Cuando queremos analizar porque ocurren actos de corrupción, podríamos señalar una hipótesis inicial, con cargo a desarrollarla con mayor énfasis más adelante, la cual consiste en que, cuando los gobiernos gozan de un mayor libertad en la toma de decisiones y de mayores mecanismos discrecionales para alterar y asignar recursos, existen mayores posibilidades para que dichos recursos y las ventajas resultantes puedan ser utilizadas para fines inadecuados o ilegales (1).

En otras palabras, mientras mayor control posea el Estado sobre la economía y la sociedad, mientras existan mayores limitaciones a las actividades de los particulares y mayores restricciones institucionales al intercambio económico, mayor serán las posibilidades de que el sistema político se corrompa. En una democracia saludable los mecanismos de control funcionan de manera adecuada, limitando la generación de actos de corrupción. Además, en este contexto juega un rol preponderante la existencia de mecanismos de participación y control ciudadanos.

En consecuencia, mientras mayor sea la influencia del aparato estatal en la economía y el orden político de un país, mayores serán las posibilidades de que encontremos fenómenos de corrupción. De hecho, los gobiernos colectivistas y totalitarios – caracterizados por implicar aparatos estatales grandes y muy centralistas – han sufrido con gran amplitud de serios procesos de corrupción.

En contraposición, los estados partidarios de una economía de mercado deberían mostrarse menos corruptos (2). En muchos casos, la corrupción ocurre por la acumulación de capital en manos de determinados detentadores de poder, situación que no es propia de un esquema de libre mercado, sino más bien de una economía mercantilista, donde además no existen incentivos adecuados a nivel del funcionamiento del sistema legal.

Si queremos explicarlo de manera económica, empleando el análisis propio del Public Choice, vemos que el móvil del comportamiento corrupto del funcionario público ocurre puesto que él pretende ampliar la cuota de poder que se posee, en la lógica búsqueda de rentas (3), buscando obtener un provecho indebido del cargo que ocupa, sea por elección o por designación.

Ahora bien, y tal como lo hemos señalado líneas arriba, la libre disposición de recursos por parte de ciertos agentes de Gobierno, la posibilidad de otorgar ventajas y privilegios y la capacidad de redistribuir recursos a través del sistema impositivo permiten una libertad de acción muy grande a favor del Estado (4). Cabe señalar entonces que la economía de mercado, cuyas distorsiones sean corregidas correctamente, es menos consistente con los actos de corrupción (5).

En la práctica, lo que se está generando es una privatización de lo que es público por definición. Fondos, decisiones o recursos que deben destinarse a actividades en beneficio de todos se utilizan más bien en beneficio de algunas personas o empresas particulares. La corrupción implica siempre una abdicación, por parte del Estado, de sus funciones de garante del interés general.

Si a ello le sumamos el comportamiento racional del funcionario público, al cual ya nos hemos referido, el resultado es bastante claro: el riesgo de situaciones corruptas va a estar siempre latente, y se da efectivamente en muchas áreas del Estado. Como resultado, este fenómeno encuentra un caldo de cultivo ideal en regímenes en los cuales el nivel de intervención es elevado y donde los mecanismos democráticos funcionan de manera deficiente.

Es preciso señalar finalmente, que existen discutibles estudios respecto a una posible relación favorable entre la corrupción y el crecimiento económico (6). Sin embargo, en los últimos tiempos, ya existe un mayor consenso respecto de los perjuicios que genera la corrupción a una economía determinada. Resulta evidente que la corrupción afecta seriamente el crecimiento económico, generando pérdidas incalculables a la sociedad y al mercado.

 

1. CHAFUEN, Alejandro y GUZMÁN, Eugenio – Estado y Corrupción. En: Serie Documentos de Trabajo N.° 274. Santiago de Chile: Centro de Estudios Públicos, 1997, p. 8.

2. El Comercio – “Corrupción ideológica”. Editorial del 27 de enero de 2017.

3. Sobre el particular: LEON MENDOZA, Juan – “Análisis económico de la corrupción”. En: Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, Año V N.° 18. Lima: UNMSM, 2000, p. 90 y ss.

4. Sobre el particular: SIMONETTI, José María – “Notas sobre la corrupción”. En: Pena y Estado, revista latinoamericana de política criminal, N.° 1. Buenos Aires: Editores del Puerto, 1995, p. 182. El autor también hace una importante referencia a la intervención del Estado en la vida económica de la sociedad. En vez de prestar atención a los temas de real importancia, el Estado está más bien utilizando su poder en beneficio de algunos cuantos, y a cambio de ventajas económicas y políticas para quienes se encuentran en el poder.

5. Sobre el particular, y para el caso chileno: REHREN, Alfredo – “Clientelismo Político, Corrupción y Reforma del Estado en Chile”. En: Reforma del Estado Vol. II. Santiago de Chile: Centro de Estudios Públicos, 2000, p. 157.

6. BBC Mundo – “¿La corrupción favorece el crecimiento de las economías?” En: El Comercio. 14 de marzo de 2018.