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TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LOS GASTOS Y COSTOS EN EL NUEVO CONTEXTO DEL COVID 19 PRIMERA PARTE

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En esta nueva realidad, todos hemos aprendido varias cosas. Hemos aprendido a cuidarnos, a saludar de manera distinta, a ser más tolerantes, más pacientes, más creativos, etc. El sector empresarial, no ha sido la diferencia, también ha tenido nuevos retos económicos que no estaban proyectos realizar para este año 2020; sin embargo, esta pandemia los ha obligado a enfrentar estos nuevos retos, los cuales, traen consigo gastos o costos que no esperados. Han tenido que implementar medidas laborales, financieras y estrategias de negocio precisamente por el motivo de la pandemia, todo con un único objetivo que es preservar las unidades de negocio y el empleo hasta donde se pueda.

Es ahí donde la parte tributaria adquiere un protagonismo importante, porque cuando una empresa efectúa estos gastos, la parte fiscal debe ser analizada.

En esta primera parte vamos a analizar algunos de los gastos o costos que las empresas han efectuado durante estos meses de Estado de Emergencia Nacional en el sector laboral y contractual, y cuál es la recomendación al respecto.

  1. Medidas de carácter laboral: 

1.1.-Licencia con Goce de Haber compensable:

Llegó el 15 de marzo del 2020, y nos tomó por sorpresa el mensaje del Presidente Vizcarra, señalando que entrabamos en un periodo de cuarentena por una Pandemia declarada a nivel Mundial por el Organismo Mundial de la Salud. Por tal motivo, se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto Supremo 044-2020-PCM, que declaró el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 15 días calendarios y dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del covid-19. Todas las personas teníamos que estar en casa y los negocios tenían que cerrar, manteniéndose el rubro de alimentos y salud.

En el artículo 16 del Decreto de Urgencia N° 026-2020, se hizo mención por primera vez al ahora ya famoso “trabajo remoto”, el cual se caracteriza por la prestación de servicios subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita. Es decir, si resultara factible por las características de la función prestada, el trabajador puede brindar sus servicios empleando medios informáticos, de telecomunicaciones o análogos desde la comodidad de su domicilio y así evitar la posibilidad de contagiarse de Coronavirus camino a su centro de trabajo (en el transporte público, por ejemplo) o incluso allí mismo dado el contacto que existe con sus compañeros de trabajo, superiores, etc.

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EFECTO DE LA POSTERGACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL

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El 28 de agosto de 2020, fue publicó en Edición Extraordinaria el Decreto Supremo No. 146-2020-PCM (“DS 146”), el cual prorroga el Estado de Emergencia Nacional, declarado inicialmente por el Decreto Supremo No. 044-2020-PCM y ampliado, por última vez, mediante Decreto Supremo No. 135-2020-PCM.
Así, la prorroga mencionada extenderá el Estado de Emergencia Nacional, inicialmente vigente hasta el 31 de agosto de 2020, al periodo comprendido entre el 01 de setiembre y el 30 de setiembre del presente año.
 
En ese sentido, lo señalado en las Resoluciones de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos N.os 008-2020-SUNAT/700000 y 011-2020-SUNAT/70000, aplica a las infracciones cometidas o detectadas hasta el 30 de septiembre del 2020. Es decir, todas las infracciones cometidas durante el Estado de EMERGENCIA NACIONAL decretado por el Gobierno no serán sancionadas.
 
Sin embargo, el día de hoy se publicó la RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE TRIBUTOS INTERNOS Nº 000016-2020-SUNAT/700000, la cual señala que no se sancionará administrativamente la infracción tipificada en el numeral 10 del artículo 175 del Código Tributario, considerando ciertos criterios. Pero que ello, no resulta de aplicación respecto de las infracciones a las que se aplican las Resoluciones de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos N.os 008-2020-SUNAT/700000 y 011-2020-SUNAT/70000, las que se ceñirán a lo previsto en ellas.

ESTABLECEN EL RÉGIMEN DE APLAZAMIENTO Y/O FRACCIONAMIENTO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS ADMINISTRADAS POR LA SUNAT

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Mediante la Ley N° 31011, el Congreso de la República le delegó facultades al Poder Ejecutivo, para establecer disposiciones que faciliten el pago de las deudas tributarias administradas por la SUNAT en el contexto de la crisis económica de los contribuyentes ante las medidas de aislamiento social para reducir la propagación del COVID-19. En ese sentido, se publicó el 10 de mayo de 2020 en el diario oficial El Peruano, el Decreto Legislativo N.º 1487, el cual establece el Régimen de Aplazamiento y/o Fraccionamiento (RAF) de las deudas tributarias administradas por la SUNAT y deudas por ESSALUD. Este RAF entra en vigencia a partir del 11 de mayo, pero para su aplicación se tiene que esperar la publicación de la Resolución de Superintendencia emitida por SUNAT.

De esa manera, en este artículo vamos a desarrollar todo sobre el Nuevo Régimen de Aplazamiento y/o Fraccionamiento:

I.-Deudas que se pueden fraccionar y/o aplazar:

  1.-Los pagos a cuenta del impuesto a la renta de los períodos enero a marzo 2020

2.-Las que sean exigibles y pendientes de pago hasta la fecha de presentación de la solicitud.

3.-Deudas por multas por infracciones cometidas detectadas hasta el día anterior a la fecha de presentación de la solicitud y se encuentren pendientes de pago.

4.-Los saldos de aplazamientos y/o fraccionamientos anteriores, otorgado con carácter particular o general, vigente o con causal de pérdida, a la fecha de presentación de la solicitud.

 5.-Exigibles hasta la fecha de presentación de la solicitud de acogimiento (Saldos de aplazamientos y/o fraccionamientos pendientes de pago a la fecha en que se presenta la solicitud y cualquiera sea el estado en que se encuentren).

(*) Incluye los intereses, actualización e intereses capitalizados correspondientes.

6.-Contenidas en liquidaciones de cobranza que se encuentren pendientes de pago a la fecha de presentación de la solicitud y que estén vinculadas a una RD o RM.

7.-Saldos de un aplazamiento y/o fraccionamiento anterior, otorgado con carácter particular o general, vigente o con causal de pérdida a la fecha de presentación de la solicitud.

 

II.-Deudas que no se pueden fraccionar y/o aplazar:

  • Las deudas por tributos retenidos o percibidos.
  • Las incluidas en un procedimiento concursal o de liquidación judicial o extrajudicial, a la fecha de presentación de la solicitud.
  • Los recargos de acuerdo a la Ley General de Aduanas.
  • Los pagos a cuenta del impuesto a la renta del ejercicio 2020 correspondiente a los períodos abril a diciembre 2020.

III.-¿Cuáles son los sujetos que se encuentran comprendidos?:

Los sujetos que tengan las deudas tributarias previstas en la norma pueden acogerse al RAF, siempre que al momento de presentar la solicitud cumplan con los siguientes requisitos:

  1. Estar inscrito en el RUC.
  2. Haber cumplido con presentar las declaraciones juradas mensuales de marzo y abril del 2020 o las cuotas mensuales del régimen especial del impuesto a la renta.
  3. Acreditar la disminución de sus ingresos netos, comparando la sumatoria de los ingresos de marzo y abril 2019, con los obtenidos en los mismos períodos en el 2020. En caso no se hubieran obtenido ingresos en el 2019 ni en enero – abril 2020, se considerará acreditada la disminución. Este requisito no aplica a los sujetos que solo generen rentas distintas a la renta empresarial.
  4. No contar con un saldo mayor al 5% de la UIT (S/ 215) en cualquiera de las cuentas que se tenga en el Banco de la Nación por las operaciones sujetas al SPOT (esto es, el Sistema de Detracciones).
  5. Haber presentado todas las declaraciones que correspondan a la deuda tributaria por la que se solicita el acogimiento al RAF.
  6. Entregar o formalizar la garantía[1], cuando corresponda, en la forma, plazo y condiciones que se establezca mediante resolución de superintendencia de la SUNAT.

Se tiene que cumplir con todos los requisitos, en caso de que no se cumpla con alguno de los requisitos se denegará la solicitud de acogimiento, salvo los casos en que expresamente se señala que el incumplimiento del requisito implica que se excluya del RAF una determinada deuda.

Cómo calcular la disminución de los ingresos netos:

3.1.-Tratándose de sujetos que generan rentas de la tercera categoría o ingresos inafectos que de estar gravados calificarían como rentas de tercera categoría, se debe comparar el resultado de sumar los ingresos netos mensuales de los períodos tributarios de marzo y abril del ejercicio 2020 con los ingresos netos mensuales de los mismos períodos del ejercicio 2019. 

Ejemplo: Se tiene ingresos en los periodos de marzo y abril 2019

 

 3.2.-En caso los contribuyentes no hubieran obtenido ingresos netos mensuales en los meses de marzo y/o abril del ejercicio gravable 2019, a efectos de la comparación, se debe considerar:

  1. Los dos mayores montos de los ingresos netos mensuales obtenidos en cualquiera de los meses de dicho ejercicio.

 Ejemplo: Los dos mayores ingresos corresponden a los meses de agosto y noviembre 2019

 De contar con ingresos en un solo mes del ejercicio 2019, dicho ingreso y se multiplicará por dos.

Ejemplo: Sólo te tiene ingresos en el periodo de noviembre 2019

 3.3.- De no contar con ingresos netos en el ejercicio 2019, pero sí en los meses de enero y/o febrero del ejercicio 2020:

Se tomará en cuenta los ingresos netos mensuales de los meses de enero y febrero del ejercicio gravable 2020.

Ejemplo: Se toma en cuenta los ingresos de los periodos de enero y febrero 2020 

 De contar con ingresos en uno de los meses de enero o febrero del ejercicio gravable 2020, dicho ingreso y se multiplicará por dos.

Ejemplo: Sólo te tiene ingresos en el periodo de enero 2020

 3.4.-En caso los contribuyentes no hubieran obtenido ingresos netos mensuales durante el ejercicio 2019 ni en los meses de enero a abril de 2020, se considera que sus ingresos han disminuido. En este caso estamos ante una presunción legal, por lo que sin demostración se entiende cumplido con el requisito.

3.5.-Tratándose de los sujetos que generen o perciban rentas distintas a las de tercera categoría y además generen rentas de tercera categoría, se considera lo que resulta de la comparación mencionada en el primer acápite de este apartado.

IV.-De los plazos máximos de aplazamiento y/o fraccionamiento que se otorgan en el RAF:  

PROCEDIMIENTOS PLAZOS MÁXIMOS
Aplazamiento Seis (6) meses.
Aplazamiento y fraccionamiento –       Seis (6) meses de aplazamiento.

–       Treinta (30) meses de fraccionamiento.

Fraccionamiento Treinta y seis (36) meses.

 

V.-¿Cuáles son los intereses que se van a cobrar?

 El artículo 9° del Decreto Legislativo N° 1487 señala las siguientes disposiciones respecto de los intereses:

 La tasa de interés es de cuarenta por ciento (40%) de la TIM vigente a la fecha de entrada en vigencia de la resolución de superintendencia de SUNAT y se aplica a partir del día siguiente a la fecha de presentación de la solicitud de acogimiento, siempre que se acepte el acogimiento.

Es un interés al rebatir diario que se aplica sobre el monto de la deuda tributaria acogida. Al final del plazo del aplazamiento se debe cancelar tanto los intereses como la deuda tributaria aplazada.

Es un interés al rebatir mensual sobre el saldo de la deuda tributaria acogida que se calcula aplicando la tasa de interés de fraccionamiento, durante el período comprendido desde el día siguiente del vencimiento de la cuota mensual anterior hasta el día de vencimiento de la respectiva cuota, con excepción de la primera cuota. La primera cuota se calcula aplicando la tasa de interés de fraccionamiento que corresponda desde el día siguiente a la fecha de presentación de la solicitud de acogimiento hasta la fecha de su vencimiento.

 Sólo los intereses se cancelan al vencimiento del plazo de aplazamiento, debiendo las cuotas del fraccionamiento ser canceladas en la fecha de su vencimiento.

VI.-Consideraciones a tomar en cuenta respecto a los pagos mensuales: 

TIPO DE PAGO CONSIDERACIONES
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pago de Cuotas

-La totalidad de la deuda tributaria acogida se fracciona en cuotas mensuales iguales y consecutivas, con excepción de la última.

 

-Las cuotas mensuales están constituidas por la amortización más los intereses del fraccionamiento.

 

-Los pagos mensuales se imputan en primer lugar a los intereses moratorios aplicables a la cuota no pagada a su vencimiento y luego al monto de la cuota impaga.

 

-La amortización corresponde en primer lugar al monto sin garantía, en segundo lugar, al monto garantizado mediante hipoteca y, en tercer lugar, al monto garantizado mediante carta fianza, de corresponder.

 

-De existir cuotas mensuales vencidas e impagas, los pagos que se realicen se imputan en primer lugar a la cuota más antigua pendiente de pago. El vencimiento de cada cuota mensual se produce el último día hábil de cada mes. Tratándose de fraccionamiento, la primera cuota vence el último día hábil del mes siguiente a la fecha en que la SUNAT aprueba la solicitud de acogimiento. Tratándose de aplazamiento con fraccionamiento, la primera cuota vence el último día hábil del mes siguiente a aquel en que culmina el aplazamiento.

 

-El monto de las cuotas mensuales no puede ser menor al cinco por ciento (5%) de la UIT, salvo la última.

 

 

 

Anticipos de Cuotas

-Se considera pago anticipado a aquel que excede el monto de la cuota por vencer en el mes de la realización del pago, siempre que no haya cuotas vencidas e impagas.

 

-El pago anticipado se aplica contra el saldo de la deuda materia de fraccionamiento, reduciendo el número de cuotas o el monto de la última. La reducción del número de cuotas no exime del pago de las cuotas mensuales que venzan en los meses siguientes al mes en que se realiza el pago anticipado.

VII.-Efectos del acogimiento al RAF en las impugnaciones, cobranza coactiva y fiscalizaciones:

  • Con la presentación de la solicitud de acogimiento al RAF, se entiende solicitado el desistimiento de la impugnación de las deudas incluidas en dicha solicitud y con la aprobación de la solicitud de acogimiento se considera procedente dicho desistimiento.
  • Se suspende la cobranza de la deuda tributaria materia de la solicitud de acogimiento al RAF desde el mismo día de presentación de la solicitud hasta la fecha en que se emite la resolución que aprueba dicho acogimiento. En caso se deniegue la solicitud de acogimiento, se levanta dicha suspensión, salvo cuando se impugne la resolución denegatoria.
  • El acogimiento al RAF no limita las facultades de fiscalización respecto de la deuda tributaria que no haya sido materia de un procedimiento de fiscalización por parte de la SUNAT.

VIII.-Del desistimiento de la solicitud de acogimiento:

El deudor tributario puede desistirse de su solicitud antes que surta efecto la notificación de la resolución que la aprueba o la deniega.

IX.-¿Cuándo se pierde el fraccionamiento y/o aplazamiento?: 

APLAZAMIENTO
FRACCIONAMIENTO
FRACCIONAMIENTO Y APLAZAMIENTO 

 [1] Se exige garantía cuando: a) La deuda tributaria que sea ingreso del Tesoro Público sea mayor a las 120 UIT, en cuyo caso se debe garantizar el monto que exceda dicha cantidad. b) La deuda tributaria que sea ingreso del ESSALUD sea mayor a las 120 UIT, en cuyo caso se debe garantizar el monto que exceda dicha cantidad. c) Los saldos de un aplazamiento y/o fraccionamiento otorgado con anterioridad con carácter particular o general que se encuentren garantizados a la fecha de presentación de la solicitud de acogimiento. d) La deuda tributaria incluida en la solicitud de acogimiento que a la fecha de su presentación se encuentre garantizada con embargos en forma de inscripción de inmuebles o con embargos en forma de depósito, con o sin extracción de bienes. e) La deuda tributaria impugnada incluida en la solicitud de acogimiento que se encuentre garantizada en virtud de lo dispuesto en los artículos 137, 141, 146, 148 y 159 del Código Tributario. f) El solicitante sea una persona natural con proceso penal en trámite por delito tributario o aduanero a la fecha de presentación de la solicitud, o sea una persona jurídica cuyo representante legal se encuentre en el mismo supuesto.

 


SUSPENSIÓN PERFECTA DE LABORES

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MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA MITIGAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS CAUSADOS A LOS TRABAJADORES Y EMPLEADORES

DU N°038-2020 / DS N°011-2020-TR (ACTUALIZADO AL 21 DE ABRIL DE 2020)

I.- EMPRESAS QUE PUEDEN APLICAR LA SUSPENSIÓN PERFECTA DE LABORES.

Mediante Decreto de Urgencia N° 038-2020, se han aprobado medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores en el marco de la Emergencia Sanitaria COVID-19, asimismo mediante DS N°011-2020-TR se establecieron ciertos parámetros que deben de ser considerados.

En esta norma se establece que, pueden aplicar la Suspensión Perfecta de Labores (Suspensión temporal del contrato de trabajo) aquellas empresas que no puedan implementar la modalidad de trabajo remoto, aplicar la licencia con goce de haber por el nivel de afectación económica o que no pueden seguir brindado el servicio por la naturaleza de sus actividades. Se deben privilegiar los acuerdos con los trabajadores, y; en cualquier caso, excluir de la suspensión perfecta a los trabajadores de riesgo por edad o factores clínicos.

Las empresas pueden acogerse a la suspensión perfecta de labores hasta treinta (30) días calendario luego de terminada la vigencia de la Emergencia Sanitaria (Hasta el 11 de julio de 2020, pero es posible que se prorrogue).

II.-Operatividad:

Las empresas que opten por la suspensión perfecta de labores deben exponer los motivos que la sustentan, para lo cual deberán:

1) Agotar las medidas que resulten necesarias a fin de mantener el vínculo laboral.

2) Comunicarlo previamente a los trabajadores afectados y a sus representantes elegidos, de existir, de manera física o utilizando los medios informáticos correspondientes.

3) Ingresar al siguiente LINK: http://apps.trabajo.gob.pe/suspensionperfecta/autenticacion, en la que procederán a autenticar sus datos con su CLAVE SOL (SUNAT). Asimismo, deberán de llenar los datos solicitados con carácter de declaración jurada, descargar los formatos WORD de la plataforma, llenarlos, suscribirlos y adjuntarlos. En el caso de que hayan solicitado la SUSPENSIÓN PERFECTA DE LABORES hasta antes de la entrada en vigencia del DS N°011-2020-TR (22/04/2020), el empleador cuenta con un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles para adecuar o confirmar su comunicación a lo dispuesto en el DS N°011-2020-TR, según corresponda.

4) La Autoridad Inspectiva de Trabajo, en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles de presentada la comunicación verificará la solicitud presentada. Asimismo, en un plazo de siete (7) días hábiles siguientes de efectuada la verificación posterior deberá expedir la resolución correspondiente. De no expedirse dicha resolución, se aplica el silencio administrativo positivo.

5) En el supuesto de que después de la verificación de la solicitud, la Autoridad Inspectiva de Trabajo la deniegue, se deja sin efecto la suspensión de labores, y como consecuencia el periodo dejado de laborar será considerado como trabajo efectivo para todo efecto legal, por lo que las remuneraciones deberán de ser cubiertas por el empleador, asimismo este plazo no estará afecto a recuperación.

6) Si mediante un acto de Fiscalización posterior la Autoridad Administrativa de Trabajo Declarada la nulidad de la suspensión perfecta de labores se impone una multa en favor de la entidad de entre cinco (5) y diez (10) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago, así como comunicar al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente por el delito contra la fe pública u otro que corresponda, según lo previsto en el Código Penal.

Entiéndase que optar por la SUSPENSIÓN PERFECTA DE LABORES es como última opción para las empresas.

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EDICIÓN EXTRAORDINARIA-CORONAVIRUS

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Fecha Dura por el periodo en que se encuentre en vigencia el estado de emergencia sanitaria (90 días calendario)
Descripción Decreto Supremo que desarrolla disposiciones para el Sector Privado, sobre el trabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID – 19.
Norma Decreto Supremo Nº 010-2020-TR

1.-Comunicación de la aplicación del trabajo remoto:

A fin de implementar el trabajo remoto, el/la empleador/a comunica al/la trabajador/a la modificación del lugar de la prestación de servicios a través de: i) soporte físico: documento escrito; o ii) soportes digitales: correo electrónico institucional o corporativo, intranet, extranet, aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales, u otros análogos que permitan dejar constancia de la comunicación individual.

La comunicación del/la empleador/a debe contener la duración de la aplicación del trabajo remoto, los medios o mecanismos para su desarrollo, la parte responsable de proveerlos, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo aplicables, y otros aspectos relativos a la prestación de servicios que las partes estimen necesarias.

La sola comunicación del/la empleador/a a través de alguno de los medios indicados constituye constancia para el/la trabajador/a de la modificación del lugar de prestación de servicios.

Es responsabilidad del/la empleador/a la asignación de labores al/la trabajador/a, así como la implementación de los mecanismos de supervisión y reporte de las labores realizadas durante la jornada laboral, de ser el caso, mediante el empleo de mecanismos virtuales. El/la empleador/a no podrá alegar el incumplimiento de las obligaciones del/la trabajador/a si no ha previsto o no ha dejado constancia explícita de las labores asignadas al/la trabajador/a y sus mecanismos de supervisión o reporte.

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MEDIDAS TRIBUTARIAS Y LABORALES EXCEPCIONALES ANTE EL COVID-19 ESTADO DE EMERGENCIA

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  1. Aspectos preliminares:

 El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calificado el brote de COVID-19 como una pandemia, al haberse extendido en más de cien países del mundo de manera simultánea. En ese sentido, en el Perú, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú donde se señala que todos tenemos derecho a la protección de su salud, del medio familiar y de la comunidad, el Gobierno Central, el día 15 de marzo de 2020, el Gobierno emitió y publicó el Decreto Supremo No. 044-2020-PCM a fin de adoptar medidas adicionales y excepcionales para proteger eficientemente la vida y la salud de la población, reduciendo la posibilidad del incremento del número de afectados por el COVID-19, sin afectarse la prestación de los servicios básicos, así como la salud y alimentación de la población.

En base a este contexto de emergencia en que se encuentra el país, se han publicado una serie de normas a efecto de poder sostener de la mejor manera está situación, tanto desde el punto de vista civil como tributario y laboral.

2.-Disposiciones Generales:

 Entre las medidas más relevantes que ha dictado el Gobierno, debemos destacar las siguientes:

  • El Estado de Emergencia tiene una duración de 15 días calendarios, computados desde el día 16 de marzo hasta el 30 de marzo de 2020.
  • Se ha dispuesto el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las graves consecuencias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.
  • Durante el Estado de Emergencia, están permitidas la prestación de los siguientes servicios:

– Abastecimiento de alimentos.

– Abastecimiento de medicinas.

– Servicios bancarios y financieros (bancos, COOPAC, cajas, etc.)

– Continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas y combustible.

– Continuidad de telecomunicaciones.

– Continuidad de limpieza y recojo de residuos sólidos.

– Continuidad de servicios funerarios.

– Otros relacionados a los antes indicados.

  • Asimismo, se garantiza la adecuada prestación y acceso a los servicios y bienes esenciales, tales como:

a) Adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al público.

b) Adquisición, producción y abastecimiento de productos farmacéuticos y de primera necesidad.

c) Asistencia a centros, servicios y establecimientos de salud, así como centros de diagnóstico, en caso de emergencias y urgencias.

d) Entidades financieras, seguros y pensiones, así como los servicios complementarios y conexos que garanticen su adecuado funcionamiento.

e) Producción, almacenamiento, transporte, distribución y venta de combustible. f) Hoteles y centros de alojamiento, solo con la finalidad de cumplir con la cuarentena dispuesta.

g) Medios de comunicación y centrales de atención telefónica (call center).

h) Circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de las actividades descritas.

i) Asistencia y cuidado de personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes.

  • Se ha dispuesto la suspensión del acceso al público a los locales y establecimientos, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, grifos y establecimientos de venta de combustible. Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que, a juicio de la autoridad competente, pueda suponer un riesgo de contagio.
  • La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida debe ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos. En todo caso, se deben evitar aglomeraciones y se controla que consumidores y empleados mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles contagios.
  • Se suspende el acceso al público a los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así como a los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, actividades culturales, deportivas y de ocio. Asimismo, se suspenden las actividades de restaurantes y otros centros de consumo de alimentos, así como los desfiles, fiestas patronales, actividades civiles y religiosas, así como cualquier otro tipo de reunión que ponga en riesgo la salud pública.
  • Durante el estado de emergencia, se dispone el cierre total de las fronteras, por lo que queda suspendido el transporte internacional de pasajeros, por medio terrestre, aéreo, marítimo y fluvial. Esta medida entró en vigencia desde las 23.59 horas del día lunes 16 de marzo de 2020. Antes de esta fecha, los pasajeros que ingresen al territorio nacional deben cumplir aislamiento social obligatorio (cuarentena) por quince (15) días calendario.
  • El transporte de carga y mercancía no se encuentra comprendido dentro de este cierre temporal. Las autoridades competentes adoptan las medidas necesarias para garantizar el ingreso y salida de mercancías del país por puertos, aeropuertos y puntos de frontera habilitados.
  • En el transporte interprovincial de pasajeros, durante el estado de emergencia, se dispone la suspensión del servicio, por medio terrestre, aéreo y fluvial. Esta medida entró en vigencia desde las 23.59 horas del día lunes 16 de marzo de 2020.
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TRATAMIENTO TRIBUTARIO EN EL SECTOR INMOBILIARIO Venta de Bienes Inmuebles realizada por persona natural

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  1. Introducción:

En los últimos años el sector inmobiliario ha tenido un movimiento muy acelerada. Se cuenta con empresas que se dedican a construir y vender inmuebles, algunas otras sólo venden inmuebles, también se cuenta con personas naturales que se dedican a la venta de inmuebles sin ser una empresa inmobiliaria, personas naturales que invierten en un inmueble que luego venden, etc. Bajo este contexto, el derecho tributario presenta un tratamiento para la enajenación de inmuebles con los diversos matices, según el caso concreto.

Este artículo, sólo se abocará a desarrollar el tratamiento tributario en el caso de la venta de inmuebles realizada por persona natural con las particularidades para cada supuesto.

  1. ¿Cuándo estamos ante una ganancia de capital gravada?:

El impuesto directo más importante en nuestro sistema tributario en términos de recaudación es, sin lugar a dudas, el Impuesto a la Renta[1]. Dicho impuesto grava las rentas que provienen del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, las ganancias de capital, entre otros ingresos producidos por las personas naturales o las personas jurídicas. Según el artículo 1° de la Ley de Impuesto a la Renta (LIR) se encuentran gravadas, entre otras:

“Artículo 1.- El Impuesto a la Renta grava: a) Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales aquellas que provengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos. b) Las ganancias de capital. (…)”

En el caso de las personas naturales tributan con el impuesto a la renta cuando realizan diversas actividades generadoras de renta como el trabajo de manera independiente o dependiente, la enajenación de acciones, ganancia de capital, etc.

La definición de ganancia de capital está contenida en el artículo 2 de la LIR, que establece lo siguiente:

“Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, constituye ganancia de capital cualquier ingreso que provenga de la enajenación de bienes de capital. Se entiende por bienes de capital a aquellos que no están destinados a ser comercializados en el ámbito de un giro de negocio o de empresa.”

De acuerdo con lo anterior, cuando una persona natural obtiene ingresos por la enajenación de un bien de capital, la operación está gravada con renta. Dicha renta será de segunda categoría según el artículo 24 de la LIR, citado a continuación:

“Artículo 24.- Son rentas de segunda categoría: (…) j) Las ganancias de capital.”

De acuerdo a la revisión normativa realizada, podemos concluir que, si una persona natural, que no genera renta empresarial, realiza la venta de un inmueble y obtiene una ganancia por dicha operación, esta se encontrará gravada como renta de segunda categoría.

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TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LAS OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO ENTRE SUJETOS NO DOMICILIADOS (SEGUNDA PARTE)

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  1. Impacto en los intereses presuntos.

 Si la empresa no cumple con alguno de los requisitos sustanciales o formales para la deducción del gasto por intereses, en la declaración jurada anual del ejercicio que corresponda se deberá adicionar el gasto, ya que dicho desembolso calificará como gasto no deducible para efecto del impuesto a la renta. Ahora, como consecuencia de ello, se deberá efectuar un pago directo y definitivo a la SUNAT por el concepto de dividendo presunto. La tasa impositiva en ese caso es del 5% sobre el monto no deducible que cumpla con los requisitos señalados en el artículo 24-A de la LIR: i) Suma o entrega en especie que constituye disposición indirecta de renta. (Gasto no deducible o ingreso no declarado); y, ii) No hay un control tributario de la naturaleza o destino del gasto o ingreso. 

  1. Regla de subcapitalización de intereses. 

Como lo hemos comentado líneas arriba, está regla de Subcapitalización de intereses, consiste en que el capital de endeudamiento de una empresa no puede ser superior al triple del patrimonio neto de la empresa correspondiente al ejercicio anterior. Esta regla hasta el 2018, era aplicable para sólo para operaciones de financiamiento con pares vinculadas. A partir del 2019, con la modificación, la regla aplica para todo tipo de operaciones de préstamo sea entre partes vinculadas o terceros.

Mediante el Decreto Legislativo N° 1424 publicado el 13 de setiembre de 2018 se modificaron las normas del IR en materia de deducción de intereses, con la finalidad de perfeccionar las normas de “subcapitalización”. Esta modificación tiene como objetivo corregir la facilidad con la cual los grupos empresariales podían eludir la citada norma, a través de préstamos back-to-back[1].

Asimismo, la posibilidad de deducir intereses por préstamos otorgados desde paraísos fiscales, así como la tasa reducida del IR sobre intereses pagados a beneficiarios no vinculados en el exterior, eran incentivos suficientes para erosionar la base fiscal con préstamos desproporcionados.

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TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LA REGLA DE VALOR DE MERCADO

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  1. Aspectos generales:

El valor de mercado es el valor que la SUNAT está facultada a aplicar en situaciones en que el valor de una transacción defiere por subvaluación o sobrevaluación del valor de mercado establecido en la LIR y su Reglamento para el bien o servicio materia de aquélla. Las reglas que lo determinan han sido dictadas en protección del interés fiscal. Se aplican cuando la subvaluación del bien o servicio origina un menor ingreso gravado o su sobrevaluación causa un mayor costo computable o gasto deducible que el que se originaría si se considerara el valor de mercado.

Desde el punto de vista tributario, el valor de mercado es muy importante porque conforme lo indicado en el artículo 32° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta-Decreto Supremo N° 179-2004-EF (en adelante LIR), toda operación debe hacerse a valor de mercado.

Dentro de esta base normativa nos encontramos con los siguientes supuestos:

2. Valor de mercado de las existencias.

El numeral 1 del segundo párrafo del artículo 32° de la LIR señala que califica como valor de mercado de las existencias, de manera excluyente lo siguiente:

  • El que normalmente se obtiene en las operaciones onerosas que la empresa realiza con terceros; o,
  • El valor que se obtenga en una operación entre partes independientes en condiciones iguales o similares; o,
  • El valor de tasación.

Debe considerarse como valor que el contribuyente obtiene normalmente en sus operaciones comerciales, el que se obtuvo en la mayor cantidad de operaciones realizadas cada día (del periodo fiscalizado) en las mismas condiciones.

El valor de una sola transacción no puede ser considerado como el normalmente obtenido por la empresa en operaciones onerosas con terceros. La existencia de subvaluación o sobrevaluación en una operación se determina mediante la comparación de su valor con el usualmente aplicado por la empresa en otras operaciones con terceros. A ese fin debe compararse individualmente cada operación fiscalizada con aquellas operaciones con las que guarde relación de igualdad o similaridad en los aspectos siguientes:

  • La naturaleza, características, estado y cantidad de bienes objeto de transacción.
  • La oportunidad o fecha de su realización.
  • Las condiciones de la operación que pueden influir en el precio: descuentos que responden a los usos y costumbres; condiciones de pagos, estrategias de negocios, etc.

De manera ilustrativo, cabe mencionar que el Tribunal Fiscal ha señalado en reiteradas jurisprudencias (RTF N° 4197-1-2010) que, conforme a la práctica usual del mercado, resulta aceptable que se otorgue a un cliente principal-que adquirió más del 69% de su producción-, un precio más ventajoso que el que se concede a los demás clientes, más aún si se tiene en consideración las circunstancias dadas, tales como volumen anual de operaciones, pago anticipado, precios en dólares establecidos de antemano durante un período de una fuerte y constante devaluación de la moneda.

Entonces, podemos señalar que la comparación debe efectuarse considerando las circunstancias económicas y de mercado o especiales o particulares de realización de la operación (que puedan haber influido en le precio de los bienes).

Una vez efectuada la comparación y establecido que el valor del bien vendido es inferior, la SUNAT se puede efectuar la estimación correspondiente.

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