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Breve comentario de la Ley N° 30185

* Publicado en la revista Actualidad Jurídica del mes de mayo de 2014.

 

El numeral 1 del artículo 23° del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva (en adelante LPEC) establece solo dos supuestos en los cuales un administrado puede interponer una demanda de revisión judicial:

a)  Cuando iniciado un procedimiento de ejecución coactiva se hubiera ordenado un embargo sobre los bienes del obligado; y,

b)  Después de concluido el procedimiento de ejecución coactiva.

El primer supuesto hace referencia a procedimientos de ejecución coactiva de obligaciones de dar suma de dinero por deudas tributarias y no tributarias, debido a que únicamente por tales obligaciones se pueden dictar y trabar embargos sobre bienes y ordenar su posterior remate. No resulta aplicable en el caso de procedimientos de ejecución coactiva de obligaciones de hacer y no hacer (tales como clausuras, suspensión de obras, demoliciones, etc.), ya que su ejecución solo requerirá realizar el acto material ordenado; es decir, trasladar en el plano fáctico lo idealmente ordenado en un acto administrativo. Por ejemplo, una orden de clausura se ejecutará mediante la realización del acto material de cierre del establecimiento, sin necesidad de otra actuación adicional.

Sin embargo, muchos jueces extendieron en forma perversa los efectos de la demanda de revisión judicial y entendieron que resultaba de aplicación en el caso de la ejecución de obligaciones de hacer y no hacer. Se trataba de una interpretación contraria en absoluto al texto expreso de la ley y que en la práctica condenó a la inacción a la Administración, lo que permitió el funcionamiento de establecimientos comerciales y la construcción de edificaciones sin contar con la respectiva licencia y exentas de cualquier control. Lo más grave es que esta práctica judicial alcanzó relativo consenso, a pesar que en un Pleno Nacional Contencioso Administrativo del año 2007 los jueces habían acordado no admitir a trámite este tipo de demandas.

La reciente Ley N° 30185 tiene por finalidad cerrar el paso a esta perniciosa y extendida práctica judicial. Lo que significa que a partir de su vigencia solo se podrán interponer demandas de revisión judicial en el caso de procedimientos de ejecución coactiva referidos a obligaciones de dar suma de dinero. No cabe interponer demandas de revisión judicial en contra de procedimientos de ejecución coactiva referidos a la ejecución de obligaciones de hacer y no hacer. De igual forma, aunque la ley aprobada no lo precisa, no cabe interponer demandas de revisión judicial en contra de la ejecución de medidas cautelares previas de obligaciones de hacer y no hacer (supuesto previsto en el artículo 13° de la LPEC), ya que en este caso tampoco se embargan ni afectan bienes, sin mencionar que en estricto no nos encontramos frente a un procedimiento de ejecución coactiva sino frente a una actuación administrativa anterior.

En realidad, la modificación resulta innecesaria ya que la norma es clara, pero nuestra agobiante debilidad institucional obliga a soluciones poco ortodoxas. Con todo, la Ley N° 30185 constituye un avance ya que ha solucionado una parte del problema. Sin embargo, resta afrontar un problema de mayor gravedad: el abuso de la revisión judicial en el caso de obligaciones tributarias.

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Modificación de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva

Después de paciente búsqueda he podido encontrar el Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que propone modificar el TUO de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva y que ha sido aprobado por el Pleno del Congreso el 3 de abril de 2014.

El proyecto de ley modifica el artículo 23° de la LPEC en el sentido que la interposición de una demanda de revisión judicial solo podrá suspender procedimientos de ejecución coactiva referidos a obligaciones de dar (es decir, obligaciones tributarias y cobranza de multas no tributarias), pero no impedirá la ejecución de obligaciones de hacer y de no hacer (clausuras, suspensión de obras, demoliciones, etc.).

Ya hace algún tiempo hemos opinado en igual sentido (ver comentario aquí), pero una extensión perversa de la ley efectuada por algunos magistrados del Poder Judicial permitió incluir las obligaciones de hacer y de no hacer dentro de los supuestos de suspensión.

En realidad, antes que una modificación estamos frente a una interpretación auténtica del artículo 23° de la LPEC; aunque, a nuestro juicio, la modificación sería hasta innecesaria en un sistema jurídico serio.

Si bien esto es un avance que se debe reconocer, queda pendiente el reto mayor: las obligaciones de dar (tributarias y no tributarias). Por supuesto, en este caso el Congreso (en realidad el Estado) no se enfrenta a la débil discoteca sin licencia sino a los poderosos deudores que se niegan a cumplir con sus obligaciones. Es más: la modificación aprobada oculta la derrota del Congreso en esta batalla. Si se analizan los proyectos de ley presentados (en especial el proyecto presentado por el oficialismo), se proponía que la revisión judicial no suspendiera los procedimientos de ejecución coactiva referidos a obligaciones de dar, hacer y no hacer. Finalmente, tales propuestas fueron silenciosamente archivadas, pero pueden verlas aquí. (“por último estado”, luego “dispensado 2da. votación”, y “proyecto de ley N° 02986” y otros).

Pueden leer el proyecto aprobado por el Congreso aquí

Y también pueden leer el debate en el Congreso aquí.  La parte que nos interesa empieza en la página 36 y refuerza lo que ya he señalado: la modificación es necesaria debido a que la ley ha sido mal interpretada.

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