactiva.

El Procedimiento de Cobranza Coactiva de la Sunat se rige por las normas contenidas en el Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva regulado en la Resolución de Superintendencia N.° 216-2004/ SUNAT y normas modificatorias, en el Título II del Libro III del Código Tributario aprobado mediante Decreto Supremo   N° 133-2013-EF (en adelante CT), y por el Artículo IV del Título Preliminar y artículo 55° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444.

El artículo 2° de la Resolución de Superintendencia N.° 216-2004/SUNAT (en adelante el Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva) señala que esta norma regula:

a. El procedimiento que lleve a cabo la SUNAT, en ejercicio de su facultad coercitiva, a fin de hacer efectivo el cobro de la deuda exigible detallada en el artículo 115 del Código Tributario y demás actos que se deriven del citado procedimiento.

Se considera comprendida como deuda exigible a las liquidaciones de las declaraciones únicas de aduanas u otro documento que contenga deuda tributaria aduanera y a las resoluciones de multa por infracciones tributarias a que se refiere la Ley General de Aduanas no reclamadas ni apeladas oportunamente.

b. Las medidas cautelares previas a que se refieren los artículos 56, 57 y 58 del CT.

c. La ejecución de las garantías otorgadas a favor de la SUNAT según lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 116 del CT.

El procedimiento Coactivo así como las acciones de cobranza se sustentan en la facultad de recaudación de la Administración Tributaria regulada en el artículo 55 del CT, el cual establece lo siguiente: “Es función de la Administración Tributaria recaudar los tributos. A tal efecto, podrá contratar directamente los servicios de las entidades del sistema bancario y financiero, así como de otras entidades para recibir el pago de deudas correspondientes a tributos administrados por aquella. Los convenios podrán incluir la autorización para recibir y procesar declaraciones y otras comunicaciones dirigidas a la Administración”.

Así lo determina también el fundamento 5 de la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 06269-2007-PA/TC, cuando señala que: “La cobranza coactiva es una de las manifestaciones de la autotutela ejecutiva de la que gozan algunas entidades administrativas, por lo que éstas se encuentran facultadas para ejecutar el cobro coactivo de deudas exigibles (sean tributarias o no). Tal como lo indicó este Tribunal Constitucional en el fundamento 46 de la STC 00152005-AI/TC, la facultad de autotutela de la Administración Pública de ejecutar sus propias resoluciones –como sucede en el caso del procedimiento de ejecución coactiva– se sustenta en los principios de presunción de legitimidad y de ejecución de las decisiones administrativas, lo que también implica la tutela de los derechos fundamentales de los administrados que puedan verse amenazados o vulnerados por la actividad de la Administración, como son los derechos al debido procedimiento y a la tutela judicial efectiva”.

No obstante ello, esta facultad de la Administración no puede ser ejercida de manera arbitraria y sin limitaciones, pues existen una serie de presupuestos que deben cumplirse, en virtud de los derechos que tiene todo administrado. Se tiene que seguir el Procedimiento regulado en el CT y en el Reglamento de Procedimiento Coactivo aprobado por la misma SUNAT.

En ese sentido la cobranza coactiva de las deudas tributarias se ejerce a través del ejecutor coactivo, quien actuará en el procedimiento de cobranza coactiva con la colaboración de los auxiliares coactivos, de acuerdo a lo indicado en el artículo 114° del CT.

 

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