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Consulta: ¿Cómo debe notificarse una multa no tributaria?

Pregunta:

Me parece interesante la opinión de vuestra persona, toda vez que ambas figuras podrían entenderse lo mismo o confundirse, cuando cada uno cambia dependiendo los hechos y la regulación del mismo; e incluso para efecto de la notificación de la 27444 art 21.1; ejemplo José tiene una foto papeleta de las cuales su primera inquietud es esta multa es tributaria o no tributaria; respuesta que con vuestra opinión seria multa no tributarias se encuentra previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo General, que regula el procedimiento administrativo sancionador , mientras las multas tributarias es toda acción u omisión que importe violación de normas tributarias. E incluso la pregunta vendría aquí a efectos de la foto papeleta de José, donde deben de notificarle: DIRECCION DE RENIEC, SUNARP, LICENCIA DE CONDUCIR (MTC), SUNAT ( dirección consignado para recibos por honorarios); y aquí viene la diferencia si revisamos el artículo 11° de código tributario dice que el domicilio fiscal será fijado por el territorio nacional para efecto tributario OJO, mientras para el procedimiento sancionador MULTA NO TRIBUTARIA, deberá consignarse el domicilio consignado en la reniec y de no ubicar LA DIRECCIÓN EL NOTIFICADOR, publicar por edicto en un periódico de mayor circulación. Hago el comentario por lo siguiente; el sat notifica la fotopapeleta al domicilio consignado en reniec y el notificador dice que no encuentra la dirección, por lo tanto, se remiten a la página de la sunat, y encuentran la dirección que es diferente al ya descrito, y ahí si encuentran la ubicación, por lo tanto cuando va dejar, la persona que se encuentra se niega a recibirlo. La sanción es del año pasado, y cuando el auto tiene embargo en forma de secuestro, te avisan al correo personal. Nunca fuiste notificado, te acercas al sat, te dicen, si tiene razón no se ubicó su domicilio real, pero le notificaron en el de la sunat; pida una verificación de datos y una suspensión de procedimiento administrativo. recién llega las notificaciones a mi domicilio real hace dos días las respuestas de las dos solicitudes, aduciendo que el domicilio consignado o análogo será valido en aplicación del artículo 21.1 de la ley 27444, entonces que paso, se saltaron el paso y procedimiento, no siendo válido por lo ya antes expuesto. Usted que cree, son los mismo procedimiento a efectos del domicilio real y domicilio fiscal.

Nota: se transcribe en forma literal la pregunta tal y como ha sido formulada en el post.

Respuesta:

La regulación general de una multa o una sanción no pecuniaria se encuentra establecida en la Ley del Procedimiento Administrativa General y, de ordinario, cada entidad aprueba su propio reglamento, denominado Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas RASA o nombre similar.

Como bien se señala en la pregunta, el régimen legal de notificación de una multa no tributaria se encuentra previsto en el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General y no en el Código Tributario. Por lo tanto, si el administrado no ha señalado un domicilio con anterioridad, la Administración  debe considerar como su domicilio el señalado en su documento nacional de identidad y no su domicilio fiscal señalado ante la SUNAT o cualquier otro.

Un problema mayor no regulado por la LPAG son los efectos del rechazo de la notificación. En el ámbito tributario, por expresa disposición del Código Tributario, si al momento de la notificación se rechaza el documento, el notificador deberá de notificar el acto administrativo dejando constancia de la negativa y, en tal caso, la notificación surte efectos. No importa en este caso el motivo del rechazo (v.g. se mudó o no conoce al destinatario). Esta previsión legal no está contemplada en la LPAG y hasta se podría entender que la ley se preocupa por “encontrar” al administrado, lo que genera los problemas relatados en la pregunta.

En el caso planteado, en nuestra opinión, si el domicilio no puede ubicarse, el notificador deberá de confeccionar un acta en tal sentido (dejando constancia de sus datos de identidad y firma), y sólo en tal caso deberá de indagarse un domicilio alterno. Por supuesto, si con posterioridad el administrado demuestra que el domicilio existe, la notificación realizada en un domicilio alterno será invalida.

 

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Consulta: ¿una medida cautelar previa impugnada puede ejecutarse?

Una municipalidad emite una Resolución de Gerencia que ordena la clausura de un establecimiento como medida cautelar previa. Notificada la resolución, el administrado interpone recurso de apelación. Se pregunta si la medida cautelar previa puede ser ejecutada.

Respuesta:

La Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva regula en forma deficiente e insuficiente la medida cautelar previa y por eso surgen dudas respecto a su ejecución.

Sin entrar en mayor detalle debe indicarse que, en estos casos, por lo menos en teoría, existen dos procedimientos. Uno es, digamos, el expediente principal, la orden de clausura definitiva. En este caso el procedimiento administrativo discurre como todo procedimiento ordinario: emisión del acto administrativo, impugnación, agotamiento de la vía y proceso contencioso administrativo. El otro procedimiento es, digamos, el cautelar, la medida cautelar previa. En este caso, lo esencial es la ejecución inmediata de lo ordenado y que sirve al procedimiento principal. En este caso la eventual impugnación de la medida cautelar previa no detiene su ejecución debido, precisamente, a que se trata de una medida cautelar.

Un comentario final. Será improcedente la impugnación de una medida cautelar si lo que se pretende discutir es el fondo del asunto (v.g. discutir los fundamentos de la clausura), pero si puede admitirse la posibilidad de discutir los fundamentos que motivaron dictarse una medida cautelar previa (v.g. no existe un peligro en la demora). Sin embargo, nada dice la ley sobre estos supuestos ni la forma de solucionarlos.

IMPUESTO PREDIAL Y BASE PRESUNTA 

 

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Un  tema relevante es la utilización de la base presunta por parte de las municipalidades para determinar la obligación tributaria. El Código Tributario permite a la Administración Tributaria determinar la obligación tributaria utilizando:

a) Base cierta

En este caso se trata de elementos existentes que permiten conocer en forma directa el hecho generador de la obligación tributaria y su cuantía. Por ejemplo, si se realiza una fiscalización referente al impuesto general a las ventas y el contribuyente cuenta con los registros y comprobantes de sus compras y ventas, la Administración podrá utilizar estos elementos como base cierta para determinar la deuda tributaria; y,

b) Base presunta

Se utiliza en mérito a los hechos y circunstancias que, por relación normal con el hecho generador de la obligación tributaria, permiten establecer la existencia y cuantía de la obligación. Por ejemplo, si un administrado ha realizado operaciones gravadas no declaradas y no cuenta con registros, la Administración Tributaria podrá utilizar presunciones y asumir que el infractor ha obtenido ingresos. Para ello, equipara sus ingresos a los de una empresa o negocio de giro o actividad similar y determina el impuesto por pagar.

Como se comprenderá, cuando la Administración Tributaria utiliza una base presunta aplica una presunción legal, esto es, invierte la carga de la prueba y le basta fijar un hecho conocido y probado para derivar o extraer un hecho desconocido que se considera cierto.[1] En otras palabras, las presunciones “son las consecuencias que de un hecho conocido se extraen, por el legislador o el juzgador, con el fin de llegar a un hecho desconocido en base a determinadas reglas de experiencia”.[2]

Como señala atinadamente el profesor Jaime Morales, al no poder determinarse la deuda tributaria en virtud a los elementos directos vinculados con el hecho imponible, será necesario utilizar presunciones. Empero “la aplicación de la base presunta debe realizarse de manera supletoria, es decir, se recurrirá a ella cuando no sea posible aplicar la base cierta y siempre y cuando exista una ley habilitante”.[3] Es por tal razón que el Código Tributario permite utilizar la base presunta solo en determinados supuestos. Por ejemplo, cuando el contribuyente no ha presentado su declaración, cuando oculta ingresos o no exhibe los libros o registros contables aduciendo su pérdida o destrucción, etc.

En lo referido al impuesto predial ocurre que en muchas oportunidades las municipalidades comunican al deudor que, como parte del procedimiento de fiscalización, se ha previsto realizar una inspección al predio generador de la obligación. Pero ocurre que el contribuyente se niega a la referida inspección o no otorga las facilidades necesarias, por lo que no es posible realizar la inspección programada.

En tales casos, las municipalidades han decidido utilizar una base presunta para determinar el impuesto predial. Es decir, han determinado el área de un terreno, el área construida o las categorías de una edificación sin haber efectuado una inspección. Siguiendo el lema de mayo del 68, han llevado la “imaginación al poder” y han descrito un predio sin conocerlo. Pero esto no es lo único condenable. En realidad, lo que se cuestiona es que las municipalidades no cuentan con facultades para realizar este tipo de determinaciones. Esto debido a que “ni en la Ley de Tributación Municipal ni en el Código Tributario existe un procedimiento de presunción para determinar la obligación tributaria sobre base presunta”.[4] En efecto, no existe una norma legal que permita a la Administración Tributaria utilizar la base presunta en el caso de que no pueda efectuar la inspección de un predio y, por supuesto, tampoco se ha establecido en tales casos un procedimiento para aplicar presunciones.

[1] HERNÁNDEZ BERENGUEL, Luis. Las presunciones legales en el sistema tributario peruano. En Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario, Lima, 1985. También: PORTERO SÁNCHEZ, Luis Manuel. Las presunciones legales en el Derecho tributario y la influencia del Derecho comunitario. Fecha de consulta: 16/09/2016. <http://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/ 10396/7185/dyo3y4_portero.pdf?sequence=1>.

[2] SAAVEDRA RODRÍGUEZ, Rubén. Reflexiones en torno al uso de presunciones legales en la determinación de la obligación tributaria. En Doctrina y Casuística del Derecho tributario. Libro Homenaje al catedrático Francisco Escribano. YACOLCA ESTARES, Daniel (director). Editora y Librería Jurídica Grijley, Lima, 2010, pp. 185-213.

[3] MORALES MEJÍA, Jaime. Fiscalización Tributaria. Sustento de Operaciones. Ediciones Caballero Bustamante, Lima, 2010, p. 16.

[4] RTF N° 3295-7-2015 del 31 de marzo de 2015. En igual sentido RTF N° 15797-11-2013 del 17 de octubre de 2013 y 2358-11-2014 del 19 de febrero de 2014.

MODELO DE CARGO DE NOTIFICACIÓN CON ACTA (BAJO PUERTA)

Atiendo un pedido de mis buenos amigos de Cajamarca.
Este es un modelo de notificación bajo puerta. Advertencia: sólo aplicable para actos administrativos no tributarios o para actos dictados dentro de un procedimiento de ejecución coactiva.
Este modelo ha sido convalidado y aceptado por el Tribunal Fiscal conforme lo pueden apreciar en documento adjunto de fecha reciente. Ver aqui

CONVOCATORIA A EJECUTORES, AUXILIARES COACTIVOS Y AFINES

Nadie es una isla. O no debería serlo. Pero nosotros, los coactivos, somos islas. Aislados unos de otros, somos presa fácil. Ignoramos la suerte de los otros, aunque nos la imaginamos porque es la misma de nosotros. Sus denuncias, sus procesos disciplinarios, la hostilización, las difíciles condiciones de trabajo, sus dudas.

Hace muchos años intentamos romper ese aislamiento y creamos la Asociación Nacional de Ejecutores y Auxiliares Coactivos. Muchos la recuerdan: ¿y la Asociación?, me preguntan. Esbozo una sonrisa y no sé qué responder.

Y pasaron los años y la organización se ha convertido en una tarea pendiente. Y bueno, para ser breve, esta es una convocatoria nacional abierta a todos los coactivos y afines de todas las entidades y de todo el país para organizarnos. A todos los interesados por favor suscribirse al siguiente blog:

Dirección de correo

O sigan mi página de facebook y remitanme un breve correo o mensaje con sus nombres y apellidos, la entidad donde laboran, cargo y correo electrónico. La idea es capacitarnos, organizarnos, defendernos, promovernos. Nadie nos va a ayudar si nosotros no lo hacemos primero.

Breve comentario de la Ley N° 30185

* Publicado en la revista Actualidad Jurídica del mes de mayo de 2014.

 

El numeral 1 del artículo 23° del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva (en adelante LPEC) establece solo dos supuestos en los cuales un administrado puede interponer una demanda de revisión judicial:

a)  Cuando iniciado un procedimiento de ejecución coactiva se hubiera ordenado un embargo sobre los bienes del obligado; y,

b)  Después de concluido el procedimiento de ejecución coactiva.

El primer supuesto hace referencia a procedimientos de ejecución coactiva de obligaciones de dar suma de dinero por deudas tributarias y no tributarias, debido a que únicamente por tales obligaciones se pueden dictar y trabar embargos sobre bienes y ordenar su posterior remate. No resulta aplicable en el caso de procedimientos de ejecución coactiva de obligaciones de hacer y no hacer (tales como clausuras, suspensión de obras, demoliciones, etc.), ya que su ejecución solo requerirá realizar el acto material ordenado; es decir, trasladar en el plano fáctico lo idealmente ordenado en un acto administrativo. Por ejemplo, una orden de clausura se ejecutará mediante la realización del acto material de cierre del establecimiento, sin necesidad de otra actuación adicional.

Sin embargo, muchos jueces extendieron en forma perversa los efectos de la demanda de revisión judicial y entendieron que resultaba de aplicación en el caso de la ejecución de obligaciones de hacer y no hacer. Se trataba de una interpretación contraria en absoluto al texto expreso de la ley y que en la práctica condenó a la inacción a la Administración, lo que permitió el funcionamiento de establecimientos comerciales y la construcción de edificaciones sin contar con la respectiva licencia y exentas de cualquier control. Lo más grave es que esta práctica judicial alcanzó relativo consenso, a pesar que en un Pleno Nacional Contencioso Administrativo del año 2007 los jueces habían acordado no admitir a trámite este tipo de demandas.

La reciente Ley N° 30185 tiene por finalidad cerrar el paso a esta perniciosa y extendida práctica judicial. Lo que significa que a partir de su vigencia solo se podrán interponer demandas de revisión judicial en el caso de procedimientos de ejecución coactiva referidos a obligaciones de dar suma de dinero. No cabe interponer demandas de revisión judicial en contra de procedimientos de ejecución coactiva referidos a la ejecución de obligaciones de hacer y no hacer. De igual forma, aunque la ley aprobada no lo precisa, no cabe interponer demandas de revisión judicial en contra de la ejecución de medidas cautelares previas de obligaciones de hacer y no hacer (supuesto previsto en el artículo 13° de la LPEC), ya que en este caso tampoco se embargan ni afectan bienes, sin mencionar que en estricto no nos encontramos frente a un procedimiento de ejecución coactiva sino frente a una actuación administrativa anterior.

En realidad, la modificación resulta innecesaria ya que la norma es clara, pero nuestra agobiante debilidad institucional obliga a soluciones poco ortodoxas. Con todo, la Ley N° 30185 constituye un avance ya que ha solucionado una parte del problema. Sin embargo, resta afrontar un problema de mayor gravedad: el abuso de la revisión judicial en el caso de obligaciones tributarias.

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