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Reforma del artículo 203º de la Constitución, sobre legitimación para presentar demandas de inconstitucionalidad

LUIS ALBERTO HUERTA GUERRERO
Abogado, Magíster en Derecho Constitucional y Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Procesal Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

El 20 de agosto de 2017 fue publicada en el diario oficial “El Peruano” la Ley Nº 30651, por la cual se reforma el artículo 203º de la Constitución Política de 1993, agregándose el siguiente texto:

“Artículo 203º.- Están facultados para interponer acción de inconstitucionalidad: […]3) El Presidente del Poder Judicial, con acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia”.

De esta forma, se aborda una materia que fue objeto de observación por el Tribunal Constitucional en la sentencia STC 006-2009-AI/TC (publicada en el diario oficial “El Peruano” el 10 de abril de 2010), relacionada con la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz Ramos, contra diversos artículos de la Ley Nº 29277, Ley de la Carrera Judicial. En sus considerandos, el Tribunal señaló:

“6. Por más que es notoria la decisión del Congreso Constituyente Democrático – CCD de no otorgarles a los presidentes del Poder Judicial la calidad de legitimados activos, toda vez que en la Constitución de 1979 sí la tenían [artículo 299º, inciso 2)], por la función constitucional que cumplen y por su rol en la tutela de los derechos fundamentales, incluso a través del control difuso, sería más coherente con el principio democrático aplicado al proceso que sí lo tenga. Esta decisión constituyente ha traído serias consecuencias puesto que, en casos como el planteado, en una norma que lo afecta directamente, el Presidente del Poder Judicial debe recurrir a uno de los sujetos legitimados, como es la Fiscal de la Nación”.

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Reforma del artículo 203, inciso 6, de la Constitución Política de 1993

Por: Luis Alberto Huerta Guerrero

Doctor en Derecho y Magíster en Derecho Constitucional. Profesor de Derecho Procesal Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

El 10 de marzo del 2015 fue publicada en El Peruano la Ley Nº 30305, por medio de la cual se reforman los artículos 191º, 194º y 203º de la Constitución Política de 1993. En lo que corresponde a los temas que se abordan en este blog se debe hacer referencia a la reforma del artículo 203. En realidad, no se reforma todo el artículo sino solo uno de sus incisos, el número 6, sobre la competencia de las autoridades regionales y locales para interponer una demanda de inconstitucionalidad.

La reforma se realiza básicamente con la finalidad de concordar la nueva denominación que a partir de la vigencia de la Ley Nº 30305 tendrán las autoridades ejecutivas de los gobiernos regionales, que de llamarse “Presidente regional”(o Presidenta regional) pasan a denominarse “Gobernador regional” (o Gobernadora regional). En este sentido, el nuevo texto del artículo 203, inciso 6, de la Constitución, sobre la legitimidad para interponer una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional queda establecido de la siguiente manera:

“Artículo 203.- Están facultados para interponer acción de inconstitucionalidad: (…)

6. Los Gobernadores Regionales con acuerdo del Consejo Regional, o los alcaldes provinciales con acuerdo de su Concejo, en materias de su competencia”.

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Sustentación de tesis sobre control constitucional de normas que reiteran un contenido declarado incompatible con la Constitución

El miércoles 22 de octubre del 2014 tuve ocasión de participar como Jurado en la sustentación de la Tesis “La rebeldía del legislador: reflexiones en torno al objeto del proceso de inconstitucionalidad”, presentada por José Miguel Rojas Bernal para optar por el Título de Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mediante la expresión “rebeldía del legislador” se hace referencia a la aprobación por el Congreso de la República de una ley de contenido idéntico a una previamente declarada incompatible con la Constitución por el Tribunal Constitucional.

El tesista con los integrantes del Jurado.

En las conclusiones de la tesis se realizan afirmaciones que dieron lugar a un importante diálogo académico durante la sustentación. Así, se afirma que la “rebeldía del legislador” afecta la supremacía del Tribunal Constitucional con relación a la interpretación de la Constitución y que la ley reiterativa no goza de presunción de constitucionalidad porque se encuentra manifiestamente en contra del texto constitucional y su interpretación autorizada por el Tribunal, vulnerando el principio de concordancia práctica y de separación de poderes. Del mismo modo, se afirma en la tesis que la rebeldía legislativa a una sentencia de inconstitucionalidad contraviene la cosa juzgada material de dicha sentencia, pues de ésta se puede deducir para el legislador una obligación negativa de no reproducir, con una ley ordinaria, la norma declarada inconstitucional por el Tribunal.

Invitamos al público interesado a revisar esta tesis, que recibió la mención de Sobresaliente, disponible en la Hemeroteca de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Luis Alberto Huerta Guerrero

Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Procesal Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

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