Miercoles, 06 de noviembre de 2013 | 7:18 am

El 19 de agosto, ellas caminaron varias horas desde sus comunidades para dar, una por una, su testimonio al fiscal Guzmán Baca que se hallaba en Huancabamba, la provincia de Cajamarca en la que Fujimori aplicó con mayor agresividad el programa de esterilización forzada. Ellas revelaron presiones de militantes fujimoristas para silenciar denuncias y ocultar su política criminal. Inés Ruiz Alvarado (*)

Hasta fines de mayo y comienzos de junio último, un grupo de personas encargadas de recolectar firmas a favor del indulto a Alberto Fujimori recorrieron algunos pueblos de la provincia de Huancabamba en una misión que fue más allá de ese pedido de gracia negado finalmente el 8 de junio por el actual presidente de la República.

En ese afán, a cambio de rúbricas de respaldo al indulto, los comisionados ofrecieron  ayuda en medicinas y comida. Pero también transmitieron una clara amenaza. Cualquier mujer “ligada” –que es como llaman en la zona a las esterilizaciones practicadas durante el gobierno fujimorista– se abstendrá de denunciar el hecho ante la llegada de un fiscal de Lima, so pena de terminar en la cárcel.

La anunciada visita del representante del Ministerio Público se produjo el lunes 19 de agosto. El fiscal Marco Guzmán Baca arribó a la ciudad de Huancabamba, y a modo de recepción fue sorprendido con un desfile de más de un centenar de mujeres que, conocedoras de su llegada, marcharon por las angostas calles de la capital de la provincia portando banderolas con el lema “Justicia y Reparación”.  

Huancabamba fue una de las provincias peruanas donde el programa de esterilizaciones masivas del gobierno de Fujimori en los años 90 se impulsó agresivamente.

No existen estadísticas precisas porque los expedientes del programa que guardaba el único Centro de Salud con que cuenta la provincia de Huancabamba desaparecieron cuando tal política se hizo pública. Solo se dispone de estimaciones extraoficiales que calculan en no menos de tres mil el número de esterilizaciones practicadas en los ocho distritos huancabambinos.

Pruebas irrefutables existen: las mujeres víctimas del programa en sí, que durante largo tiempo prefirieron permanecer indiferentes, decidieron romper su silencio, ahora que se actualizó su caso.

EN ZONAS ALEJADAS

Las indagaciones previas a la llegada del fiscal Guzmán Baca recogieron solamente en la capital de Huancabamba más de 200 firmas de mujeres que se declararon víctimas del programa de esterilizaciones. El mayor número de “ligadas” vive en los caseríos de Carmen de la Frontera, Ñangali y Zacalache, los más remotos de la provincia.

Modestas mujeres procedentes de estos alejados lugares llegaron el lunes 19, tras varias horas de caminata hasta la capital de la provincia, para entrevistarse con el fiscal Marco Guzmán Baca y testimoniarle las prácticas forzadas a las que fueron sometidas.

Lo curioso de la visita del magistrado es que ésta se limitó a un solo día y se circunscribió únicamente a la ciudad de Huancabamba. No fue a ningún caserío.

Algo más, el plan inicial del magistrado fue restringir el número de sus entrevistas a 60 mujeres dispuestas a declararse víctimas. Ante la abrumadora presencia de más de un centenar de mujeres esterilizadas deseosas de hablar con él hizo que Guzmán Baca se viera obligado a entrevistar a todas, una por una.

En los pobladores de la sierra piurana ha quedado flotando la duda de por qué el fiscal impuso estas restricciones para su diligencia. Puede haber dos respuestas ante esa decisión. Una primera es que haya influido la presión de los personajes que meses antes de la visita del fiscal se dedicaron estratégicamente a amenazar y a esparcir el miedo entre las mujeres.

O tal vez fue la lejanía de los caseríos, ubicados a más de tres horas de caminata a pie, uno del otro, lo que los desalentó. En los años noventa, estas distancias no fueron un obstáculo para promover y ejecutar el programa de esterilizaciones, entonces ¿por qué ahora la autoridad del Ministerio Público no se tomó similar molestia?

TESTIMONIOS DE VIDA

Esperanza Guayana es una huancabambina que fue intervenida por la fuerza como parte del Programa AQV (Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria) de esterilizaciones llevado a cabo en el Perú entre 1996 y 1998 bajo el discreto nombre de “Plan de Salud Pública”.

Antes de ser entrevistada por el fiscal, Esperanza Guayana no dudó un segundo en contar su historia con la misma entereza y sencillez que lo hizo en su primer momento.

“Yo no sabía, pero cuando me operaron había estado en el cuarto mes de embarazo.  Yo le escuché decir al doctor cuando me estaban operando:  “esta señora está embarazada”, entonces le dije “ay, doctor, si estoy así no quiero que me saque a mi bebe”. Me pusieron inyecciones y me dormí…, los ocho meses de embarazo yo sufría con mi hijito dentro, yo sufría harto, hasta ahora no puedo trabajar igual…, ahora me canso de llorar a mi hijito…, mi hijito perdió su vida y yo también casi me muero…varias de mis amigas han muerto… a nosotras nos han hecho mucho daño”.

Así como Esperanza Guayana, otras mujeres también se armaron de valor para hacer memoria y referir lo que los médicos del Ministerio de Salud de aquella época hicieron con ella. Es el caso de Cleofé Neyra:

“Mi esposo no quería, pero la enfermera venía todos los días. Ella me decía: Paulina, ya te animaste para que te ligues para que ya no tengas tantos hijos, mucho te estás llenando de hijos, ya vas a tener como cuy. Ya ves, tu hija está flaca porque no le estás alimentando bien, no comes bien. ¿Y dónde está tu esposo para conversar con él?, porque él tiene que firmar para poder ligarte”, fue su testimonio.

Por su parte María Rivera recordó que “cuando me hicieron esta ‘ligación’ yo casi no quería. Mi esposo fue el apurado. La ambulancia vino a recogernos y nos llevaron al hospital. Me operaron el 12 de febrero y mi esposo firmó. Yo no firmé. Yo casi no quería, pero rogaban, con esto te vas a quedar bien, decían. Ofrecían comida pero no cumplían. No tengas miedo, me decían, tranquila, tranquila. Yo pensaba qué ley será esa…”.

Lo que vivió Feliciana Condeso no es tan distinto:

“Como yo me cuidaba con ampolla me dijeron que ya no me iban a dar la ampolla –el hospital– que nos teníamos que hacer ligar. Yo firmé un consentimiento. No me dieron ningún folleto. No les dije ni a mi esposo ni a mis hijos porque dijeron que iba a ser un simple cortecito…Ahora mi esposo se ha ido porque paro con hemorragias. Como sentía dolor mi esposo se fue, porque estaba adolorida y no le gustó”, lamentó.

El caso de Juana revela el abuso y la crueldad con que se aplicó aquel programa de control de natalidad.

“Como su mamá es humilde –narra la madrina de Juana que me sirvió de intérprete– ella no sabe leer ni escribir, le engañaron que no le iba a pasar nada, que después va a quedar mejor, y que le van a apoyar, tantas cosas. La mamá se resistió para que no la ligaran y entonces a la mala la cogieron, o sea la jalaron y la subieron al carro y la trajeron a Huancabamba, aprovechando que no podía hablar, que no escuchaba y cometieron ese abuso”.

Estos son algunos de los cientos de relatos que el fiscal Marco Guzmán Baca escuchó el  19 de agosto.

SOLO PIDEN JUSTICIA

Las mujeres que fueron esterilizadas en contra de su voluntad o bajo métodos coercitivos vienen buscando justicia hace ya más de diez años. Y es terrible tener que victimizar a la víctima para que recién reaccionen las autoridades y la sociedad en su conjunto.

La visita del fiscal Marco Guzmán Baca a Huancabamba ha marcado un antes y un después para las víctimas de las esterilizaciones, quienes esperan ansiosas una respuesta clara de las autoridades. Y con todo derecho.

(*) Datos de la autora: Realizadora del Documental, Una voz Estéril (2012). Comunicadora por la Universidad del País Vasco, España.

 

Pedido de un perito legista para verificar cirugías no es atendido

 

El 23 de octubre, en entrevista con Josefa Ramírez, coordinadora del Instituto de Apoyo al Movimiento Autónomo de Mujeres Campesinas, el fiscal Marco Guzmán Baca manifestó que a fines de agosto, e inmediatamente después de su visita a Huancabamba, dirigió el oficio 29-2011/2013 -2 FMS-MP-FN (Caso esterilizaciones forzadas) al doctor Gino Dávila Herrera, jefe nacional del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público.

En la carta indica que después de recibir declaraciones  de 200 agraviadas, “se dispuso que las mismas pasen al reconocimiento médico legal y pericia psicológica, ya que en Huancabamba no se cuenta con personal médico legal ni psicológico, por lo cual se solicita a la brevedad designar a los peritos respectivos para la realización de dichas pericias médicas”. Pero, según Josefa Ramírez, a Huancabamba aún no llega ningún médico legista.

 

Política criminal

 

215,227 ligaduras de trompa se realizaron entre 1996 y el 2000, en su mayoría mujeres campesinas.

16 mil hombres fueron sometidos a una vasectomía.

18 mujeres murieron a causa de mala praxis médica. El caso emblemático es el de Mamérita Mestanza.