Uso el nombre de una opereta porque a eso se parece la comedia de equivocaciones cuyo protagonista es el ministro de Defensa, personaje que tenemos ya que considerar nefasto para la democracia. En su última y accidentada conferencia de prensa ha reclamado tolerancia, algo que no suele practicar. Hay que ser claros, debemos ser tolerantes con las ideas y con las prácticas que corresponden a la vida privada de los demás, pero no podemos ser tolerantes con los asesinos ni con los corruptos y, obviamente, la tolerancia no puede presidir la investigación de quienes han sido denunciados por delitos de ese tipo.

Es un escándalo que daña gravemente al Gobierno que el ministro de Defensa haya sido asesorado por abogados de los acusados de terrorismo y corrupción, como lo ha reconocido. Hay conflicto de intereses, por decir lo menos, y hasta tráfico de influencias, agregarán algunos, algo que ya en el caso BTR remeció a este gobierno. Es también un escándalo que el congresista Sousa escriba a la hermana de Pichilingue, el número 2 del grupo Colina, para informarle que ha gestionado la inclusión de esta delegación de facultades que se usa dentro del D.L. 1097 en la ley de delegación que solicitaba el Gobierno para la lucha en el VRAE.

Este congresista fujimorista reveló nada menos que al relator de la ONU sobre derechos humanos una lista de los acusados a quienes favorecerá esa ley, es decir, está probado que ha sido una ley con nombre propio. Todo esto evidencia un juego de poder sin ningún escrúpulo para reconstruir la impunidad.

No es nueva esta conducta y viene siendo práctica repetida desde el fujimorato por los que han sido cómplices de la corrupción y de la violación de derechos humanos de ese régimen. Fueron cómplices por cerrar los ojos unos, y por usar todo tipo de artimañas para impedir que se investigue y juzgue, otros. Cuando hice la denuncia del Caso Cantuta en el Congreso en 1993, este mismo personaje me dijo levantándome su dedo índice acusador: “Tienes que decir que es un hecho aislado, no una política sistemática”. Le contesté que no podía afirmarlo ni negarlo porque solo tenía información de un hecho. No acababan de salir de su asombro los presentes ante la descripción de cómo fue el acto criminal y ya salía Rey a defender ideológicamente pero sin base empírica al fujimorato. El gobierno, apoyado por abogados como los que hoy asesoran a Rey, impidió que la comisión investigadora citara a los militares implicados, maniobró para que la causa quedara en el fuero militar que los trató con paños tibios y produjo la amnistía que rechazó la justicia internacional en 1995. De la misma manera han maniobrado para impedir los juicios desde el Ministerio de Defensa y por mucho tiempo. Han negado la información que reclamaba la justicia por casos graves que siguen impunes y hoy los mismos que desde el Poder Ejecutivo o desde la abogacía son responsables de las demoras las usan para cancelar las investigaciones judiciales.

En declaraciones –siempre destempladas– pretenden convertir a quienes reclaman justicia en enemigos de las FF.AA., confunden asesinatos indefendibles con combates que se hacen por mandato de la ley y exageran la magnitud de los afectados por la investigación judicial encubriendo su propia responsabilidad en las demoras. Los peruanos que sirven a la patria en las FF.AA. no deben dejarse sorprender, saben que su profesión es incompatible con los asesinatos y no pueden admitir el confusionismo ideológico que se elabora para encubrir errores y delitos.

Ya hay algunas reacciones en el Partido Aprista que es el principal afectado, porque este decreto legislativo y este ministro contradicen su conducta democrática en la transición y catapultan al aprismo al callejón oscuro de las autocracias. Ojalá reaccionen y deroguen el decreto de marras. Sigue leyendo →

El Decreto Legislativo 1097 es un grave retroceso en la defensa de los derechos humanos y reanuda la interminable secuencia de normas e intentos aberrantes para impedir que se investigue y juzgue a responsables de asesinatos hechos al amparo de la lucha antisubversiva.

Por eso los asesinos del Grupo Colina comienzan a preparar maletas para salir de prisión, empezando por el general Rivero Lazo.

El héroe más querido por los peruanos, el almirante Miguel Grau, que defendió la dignidad de su enemigo y consoló a su viuda, tronaría desde el fondo del mar si lo supiera. Ningún uniformado puede sentir solidaridad con asesinos como los del grupo Colina y todos se benefician de una justicia que separe el trigo de la paja. En Putis o en Umasi, en Barrios Altos o La Cantuta no hubo combate y asesinaron a campesinos, mujeres y niños sin misericordia.

Es cierto que los juicios demoran, pero en este caso los gobiernos tienen responsabilidad por negarse a dar la información necesaria y por las sucesivas maniobras hechas para impedir los juicios.

Es hora de recordar la ley de amnistía de Fujimori en 1995 que el sistema internacional desconoció por principios. También es hora de recordar el chantaje que Fujimori hizo a través de su ministro de Justicia a los partidos y representantes de la sociedad civil que integrábamos la Mesa de Diálogo de la OEA: quería incluir la amnistía en la Constitución o anulaba todo lo avanzado en los acuerdos para la transición. Ante nuestro rechazo unánime tuvo que venir a Lima el secretario general de la OEA, César Gaviria, para hacerle ver que si la Mesa de Diálogo fracasaba estaba obligado a devolver el tema a la asamblea de la OEA. Por eso el autócrata retrocedió. Creíamos que allí acababan las maniobras por la impunidad pero el Partido Aprista supera todo lo predecible.

Esta ley es fruto de la nueva convivencia que encarna el Partido Aprista. La primera fue con Manuel Prado y lo convirtió en aliado de los barones del azúcar que denunció Haya de la Torre en los años 30. Para algunos el pacto era el único camino para entrar en la legalidad, pero siguiendo el refrán “gallina que come huevo…” la convivencia los llevó de Prado al dictador Odría y a desestabilizar al primer gobierno de Belaunde. ¿A dónde nos llevará la convivencia actual del Partido Aprista con el fujimorismo? Nada bueno para un Perú moderno y tolerante.

Comenzó con la plancha presidencial de Alan García que incluía dos fujimoristas y en el Congreso la alianza ha sido indestructible, en cada directiva anual. Este es el gobierno del Partido Aprista y el fujimorismo, algo que pocos imaginaban en una transición en la que ese partido fue uno de los que se jugó contra la dictadura.

Este gobierno ha fortalecido a los sectores más retrógrados de nuestra sociedad. Cualquier perspectiva de desarrollo en este mundo globalizado es ajena al oscurantismo, la intolerancia, la violación de derechos humanos o la destrucción del medio ambiente. Liberales o socialdemócratas, en cualquiera de sus variantes, rechazan con valores y razones los caminos de la impunidad que aquí vuelven a hacerse espacio. Como ayer cuando la dictadura destituyó a los magistrados del Tribunal Constitucional, es hora de que salgamos a las calles, con los jóvenes por delante y sin un solo acto de violencia. Los corruptos y los defensores de la impunidad deben ser desenmascarados. Sigue leyendo →

Comienzan a pesar fuerte algunas prioridades que necesitamos debatirlas antes de la campaña. Propongo seis temas que ni son exclusivos ni cubren todos los campos.

Debemos enfrentar con eficacia al narcotráfico. El congresista Waisman llamó la atención en El Comercio y debemos mirarnos en el espejo de México ya. La producción, transformación y tráfico han crecido al igual que los crímenes que causa.

Combatir la corrupción en el gobierno y en la sociedad es una prioridad indiscutible. No es solamente cuestión de discursos y pactos. Hay sistemas internacionalmente probados que podríamos aplicar y hay que revisar varios candados que han puesto a mecanismos institucionales que por eso no funcionan. Pero en la sociedad hay una batalla pendiente que requiere prioridades en la prensa y el sistema educativo nacional. La crisis de valores no nace del Estado sino de la sociedad.
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Es un escándalo y un pésimo ejemplo para la ciudadanía lo que han mostrado las fotos contundentes sobre las visitas masivas que recibe el delincuente Alberto Fujimori, condenado por delitos de corrupción y lesa humanidad. El trato que le dispensa el gobierno aprista viola la ley y el régimen igualitario que debe darse a todo preso y lo convierte en actor importante de la campaña electoral de su hija. El autócrata de ayer tiene la osadía de mostrar los restos de su poder para seguir engatusando a ciudadanos ingenuos o equivocados. Pero este es solo el último escándalo.

El Partido Aprista blindó en el Parlamento al fujimorista Raffo impidiendo que el Poder Judicial lo procese por un acto de corrupción que surge de la entraña de Montesinos asaltando el presupuesto público. No es el único caso, pero sí el más grave, y tratando de confundir a la gente lo mezclaron con el del congresista abusivo que mató a un perro, algo que rechazo, pero no puedo comparar con la corrupción. Estos escándalos no son casualidad y solo se explican por el pacto producido entre Alan García y el fujimorismo que ha terminado caracterizando todo su gobierno. Tenemos registradas las votaciones de la bancada fujimorista apoyando al Apra en los momentos de necesidad que cualquier analista objetivo tomará en cuenta. Estos hechos escandalosos por corruptos son parte del pago que reciben por ese apoyo. Es obvio que el pacto no podía incluir la sentencia de dos instancias supremas a Fujimori porque Alan García y su partido no tenían manera de intervenir en ellas y estuvieron blindadas por el propio Poder Judicial. Pero en cambio sí entran en la lógica de este pacto el indulto a Crousillat y el debilitamiento de los mecanismos para la lucha anticorrupción cuyo efecto terminará siendo la prescripción de procesos judiciales a muchos de los implicados. Como de imágenes se hace mucho en política ya contamos dos casos de corruptos que amenazan con enjuiciar a quienes los señalaron como tales, uno de ellos en carta dirigida desde la prisión al presidente del Congreso.

Al principio se podía pensar que los hechos de este gobierno provenían de que Alan García no estuvo aquí en la larga noche del fujimorato, cuando su partido fue parte del esfuerzo multipartidario por recuperar la democracia. Elegir sus dos vicepresidentes de esta cantera, el desgano inicial ante el proceso que terminó trayendo al autócrata y el trato preferencial mientras era solo un inculpado podían entenderse. Fue más difícil de entender el permiso para la boda de su hija que solo puede otorgarse si a todos los casos similares se les permite lo mismo y lo similar no proviene del cargo que ocupó para delinquir desde él. Ciertamente, muchos recordarán que fueron los votos del fujimorismo los que archivaron el informe de la comisión investigadora de la masacre de los penales salvando a Alan García.

Llegamos al último año del gobierno aprista con una sucesión de escándalos de corrupción que hacen crisis en el Partido Aprista y que han afectado todo el gobierno, pero especialmente —por sus funciones de control incumplidas— al Parlamento. En este hay responsabilidades compartidas, pero la mayor es la del partido de gobierno. Muchos ciudadanos miran con desilusión las instituciones democráticas por este festín de escándalos que ocurren porque tener poder para estos políticos es colocar candados para que no se enjuicie al corrupto, no se acuse constitucionalmente al responsable de una barbaridad y no se censure al ministro que mete la pata incluso causando escándalo ético o, ahora, para lucirse como poderoso aun estando en infamante prisión. Se está haciendo escarnio y burla de las instituciones, como se ha vuelto a confirmar en el Caso Barba, que usa la inscripción de su partido burlándose de la ley a vista y paciencia de un Jurado Nacional de Elecciones que está pintado en la pared y de partidos políticos que no defienden su decoro y por eso no denuncian este caso de corrupción. La pregunta de fondo es si no estará construyéndose para superar el 2011 un fujimorismo sin Alberto Fujimori que enlace al desgastado partido de Alan García con Kouri y con la amalgama de la corrupción que tiene tantos exponentes alimentados desde el fujimorato. Sigue leyendo →

Es un escándalo y un pésimo ejemplo para la ciudadanía lo que han mostrado las fotos contundentes sobre las visitas masivas que recibe el delincuente Alberto Fujimori, condenado por delitos de corrupción y lesa humanidad. El trato que le dispensa el gobierno aprista viola la ley y el régimen igualitario que debe darse a todo preso y lo convierte en actor importante de la campaña electoral de su hija. El autócrata de ayer tiene la osadía de mostrar los restos de su poder para seguir engatusando a ciudadanos ingenuos o equivocados. Pero este es solo el último escándalo.

El Partido Aprista blindó en el Parlamento al fujimorista Raffo impidiendo que el Poder Judicial lo procese por un acto de corrupción que surge de la entraña de Montesinos asaltando el presupuesto público. No es el único caso, pero sí el más grave, y tratando de confundir a la gente lo mezclaron con el del congresista abusivo que mató a un perro, algo que rechazo, pero no puedo comparar con la corrupción. Estos escándalos no son casualidad y solo se explican por el pacto producido entre Alan García y el fujimorismo que ha terminado caracterizando todo su gobierno. Tenemos registradas las votaciones de la bancada fujimorista apoyando al Apra en los momentos de necesidad que cualquier analista objetivo tomará en cuenta. Estos hechos escandalosos por corruptos son parte del pago que reciben por ese apoyo. Es obvio que el pacto no podía incluir la sentencia de dos instancias supremas a Fujimori porque Alan García y su partido no tenían manera de intervenir en ellas y estuvieron blindadas por el propio Poder Judicial. Pero en cambio sí entran en la lógica de este pacto el indulto a Crousillat y el debilitamiento de los mecanismos para la lucha anticorrupción cuyo efecto terminará siendo la prescripción de procesos judiciales a muchos de los implicados. Como de imágenes se hace mucho en política ya contamos dos casos de corruptos que amenazan con enjuiciar a quienes los señalaron como tales, uno de ellos en carta dirigida desde la prisión al presidente del Congreso.

Al principio se podía pensar que los hechos de este gobierno provenían de que Alan García no estuvo aquí en la larga noche del fujimorato, cuando su partido fue parte del esfuerzo multipartidario por recuperar la democracia. Elegir sus dos vicepresidentes de esta cantera, el desgano inicial ante el proceso que terminó trayendo al autócrata y el trato preferencial mientras era solo un inculpado podían entenderse. Fue más difícil de entender el permiso para la boda de su hija que solo puede otorgarse si a todos los casos similares se les permite lo mismo y lo similar no proviene del cargo que ocupó para delinquir desde él. Ciertamente, muchos recordarán que fueron los votos del fujimorismo los que archivaron el informe de la comisión investigadora de la masacre de los penales salvando a Alan García.

Llegamos al último año del gobierno aprista con una sucesión de escándalos de corrupción que hacen crisis en el Partido Aprista y que han afectado todo el gobierno, pero especialmente —por sus funciones de control incumplidas— al Parlamento. En este hay responsabilidades compartidas, pero la mayor es la del partido de gobierno. Muchos ciudadanos miran con desilusión las instituciones democráticas por este festín de escándalos que ocurren porque tener poder para estos políticos es colocar candados para que no se enjuicie al corrupto, no se acuse constitucionalmente al responsable de una barbaridad y no se censure al ministro que mete la pata incluso causando escándalo ético o, ahora, para lucirse como poderoso aun estando en infamante prisión. Se está haciendo escarnio y burla de las instituciones, como se ha vuelto a confirmar en el Caso Barba, que usa la inscripción de su partido burlándose de la ley a vista y paciencia de un Jurado Nacional de Elecciones que está pintado en la pared y de partidos políticos que no defienden su decoro y por eso no denuncian este caso de corrupción. La pregunta de fondo es si no estará construyéndose para superar el 2011 un fujimorismo sin Alberto Fujimori que enlace al desgastado partido de Alan García con Kouri y con la amalgama de la corrupción que tiene tantos exponentes alimentados desde el fujimorato. Sigue leyendo →

Luis Castañeda Lossio mostró su capacidad ejecutiva desde el comienzo de la década del 80, cuando fue responsable de la reubicación de los vendedores ambulantes en Polvos Azules con el alcalde Orrego, y lo confirmó con el alcalde Barrantes cuando se hizo cargo de Emape, la primera administradora del peaje invertido en obras. Fue entre 1980 y 1986 regidor metropolitano elegido por Acción Popular y lo hizo muy bien.
En los años 90 su capacidad ejecutiva lo llevó al IPSS y al error político de asumir un cargo dentro de la autocracia fujimorista. Fueron pocos los políticos que optaron por el autócrata, pero muchos los profesionales y los empresarios que lo hicieron. Lo pagó caro en los años finales, cuando los siameses Fujimori y Montesinos lo atacaron sin piedad para dañar su candidatura presidencial.
Hay varios ejemplos similares en la historia, pero el mayor sigue siendo el de Pedro Beltrán, quien tras apoyar activamente el golpe de Odría contra Bustamante y ser su presidente del BCR terminó en prisión. En las autocracias se obedece sin dudas ni murmuraciones.
Los ciudadanos tenemos que preguntarnos por qué este alcalde —casi mudo— tiene una enorme aprobación en Lima, aunque esté descendiendo. No tengo duda de que las obras que viene haciendo llegan a mucha gente. El Metropolitano, la más importante y la causante de su crisis actual, puede ser emblemático signo de la incapacidad de nuestra clase política en el siglo XX. Estamos llegando a 50 años sin un transporte rápido masivo, porque hace 50 años que enterraron los tranvías y los reemplazaron por nada. El vacío lo llenaron los caóticos microbuses. El Metropolitano es la primera obra que ya podemos ver, aunque no usar.
A todo meter Alan García compite con su tren fantasma (el mismo que impuso sin financiación ni trazo técnico para sacar a Barrantes de la alcaldía en 1986), en un tramo casi similar de Lima sur al Centro de Lima que no sabemos si esta vez se ha sincronizado en un solo plan.
Pero hay otras obras de Castañeda que impactan. Me han hablado del parque Sinchi Roca. Por mi nieto Valentín, quien dijo “agua” antes que “mamá” y porque lo repite sin cansarse, conocí los juegos de agua, luces y preciosa música en el Cercado y corregí mi errada impresión de que era un dispendio porque vi personas de todas las clases sociales gozando de un espectáculo de primera y al alcance de todos; verdadero servicio público.
El alcalde Castañeda merece el reconocimiento ciudadano por hacer obras que llegan a muchos peruanos que viven en Lima y enfrentan necesidades vitales que con tanta estrechez de miras otros se han negado a priorizar. Pero sería un error no advertir que hacer obra pública no es igual que gobernar.
El cargamontón de hoy y la sospecha creciente sobre su gestión lo demuestran. Todo político tiene que vivir en comunicación con la ciudadanía y solo es estadista el que combina eso con la mirada puesta más allá de la coyuntura. Un gobierno necesita uno y más ejecutivos, pero la cabeza tiene que vivir pendiente de las relaciones con todos porque gobernar en democracia es, al fin de cuentas, administrar libertades y derechos que usamos y exigimos de manera contradictoria los ciudadanos, deliberando cara a cara unas veces, y a través de los medios de comunicación siempre. Por no hacerlo, Castañeda enfrenta en estos días la sospecha casi sistemática de muchos interlocutores. Eso puede ser incentivado por sus envidiables resultados en las encuestas, pero no sería esta la situación si hace tres o cuatro años, cada vez que se ampliaba el presupuesto de la obra o se corregía el proyecto inicial, se hubiese debatido, comunicado, deliberado públicamente en el concejo, con la presencia en los medios. No es un problema solo de comunicadores profesionales, es que la ciudad y el Gobierno Nacional requieren del ejercicio de un liderazgo democrático, algo que no se hace con ladrillo y cemento.
Los 90 fueron, en frase de Carlos Iván Degregori, los años de la antipolítica. Probablemente influyeron en las opciones del alcalde Castañeda que siempre declara que no tiene tiempo para lo esencial de la función de todo político en democracia. Esa atención es fundamental para que el liderazgo en la política ayude a integrar una sociedad con tantas fuerzas centrífugas.
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Ollanta Humala pidió la vacancia por incapacidad moral del presidente García tras los luctuosos sucesos del sur. Mal gesto si es un demócrata, porque el presidente no es el responsable político de la incapacidad de su ministro del Interior que, otra vez, es solo un ministro de policía, incapaz de poner la política y la negociación antes de los hechos violentos. Pero, sobre todo, porque no se trata de la gravedad que tuvo el único precedente de aplicación de este artículo constitucional.

Fui parte del Congreso que abrió la transición política declarando la vacancia del autócrata que se fugó del país aprovechando un viaje oficial y renunció desde Japón sin que siquiera sus ministros —responsables políticos de sus actos— refrendaran o estuvieran con él. Le ahorramos a un país traumatizado por el maltrato cobarde de su primer mandatario, la crisis y el debate sobre si esa renuncia sin referendo ministerial era válida o si su presencia no autorizada en Japón era un abandono de cargo.

La vacancia por incapacidad moral permanente no es un recurso ordinario, utilizable en cualquier conflicto político. La democracia es la ciencia y el arte de los límites y eso no lo ha comprendido Ollanta Humala. Pero tampoco lo comprendió García ni el Partido Aprista. Por eso hoy sostenemos que le han pagado con la misma moneda al actual inquilino de Palacio.

Contaré una anécdota que ilustra lo que digo. Al finalizar enero del 2004, acabando la legislatura ordinaria y siendo presidente del Congreso recuperé la vieja costumbre de declarar clausurada la legislatura antes de concluir la última sesión. No se había hecho en los años precedentes. Es una fórmula simple que no toma más de dos minutos pero conlleva algo importante: el presidente del Congreso ya no puede ampliar la legislatura. Yo ya lo había hecho desde el 15 de diciembre hasta finalizar enero. Quedaba un mes y era mejor para los congresistas y para el país que no sesionara el Congreso. Yo tenía sospechas, pero no seguridades de que me querían obligar a ampliar la legislatura. Al día siguiente decidí descansar, no fui al Congreso ni pedí el carro oficial. Pero en la tarde me llamó el presidente Toledo y hasta me envió un auto a recogerme. Llegué a Palacio y lo encontré con el almirante que dirigía el órgano de Inteligencia. Me enseñaron una moción firmada por buena parte de la Célula Parlamentaria Aprista que pedía su vacancia por incapacidad moral y base para que me reclamaran ampliar la legislatura para ese tema. Oralmente me dijeron que hubo una reunión con gente de Unidad Nacional, aunque no estaban sus firmas. Pero tuve en mis manos la moción aprista.

Mi respuesta los hizo reír. Me disculpé por no poder servirlos, les conté que había perdido la facultad de ampliar la legislatura que me podía exigir un número mucho menor de parlamentarios (72) que los necesarios para exigir al presidente una legislatura extraordinaria (80). Me retiré preocupado pero satisfecho.

Es que desde el año anterior, García concluyó que todo apoyo al Gobierno que hacía operativa la transición lo afectaba en sus posibilidades electorales. Por eso sabotearon la reforma constitucional que con el vigoroso esfuerzo de Jorge del Castillo empujamos y por eso rompieron la mesa directiva concertada que dos veces encabezó Carlos Ferrero en gestión leal con los opositores.

En ese momento era importante afirmar la institucionalidad democrática, tan débil, y salir de la autocracia por caminos constitucionales y no por otro golpismo. El Partido Aprista tiene deudas democráticas con la historia en esta etapa y en el primer gobierno de Belaunde que sus dirigentes deberían evaluar con sinceridad, indispensable para la autocrítica. Es valioso un partido que hace oposición, deja de serlo cuando la mira particular se antepone al interés nacional y democrático. Eso ha ocurrido en estas etapas y yo puedo decirlo cara a cara porque me he negado siempre a hacer antiaprismo y a excluir. Los peruanos necesitamos un Partido Aprista que sea un pilar de democracia junto con otros. Así no lo va a ser.

Nunca acepté que se trate a Humala como un candidato antisistema ni creo que lo ha sido. Pero esta crítica lo incluye. No se puede aceptar que para el opositor “todo vale” y tiene razón en indignarse por los muertos de esta reciente violencia, pero centremos el tema donde debe estar: el Gobierno tiene el deber de prever y una toma como esta en las carreteras no puede ser sorpresa para ningún gobierno mínimamente eficiente. Se actúa en el momento y se minimiza la violencia. Más aun, el Ministerio del Interior tiene que ser una estructura de comunicación y diálogo con el país y no un simple ministerio de policía. La policía actúa después y apoya; actúa a tiempo no cuando las masas se han instalado. Lo ocurrido muestra una vez más que no existe ni inteligencia ni dirección política. Pero no agreguemos a las fallas del Gobierno una masacre institucional. Yo apliqué una sentencia del TC que exigía votación calificada para la vacancia presidencial, corrigiendo un error de los fujimoristas que afectó al autócrata. Protestaron los apristas tras perder la votación porque creían ayer como hoy que solo vale la regla cuando les conviene. Pero hoy eso salva a García de la acusación de Humala. ¿Entenderán alguna vez las reglas del juego? Sigue leyendo →

El Comercio
Era previsible que fugara y fugó por segunda vez. A pesar del clamor nacional, el presidente García demoró tanto en revocar el indulto que escapó en cuanto un fiscal comenzó a citarlo y volvió a evadir su deber. El Comercio puede recordar al país que al segundo día del indulto —el 13 de diciembre— editorializó llamando “injustificable y vergonzoso indulto” a esa decisión presidencial. Al cerrar el año escribí en este Diario —28 de diciembre— que “los corruptos pueden celebrar”. Pero son palabras de simples ciudadanos, y eso a los poderosos no les importa.

Crousillat desafió a todos, mostró su buena salud paseándose por todas partes y pretendió recuperar el canal de TV cuya línea vendió al fujimorato amenazando a sus legítimos propietarios. Estos reaccionaron informando —que es lo que saben hacer— y el ministro Pastor los amenazó con una increíble exigencia de una comisión investigadora congresal. La rápida retirada del jefe del Gabinete, que dejó sin piso al ministro, no desaparece los hechos ni las presumibles intenciones. Una vez más, cuando se tolera la corrupción, esta afecta la institucionalidad democrática: es sistémica o estructural y nos reitera circularmente sus efectos.

Es penoso el papel del ministro Pastor, pero voy a hablar en su favor. No creo ser su amigo, porque la vida no me ha dado tiempo para tener muchos amigos, la mayoría fueron compañeros de trabajo, y los sentí amigos mientras hubo ese trabajo. Lo conozco como un parlamentario correcto, capaz y esforzado. Fue vicepresidente de una de las comisiones de Constitución que presidí y lo hizo bien. Ha sido un pésimo ministro y, aunque me consta que estuvo comprometido en la acción de la transición contra la corrupción y el fujimorato —como Jorge del Castillo—, ha hecho todo lo contrario en su gestión ministerial, desactivando las procuradurías anticorrupción, entre otros antecedentes de este desaguisado. Tengo una explicación que no le puede gustar, y es la extrema debilidad ministerial en nuestro sistema constitucional. Sostengo que los ministros solo lo son entre nosotros cuando le dicen “no” al presidente y los que lo hacen pierden de inmediato el cargo.

Tengo razones suficientes para afirmar que Alan García no fue parte de los que luchamos por una transición democrática, sino el beneficiario de ella, estaba fuera del país. Ha actuado en consonancia con eso desde la formación de su propia plancha presidencial: uno viene del partido de Kouri y la otra de la familia que produjo un tránsfuga en el 2000, al margen de sus calidades personales y profesionales, porque en política no hay ingenuidades.

Desde allí comienzan las jugarretas que han abierto cancha a la corrupción que esperábamos haber sacado del Estado y que se produce no solo al manejar dinero y afecta la institucionalidad democrática. Frente a eso Pastor ha sido un ministro débil que pienso está en esta situación por obedecer al presidente. Ojalá acepte la interpelación para que las instituciones sean la salida y la ciudadanía saque las lecciones, y ojalá su juventud le haga mirar lejos y saber que no es un delincuente y que los errores políticos tienen correcciones posibles.

La corrupción ha avanzado mucho y la respuesta debemos darla los ciudadanos en las urnas sin tolerar corruptos o sospechosos de serlo en ningún nivel. En el Parlamento han tenido altos cargos personajes enjuiciados por corruptos, el Poder Judicial tiene una escandalosa deuda con el país en el caso de los “petroaudios” y el Consejo Nacional de la Magistratura acaba de escandalizar a todos, mientras el Tribunal Constitucional debería tener vergüenza de su sentencia sobre el Caso Chacón, a quien los ciudadanos podemos señalar como corrupto sin que un juez pueda liberarlo o condenarlo.

La hija del condenado por crímenes de lesa humanidad sigue de candidata y Kouri, el inefable asesor de Montesinos, pretende ser alcalde de Lima. Entendámonos, no odio a nadie por principio, pero la política tiene que salir del lodazal que hemos vivido o seguiremos viendo hasta en la vida privada la destrucción de valores fundamentales.

Felizmente la política no es la única dimensión de la vida ni la única manera de servir a los demás, lo digo ahora que ya no sirvo en ella. Dejemos ese lugar a los que no tengan estos problemas. Sigue leyendo →

La corrupción en el Perú es sistémica y está afectando instituciones políticamen- te centrales. La economía de la corrupción tiene cifras espeluznantes —sin incluir las del narcotráfico— que ya historiadores desde el exterior vienen registrando para comparar, como lo demuestra un reciente artículo del doctor José Távara.

Pero nuestra vida cotidiana está remecida por la corrupción institucional que alcanza niveles cada vez mayores. Una vez es el Congreso, otras el Poder Ejecutivo, diversos jueces y fiscales o el Tribunal Constitucional. Ahora el Consejo Nacional de la Magistratura acapara los titulares.

Las fallas en el último concurso para fiscales supremos no son técnicas sino políticas y éticas, llueven sobre mojado.

No fue un retroceso sino un avance que jueces y fiscales no sean designados por el Gobierno o los parlamentarios. No pueden ser cargos “de favor” aunque muchos políticos quieren que sigan siéndolo. En dos peldaños —las constituyentes de 1978 y de 1993—, la designación de jueces y fiscales salió de manos del Ejecutivo y del Legislativo, y pasó al CNM. Fujimori impidió esta reforma mientras pudo y tiene por eso pocos años operando.

A muchos abogados irrita que se haya permitido que otros profesionales elijan a jueces y fiscales, pero no podemos aceptar que un gremio profesional se adueñe de un poder del Estado. Esta reforma coincidió con un largo proceso que ha deteriorado —éticamente hablando— a los colegios profesionales y a las universidades. Una falacia propia del simplismo de los 90 pretendía asociar la corrupción a los políticos y excluir de ella a los independientes, a los apolíticos, a los profesionales, etc. Yo invito a ver los “vladivideos” (que editamos en prolija biblioteca sobre la corrupción, que el actual Congreso no reedita porque a sus directivos de hoy no les gusta). Allí se convencerán de que la corrupción no tiene límites ni casilleros, se desarrolla donde y cuando se lo permiten las reglas del juego, la falta de fiscalización o la tolerancia de los actores, esa tolerancia que El Comercio acaba de invocarnos a terminar.

Si la más sencilla definición de lo que son las instituciones en una sociedad es la noción de reglas del juego tenemos entonces que precisar que no es suficiente con establecer cómo se forma un organismo —en este caso el CNM o en otros el propio Congreso— o cuáles son sus poderes. Eso es importante y hay que revisarlo pero hay que definir con claridad —también— quién lo fiscaliza y cómo se sale de allí ante la sospecha fundada. Un régimen democrático implica balance de poderes y transparencia. El balance incluye que los ojos de otro (no de uno mismo) vigilan todo el tiempo y la transparencia implica procesos para que antes de que se produzcan los actos de corrupción se tomen medidas preventivas, incluso removiendo a los actores centrales pero sin condenarlos a priori. La corrupción es sistémica. Por eso son inconsistentes las tesis que sostienen que la política es la que corrompe y la sociedad civil es ajena a ello.

Los colegios profesionales y los rectores deciden una parte importante del Consejo de la Magistratura y son cuerpos que ni los controlan ni los fiscalizan y así se convierten en prebendados que no rinden cuenta a nadie.

¿Pero acaso los colegios profesionales son modelos de ética profesional o las universidades son modelos de algo en el Perú? Recuerden en el último caso la trayectoria de Alas Peruanas que es parecida a la de muchas universidades, recordemos si los médicos o los abogados defienden la ética profesional desde sus colegios y hagamos memoria de la imposibilidad de proteger efectivamente al paciente o al litigante en el Perú.

Los rectores de las universidades estatales acaban de elegir para el Consejo de la Magistratura a una persona que en el Informe Kroll aparece como colaborador directo de la corrupción fujimorista. ¿Qué respeto pueden merecernos de los ciudadanos esos rebrotes? ¿Y cuando ese consejero haga barbaridades, a quién responsabilizaremos?

No se ha querido incorporar al representante de los empresarios ni al de los trabajadores al CNM. No hay duda de que la sociedad de hoy se puede expresar mejor a través de este tipo de representantes, que no corresponde a pequeños núcleos de interés más homogéneo. Porque al fin de cuentas el CNM solo es un conjunto de ciudadanos que eligen a nombre de todos los demás, esa es su base para construir la legitimidad institucional y hay que pensarla mejor. Sigue leyendo →

La corrupción en el Perú es sistémica y está afectando instituciones políticamen- te centrales. La economía de la corrupción tiene cifras espeluznantes —sin incluir las del narcotráfico— que ya historiadores desde el exterior vienen registrando para comparar, como lo demuestra un reciente artículo del doctor José Távara.

Pero nuestra vida cotidiana está remecida por la corrupción institucional que alcanza niveles cada vez mayores. Una vez es el Congreso, otras el Poder Ejecutivo, diversos jueces y fiscales o el Tribunal Constitucional. Ahora el Consejo Nacional de la Magistratura acapara los titulares.

Las fallas en el último concurso para fiscales supremos no son técnicas sino políticas y éticas, llueven sobre mojado.

No fue un retroceso sino un avance que jueces y fiscales no sean designados por el Gobierno o los parlamentarios. No pueden ser cargos “de favor” aunque muchos políticos quieren que sigan siéndolo. En dos peldaños —las constituyentes de 1978 y de 1993—, la designación de jueces y fiscales salió de manos del Ejecutivo y del Legislativo, y pasó al CNM. Fujimori impidió esta reforma mientras pudo y tiene por eso pocos años operando.

A muchos abogados irrita que se haya permitido que otros profesionales elijan a jueces y fiscales, pero no podemos aceptar que un gremio profesional se adueñe de un poder del Estado. Esta reforma coincidió con un largo proceso que ha deteriorado —éticamente hablando— a los colegios profesionales y a las universidades. Una falacia propia del simplismo de los 90 pretendía asociar la corrupción a los políticos y excluir de ella a los independientes, a los apolíticos, a los profesionales, etc. Yo invito a ver los “vladivideos” (que editamos en prolija biblioteca sobre la corrupción, que el actual Congreso no reedita porque a sus directivos de hoy no les gusta). Allí se convencerán de que la corrupción no tiene límites ni casilleros, se desarrolla donde y cuando se lo permiten las reglas del juego, la falta de fiscalización o la tolerancia de los actores, esa tolerancia que El Comercio acaba de invocarnos a terminar.

Si la más sencilla definición de lo que son las instituciones en una sociedad es la noción de reglas del juego tenemos entonces que precisar que no es suficiente con establecer cómo se forma un organismo —en este caso el CNM o en otros el propio Congreso— o cuáles son sus poderes. Eso es importante y hay que revisarlo pero hay que definir con claridad —también— quién lo fiscaliza y cómo se sale de allí ante la sospecha fundada. Un régimen democrático implica balance de poderes y transparencia. El balance incluye que los ojos de otro (no de uno mismo) vigilan todo el tiempo y la transparencia implica procesos para que antes de que se produzcan los actos de corrupción se tomen medidas preventivas, incluso removiendo a los actores centrales pero sin condenarlos a priori. La corrupción es sistémica. Por eso son inconsistentes las tesis que sostienen que la política es la que corrompe y la sociedad civil es ajena a ello.

Los colegios profesionales y los rectores deciden una parte importante del Consejo de la Magistratura y son cuerpos que ni los controlan ni los fiscalizan y así se convierten en prebendados que no rinden cuenta a nadie.

¿Pero acaso los colegios profesionales son modelos de ética profesional o las universidades son modelos de algo en el Perú? Recuerden en el último caso la trayectoria de Alas Peruanas que es parecida a la de muchas universidades, recordemos si los médicos o los abogados defienden la ética profesional desde sus colegios y hagamos memoria de la imposibilidad de proteger efectivamente al paciente o al litigante en el Perú.

Los rectores de las universidades estatales acaban de elegir para el Consejo de la Magistratura a una persona que en el Informe Kroll aparece como colaborador directo de la corrupción fujimorista. ¿Qué respeto pueden merecernos de los ciudadanos esos rebrotes? ¿Y cuando ese consejero haga barbaridades, a quién responsabilizaremos?

No se ha querido incorporar al representante de los empresarios ni al de los trabajadores al CNM. No hay duda de que la sociedad de hoy se puede expresar mejor a través de este tipo de representantes, que no corresponde a pequeños núcleos de interés más homogéneo. Porque al fin de cuentas el CNM solo es un conjunto de ciudadanos que eligen a nombre de todos los demás, esa es su base para construir la legitimidad institucional y hay que pensarla mejor. Sigue leyendo →