En el entrampamiento de la llamada Mega comisión hay un problema de fondo. Se está judicializando la política hasta en el lenguaje que se usa, algo que se agrava  desde la Constitución 1993 que se ha convertido en costumbre.  Las comisiones investigadoras tienen un objetivo fundamental: que la ciudadanía conozca lo que pasó y pueda hacerse una opinión, razonando sus decisiones políticas. La acusación constitucional es una manera “penalista” de hacer que el alto funcionario pierda la protección constitucional que impide actuar al ministerio público y al Poder Judicial y abre la puerta para que sea acusado y juzgado por éstos.  La carta de 1979 no obligaba al Fiscal de la Nación a acusar penalmente ni al Juez Supremo a abrir instrucción tras la acusación del Congreso.  Lo hizo la carta de 1993 porque el poder del partido aprista en el Ministerio Público y el Poder Judicial se evidenció  en los primeros años de la década del 90. Pero esa norma va contra del principio de la  división de poderes y no se ha podido cambiar porque lo impidieron los mismos personajes que hoy están involucrados: se corregía en el dictamen por consenso presentado por la Comisión de Constitución del 2001.

El parlamento no está para enjuiciar y cuando investiga sus conclusiones no obligan al juez. Está para informar a la ciudadanía y hacer el debate político.  Estoy seguro que a eso le tiene más miedo Alan García y cualquier político con aspiraciones. Pero el uso del lenguaje judicial ha facilitado que los jueces se metan en el terreno del parlamento, que es un poder autónomo de ellos.  Es obvio que hay exigencias mínimas de procedimiento pero estás deben regularse en el Reglamento del Congreso que es Ley de la República y debe ser preciso e impedir que los jueces pretendan imponer sus reglas al Congreso de la República.

Si revisamos el Reglamento del Congreso ninguna Acusación Constitucional depende de una conclusión de una Comisión investigadora.  Son los congresistas los que formulan acusación y va a una comisión especial con un trámite especial que llega al pleno vía la Comisión Permanente. Pero las Comisiones investigadoras en este gobierno y el anterior centran su imagen ante la opinión pública en la acusación constitucional que puede comenzar o no después de su dictamen e incluso puede iniciarse sin que la investigación haya concluido.   Olvidan que su objetivo primordial es presentar los hechos y su opinión ante la ciudadanía y al hacerlo no deben pretender calificarlos en lógica penal: basta con que los califiquen como lo que son y que del debate quede claro el daño hecho y los que pueden ser responsables.  La acusación constitucional tiene requisitos mas precisos y lo ve otra comisión, distinta de la que investiga.

También es un error pretender  inhabilitar para el ejercicio de la función pública a un ciudadano porque hay indicios de delito si no ha sido juzgado.  La infracción constitucional que no proviene de un delito es otra cosa.  En los regímenes democráticos, además,  no se usan estos métodos contra posibles candidatos presidenciales porque la imagen que queda es que la ciudadanía no pudo decidir porque le impidieron participar a ese candidato.  Es obvio que en esta materia los tiempos hoy son diferentes: no estamos derribando un régimen autoritario que tenía potentes armas.  El artículo 100 de la Constitución debe ser cambiado: el Fiscal existe para acusar y el juez para instruir y sentenciar. El Congreso no es juez y la inhabilitación viene después de la sentencia, no antes como lo permite este artículo. Tan conscientes  estaban al elaborarlo  que el artículo dice que se recuperan los derechos si la sentencia lo exculpa.  Es decir se aplica la inhabilitación y luego se juzga. Aunque se devuelvan los derechos hay un tiempo en que se hizo daño injustamente. Felizmente en ese Congreso se le trabó la redacción a la mayoría fujimorista, en mi opinión por voluntad del Presidente y Vicepresidente de la Comisión de Constitución y no pudieron aplicar la pena de muerte como propugnaban sus mas radicales voceros. ¿Qué le devolverían después de muerto?

Hay que empoderar al Parlamento: no es una sucursal sometida a la judicatura , su campo es la política y el ejercicio de la representación, algo que se está olvidando.

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En la víspera de que conociéramos el contenido de la “bomba” anunciada por el Congresista Simons me llamó, sobre las 10 pm, un periodista cuyo nombre no registré y que dijo trabajar en El Peruano y otro diario. Pedía mi opinión sobre la bomba: un hijo extramatrimonial del Presidente Humala que llevaría al divorcio de la pareja presidencial y luego a la candidatura de Nadine Heredia sin limitaciones de la ley.

Le contesté que yo estudiaba y actuaba en política muchos años y que no confundía esta actividad con el chisme ni me metía en asuntos de la vida privada de nadie. Le expliqué que así fuera verdad el chisme principal, el hijo extramatrimonial, las dos apreciaciones que le seguían podían darse o no, y para que fuera un hecho político tenían que existir varios factores que a estas alturas eran sólo especulaciones.  Es obvio que mi opinión no le gustó pues cortó de inmediato.  No sabía en ese momento  que ya había un escándalo tuitero y que un congresista y ex premier había lanzado la bola.

Muchas veces he escuchado a colegas de otros países admirarse de la forma en que en el Perú se usa el chisme en política pero lo que ocurre hoy ya es otra cosa. Los líderes políticos  han perdido toda capacidad de proponer un debate de ideas o de propuestas frente a la mayoría de problemas y se limitan a mantenerse en la escena de los medios calificando y tratando de destruir a sus adversarios, defendiéndose de las acusaciones e iniciativas de éstos y aplicando el principio de que “la mejor defensa es el ataque”.  Terminan vaciando de contenido la política y convirtiendo el escenario público en un lodazal con la ayuda de muchos medios de comunicación que lucran con los escándalos. En el paroxismo del poder  de la “imagen” del político, propio de la sociedad mediática, optan cada vez más por destruir la imagen del adversario no con elementos de las ideas y programas políticos o de los resultados del ejercicio de la función pública sino con hechos de la vida privada de los líderes que fácilmente se sacan de su contexto original pero que en este caso han sido un simple invento.

Hay que denunciar la lógica de esa acción política que busca, en este caso, poner contra las cuerdas al gobernante pero que puede desestabilizar cualquier régimen. Pero hay que cuestionar esta manera de hacer política que degrada la función pública y el régimen democrático, por definición abierto y en debate.  El centro del debate político son las ideas y propuestas programáticas, no la vida privada de los líderes. Cuando nos topamos con la corrupción obviamente se tiene que actuar pero aligerando los procedimientos políticos y dejando actuar a las instituciones judiciales. Hay que distinguir campos, aunque sepamos que la corrupción los atraviesa.

En tiempos de crecimiento y holgura económica por lo menos para el gobierno, damos un espectáculo deprimente en la actividad política ¿llegaremos a que nadie la respete y esto lo usen los autócratas para regresar con renovados bríos?  Es urgente buscar acuerdos mínimos que excluyan de la práctica política las prácticas que hoy llevan a las crisis: el chantaje, las nuevas formas de excluir al adversario, la mentiras y la fatuidad que comienza con el rechazo a las ideologías y sigue con la desaparición de programas y todo lo que sea debate en serio.  Este debate no lo hacen los políticos y los medios no le hacen espacio a ellos para hacerlo. Los políticos sólo se mantienen “vivos” en la escena con jugarretas y maniobras mediáticas que al final los hunden más.  Hay que salir de este fondo de la crisis excluyendo el chisme, la controversia en torno a temas de la vida privada y la mentira como práctica constante. Urge el oxígeno que sólo proviene de los valores y la decencia de los actores.

Pero el sainete continúa: el partido aprista usa su poder tradicional en el ministerio público y en el Poder Judicial para paralizar las acusaciones del Congreso contra Alan García.  Les conviene la torpe pretensión de algunos de aplicar sanciones parlamentarias por violaciones constitucionales impidiéndole ser candidato y ejercer función pública.  Eso se hizo en momentos de transición contra los autócratas cuyo poder podía acabar con ese difícil cambio, pero no debe ser un método en un régimen democrático.  En éste deciden las elecciones efectivamente libres y el mayor aporte de las investigaciones del Congreso es el conocimiento de los hechos indebidos y sus conclusiones de investigación puestas a disposición de todos los peruanos para que juzguen.  No olvidemos que las conclusiones del Congreso no obligan al Poder Judicial sino a abrir el proceso investigatorio y no permitamos que un Poder Judicial desprestigiado y manejable por tantos apristas que ha puesto en sus cargos desde hace más de 30 años impida al Congreso ser lo que tiene que ser, foro de debate, discusión pública cuya deliberación alimenta la opinión pública para que la ciudadanía  decida en cada elección. Pero aprendamos del pasado reciente, los ciudadanos elegimos presidentes bajo chantaje. En el Perú no gana el que convence más sino el que se beneficia del miedo generado por su alternativa en la segunda vuelta. García no hubiera sido Presidente por segunda vez desde sus resultados en la primera vuelta y Humala no hubiera ganado sin el rechazo que generaba su alternativa, Keiko Fujimori con su pasado y el de su padre juntos. Sí, las reglas institucionales importan y no las podemos cambiar de un momento a otro, pero la conciencia ciudadana debe incluir la crítica de éstas para abrir paso a la voluntad popular.

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