Lima, 18 de setiembre del 2013

Señor Doctor:

Francisco Miró Quesada Rada

Director de El Comercio

Ciudad.-

Mi querido Paco:

Veo que te jubilas, derecho de todos, y a partir del 1° te reemplazará el señor Du Bois.  Comencé a escribir en El Comercio por invitación de Alejandro, tu primo y antecesor, seguí en tu tiempo pero no quise aceptar remuneración, cuando me la ofreciste.  Ha sido un gusto enorme decir lo que pienso, sin ninguna traba, en El Comercio.

El eje que atravesaron mis artículos fue la construcción y defensa de la democracia, desde allí he criticado a los actores de hoy y he trazado caminos.  Pero encuentro ahora una discrepancia de fondo que puede constreñir la libertad de expresión y prensa.  Me refiero al tamaño del grupo El Comercio que se acerca al 78% de la prensa escrita con la compra de la mayoría de acciones de otro importante conglomerado.  No soy sino un ciudadano más, sin poder alguno para entrar a tallar en este tema, pero años de estudio y de práctica política me convencieron que ni el Estado ni los particulares debemos tener una concentración  así.  La libertad de prensa la defendí en la época de Velasco, en mis libros sobre esos dos gobiernos, y lo defiendo ahora. Como lo hice en el fujimorato y después. Por eso creo que es hora de renunciar a seguir escribiendo en El Comercio, sólo me quedarán mi blog y mis clases.

Quiero renovarles mi amistad y agradecerles por el espacio que me dieron para ejercer varios años mi libertad de expresión. Sólo te recomiendo no dejar tus actividades académicas y universitarias, por lo menos.  Soy mayor que tú y no me jubilo porque en la universidad fue siempre mi espacio natural, que combiné con la política y porque Fujimori puso un valor muy bajo a mis casi 30 años en el Seguro Social y sus antecesores se comieron vivo ese fondo. De allí sale una pensión baja que vengo engrosando tres años más en una AFP eficiente pero con una legislación que maltrató a los primeros afiliados, especialmente a los mayores.

Recibe un fuerte abrazo

Henry Pease García

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 El Comercio

El Presidente y el Ministro de Economía recocieron en público que se está acabando la bonanza económica y viene la época de las vacas flacas. Ya lo sabíamos quienes observamos el mundo globalizado, porque históricamente nuestro país tuvo bonanza por demanda de nuestras materias primas y vacas flacas cuando sus precios se vienen abajo.  Parece que el gobierno administrará el problema  con racionalidad, pero los peruanos debemos preguntarnos ¿Por qué diez años de vacas gordas no lograron avances mayores en industria para el Perú, ampliando el mercado interno y fueron tan mezquinos en el aumento de las capacidades de los peruanos para crecer en productividad y en empleo digno?

Quiero confiar en que los gobernantes harán que la nueva etapa no nos lleve a una hecatombe. Hay nubes en el horizonte, pero el panorama mundial no es el peor. Hemos avanzado en capacidad de llegar a nuevos mercados y algo, muy poco, en la capacidad de ofrecer productos con mayor valor agregado.  Sin embargo, la coyuntura no es sólo económica.

Para un Estado que desde hace años es incapaz de impedir la violencia privada de Sendero y el narcotráfico, es un logro la reciente ofensiva que mató dos líderes senderistas y apresó a otros aunque no acabó con su operación al servicio del narcotráfico. Esta noticia no puede hacer olvidar otros hechos que remecieron a la opinión pública; la repartija en el Congreso, por incapacidad ante los chantajistas, la detención de una excongresista del partido del gobierno, ya no como cocalera sino como narcotraficante, el escándalo de los narco indultos de Alan García y la vergonzosa actuación del gobierno y del Poder Judicial en el caso Chavín de Huántar. Esto último es tan grave que no tiene solución jurídica sino política.

La grabación, al margen de si es legal o ilegal, muestra al ministro de Justicia de ese entonces y al agente del gobierno ante la Corte Interamericana presionando a la jueza y metiéndose en la sentencia de todas las maneras posibles, bajo el auspicio de Presidente del Poder Judicial de entonces, un juez supremo de impecable actuación en el juicio a Fujimori. Hay atenuantes para los magistrados. El Presidente San Martín tenía que negociar los sueldos de los jueces con el Ejecutivo y la jueza Rojjasi estaba chantajeada, porque apresuradamente el Consejo de la Magistratura, al evaluarla introdujo una denuncia de última hora.  Y el Ejecutivo le decía que no la botarían del Poder Judicial.  Ella era la única persona que no debía estar allí y debió negarse a asistir. El Presidente del Poder Judicial no ejerce poder jurisdiccional y su rol era coordinar con el Ejecutivo y si es preciso dar la información, no imponerla, a los jueces.

El exministro y periodista Rospigliosi  ha sostenido que el coronel Huamán Azcurra tiene las grabaciones que prueban que Humala se levantó contra Fujimori para encubrir la huida por mar de Montesinos y que este es el pago.  La Jueza y la sala que presidía, no aceptaron todo lo que pedía el gobierno: corroboraron que un terrorista no murió en combate sino asesinado, pero se negaron a establecer responsables. Como si en un ejército cada uno actuara por su cuenta. Salvaron a Montesino, Hermoza, Huamán y compañía.

Respeto al Presidente Humala, porque lo eligió el pueblo, y no me dedico a hurgar su pasado. Pero su gobierno, en este caso ha mostrado más conductas torcidas. El Procurador Azabache renunció, porque no podría defender que el terrorista asesinado no lo había sido. Es un hecho público a pesar del decoro de Azabache al retirarse.

Si en el Perú aprendemos a hacer política dentro de la ley y dentro de los cánones éticos, las vacas flacas nos obligarán a ser austeros pero no nos llevarán a una crisis en todos los campos.  Con el esfuerzo de empresarios y trabajadores, con la enorme potencialidad de los peruanos de a pie en la micro y pequeña empresa, con el esfuerzo de nuestras universidades y colegios, de maestros y alumnos, podemos crecer a contracorriente, austeramente y creando lazos de solidaridad. Pero la corrupción rompe todo eso.

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  Los jóvenes derrotaron la repartija

                 El Comercio

Otra vez han sido los jóvenes quienes primero enfrentaron a un Parlamento incapaz de actuar con transparencia y muy lejos de representar a la ciudadanía. En ambos casos fue por el Tribunal Constitucional, ayer cuando la autocracia  destituyó a tres magistrados por dictaminar contra la impresentable segunda reelección de Fujimori, ahora cuando los parlamentarios se repartieron seis cargos del Tribunal, el de la Defensoría del Pueblo, y tres del Banco Central sin fijarse en la trayectoria democrática y la calidad profesional de todas las personas designadas,  porque cada grupo ha actuado como dueño de su cuota. Los altos cargos no pueden ser tratados como sucursales de cada partido, sujetos a la correlación de fuerzas.  Vean el escándalo producido en España al encontrar que el Presidente del Tribunal Constitucional había cotizado como simple militante del Partido Popular.

No hubo concurso alguno y sospechamos que el fujimorismo se atrevió a proponer a Sousa porque hay muchos corruptos que creen que actúan bien y con derecho aunque estén en un objetivo conflicto de intereses y persistan en defender la impunidad de asesinos que actuaron a órdenes del autócrata.  No es el único caso cuestionable, pero sí el más grave. Más aún, en los dos primeros años de este Parlamento, las elecciones no se llevaron a cabo porque la cantidad de escaños que posee el  fujimorismo impidió alcanzar un  acuerdo. Así lo declaró el congresista Abugattás cuando finalizaba su presidencia.

Es obvio que los regímenes no son iguales; la autocracia fujimorista  construía su fin paso a paso y no tenía los respiraderos propios de un régimen democrático.  Desde que juró Valentín Paniagua ya van tres gobiernos que continúan el régimen democrático.  Pero hay un desgaste del mismo no sólo porque es poco lo que se comparte económicamente, sino porque la falta de transparencia y la convivencia con la corrupción destruyen los avances democráticos.  Hace cincuenta años no era tan importante la transparencia, regía la cultura del secreto. En esta sociedad mediática, felizmente, cada día dura menos el secreto y son comunes los estallidos cuando los gobiernos hacen  una barbaridad.  Pero –además- muchos ciudadanos se sienten estafados por políticos que dicen una cosa y hacen otra, por promesas de campaña que se contradicen desde los inicios del  gobierno, por actitudes que olvidan que los valores que están detrás de las democracias son de solidaridad y capacidad de compartir y que jamás llevan a que el político se sitúe y sienta por encima de los demás ciudadanos.

En las calles de estos días ya no solo van los jóvenes, van muchos más y protestan.  Los jóvenes abrieron el camino, a pesar del enorme daño que la autocracia hizo en una generación con muchos jóvenes apolíticos y antipartido. Ahora tendrán que comprender que la política es servicio, no únicamente marchar, sino construir organización y estar cerca, escuchando a los ciudadanos.  Es que la fuerza de la juventud es su capacidad de palpar antes (y con menos intereses en conflicto)los problemas de injusticia, de corrupción, y de falta de transparencia.

No creo que este Congreso sea capaz de hacer cambios constitucionales.  Pero la ciudadanía debería debatir reformas puntuales indispensables.  Se necesita un Senado pequeño, más calificado, para elegir altos cargos o ratificarlos.  Un Senado que no intervenga en el pleito político cotidiano, sino que trate las leyes más importantes, y que elija  y haga preguntas de fondo a los altos cargos.  Hay que pensar en concursos públicos donde se presente quien quiera y tenga los requisitos necesarios para hacerlo, se evalúe con una pauta previamente publicada todos los currículos y se les ponga una nota. Luego se debe entrevistar a cada candidato y calificarlo. Finalmente se debe publicar un cuadro de méritos, dentro del cual, con reglas comunes, los senadores elijan a los funcionarios.

La anulación de la repartija beneficia hoy a Alan García, que tiene  operadores partidarios en el ya vencido Tribunal Constitucional, organismo al que puede llegar su recurso de amparo contra la comisión  que  investiga –entre otras cosas- sus narco-indultos.  Por eso los apristas jugaron a petardear la repartija. Pero si los jóvenes y tantos peruanos sanos deciden renovar la política, sin extremismos ni sectarismos, otro futuro nos espera.

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El Comercio

QUIEN LA HACE LA PAGA

          Un recordado maestro jesuita, venido de España y enamorado de la geografía e historia del Perú, Santos García S.J., me grabó en segundo de media esta frase: quien la hace la paga.  Sin ella no hay instituciones ni legalidad, es el extremo opuesto de lo que hoy llamamos informalidad.  Este recuerdo enmarca mi reacción a la decisión del Presidente Humala de no indultar al ex Presidente Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad, anciano pero no enfermo terminal, que jamás mostró arrepentimiento alguno y que desde su prisión dorada hizo sucesivas maniobras psicosociales para forzar su perdón o indulto.

El Presidente Humala ha consolidado la acción del Poder Judicial, que en este caso fue un juicio impecable, internacionalmente reconocido. Más aún, a contracorriente del escándalo causado por el gobierno de Alan García al indultar sentenciados por narcotráfico, además de buen número de apristas, lo que hace inútil el trabajo de jueces y policías, el presidente Humala no sólo ha procedido de acuerdo a ley al no indultar arbitrariamente sino al destacar que sigue la recomendación de las instancias del Ejecutivo especializadas en este trabajo.  Sólo el residente tiene la facultad y la legitimidad para hacerlo pero la legitimidad se pierde cuando se ejerce como los monarcas, por capricho y no por el análisis médico y jurídico debidamente fundamentado en casos de tanta gravedad.

Una democracia como régimen de gobierno implica siempre separar el poder político del poder jurisdiccional.  Este último sentenció impecablemente a Fujimori y un indulto sólo puede darse por razones humanitarias en casos muy graves. La comisión demostró que no hay enfermedad terminal y todo el país sabe que Fujimori está en la única cárcel de cinco estrellas que hay en el Perú.

Sé que esta decisión, correcta y democrática, del Presidente Humala le va a costar en el Congreso, porque los seguidores del autócrata se la van a cobrar. Vienen chantajeando al país desde hace años. Impiden la elección del Tribunal Constitucional chantajeando a todas las fuerzas políticas: o eligen para esos cargos a dos operadores impresentables del fujimorato como Marcos Ibazeta y   Rolando Souza o no hay elección posible.  Del primero se conoce bastante durante la autocracia, pero del segundo no se puede olvidar que gracias a la alianza del Apra con el fujimorismo fue elegido Presidente de la Comisión de Justicia y fue actor principal del escandaloso caso en que, vía delegación de facultades, hicieron una ley a la medida del grupo Colina.  Cómo no lo iba a hacer si era miembro del estudio Nakasaki y un diario publicó la carta en la que contestaba a la hermana del sentenciado Pichilingue, del grupo Colina, informándole que había atendido su pedido en la ley que delegaba facultades.

Todo el tinglado, incluyendo al ministro Rey Rey, cayó cuando un demócrata como Mario Vargas Llosa renunció al encargo de ese gobierno de presidir la comisión para el museo de la memoria.  Muchos peruanos habíamos denunciado lo mismo, pero no valíamos para los gobernantes de turno.  El escándalo de la denuncia y renuncia de nuestro Premio Nobel se tiró abajo este exabrupto. ¿Quieren olvidar esto?

Terminado este triste episodio de chantajes y presiones, creo que hay que mirar a futuro y recojo, pero desarrollo, una idea de Lourdes Flores.  No quiero que muera nadie en una cárcel, salvo por accidente.  El Congreso debiera dar una ley –general y no con nombre propio- que establezca que todo preso al cumplir 80 años puede seguir cumpliendo su condena en su domicilio, siempre que existan en éste las condiciones para hacerlo. No recupera su libertad ni sus derechos, sino vive con su familia; no puede desde allí declarar ni hacer política o negocios, menos ser un peligro de muerte para sus enemigos; que la muerte lo encuentre rodeado de los suyos, derecho de él y de cada uno de ellos, pero que la sentencia se cumpla. ¿Será posible legislar así?

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Confusión en el rumbo,

¿todos contra todos?

El Comercio                                   

El gobierno del Presidente Humala ha mostrado confusión en el rumbo y la manera de gobernar, al tiempo que desde el sector privado empresarial y mediático hubo no sólo posiciones contrapuestas, algo normal, sino  exageración histérica. En paralelo casi todos los aspirantes conocidos  a la próxima presidencia terminan enredados en acusaciones de corrupción sin que las autoridades autónomas para investigar lo hagan con la indispensable celeridad. Ya se pregunta si no está el gobierno tras las denuncias mediáticas.

El caso REPSOL desnuda la manera de gobernar como ineficiente y muestra una sucesión de contradicciones. La iniciativa no fue del gobierno sino de esa empresa, obligada a hacer una millonaria inversión por razones ambientales el próximo año ¿quiere endosarla al Estado?,  El anterior directorio de PETROPERÚ no  promovió la compra y tenía observaciones. Le pidieron su renuncia al Presidente del Directorio y se fue con varios de sus integrantes. ¿Sólo era falta de  química con el Ministro? El Ministro de Energía y Minas se contradice con el de Economía y ambos actúan en paralelo ante y con el Presidente Humala que está demostrando que sabe mandar pero no conducir un equipo. ¿Para qué existe el Consejo de Ministros si asuntos tan importantes no se resuelven allí debatiendo?

En el sector privado ha habido incapacidad de diálogo con el gobierno y tanto medios como dirigentes se lanzaron a una confrontación blanco-negro que hace daño a la democracia. ¿es que toda empresa pública es mala y toda empresa privada es buena? Es que hay que mantener “moribundas” a las empresas estatales para después decir que su ideología es el único pensamiento posible?¿es que no hay empresas estatales de Petróleo eficientes en Brasil, Colombia, Chile o Argentina? ¿Es que todo se tiene que mezclar con el régimen venezolano ya en clara descomposición?   Con estos parámetros se remece el sistema democrático y la confianza ciudadana.  Estoy seguro que hay un problema de gobernabilidad democrática antes que un problema de estatismo o Chavismo.  Porque las políticas públicas se deciden en un régimen democrático con métodos donde todos se escuchan y con razones que no se tratan como estigmas de los tiempos de Torquemada.

Aunque la Constitución dio autonomía al Ministerio Público y al Poder Judicial, hay mucho por recorrer para que esta se ejerza y muchos jueces y fiscales  se someten al gobierno, al partido que le es cercano o a la argolla de amigos que defienden intereses corporativos y profesionales antes que públicos.  Dos ex Presidentes y un ex candidato presidencial están siendo cuestionados por acusaciones serias, García por decisiones de gobierno como los narco indultos, los colegios emblemáticos y la reconstrucción de Ica, Toledo por los negocios de su suegra y Castañeda por el caso Comunicore. No son casos iguales pero ni el Fiscal de la Nación ni el Congreso actúan con celeridad y objetividad. La ciudadanía terminará no creyendo en nada ni en nadie ¿a quién le conviene esto?  Recordemos hoy el escándalo de los PETROAUDIOS y cómo el gobierno de García hizo un eficiente “control de daños” a través del Parlamento, el Ministerio Público y el Poder Judicial para que muchos años después nadie sea responsable.

Cayó el Canciller Rafael Roncagliolo a quien hasta sus adversarios reconocen enorme capacidad. Sus razones de salud son antiguas y conocidas pero ¿no tendrá esto que ver con que el Perú haya votado por México y no por Brasil para la OMC? Constitucionalmente sólo el Presidente tiene la decisión, pero ¿conviene al Perú hacerle un desplante a su más grande vecino en este momento en que se viene la decisión de La Haya? y ¿qué significa este voto en la equilibrada política entre bloques que llevaba nuestra Cancillería?. Es cierto, los ministros son los fusibles en nuestra Constitución pero el país pierde y el Presidente se queda con menos aliados y más apoyadores, que obedecen pero no siempre ayudan a pensar bien y evaluar las situaciones para decidir mejor.

¡Cuidado! El régimen democrático se deshace con este mal manejo de actores e instituciones.

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El Comercio

Revisar las noticias diarias da la impresión de que los peruanos vivimos siempre “al borde del abismo”. Las declaraciones de políticos y funcionarios, muchos titulares y opiniones tratan cada tema complejo con exageración que es por lo menos poco seria. Veamos dos ejemplos..

El mismo parlamento que aprobó a ciegas el viaje del Presidente Humala a Venezuela quiere interpelar al Canciller por dicho viaje cuando lo que debió hacer es que el Canciller vaya por lo menos a la Comisión de Relaciones Exteriores antes de aprobarlo y tomar la decisión conociendo el razonamiento del gobierno. Es  función del Presidente la dirección de la política exterior y la representación del Estado Peruano pero el Parlamento lo fiscaliza y para eso las constituciones han establecido la autorización previa.  Fiscalizar no es incriminar con el estilo acusador de muchos parlamentarios y tiene su momento, pero lo mínimo necesario es hacerlo con coherencia y la oposición tanto como el oficialismo fijan su postura con argumentos dentro de las reglas del juego y con su voto.  No se puede “chancar” a un gobierno porque nos disgusta una decisión de un órgano intergubernamental de la región  ni pretender que sólo el enfoque ideológico de cada uno se imponga en las decisiones porque las relaciones son más complejas y los intereses del estado peruano requieren presencia en múltiples escenarios a la vez y poco se arregla con portazos o desaires hoy.

Hay deformaciones que vienen del fujimorato como, la pretensión constitucionalmente inconsistente de que el Parlamento debe autorizar de inmediato y sin debate porque es una función del Presidente. Una mala maniobra del Parlamento 1990-92 fue aprovechada por Fujimori para crear la imagen de que el parlamento le impedía gobernar y tras el autogolpe llegó a legislar para que las autorizaciones se den  “en serie”, algo que facilitó su vergonzosa fuga del país.  Pero a pesar de que esa ley se corrigió, las eventuales mayorías usan la “autorización automática” por facilismo y para no explicar decisiones y contextos.

Otro ejemplo notable es el manejo de la supuesta “decisión” de comprar la Refinería y otras empresas que quiere vender REPSOL sin dar lugar siquiera a evaluar pros y contras, preguntarse por el estado real de ese negocio o por los otros posibles aspirantes a comprarlo.  El escándalo y las acusaciones tremendistas como “vuelta al estatismo” me hacen recordar una famosa frase del siglo XIX “antes los chilenos que Piérola” o las acusaciones de “sacrílego” o “hereje” en las huestes de Torquemada.  Se impide un debate razonado y se culpabiliza “en previsión de una decisión no tomada”, discutible como todas pero no de esta manera si lo que se busca es vivir en democracia, con su racionalidad plural y diversidad de intereses.

Varios análisis mezclan todo y están llevando a preguntarse por el compromiso presidencial con los valores democráticos. Estos se refieren al régimen democrático y no a cada política de gobierno, los he invocado ante un discurso de Humala que cuestionaba el voto de los militares y una ley discriminadora que obliga al servicio militar a quien no puede pagar 1,850 ,soles, similar a la odiada ley de conscripción vial de Leguía pero en pleno siglo XXI.  Creo que también debe hacerse con otro elemento central de nuestra tradición constitucional: la alternancia de gobernantes y no la continuidad del gobierno a través de la pareja del Presidente.  Tras muchas de las exageraciones y golpes mediáticos vemos esta preocupación causada por la objetiva buena imagen de la Sra Heredia y la forma en que se evade el tema en las declaraciones.

El peligro es que el desgaste afecte al régimen democrático y no solo al gobierno, polarice mal y nos ponga en dificultades que suelen dañar las  instituciones democráticas con un complejo juego de chantajes donde “todo vale”. Es previsible que en el tercer año aumenten conflictos sociales hoy latentes y se requiere menos polarización y mayor debate razonado en todos los terrenos.  El Presidente Humala debería hablar claro sobre su compromiso con la alternancia el 28 de Julio próximo.

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El Comercio

Servicio Militar Obligatorio

Siento pena y algo de vergüenza ajena y propia.  En el Presidente Humala primó el Comandante ® y no el político demócrata que aparentó ser. La cultura militar que cree que sólo se ama a la Patria desde su función castrense primó sobre la visión democrática y plural que respeta como amor y servicio incluso el de aquellos que no aceptan matar a otro en ningún caso y exigen libertad de conciencia.  Peor aún. Han resucitado los métodos del gamonalismo y la tristemente célebre ley de conscripción vial de Leguía: si pagas s/1,850 (50% de la UIT) evitas el servicio militar y si no lo pagas o entras a la fuerza o te conviertes en un paria, sin ciudadanía.  ¿Esa es la igualdad entre los peruanos? ¿murió la libertad?

Se sabe que sólo en el Ejército faltan 18,000 plazas, situación que no ocurre en la Marina y la Aviación.¿Se han preguntado porqué? ¿Han evaluado cómo tratan a los soldados? ¿El MEF impide que el voluntariado sea atractivo en tiempos de vacas gordas? ¿Porqué no comienzan desburocratizando las FFAA? La guerra moderna es de armas sofisticadas, manejadas profesionalmente y no por un muchachito de 18 años con un mínimo de entrenamiento, ¿Contra quien es la guerra?¿Los enviarán al VRAE? Espero que no pero para el congresista Mora allí los necesitan. Claro que este general parece moderado al lado de un almirante troglodita que quiere mandar a prisión a los que no cumplan la voluntad militar expresada en una ley sin debate público, como la que causó la tragedia de Bagua.

Combatí en el Congreso la antigua legislación del servicio militar obligatorio. Tras 1995 fui seis veces a Jaen y San Ignacio, cuando trascendió el clamor de las familias de los “levados” y el fujimorato amenazaba a la radio jesuita por transmitir sus clamores.  Al entrevistarlos encontré familias que ya habían perdido un hijo en la guerra con Ecuador y que les levaban a otro ¿se imaginan a esos padres? Los ví, hablé con ellos, traje cartas e informes que “esparcí” en un Congreso que no me escuchaba pero tenía que aceptar mi presencia, hasta que vino lo inesperado: un joven en Tacna se suicidó para no ser levado y se armó el escándalo mediático. Fujimori, con la mira en su reelección, bajó el dedo y los fujimoristas que se oponían cambiaron de posición. Se convirtió en voluntario y lo apoyé.  Eso es lo que corresponde a un país democrático y moderno.

Siempre he sostenido que si hay un servicio militar obligatorio no puede distinguir entre ricos y pobres, ni siquiera por razón de estudios universitarios, como lo ví en otros países. Pero aquí los congresistas, ministros, generales y almirantes que se sienten muy patriotas por defenderlo no están dispuestos a que sus hijos e hijas lo hagan y saben que pueden pagar los 1850 soles de multa para que no se conviertan en parias..  Estoy seguro que aquí hay problemas de constitucionalidad pero dejo a otros ese análisis.

No siento sólo vergüenza ajena.  Yo salí en público, en la segunda vuelta, optando por Humala y no por Keiko, no por antifujimorismo sino por valores democráticos y hoy me siento traicionado. Los seguidores de Keiko apoyaban esto y Humala lo hace ahora regresando a métodos del Estado Oligárquico e imponiendo una cultura militar que hace muchos años choca con gran parte de la sociedad peruana. Que conste, puedo discrepar o coincidir en varias de sus políticas económicas y sociales pero eso no es lo que apoyé. Apoyé el juramento de un demócrata que hoy viola valores democráticos esenciales. No hay democracia posible y es una farsa hablar de inclusión social si 1.850 soles de hoy, que una inmensa mayoría no tiene a su alcance, dejan a los jóvenes entre la obligación del servicio militar y dejar de existir como ciudadanos.

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El Comercio

He criticado la campaña por la revocación de la alcaldesa de Lima y para mí es obvio que tras sus promotores no se evidencia interés alguno por la ciudad y sus problemas. Entiendo los “trucos” de la política y la deformación que toda polarización blanco/negro suele traer, pero intento poner por delante los problemas de la ciudad que no se pueden resolver en el corto plazo, pero que se pueden agravar.

Comencemos por la autoridad del alcalde(sa) de Lima. A pesar de ser el cargo más representativo en votos, después del Presidente de la República, es la autoridad más débil entre las muchas que intervienen en esta ciudad.  Presidentes y legisladores la debilitaron dividiendo Lima del Callao y de las provincias del departamento de Lima, dividiendo la ciudad capital en más de 40 distritos autónomos en casi todas sus funciones ¿Distingue el ciudadano las funciones de un alcalde distrital y del Provincial? No.  Varios ministerios actúan en Lima como si fuera su chacra y muchas funciones que ya tienen las autoridades regionales y locales fuera de Lima se las niegan al gobierno metropolitano como el manejo de la empresa de agua o los terrenos eriazos indispensables para el planeamiento y la gestión urbana.

Pero la autoridad se ha desdibujado por la informalidad.  No es como algunos creyeron descubrir que la informalidad era hija de un Estado fuerte y grande. No se planificaron el crecimiento y los usos del suelo, no se quiso que hubiera esa autoridad y se creció por invasiones y por imposición del más fuerte. Esta fue ausencia de autoridad estatal. Los tranvías, que no eran tan rápidos pero sí masivos, se sustituyeron por autos y microbuses haciendo de la atomización e informalidad el único servicio público. Por eso cuando la alcaldesa hizo avanzar hacia Lima norte el Metropolitano se necesitaron más de 300 policías para poner orden a microbuseros que confundían el interés público con su interés privado y a pedradas pretendían impedir las nuevas rutas.  Por eso también la violencia de La Parada, desorden establecido por décadas, que otros burgomaestres no enfrentaron y esta alcaldesa valiente lo hizo.

No es fácil ejercer autoridad democrática, que escucha, negocia pero decide sin que interfiera otro, sea autoridad estatal o iniciativa privada.  Por eso se incumplen las reglas en el tránsito, la construcción, la zonificación escuchando a los vecinos, el área libre y el área verde por habitante etc.  Somos la ciudad con más tuberculosos en el Perú y América Latina. Ganamos a Haití con 180 enfermos cada 100 mil habitantes.  Hay problemas de nutrición, hacinamiento y “tugurización”, que pasan las décadas y se complican. Tenemos que gastar en muros de contención porque no se previó dónde deben ubicarse las nuevas familias ni se respeta la norma porque  se  excluye a la gente, se le abandona a su suerte y ellos hacen lo que pueden.

Hablamos de un gran crecimiento económico, pero en Lima más del 56% son informales o subempleados. Una autoridad firme en planeamiento urbano y en transporte ayudará pero un esfuerzo en educación de calidad debe ser mayor.  Ya se puede decir que la mayoría de los escolares está en educación privada, para felicidad de los liberales.  Pero autoridad estatal es garantizar calidad y no estafa, quitar valor oficial si no pasan las pruebas alumnos y profesores, como lo hacen con técnicas adecuadas los países desarrollados.

No sé si ganará el Sí o el No, pero no dudo que el Sí a la revocatoria de Susana Villarán y su gobierno paralizará lo que comienza a cambiar, no corregirá errores y fortalecerá la informalidad no de los de abajo, que luchan por sobrevivir, sino de políticos de medio pelo que medran con este desorden establecido y grandes políticos con rabo de paja que creen que tienen que volver para hacer más de lo mismo. 

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LA POLÍTICA COMO ANTAGONISMO O COMO INMUNDICIA

Henry Pease García

He defendido la revocación, como derecho constitucional desde hace años, como muchos, pero no significa defender la manera en que se aplica a los alcaldes, sin distinguir niveles y complejidades, atomizando la iniciativa y sin poner límites ni requisitos de procedimiento. Es arbitrario que con sólo 400,000 firmas se pueda revocar a un Alcalde de una ciudad con más de seis millones de electores y hay más errores que los legisladores deben evaluar pero hay la incapacidad adicional de un JNE que se corre de los problemas o transa hasta con la corrupción. ¿Es lícito cambiar firmas por galletas o fideos?¿puede haber financiamiento fantasma de los revocadores, donde cada día aparecen donantes carentes de bienes? Se pretende que el elector vote cuarenta veces en una sola cédula ¿cuál es el resultado? Que de todas maneras se daña a la Municipalidad y su capacidad de gestión.¿es posible que la revocatoria se entienda como fruto de un sentimiento difuso, alejado de razones, fuera del alcance de toda precisión? Hay problemas en la legislación y no sólo en el Jurado, pero la sociedad mediática está alterando todos los supuestos institucionales clásicos.
Hoy es posible acusar de “vaga” a una alcaldesa que ha hecho en dos años 176 escaleras mientras su antecesor hizo 800 en ocho años, es decir más o menos lo mismo. Además, está haciendo obras tan importantes para la ciudad que hasta el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) salió a defenderla. Un alumno me listó titulares que atacaban a muerte a la alcaldesa desde el día en que fue elegida, ¿Acaso esta sobredosis no crea imágenes gruesas que luego son muy difíciles de cambiar?
Leo, descansando de mis clases, el libro de Chantal Moufe “En torno a lo político”. Revisando y criticando teóricamente a Carl Schmitt, recoge la idea de lo político como antagonismo extrayendo el antidemocrático carácter del sustentador del nazismo, que polariza la contradicción como “amigo-enemigo” para reemplazarlo por algo esencial al pluralismo democrático. Reemplazar enemigo por adversario pero entender que lo político implica ese nivel de antagonismo no excluyente, es el aporte de este libro. Releyéndolo veo que en nuestro país la traumática y totalitaria relación amigo-enemigo, no me importa si entre nazis, comunistas o lo que luego inventen, es lo que prima. Para buena parte de los medios de comunicación hay que “liquidar” a la alcaldesa porque es “enemiga”, es “de izquierda”, lo cual significa, aunque no lo digan, que los que se identifican con esas ideas harían mejor en dedicarse a otra cosa o tomar las armas, ya que no son admitidos en términos reales.
He rechazado siempre la exclusión y la lucha armada pero es imposible entender lo político sin ver los antagonismos reales o fabricados y analizarlos. Hoy mucho del antagonismo tiene un componente de corrupción, políticos con rabo de paja y gente acostumbrada a medrar de la llamada informalidad, que va mucho más allá de las naturales estrategias de sobrevivencia de los más pobres y alcanza políticos y hasta partidos enteros. El congresista Mulder ha atacado a la alcaldesa con palabras que muestran prejuicio de clase y un conocido columnista se ha reído de esto recordándole la lucha de clases. ¿Por qué tan temprano todos están juntos? Vean bien, no falta ninguno. Del otro lado también están juntos los que tienen que estar, el PPC ha tenido un comportamiento coherente con la demanda de decencia que llevó a su lideresa a enfrentar la intentona de Kouri.
La alcaldesa Villarán, agraviada diariamente, tuvo el valor de dedicar un año con más de 40 alcaldes distritales y más de 18,000 ciudadanas y ciudadanos, a hacer democráticamente el plan regional de Lima. Ahora la Municipalidad tiene brújula, aprobada por unanimidad en la Asamblea Metropolitana de Lima.
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Terminó el año 2012 con escándalo por el alza de sueldos de los parlamentarios, poco después de que se negara al Poder Judicial la nivelación de los jueces superiores. Vuelve la danza de medias verdades en la información y no han faltado quienes por este hecho hablan de cerrar el Congreso: extrañan la autocracia. Son expresión de una cultura política tradicional autoritaria y antidemocrática. Desprecian a los parlamentarios, rechazan la deliberación –la entienden como pérdida de tiempo- y sólo buscan un jefe, que cuando se desgaste caerá porque esa es la experiencia de todo régimen autoritario. ¿Cómo tendremos un Congreso mejor si el modelo viene de la campaña mediática deFujimori que demagógicamente proponía pagarles el salario mínimo?

Otra vez algunos parlamentarios renuncian al aumento porque son conscientes de que los desprestigia. Al hacerlo afectan su relación con sus pares y dejan peor sabor a quien observa de lejos. La mala conciencia proviene de ver que sus sueldos son muy distantes de los de la mayoría de ciudadanos, algo que no afecta ni al empresario, ni al tecnócrata ni a otros funcionarios y autoridades porque nadie pone los reflectores mediáticos en ellos.

Veamos cifras: el Contralor, el Presidente del BCR o la Jefa de la SUNAT reciben hoy más de 33,000 soles y un Juez Supremorecibe 27,117 porque suman al sueldo -15,600 igual que un congresista- un bono jurisdiccional. ¿Tienen más responsabilidades públicas que un Congresista? No, pero se usa el argumento de que los tecnócratas y funcionarios deben estar bien pagados. Se confunde autoridad pública con tecnocracia y la Constitución es muy clara en su artículo 39 en fijar el orden jerárquico de los altos cargos.
El año 2003 un diario comenzó la campaña sin motivo aparente, cuando ni ese ni los años anteriores se había subido ni el sueldo ni los gastos operativos. Su titular decía “No se bajaron los sueldos” alegando con falsedad que lo habíamos ofrecido. La campaña se extendió. Quedé convencido de que en defensa de la legitimidad del Parlamento y otros altos cargos, había que dejar que el poder administrador fije los sueldos, expidiendo la ley 28212 que regulaba la forma en que actuaría. Se establecía por Decreto la unidad de medida (URSP), se fijaba el sueldo del Presidente (hasta 10 URSP) y los altos cargos que le siguen (congresistas,ministros,miembros del consejo de la magistratura, jueces supremos, contralor etc) hasta 6 URSP, algo menos los Presidentes regionales y Alcaldes. Se prohibían gastos operativos, bonos etc. Los gastos que cualquier funcionario realiza fuera de la ciudad en que vive deben ser pagados por la entidad y no por el funcionario. Me costó agravios de mis colegas pero suprimí la tercera gratificación que daba el Congreso porque la ley dispuso que sólo se pagarían 12 sueldos y dos gratificaciones al año. La unidad de medida se estableció en el gobierno de García, el sueldo de los parlamentarios subió de 10,000 a 15,000 pero se rebajó a los demás y luegoaparecieron, otra vez, gastos operativos, bonos etcEn el Congreso ahora no se rinden con boleta o factura los gastos operativos y se les descuenta impuesto a la renta como para confirmar que son sueldo.Suman pues 22,900, o sea menos que los funcionarios mencionados, Se ha criticado, con razón, que por la manera de aplicar esta ley migraron muchos funcionarios al sector privado ¿y porqué ese argumento no vale para los congresistas? Eso es demagogia o rezago de la vieja cultura política antidemocrática.

No se apreció la importancia de cortar esta competencia hacia el alza y el desorden continúa por decisiones que incumplen lo esencial: sólo el Ejecutivo fija los sueldos y no debe haber otro ingreso adicional. Aunque los parlamentarios han rectificado la decisión se ha afectado la gobernabilidad democrática.
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