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TRATAMIENTO TRIBUTARIO EN EL SECTOR INMOBILIARIO Venta de Bienes Inmuebles realizada por persona natural

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  1. Introducción:

En los últimos años el sector inmobiliario ha tenido un movimiento muy acelerada. Se cuenta con empresas que se dedican a construir y vender inmuebles, algunas otras sólo venden inmuebles, también se cuenta con personas naturales que se dedican a la venta de inmuebles sin ser una empresa inmobiliaria, personas naturales que invierten en un inmueble que luego venden, etc. Bajo este contexto, el derecho tributario presenta un tratamiento para la enajenación de inmuebles con los diversos matices, según el caso concreto.

Este artículo, sólo se abocará a desarrollar el tratamiento tributario en el caso de la venta de inmuebles realizada por persona natural con las particularidades para cada supuesto.

  1. ¿Cuándo estamos ante una ganancia de capital gravada?:

El impuesto directo más importante en nuestro sistema tributario en términos de recaudación es, sin lugar a dudas, el Impuesto a la Renta[1]. Dicho impuesto grava las rentas que provienen del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, las ganancias de capital, entre otros ingresos producidos por las personas naturales o las personas jurídicas. Según el artículo 1° de la Ley de Impuesto a la Renta (LIR) se encuentran gravadas, entre otras:

“Artículo 1.- El Impuesto a la Renta grava: a) Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales aquellas que provengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos. b) Las ganancias de capital. (…)”

En el caso de las personas naturales tributan con el impuesto a la renta cuando realizan diversas actividades generadoras de renta como el trabajo de manera independiente o dependiente, la enajenación de acciones, ganancia de capital, etc.

La definición de ganancia de capital está contenida en el artículo 2 de la LIR, que establece lo siguiente:

“Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, constituye ganancia de capital cualquier ingreso que provenga de la enajenación de bienes de capital. Se entiende por bienes de capital a aquellos que no están destinados a ser comercializados en el ámbito de un giro de negocio o de empresa.”

De acuerdo con lo anterior, cuando una persona natural obtiene ingresos por la enajenación de un bien de capital, la operación está gravada con renta. Dicha renta será de segunda categoría según el artículo 24 de la LIR, citado a continuación:

“Artículo 24.- Son rentas de segunda categoría: (…) j) Las ganancias de capital.”

De acuerdo a la revisión normativa realizada, podemos concluir que, si una persona natural, que no genera renta empresarial, realiza la venta de un inmueble y obtiene una ganancia por dicha operación, esta se encontrará gravada como renta de segunda categoría.

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TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LAS OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO ENTRE SUJETOS NO DOMICILIADOS (SEGUNDA PARTE)

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  1. Impacto en los intereses presuntos.

 Si la empresa no cumple con alguno de los requisitos sustanciales o formales para la deducción del gasto por intereses, en la declaración jurada anual del ejercicio que corresponda se deberá adicionar el gasto, ya que dicho desembolso calificará como gasto no deducible para efecto del impuesto a la renta. Ahora, como consecuencia de ello, se deberá efectuar un pago directo y definitivo a la SUNAT por el concepto de dividendo presunto. La tasa impositiva en ese caso es del 5% sobre el monto no deducible que cumpla con los requisitos señalados en el artículo 24-A de la LIR: i) Suma o entrega en especie que constituye disposición indirecta de renta. (Gasto no deducible o ingreso no declarado); y, ii) No hay un control tributario de la naturaleza o destino del gasto o ingreso. 

  1. Regla de subcapitalización de intereses. 

Como lo hemos comentado líneas arriba, está regla de Subcapitalización de intereses, consiste en que el capital de endeudamiento de una empresa no puede ser superior al triple del patrimonio neto de la empresa correspondiente al ejercicio anterior. Esta regla hasta el 2018, era aplicable para sólo para operaciones de financiamiento con pares vinculadas. A partir del 2019, con la modificación, la regla aplica para todo tipo de operaciones de préstamo sea entre partes vinculadas o terceros.

Mediante el Decreto Legislativo N° 1424 publicado el 13 de setiembre de 2018 se modificaron las normas del IR en materia de deducción de intereses, con la finalidad de perfeccionar las normas de “subcapitalización”. Esta modificación tiene como objetivo corregir la facilidad con la cual los grupos empresariales podían eludir la citada norma, a través de préstamos back-to-back[1].

Asimismo, la posibilidad de deducir intereses por préstamos otorgados desde paraísos fiscales, así como la tasa reducida del IR sobre intereses pagados a beneficiarios no vinculados en el exterior, eran incentivos suficientes para erosionar la base fiscal con préstamos desproporcionados.

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TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LA REGLA DE VALOR DE MERCADO

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  1. Aspectos generales:

El valor de mercado es el valor que la SUNAT está facultada a aplicar en situaciones en que el valor de una transacción defiere por subvaluación o sobrevaluación del valor de mercado establecido en la LIR y su Reglamento para el bien o servicio materia de aquélla. Las reglas que lo determinan han sido dictadas en protección del interés fiscal. Se aplican cuando la subvaluación del bien o servicio origina un menor ingreso gravado o su sobrevaluación causa un mayor costo computable o gasto deducible que el que se originaría si se considerara el valor de mercado.

Desde el punto de vista tributario, el valor de mercado es muy importante porque conforme lo indicado en el artículo 32° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta-Decreto Supremo N° 179-2004-EF (en adelante LIR), toda operación debe hacerse a valor de mercado.

Dentro de esta base normativa nos encontramos con los siguientes supuestos:

2. Valor de mercado de las existencias.

El numeral 1 del segundo párrafo del artículo 32° de la LIR señala que califica como valor de mercado de las existencias, de manera excluyente lo siguiente:

  • El que normalmente se obtiene en las operaciones onerosas que la empresa realiza con terceros; o,
  • El valor que se obtenga en una operación entre partes independientes en condiciones iguales o similares; o,
  • El valor de tasación.

Debe considerarse como valor que el contribuyente obtiene normalmente en sus operaciones comerciales, el que se obtuvo en la mayor cantidad de operaciones realizadas cada día (del periodo fiscalizado) en las mismas condiciones.

El valor de una sola transacción no puede ser considerado como el normalmente obtenido por la empresa en operaciones onerosas con terceros. La existencia de subvaluación o sobrevaluación en una operación se determina mediante la comparación de su valor con el usualmente aplicado por la empresa en otras operaciones con terceros. A ese fin debe compararse individualmente cada operación fiscalizada con aquellas operaciones con las que guarde relación de igualdad o similaridad en los aspectos siguientes:

  • La naturaleza, características, estado y cantidad de bienes objeto de transacción.
  • La oportunidad o fecha de su realización.
  • Las condiciones de la operación que pueden influir en el precio: descuentos que responden a los usos y costumbres; condiciones de pagos, estrategias de negocios, etc.

De manera ilustrativo, cabe mencionar que el Tribunal Fiscal ha señalado en reiteradas jurisprudencias (RTF N° 4197-1-2010) que, conforme a la práctica usual del mercado, resulta aceptable que se otorgue a un cliente principal-que adquirió más del 69% de su producción-, un precio más ventajoso que el que se concede a los demás clientes, más aún si se tiene en consideración las circunstancias dadas, tales como volumen anual de operaciones, pago anticipado, precios en dólares establecidos de antemano durante un período de una fuerte y constante devaluación de la moneda.

Entonces, podemos señalar que la comparación debe efectuarse considerando las circunstancias económicas y de mercado o especiales o particulares de realización de la operación (que puedan haber influido en le precio de los bienes).

Una vez efectuada la comparación y establecido que el valor del bien vendido es inferior, la SUNAT se puede efectuar la estimación correspondiente.

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TRATAMIENTO TRIBUTARIO DEL IMPUESTO AL CONSUMO DE BOLSAS DE PLÁSTICO

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El 19 de diciembre del 2018 se publicó la Ley N° 30884 la cual en su artículo 12° crea el impuesto al consumo de las bolsas de plástico polimérica (ICBP). Este impuesto entró en vigencia el 01 de agosto del 2019, y tiene un fin extrafiscal que es desincentivar el uso de bolsas de plástico y contribuir a la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

En ese sentido, podemos concluir que estamos ante un impuesto al consumo monofásico con claros fines extrafiscales, que constituye ingreso del tesoro público y es administrado por SUNAT.

I.-Ámbito de aplicación:

El ICBP grava la adquisición bajo cualquier título (gratuito u oneroso) de bolsas de plástico polimérica cuya finalidad sea cargar o llevar bienes enajenados por los establecimientos comerciales o de servicios de contribuyentes del IGV que las distribuyan, lo que incluiría a los supermercados, tiendas retail, tiendas que se ubican en grifos, bodegas y todos aquellos servicios, que, como parte de sus transacciones, entreguen bolsas a los consumidores, en el momento de la emisión del comprobante de pago. También cumplen con dicha finalidad las bolsas de plástico adquiridas en establecimientos virtuales, que son utilizadas para transportar o trasladar bienes enajenados en estos y que son entregadas al adquirente en el lugar señalado por este.

Se entiende que los bienes son enajenados cuando se transfiere su propiedad a título gratuito u oneroso, incluyendo a los bienes que son entregados con motivo de la prestación de un servicio.

Los contribuyentes son aquellas personas naturales o jurídicas que opten por adquirir bajo cualquier título las bolsas plásticas polimérica cuya finalidad sea cargar o llevar bienes enajenados por los establecimientos comerciales o de servicios que las distribuyan.

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IMPLICANCIA TRIBUTARIA DEL BENEFICIARIO FINAL Y LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES

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Desde los años 90 el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha venido dictando una serie de recomendaciones que han sido actualizadas a lo largo de los años a fin de adecuarlas al cambio de los tiempos. Posteriormente, la OCDE también ha venido trabajando en ese sentido. Una de estas recomendaciones está referida al concepto de Beneficiario Final, que no es otra cosa que determinar quién o quienes, personas físicas, están al final de la línea de control o de propiedad/posesión de personas jurídicas o de relaciones jurídicas y persiguen el beneficio económico derivado de las actividades de esas personas jurídicas o de las relaciones jurídicas.

En este contexto internacional, en agosto del 2018, en el Perú se ha publicado el Decreto legislativo No. 1372 la cual ha sido reglamentada en el Decreto Supremo No. 003-2019-EF, publicado el pasado 8 de enero de 2019, el cual regula el concepto de beneficiario final en el Perú.

En ese sentido, es innegable la importancia que tiene concepto de “Beneficiario Final”, no sólo en el ámbito interno sino también en la tributación internacional, pues este concepto de beneficiario efectivo o final también se encuentran puestas en los Convenios para Evitar la Doble Imposición, a fin de evitar que los Convenios sean usados por quienes, en estricto, no tienen derecho a acceder a sus beneficios, pero utilizan estructuras interpuestas para aprovechar de los mismos.

Asimismo, la responsabilidad solidaria de los representantes legales que tiene relación con el concepto de “Beneficiario Final”, es un tema que se debe abordar, aún más con el nuevo supuesto incorporado en el artículo 16° del TUO del Código Tributario.

Por lo expuesto, a continuación, desarrollaremos las implicancias tributarias del concepto de beneficiario final y la responsabilidad solidaria de los representantes legales:

I.-Concepto de Beneficiario Final:

El literal a) del numeral 3.1 del artículo 3° del Decreto legislativo No. 1372, hace referencia que califica como beneficiario efectivo aquella:

a.1) persona natural que efectiva y finalmente posee o controla personas jurídicas o entes jurídicos, conforme a lo previsto en el artículo 4 de la misma norma. Las expresiones “finalmente posee o controla” o control efectivo final utilizadas se refieren a situaciones en que la propiedad y/o control se ejerce a través de una cadena de propiedad o a través de cualquier otro medio de control que no es un control directo; y/o,

a.2) persona natural que finalmente posee o controla un cliente o en cuyo nombre se realiza una transacción. El concepto de “cliente” se tiene que verificar en el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú (UIF – Perú).

La norma también precisa que las acepciones de beneficiario final contenidas en el Decreto Legislativo, son aplicables para la asistencia administrativa mutua en materia tributaria, así como las que regulan el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

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Modifican normativa sobre detracciones para adecuarla a la legislación vigente (31.05.2019)

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Mediante R. de S. N.º 118-2019/SUNAT se modifica la R. de S. N.º 183-2004/SUNAT, que aprueba normas para la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT), para adecuar sus disposiciones a la normativa vigente, en especial, a las modificaciones previstas en los artículos 4º y 5º del Dec. Leg. N.º 1395, que corresponde al Dec. Leg. N° 940, en relación a la optimización de la operatividad del SPOT y a evitar el uso indebido del fondo de detracciones.

A continuación, las modificaciones más relevantes: Sigue leyendo

ASPECTOS TRIBUTARIOS DE LA EXPORTACIÓN EN EL SECTOR TURISMO: Servicio de Hospedaje y alimentación a los sujetos no domiciliados

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El Perú en los últimos años califica como un país receptor de diferentes turistas de todo el mundo, siendo así, muchas ciudades del Perú se benefician con los ingresos provenientes del sector turismo, dentro de ellas está el servicio de alojamiento y alimentación a turistas nacionales y extranjeros. Al respecto, queremos destacar el incremento sostenido de los Establecimientos de Hospedaje y Agencias de Turismo a nivel nacional que venden paquetes turísticos constantemente, inclusive con varios meses de anticipación.

En ese sentido, como se ha venido incrementando sostenidamente la afluencia de turistas extranjeros o de sujetos de nacionalidad peruana que ya no tienen la calidad de domiciliados por haber permanecido fuera del territorio nacional más de 183 días calendario, conforme lo establecido en el artículo 7º TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, consideramos que es importante resaltar el tratamiento tributario en cuanto a los requisitos y formalidades que deberán cumplir a efectos de gozar de los beneficios tributarios otorgados al sector turismo, la emisión del comprobante de pago y sus alcances, finalizando con casos prácticos de varios de los supuestos que se presentan en este rubro.

  1. Exportación de servicios:

 El concepto de exportación es un tema que no se encuentra regulado en el TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas-Decreto Supremo Nº 055-99-EF (en adelante LIGV), podremos encontrar lo que calificará como exportación de bienes o servicios e incluso los requisitos que debemos cumplir para que una operación califique como exportación de bienes o servicios, pero una definición exacta de qué se entiende por exportación la vamos a encontrar en el título III de la Ley General de Aduanas el cual establece que: “ La exportación es el régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior. La exportación no está afecta a ningún tributo.”

Es en correlato a ello que el artículo 33º de la LIGV indica que las actividades calificadas como exportación (sea de bienes o de servicios) se encuentran inafectas del IGV.

En ese sentido, avocándonos a la exportación de servicios, el artículo 33º de la LIGV modificado en el año 2017[1] hace una calificación de exportación de servicios indicando que calificará como tal todas aquellas operaciones que cumplan de manera CONCURRENTE con los siguientes requisitos:

a) Se presten a título oneroso desde el país hacia el exterior, lo que debe demostrarse con el comprobante de pago que corresponda, emitido de acuerdo con el reglamento de la materia y anotado en el Registro de Ventas e Ingresos.

b) El exportador sea una persona domiciliada en el país.

c) El usuario o beneficiario del servicio sea una persona no domiciliada en el país.

d) El uso, la explotación o el aprovechamiento de los servicios por parte del no domiciliado tengan lugar en el extranjero.

  1. Conforme lo indicado por el artículo 9° del Reglamento de la Ley del IGV, modificado por el Decreto Supremo N.º 342-2017-EF, los servicios se considerarán prestados desde el país hacia el exterior cuando:
  2. La prestación del servicio por parte de la persona domiciliada en el país se realiza íntegramente en el Perú; y,
  3. El uso, la explotación o el aprovechamiento de los servicios por parte del no domiciliado tiene lugar en el extranjero, para lo cual se considera el lugar donde ocurre el primer acto de disposición del servicio, entendido como el beneficio económico inmediato que el servicio genera al usuario no domiciliado.

Para establecer que el uso, explotación o aprovechamiento de los servicios por parte del no domiciliado tiene lugar en el extranjero se evaluarán las condiciones contractuales de cada caso en particular, teniendo en cuenta no sólo lo señalado en los contratos sino también lo acordado a través de otros medios de prueba a efecto de determinar el lugar donde efectivamente se realiza dicho uso, explotación o aprovechamiento. Lo señalado en el párrafo precedente no limita las facultades de fiscalización que tiene la SUNAT. 

e) El exportador de servicios deberá, de manera previa, estar inscrito en el Registro de Exportadores de Servicios a cargo de la SUNAT.

Al respecto podemos señalar que el 27.11.2017 publicó la Resolución de Superintendencia N° 312-2017-SUNAT, mediante la cual, la SUNAT crea el Registro de Exportadores de Servicios de conformidad con la Ley 30641, Ley que Fomenta la Exportación de Servicios y el Turismo.

Esta norma señala que las personas que deseen inscribirse en el Registro deberán ingresar a SUNAT Operaciones en Línea, consignando sus datos generales y los requisitos establecidos por SUNAT.

  • Los Requisitos para inscribirse son: 

El número de RUC de la empresa no debe estar de baja o con suspensión temporal de actividades.

No tener la condición de no habido; y,

Encontrarse en el Régimen General, Régimen Especial o Régimen MYPE Tributario.

Para presentar la solicitud de inscripción.- Debe ingresarse a SUNAT Operaciones en Línea y seleccionar la opción correspondiente. Debe especificarse el tipo de servicio a exportar. Si van a exportar más de un tipo de servicio, debe consignarse aquél por el que se estima obtendrán mayores ingresos.

La validación del cumplimiento de los requisitos se realiza en línea. Si el solicitante no cumple con los requisitos, no se aceptará la solicitud de inscripción. Si el solicitante cumple con los requisitos, la inscripción surte efecto de inmediato. SUNAT procederá de oficio a incluir esta condición en el RUC del contribuyente.

Cuando se termina con la inscripción, se puede imprimir la constancia de inscripción. 

  • Exclusión del registro. – Procederá a pedido del exportador; o de oficio cuando el exportador incumpla con los requisitos establecidos.
  •  Reinscripción. – Los sujetos excluidos pueden volver a inscribirse a partir del día siguiente de su exclusión, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por SUNAT.

      Designación como emisores electrónicos:

Se designa como emisores electrónicos del Sistema de Emisión Electrónica, a los sujetos que a partir del 1 de enero de 2018 realicen una o más operaciones de exportación de servicios, sólo respecto de estas operaciones, siempre que SUNAT no les haya asignado dicha calidad a la fecha de entrada en vigencia de esta resolución (28.11.2017). Deberán emitir facturas, notas de crédito y débito electrónicas en el Sistema de Emisión Electrónica por sus operaciones de exportación de servicios, considerando la normativa correspondiente.

En ese sentido, todo servicio que cumpla con estos requisitos calificará como una exportación de servicios no gravado con el IGV, sin considerar ninguna lista taxativa. Sin embargo, el artículo 33° de la Ley del IGV cuenta con una lista de servicios que, a pesar de no cumplir con los requisitos antes indicados, también califican como exportación de servicios como por ejemplo la prestación de servicio de hospedaje y los servicios de alimentación y transporte turístico a operadores no domiciliados.

Por consiguiente, como parte del desarrollo de este artículo, a continuación, abordaremos los siguientes puntos, referente al sector turismo:

  • Prestación de Servicios de hospedaje donde se incluye la alimentación. (numeral 4 del artículo 33° de la Ley del IGV)
  • Servicios que conforman el paquete turístico prestado por operadores turísticos domiciliados en el país. (numeral 9 del artículo 33° de la Ley del IGV).

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ASPECTOS TRIBUTARIOS DEL IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS 2019

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En el presente trabajo desarrollaremos los principales alcances a considerar respecto a la determinación del Impuesto Temporal a los Activos Netos del ejercicio 2019, incidiendo principalmente en la Base Imponible sobre la cual se calcula el impuesto que es sobre los Activos Netos al 31 de diciembre del ejercicio anterior (2018).  Al final presentaremos un Caso Práctico.

  1. Introducción:

El Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) es un tributo que se encuentra regulado mediante la Ley Nº 28424 y el Decreto Supremo N° 025-2005-EF y grava activos netos como manifestación de capacidad contributiva no directamente relacionado con la renta, así mismo no constituye un pago a cuenta o anticipo del Impuesto a la Renta.

Es en ese sentido, que no se puede imputar al ITAN los mecanismos de determinación establecidos para otro impuesto; por lo que, las adiciones y deducciones a la base imponible del ITAN corresponden a aquellas vinculadas con el Activo Neto, las cuales no tienen que coincidir con las establecidas para el Impuesto a la Renta.

2.   Aspectos relevantes:

2.1. Contribuyentes del ITAN

Son contribuyentes del ITAN, los sujetos del Régimen General o Régimen MYPE[1] Tributario que generen rentas de tercera categoría, incluyendo las sucursales, agencias y demás establecimientos permanentes en el país de empresas unipersonales, sociedades y entidades de cualquier naturaleza constituidas en el exterior; así como las personas naturales con negocio que generen rentas de actividades empresariales; excepto aquellas perciban exclusivamente rentas de tercera categoría generadas por los Patrimonios Fideicometidos de Sociedades Titulizadoras, los Fideicomisos Bancarios y los Fondos de Inversión Empresarial, que provengan del desarrollo o ejecución de un negocio o empresa, cuyo valor de los activos netos al 31 de diciembre de 2018 supere un millón de Soles (S/ 1 000,000), siempre que hayan iniciado operaciones antes del 1 de enero del año 2018. La obligación incluye a los que se encuentran en Régimen de Amazonía, Régimen Agrario, los establecidos en Zona de Frontera, entre otros.

2.2. Base Imponible y Tasa del ITAN

Conforme lo establecido en el artículo 4° de la Ley N° 28424, para determinar la Base Imponible los contribuyentes deben considerar el valor de los activos netos consignados en el Balance General al 31 de diciembre del 2018, deducidas las depreciaciones y amortizaciones admitidas. Mediante el Decreto Legislativo Nº 976 publicado el 15.03.2007, se estableció que a partir del 01.01.2009 la alícuota del ITAN será de 0.4%, tal como se refiere a continuación:

Base Imponible Alícuota
Hasta S/.1´000,000 0%
Por el exceso de S/.1´000,000                                     0.4%

Sobre el particular, la SUNAT, a través del Informe N° 232-2009-SUNAT/2B0000 (02.12.2009), a señalado que para determinar la base imponible del ITAN, no deberá adicionarse al monto de los activos netos consignados en el balance general al cierre del ejercicio el valor de las provisiones que no son admitidas por la legislación del impuesto a la renta. En el caso de las provisiones por deudas incobrables cuya deducción se encuentra permitida por las normas que regulan el impuesto a la renta, el valor de dichas provisiones no afectará el cálculo de la base imponible del ITAN.

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MECANISMO PARA EFECTUAR LOS PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL 2019

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I.-Introducción:

El Impuesto a la Renta de Tercera Categoría es un tributo de determinación anual, para aquellos que se encuentren en el Régimen General o en el Régimen MYPE Tributario – RMT. Su cómputo se inicia el 01 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año. Esta categoría de renta grava los ingresos que provengan de las personas naturales con negocio, todo tipo de renta que obtengan las personas jurídicas, y así también las rentas que se consideren como Tercera Categoría por mandato del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

II.-Esquema actual:

El Decreto Legislativo N.º 1120, vigente a partir del 01.08.2012, y la Ley N° 29999, publicado el 13.03.2013 modificaron el artículo 85º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta cambiando el régimen tributario de los pagos a cuenta para los perceptores de renta de tercera categoría, pasando de dos sistemas paralelos: el del Coeficiente y el del Porcentaje (2%), que en términos generales se cumplían por caminos separados, a un sistema comparativo que gira alrededor del monto porcentual del 1.5%.

En ese sentido, el contribuyente realiza una comparación entre el coeficiente resultante con el monto porcentual del 1.5%, aplicado sobre sus ingresos netos mensuales. No obstante, el monto porcentual del 1.5% no significa necesariamente para el contribuyente un piso mínimo para el cumplimiento de sus pagos a cuenta, sino que el mismo sistema le da la opción de poder aplicar un coeficiente menor a dicho porcentaje, o en último lugar, suspender sus pagos a cuenta de no existir un impuesto calculado, todo ello en función a sus resultados económicos que conste en los EGyP.

Se efectúa el pago a cuenta con

1.5%

Se efectúa el pago a cuenta con

coeficiente resultante

-Si se tiene como resultado pérdida o

 

-No cuenta con un impuesto calculado, o

 

-El coeficiente resultante es menor al monto porcentual del 1.5%.

Si el coeficiente resultante resulta mayor al monto porcentual mínimo (1.5%).

 

Bajo este contexto, puede existir la posibilidad de que el porcentaje del 1.5% sea muy alto para el contribuyente que tiene una baja situación financiera. En ese sentido, existe la opción de modificar su coeficiente mediante la presentación del PDT 625 versión 1.6 al 30 de abril del 2019, aplicando el nuevo coeficiente (C1) siempre y cuando sea mayor al coeficiente dado en la DJ anual del ejercicio anterior (2018), pero le será obligatorio presentar un segundo PDT 625 al 31 de julio del 2019 aplicando el nuevo coeficiente sin efectuar ninguna comparación, y de no existir impuesto calculado, suspenderá sus pagos cuanta hasta diciembre 2019.

III.- Pagos a Cuenta de los meses de enero y febrero 2019

El contribuyente tiene dos posibles escenarios iniciando el año 2019, de acuerdo a los resultados del Ejercicio fiscal del 2017: Pérdida o utilidad. En ese sentido, sus pagos a cuenta para los meses de enero y febrero 2019 operarán de la siguiente forma:

 

ENERO – FEBRERO 2019

 

PERDIDA 2017                                             1.5%

 

C2017 > 1.5%                     C2017

 

UTILIDAD 2017

C2017 < 1.5%                    1.5%

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