Abogado. Profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.El pasado viernes 6 de mayo un grupo de ciudadanos se reunió cerca de las instalaciones de un canal de televisión a fin de expresar su posición en contra de la línea editorial de un periodista, en tanto consideraban que no era plural y que favorecía con sus comentarios y entrevistas a uno de los candidatos que disputará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el próximo 5 de junio. El problema fue que este rechazó ciudadano llegó al extremo de impedir que el periodista se retire del canal sin problemas, con amenazas a su integridad física, que afortunadamente no llegaron a concretarse.
Este lamentable incidente permite realizar algunas reflexiones relacionadas con la necesidad de respetar y garantizar los derechos fundamentales, no sólo por parte del Estado, sino de la ciudadanía en su conjunto. Conviene recordar en este punto que el artículo 1º de la Constitución señala que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. No se trata de una declaración sin sentido alguno, sino de uno de los principios –quizá el más importante- que sustenta las bases jurídico-políticas de nuestro país. No es sólo un tema de Derecho para los abogados, sino de Derechos Fundamentales para todos los peruanos y peruanas.
En esta línea, cabe recordar que también la Constitución de 1993 como los tratados de derechos humanos reconocen a la libertad de reunión como un derecho fundamental, cuyo ejercicio solo se garantiza cuando las reuniones son pacíficas. Cuando dejan de serlo, tal conducta ya no recibe protección constitucional, encontrándose legitimadas las autoridades estatales para suspender tales manifestaciones. Uno de los supuestos en que es posible identificar que una reunión ha dejado de ser pacífica es cuando se pone en riesgo los derechos fundamentales de los demás. Y eso fue precisamente lo que ocurrió con el periodista Jaime de Althaus, quien tuvo dificultades para salir del canal con su vehículo y, lo más grave, sintió amenazada su integridad física. Si los manifestantes se hubieran limitado a gritar a viva voz que estaban en contra de cómo algunos medios de comunicación han dejado de lado su independencia e imparcialidad para favorecer a una candidata, ello no habría tenido nada de malo.
A nuestra consideración, hechos de este tipo pueden también tener un efecto indirecto, cual es generar una sensación de temor en todos los ciudadanos, y no solo en los periodistas, de expresar libremente una opinión política, pues podrían pensarlo dos veces antes de difundir una idea o información, a fin de evitar ser víctimas de una agresión. Peor aún, cuando las autoridades respectivas, sean del Estado o de una organización privada, no sancionan este tipo de conductas, se agrava la sensación de impunidad, y por lo tanto también el temor para expresar libremente la posición política que uno pueda tener, por más que aquella no le guste a los demás o sea minoritaria. El silencio que se genera por el temor a expresar una idea es el peor enemigo de la democracia.
* Publicado en “Punto Edu” (PUCP), Año 7, Nº 211 (del 16 al 22 de mayo del 2011), p. 6.