Archivo del Autor: Luis Alberto Huerta Guerrero

Acerca de Luis Alberto Huerta Guerrero

- Abogado, Magíster en Derecho Constitucional y Doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. - Profesor de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. - Ha sido docente de la Academia de la Magistratura del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Andina Simón Bolívar, institución académica de la Comunidad Andina. - Labor profesional actual: Procurador Público Especializado en Materia: Responsable de la defensa de las normas y competencias del Poder Ejecutivo a través de los procesos de inconstitucionalidad, acción popular y competencial. . Ha sido Procurador Público Especializado Supranacional: Responsable de la defensa del Estado peruano ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los Comités de Derechos Humanos de Naciones Unidas. - Ha laborado en la Presidencia del Consejo de Ministros (Oficina de Coordinación Parlamentaria). - Ha sido Asesor Principal de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República del Perú (período legislativo 2009-2010 y primera mitad del período 2010-2011). - Ha sido Asesor Jurisdiccional del Tribunal Constitucional peruano, Comisionado de la Adjuntía en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo del Perú, así como Investigador y Analista del Area de Derechos Humanos de la Comisión Andina de Juristas. Asimismo ha realizado labores profesionales en la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial. - Autor de diversos libros e investigaciones sobre Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional, tales como: "Protección de Derechos Humanos: Definiciones Operativas" (1997), "Los procesos de amparo y hábeas corpus: un análisis comparado" (2000), "Libertad de Expresión y Acceso a la Información Pública" (2002), "Libertad de expresión: fundamentos y límites a su ejercicio". entre otros. Lima, mayo de 2017

Reforma del artículo 203º de la Constitución, sobre legitimación para presentar demandas de inconstitucionalidad

LUIS ALBERTO HUERTA GUERRERO
Abogado, Magíster en Derecho Constitucional y Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Procesal Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

El 20 de agosto de 2017 fue publicada en el diario oficial “El Peruano” la Ley Nº 30651, por la cual se reforma el artículo 203º de la Constitución Política de 1993, agregándose el siguiente texto:

“Artículo 203º.- Están facultados para interponer acción de inconstitucionalidad: […]3) El Presidente del Poder Judicial, con acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia”.

De esta forma, se aborda una materia que fue objeto de observación por el Tribunal Constitucional en la sentencia STC 006-2009-AI/TC (publicada en el diario oficial “El Peruano” el 10 de abril de 2010), relacionada con la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz Ramos, contra diversos artículos de la Ley Nº 29277, Ley de la Carrera Judicial. En sus considerandos, el Tribunal señaló:

“6. Por más que es notoria la decisión del Congreso Constituyente Democrático – CCD de no otorgarles a los presidentes del Poder Judicial la calidad de legitimados activos, toda vez que en la Constitución de 1979 sí la tenían [artículo 299º, inciso 2)], por la función constitucional que cumplen y por su rol en la tutela de los derechos fundamentales, incluso a través del control difuso, sería más coherente con el principio democrático aplicado al proceso que sí lo tenga. Esta decisión constituyente ha traído serias consecuencias puesto que, en casos como el planteado, en una norma que lo afecta directamente, el Presidente del Poder Judicial debe recurrir a uno de los sujetos legitimados, como es la Fiscal de la Nación”.

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Curso de Especialización Avanzada en Derecho Procesal Constitucional – Edición 2017

LUIS ALBERTO HUERTA GUERRERO
Abogado, Magíster en Derecho Constitucional y Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Procesal Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Se encuentra abierta la inscripción para el Curso de Especialización Avanzada en Derecho Procesal Constitucional (edición 2017), actividad organizada por el Centro de Educación Continua (CEC) de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta ocasión, la Coordinación Académica recae en mi persona.

En términos generales, como lo señala el CEC en su página web, los Cursos de Especialización Avanzada son “estudios de perfeccionamiento que proporcionan una alternativa sólida de especialización orientada a la actualización de conocimientos de profesionales en determinada especialidad. Los cursos se estructuran en tres módulos, totalizando 150 horas de clases”.

En el caso específico del Curso de Especialización Avanzada en Derecho Procesal Constitucional, el mismo se orienta a fortalecer las capacidades de los profesionales en Derecho respecto a los procesos constitucionales y la magistratura constitucional, temas que si bien han merecido especial atención por parte de diversos académicos y profesionales, todavía requieren una mayor atención por parte de los abogados en general, dedicados a la labor jurisdiccional, el litigio o la consultoría. Por ello, el diseño del curso se orienta a ofrecer al público interesado un desarrollo amplio de los principales temas que son objeto de estudio en el campo del Derecho Procesal Constitucional. A partir de esta edición se ha agregado como parte de los temas a abordar, la protección de derechos en el ámbito del sistema interamericano de derechos humanos, que actúa de forma subsidiaria y complementaria a la protección interna.

Para la edición del año 2017, manteniendo la línea de ediciones anteriores, se ha convocado a docentes con amplia experiencia sobre la materia, no solo en el ámbito académico, sino también en el campo profesional, aspecto esencial para el estudio de una disciplina que es esencialmente práctica, por cuanto su objetivo es alcanzar la adecuada y efectiva tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales y de la supremacía normativa de la Constitución. Queda en manos de los docentes ofrecer la mejor formación jurídica posible, compromiso que desde ya se encuentra asegurado.

Enlaces relacionados:

– Página general sobre los cursos de especialización avanzada ofrecidos por el CEC de la PUCP.
– Contenido del Curso de Especialización Avanzada en Derecho Procesal Constitucional 2017.
– Plana docente del Curso de Especialización Avanzada en Derecho Procesal Constitucional 2017.
– Cronograma del Curso de Especialización Avanzada en Derecho Procesal Constitucional 2017.

 

Caso Wong Ho Wing: Tribunal Constitucional ratifica que nunca ordenó al Poder Ejecutivo rechazar su extradición a la República Popular China

LUIS ALBERTO HUERTA GUERRERO
Abogado, Magíster en Derecho Constitucional y Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Procesal Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

La controversia en torno a la decisión del Estado peruano de extraditar al ciudadano de nacionalidad china Wong Ho Wing a la República Popular China continúa su curso. Al respecto, el Tribunal Constitucional peruano ha publicado en su portal institucional su más reciente decisión sobre la materia. En este post comentaremos los alcances de dicha sentencia desde la perspectiva del Derecho Procesal Constitucional.

Un proceso de extradición atraviesa por diferentes etapas e instancias, desde el pedido de extradición hasta la ejecución de la misma en caso sea concedida. En lo que a la decisión de extradición se refiere, se requiere un pronunciamiento previo de la Corte Suprema sobre su procedencia, luego de lo cual corresponde tomar una decisión final al Poder Ejecutivo.

En el caso del pedido de extradición del señor Wong Ho Wing, solicitado por la República Popular China al Estado peruano, desde un inicio su defensa interpuso diversas demandas de hábeas corpus, así como solicitudes de medidas cautelares y provisionales ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente. Este permanente cuestionamiento al desarrollo del proceso de extradición, tanto a nivel interno como internacional, contribuyó a que la controversia se volviese compleja. Sigue leyendo

Defensa del Estado peruano ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos: la Procuraduría Pública Especializada Supranacional presenta su Informe Anual 2015

Luis Alberto Huerta Guerrero
Abogado, Magíster en Derecho Constitucional y Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Procesal Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú*.

La Procuraduría Pública Especializada Supranacional es el órgano competente y especializado en materia de defensa jurídica y representación procesal del Estado peruano ante las instancias supranacionales de protección de derechos humanos, como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Anualmente, tanto la Comisión como la Corte Interamericana emiten sus respectivos informes anuales, con importante y valiosa información sobre el desarrollo de sus actividades y los casos que son de su competencia, la misma que resulta de sumo interés para el estudio y análisis sobre el funcionamiento del sistema interamericano de protección de derechos humanos.

En atención a una política de transparencia y acceso del ciudadano a un mejor conocimiento de la protección internacional de los derechos humanos, la Procuraduría Pública Especializada Supranacional ha elaborado su Informe Anual 2015, el cual se encuentra publicado en el portal institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Conforme se señala en la Presentación, se trata del primer informe anual elaborado por esta Procuraduría, con fines de difusión pública, y que se enmarca en una línea de trabajo que busca ser permanente y enriquecida a partir de las sugerencias y comentarios sobre su contenido. De esta manera, se cuenta ahora con información desde uno de los Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en este caso, desde el Estado peruano, con relación a los procesos que se siguen ante los órganos internacionales de protección de derechos humanos.

Como siempre lo afirmó en las aulas universitarias, la realidad y la práctica de los procesos de tutela de derechos fundamentales, tanto nacionales como internacionales, constituyen una fuente esencial para el estudio y análisis de los procedimientos e instancias responsables de dicha tutela, lo cual debe servir para fortalecer las capacidades de actuación en tales procedimientos y ante tales instancias por parte de quienes, como el Estado peruano, intervienen en un litigio internacional ante órganos supranacionales de protección de derechos humanos.

Se puede revisar aquí el: Informe Anual de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional

* Resulta importante indicar que desde octubre de 2012 me desempeño como Procurador Público Especializado Supranacional, responsable de la dirección de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional y Agente del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Mediante un decreto supremo se dispone acatar una sentencia de acción popular

Por: Luis Alberto Huerta Guerrero
Abogado, Magíster en Derecho Constitucional y Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Procesal Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

El jueves 30 de abril del 2015 fue publicado en el diario oficial “El Peruano” el Decreto Supremo Nº 10-2015-EM, cuyo contenido resulta bastante singular, pues a través del mismo se dispone acatar una sentencia emitida en un proceso de acción popular.

De acuerdo con los considerandos de la norma, su expedición obedece a una resolución emitida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de acuerdo a la cual “el Ministerio de Energía y Minas debe informar documentalmente del cabal cumplimiento de [una] Ejecutoria Suprema”. En atención a ello, el artículo 1º del Decreto Supremo dispone:

“ACATAR la Sentencia A.P. Nº 2232-2012, de fecha 23 de mayo de 2013, emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, en el sentido que, a partir del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial El Peruano de la Sentencia A.P. Nº 2232-2012, se consideran nulas las siguientes disposiciones [se citan las normas]”. Sigue leyendo

Reforma del artículo 203, inciso 6, de la Constitución Política de 1993

Por: Luis Alberto Huerta Guerrero

Doctor en Derecho y Magíster en Derecho Constitucional. Profesor de Derecho Procesal Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

El 10 de marzo del 2015 fue publicada en El Peruano la Ley Nº 30305, por medio de la cual se reforman los artículos 191º, 194º y 203º de la Constitución Política de 1993. En lo que corresponde a los temas que se abordan en este blog se debe hacer referencia a la reforma del artículo 203. En realidad, no se reforma todo el artículo sino solo uno de sus incisos, el número 6, sobre la competencia de las autoridades regionales y locales para interponer una demanda de inconstitucionalidad.

La reforma se realiza básicamente con la finalidad de concordar la nueva denominación que a partir de la vigencia de la Ley Nº 30305 tendrán las autoridades ejecutivas de los gobiernos regionales, que de llamarse “Presidente regional”(o Presidenta regional) pasan a denominarse “Gobernador regional” (o Gobernadora regional). En este sentido, el nuevo texto del artículo 203, inciso 6, de la Constitución, sobre la legitimidad para interponer una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional queda establecido de la siguiente manera:

“Artículo 203.- Están facultados para interponer acción de inconstitucionalidad: (…)

6. Los Gobernadores Regionales con acuerdo del Consejo Regional, o los alcaldes provinciales con acuerdo de su Concejo, en materias de su competencia”.

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Relaciones entre jueces, abogados y funcionarios: algunas notas para el análisis del comportamiento ético a nivel de la justicia constitucional

Por: Luis Alberto Huerta Guerrero

Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Procesal Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Uno de los componentes más importantes en la enseñanza universitaria lo constituye la explicación de aquellas situaciones que implican una falta contra la ética profesional, independientemente de si los hechos constituyen un delito, pues esto último se analiza sobre la base de otras categorías.

Por ello, en un curso de Derecho procesal constitucional es imposible dejar de mencionar lo ocurrido con la justicia constitucional en el Perú en la década de los noventa del siglo pasado. Afortunadamente, existen diferentes fuentes que permiten recordar esos hechos. Así, en una reciente edición del semanario “Hildebrandt en sus trece” (Número 228, del 28 de noviembre del 2014, pp. 28 y 29) se transcriben extractos de un vídeo entre el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres y el representante de una empresa. Este último informa al señor Montesinos sobre los problemas legales que tiene con la Municipalidad Metropolitana de Lima con relación a la construcción de una fábrica de su empresa en una zona de protección ecológica, situación ante la cual se presentó una demanda de amparo. El caso es bastante conocido.

Lo que en este post interesa resaltar es que al conocer los hechos planteados por el empresario, el señor Montesinos pide contactarse con uno de los jueces que ese momento se encontraba a cargo de los juzgados especializados en derecho público. Como había dos juzgados, deseaba conocer en cuál de ellos se encontraba en trámite la demanda para a partir de esa información concertar una reunión con el juez y en presencia del representante de la empresa.

 

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Sustentación de tesis sobre control constitucional de normas que reiteran un contenido declarado incompatible con la Constitución

El miércoles 22 de octubre del 2014 tuve ocasión de participar como Jurado en la sustentación de la Tesis “La rebeldía del legislador: reflexiones en torno al objeto del proceso de inconstitucionalidad”, presentada por José Miguel Rojas Bernal para optar por el Título de Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mediante la expresión “rebeldía del legislador” se hace referencia a la aprobación por el Congreso de la República de una ley de contenido idéntico a una previamente declarada incompatible con la Constitución por el Tribunal Constitucional.

El tesista con los integrantes del Jurado.

En las conclusiones de la tesis se realizan afirmaciones que dieron lugar a un importante diálogo académico durante la sustentación. Así, se afirma que la “rebeldía del legislador” afecta la supremacía del Tribunal Constitucional con relación a la interpretación de la Constitución y que la ley reiterativa no goza de presunción de constitucionalidad porque se encuentra manifiestamente en contra del texto constitucional y su interpretación autorizada por el Tribunal, vulnerando el principio de concordancia práctica y de separación de poderes. Del mismo modo, se afirma en la tesis que la rebeldía legislativa a una sentencia de inconstitucionalidad contraviene la cosa juzgada material de dicha sentencia, pues de ésta se puede deducir para el legislador una obligación negativa de no reproducir, con una ley ordinaria, la norma declarada inconstitucional por el Tribunal.

Invitamos al público interesado a revisar esta tesis, que recibió la mención de Sobresaliente, disponible en la Hemeroteca de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Luis Alberto Huerta Guerrero

Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Procesal Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

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Una demanda de acción popular no procede contra un comunicado de una entidad estatal publicado en su página web

Por: Luis Alberto Huerta Guerrero

Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Procesal Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

La mejor manera de enseñar Derecho Procesal Constitucional –y en realidad cualquier disciplina- es explicar los fundamentos de una determinada institución jurídica y luego proceder a plantear un caso concreto en donde se apliquen los conceptos desarrollados. La gran ventaja que ofrece el ejercicio profesional a través de los procesos ante los órganos jurisdiccionales en los que uno interviene es que los ejemplos o casos a analizar no tienen que ser inventados, dado que la realidad los ofrece  en abundancia.

Así por ejemplo, cuando en una clase sobre el proceso de acción popular se aborda el tema de las normas objeto de control corresponde explicar aquellas que pueden ser impugnadas o cuestionadas a través de esta vía, lo cual implica explicar el amplio número de normas que existen en nuestro ordenamiento jurídico y que pueden ser consideradas como normas administrativas de carácter general. Se pueden colocar desde los ejemplos más conocidos, como la procedencia de una acción popular contra reglamentos de las leyes, hasta los menos conocidos, como la interposición de demandas contra directivas o resoluciones que aprueban documentos que sirven de base para el desarrollo de las actividades de la administración.

Luego de exponer aquellos casos en donde procede una demanda de control normativo abstracto, corresponde explicar aquellas situaciones en donde no puede entenderse que exista una norma administrativa y que, por lo tanto, debe llevar a la autoridad judicial a declarar improcedente la demanda, o en el mejor de los casos, pronunciarse desde el inicio declarando su inadmisibilidad.

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Congreso elige seis nuevos magistrados del Tribunal Constitucional

Por: Luis Alberto Huerta Guerrero
Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Procesal Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

El Congreso de la República eligió a seis nuevos integrantes del Tribunal  Constitucional, quienes reemplazarán a igual número de magistrados cuyo período de cinco años en el cargo se había vencido hace buen tiempo. El proceso de renovación no fue sencillo pero permite diversas reflexiones.

La frustrada elección de julio del 2013

El 17 de julio del 2013 el Congreso de la República realizó una votación para elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, así como a tres miembros del Banco Central de Reserva y al titular de la Defensoría del Pueblo. En el caso concreto del Tribunal Constitucional, fueron elegidos como magistrados Ernesto Blume Fortini, Francisco Eguiguren Praeli, Cayo Galindo Sandoval, Víctor Mayorga Miranda, José Luis Sardón y Víctor Sousa Huanambal.

Una deficiencia de este proceso de elección lo constituyó que fuera por invitación antes que por un concurso público, resultado de una decisión política que llevó incluso a la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que no establecía la invitación como un medio para postular. A lo expuesto debe agregarse que antes de la votación no hubo debate alguno en el Pleno del Congreso sobre el perfil y trayectoria profesional de los candidatos, como se aprecia claramente en el Diario de Debates del 17 de julio del 2013, fecha en que se produjo la elección. Sólo hubo un debate previo, a pedido de algunos congresistas, sobre la forma de elección, que se realizó en bloque (todos los candidatos a la vez) y no de forma individual. En dicho debate se hizo evidente la discrepancia respecto a algunos candidatos. Vale la pena recordar algunas de estas intervenciones.

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