Archivo de la categoría: Derecho administrativo

Anteproyecto de ley que modifica la Ley del Procedimiento Administrativo General y la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo

El Ministerio de Justicia ha publicado el anteproyecto de ley que modifica la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y el anteproyecto de ley que modifica la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo.

Anteproyecto de ley que modifica la Ley N° 27444: ver aquí

Anteproyecto de ley que modifica la Ley N° 27584: ver aquí

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Proyecto del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil

SERVIR ha publicado el proyecto del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, Ley N° 30057 y el proyecto del Reglamento del Régimen Especial para Gobiernos Locales de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.

Algunas observaciones:

  1. Se trata de proyectos, no es la versión definitiva.
  2. El reglamento del régimen especial para gobiernos locales no es aplicable a todos los gobiernos locales. Es solo para aquellos que cuentan con veinte o menos trabajadores.
  3. Los ejecutores y auxiliares coactivos deben tomar nota de las disposiciones sobre funcionarios y servidores públicos.
  4. Tomar nota de las Disposiciones Complementarias. Todas son muy interesantes. De entre ellas destaco una: las entidades que al 31 de diciembre de 2017 no han iniciado el proceso de adecuación serán comprendidas en forma automática el 1 de enero de 2018.
  5. Tomar nota del anexo 1 que está al final del proyecto: Es la lista de familias de puestos. Atención: el servicio civil se organiza en familias de puestos.

Proyecto del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, Ley N° 30057: ver aquí

Proyecto del Reglamento del Régimen Especial para Gobiernos Locales de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil: ver aquí

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¿La multa no tributaria genera intereses?

Me consultan si una multa no tributaria genera intereses y, en todo caso, que tipo de interés sería.

Antes de responder, cito lo escrito alguna vez sobre el tema:

“La multa no tributaria

La multa es una expresión del Derecho Administrativo Sancionador y como tal se sustenta en la potestad sancionadora del Estado. Se puede definir como una sanción impuesta por la Administración debido a la comisión de una infracción prevista en la ley y consiste en una obligación de pago de una determinada cantidad de dinero destinada a afectar el patrimonio del infractor.

Por tener como sustento el ius imperium del Estado la multa se configura como una obligación de Derecho público. De igual forma, se configura como una obligación ex lege ya que su fuente es la ley y no la voluntad de los particulares.

La multa como tal es una sola y es expresión de una única potestad sancionadora, pero en nuestro ordenamiento se diferencia entre multas tributarias y no tributarias únicamente por razones de especialidad. Así, el régimen sancionador ante el incumplimiento de deberes tributarios ha sido establecido en el Código Tributario y es de aplicación obligatoria por todos los órganos administradores de tributos, mientras que las infracciones de otra naturaleza son reguladas en regímenes especiales de carácter sectorial o local.

Esto significa que en materia de multas no tributarias existirán tantos regímenes punitivos como entidades y gobiernos locales existan.

El régimen general aplicable a las multas no tributarias se encuentra previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo General, que regula el procedimiento administrativo sancionador. Conforme a estas disposiciones, la imposición de una multa y de cualquier sanción en general exige el inicio de un procedimiento administrativo sancionador que permita al presunto infractor ejercer su derecho de contradicción y defensa. Sólo luego de cumplida tal etapa, la Administración podrá imponer la sanción correspondiente.

Notificada una resolución de multa,  el particular cuenta con quince días hábiles para impugnar la misma. Conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo General, el particular puede interponer recurso de reconsideración si sustenta su articulación en nueva prueba. Si la respuesta no es favorable podrá interponer recurso de apelación ante el superior jerárquico de la autoridad instructora y si la misma tampoco es acogida podrá interponer recurso de revisión, siempre y cuando exista una autoridad de alcance nacional.

Salvo regímenes especiales, tal es el tratamiento administrativo que de manera uniforme ha recibido la multa no tributaria.

Donde no existe uniformidad es en lo relativo a la aplicación de intereses. Algunos organismos públicos (en especial municipalidades) no aplican intereses y se limitan a efectuar un ajuste o actualización de la deuda tomando en cuenta el Índice de Precios al Consumidor que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. Es decir, lo que se pretende es mantener el valor constante del importe de la multa.

Otras instituciones prefieren cargar intereses sobre la deuda puesta a cobro, aunque no existe uniformidad respecto del interés que se debe aplicar debido a que se utiliza indistintamente el interés legal, laboral o tributario.

A nuestro entender, cualquier alternativa es válida pero la opción que se adopte debe encontrarse prevista en una norma jurídica, debiendo detallarse no sólo qué clase de interés utilizar y su correspondiente tasa sino, además, la forma de actualizar la deuda.”

En conclusión, cada norma jurídica, al momento de regular un régimen sancionador, determinará también el interés aplicable a la multa y su forma de actualización. ¿Qué ocurre si la norma no determina el interés aplicable?  Sencillamente no será posible aplicar ningún tipo de interés ya que no existe una norma jurídica que lo permita. Debe recordarse al efecto que el principio de legalidad establece que toda autoridad solamente puede actuar en la medida en que se encuentre apoderada para hacerlo por el mismo ordenamiento jurídico, ya que toda decisión o actuación administrativa debe encontrar un refrendo en la propia ley que le sirve de cobertura y que en última instancia la legitima. Si no existe norma que apruebe los intereses, no es posible aplicarlos.

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La potestad de autotutela

En las sociedades modernas, el Estado ha monopolizado el uso de la fuerza y prohibido su ejercicio a los particulares. Ante la existencia de un conflicto de intereses no será posible que las partes recurran a la violencia para dirimir sus diferencias ya que la justicia por mano propia ha sido proscrita del ordenamiento jurídico. Si un particular mantiene una pretensión frente a otro, corresponde entonces que desestime la autodefensa y recurra al proceso, en específico, a un juez, que actuará como un tercero imparcial. Esta obligación de recurrir a los tribunales se mantiene inclusive en aquellos casos en que se considere ociosa tal intervención por considerar el particular que le asiste la razón y el Derecho. El propietario que sufre la falta de pago de la renta por parte de su arrendatario deberá recurrir a un juez para obtener el desalojo y eventual pago de su deuda; si optara por desalojar a viva fuerza al inquilino, el Derecho protegería a este último, quien para recobrar su posesión podrá hacer uso de los interdictos, sin mencionar la existencia de un delito perseguible de oficio.

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Ley del Servicio Civil – proyecto aprobado

Y bueno, este es el proyecto de la Ley del Servicio Civil aprobado en el Pleno el día martes 2 de julio y que incluye las últimas modificaciones: ver aquí 

La discusión se detuvo en la negociación colectiva y la evaluación, pero es una norma con mucho material para el análisis  y  el debate, ya que modifica de manera significativa e integral el actual régimen laboral público.

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Ley del Servicio Civil

Para contribuir al conocimiento y al debate sobre el nuevo régimen del servicio civil pongo a su disposición el proyecto de ley del servicio civil remitido por el Ejecutivo al Congreso: Proyecto del Ejecutivo

Asimismo, pueden leer el dictamen de la Comisión de Presupuesto que será debatido en el Pleno: Proyecto del Legislativo

Como siempre ocurre en estos casos, entre el proyecto del Ejecutivo y el proyecto final del Legislativo existen diferencias de redacción y de forma, aunque la idea sustancial de la reforma se mantiene.

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Ejecutividad, ejecutoriedad y ejecución forzosa de actos administrativos

Los términos ejecutividad, ejecutoriedad y ejecución forzosa son utilizados con gran libertad y profusión por la doctrina italiana y española y, en menor medida, por la francesa, lo que ha provocado una confusión conceptual de enormes proporciones. Es por ello que Parada, de forma tajante, ha señalado que “la ‘ejecutividad’, ‘ejecutoriedad’, ‘privilegio de decisión ejecutoria’ o ‘acción de oficio’, ‘autotutela ejecutiva’, son términos con los que indistintamente se designa la cualidad del acto administrativo de producir todos sus efectos contra la voluntad de los obligados, violentando su propiedad y libertad si preciso fuere”[1].

Martín Mateo, en cambio, sólo reconoce los conceptos de ejecutividad y acción de oficio y no se da el trabajo de justificar el porqué omite referirse a la ejecutoriedad[2].

En igual sentido y mucho antes, Garrido Falla opina por no hablar de ejecutoriedad, no sólo por tratarse de una palabra no reconocida en el Diccionario de la Lengua Española sino porque considera suficiente hablar de ejecución forzosa para hacer notar esa especial prerrogativa de la Administración: “Pudiera ser, por tanto, conveniente abandonar en absoluto el empleo del término ejecutoriedad, que, por otra parte, no tiene albergue en el Diccionario de la Lengua Española. Si en su lugar se habla de ejecución forzosa o acción de oficio, se habrá ganado no sólo desde el punto de vista gramatical, sino incluso desde el punto de vista técnico, puesto que del examen de un pretendido carácter objetivo de los actos administrativos habremos desplazado la cuestión a su lugar adecuado: el estudio de una especial prerrogativa —punto de vista subjetivo— de la Administración pública”[3].

Por el contrario, Barcelona Llop opina que debe mantenerse el concepto de ejecutoriedad unido a los de ejecutividad y ejecución forzosa. Para este autor, la ejecutoriedad “bien puede referirse a la susceptibilidad de ejecución forzosa, diferenciándose así claramente del de ejecutividad. Este significaría, simplemente, eficacia, producción de efectos jurídicos”[4].

Bocanegra Sierra coincide con lo afirmado y con cultivada sencillez nos presenta un estado de la cuestión: “Los actos administrativos están destinados a ser eficaces, es decir, su contenido es obligatorio tanto para los ciudadanos como para la Administración, lo que quiere decir que son ejecutivos, como ya hemos tenido ocasión de notar. Pero hay algunos actos que, además de la ejecutividad, disponen sobre ella, de la característica añadida de la ejecutoriedad, es decir, la susceptibilidad de que la Administración pueda imponer el contenido obligatorio de sus propios actos administrativos utilizando medios coactivos. Para que un acto pueda ser ejecutorio, y, por lo tanto, ejecutable de oficio es necesario que sea ejecutivo, es decir, que tenga eficacia.”[5].

Por nuestra parte, coincidimos con Barcelona Llop en distinguir entre ejecutividad, ejecutoriedad y ejecución forzosa en aras de procurar el mayor entendimiento entre los estudiosos del Derecho. Empero, confesamos que nos parece innecesario hablar de ejecutividad cuando se puede hablar de la simple eficacia del acto administrativo, ya que como se ha reconocido, “la ejecutividad (es) entendida como sinónimo de eficacia”[6]. Si esto es así, como en efecto lo es, no tiene sentido agregar un concepto adicional sobre uno que es claro y no admite confusión alguna. El concepto de ejecutividad lo único que ha provocado es confundirse con el concepto de ejecutoriedad.

Por lo dicho, discrepamos de lo afirmado por Guzmán quien al definir la ejecutividad señala que “es aquella virtud de la cual, los actos administrativos definitivamente firmes, es decir, los que agotaron la vía administrativa, producen los efectos perseguidos por su emanación”[7]. Ello no es correcto. Los actos administrativos surten efectos desde que son dictados y notificados y precisamente porque surten efectos respecto del administrado es que éste los impugna, para que eventualmente cesen sus efectos. Distinto es que algunos actos administrativos no puedan ser ejecutados sino agotando previamente la vía administrativa, pero eso no ataca la ejecutividad del acto sino su ejecutoriedad.