Archivo de la etiqueta: Reclamación

Suspensión del procedimiento de ejecución coactiva de obligaciones no tributarias por la interposición de un recurso o una demanda contenciosa administrativa

El supuesto de suspensión establecido en la ley (inciso e del numeral 16.1 de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva) señala que deberá suspenderse el procedimiento cuando “se encuentre en trámite o pendiente de vencimiento el plazo para la presentación del recurso administrativo de reconsideración, apelación, revisión o demanda contencioso-administrativa presentada dentro del plazo establecido por ley contra el acto administrativo que sirve de título para la ejecución, o contra el acto administrativo que determine la responsabilidad solidaria en el supuesto contemplado en el artículo 18°, numeral 18.3, de la presente ley.”Esta causal se encuentra referida única y exclusivamente a las obligaciones no tributarias.

De alguna forma, ésta también resulta una causal espejo de los requisitos que debe contener una obligación exigible coactivamente; cual es que el acto administrativo se encuentre consentido o se haya agotado la vía administrativa, por lo que, en lo principal, nos remitimos a lo ya estudiado con anterioridad.

Se entiende que la suspensión va a proceder si: a) los recursos se encuentran dirigidos contra el acto administrativo que sirve de título de ejecución; y, b) se hubieran interpuesto dentro del plazo de ley. Son estos dos requisitos los que debe verificar el ejecutor coactivo para determinar la conclusión del procedimiento.

Sigue leyendo

La suspensión del procedimiento de ejecución coactiva de obligaciones tributarias por la interposición de un recurso o de una demanda contencioso administrativa

Esta causal se encuentra prevista en el inciso c) del artículo 31° de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva (LPEC)[1] y se encuentra referida a las obligaciones de naturaleza tributaria. Es por eso que se hace mención a los recursos que se utilizan dentro del procedimiento contencioso tributario, tales como la reclamación ante la propia entidad que dictó el acto administrativo y la apelación ante el Tribunal Fiscal. No cabe hacer mención al recurso de apelación que se presenta ante una municipalidad provincial (mencionado en el texto de la ley) debido a que tal posibilidad ha sido suprimida por el Código Tributario. En la actualidad, de rechazarse una reclamación, corresponde interponer apelación ante el Tribunal Fiscal.

Concluido el procedimiento administrativo cabe la posibilidad al particular de interponer demanda contencioso administrativa en contra de lo resuelto por el Tribunal Fiscal y, en tal supuesto y en tanto dure el proceso, no será posible ejecutar el acto administrativo.

Conforme a la LPEC sólo procede la suspensión si: a) los recursos se encuentran dirigidos contra el acto administrativo que sirve de título de ejecución; y, b) se hubieran interpuesto dentro del plazo de ley.

La primera exigencia es de una lógica implacable: sólo procede la suspensión si es que, de forma clara y expresa, se ha impugnado el acto administrativo que sustenta la ejecución. No cabe la suspensión si el acto administrativo no ha sido impugnado expresamente, por lo que deben descartarse aquellos escritos que no cumplen con tal exigencia (cartas u oficios protocolares, peticiones de gracia, etc.)[2].

De esta exigencia se desprende, también, que no pueda invocarse la suspensión del procedimiento como consecuencia de haberse interpuesto un recurso dentro de un procedimiento no contencioso y que de alguna forma guarde relación con la deuda materia de ejecución. Por ejemplo, dentro de un procedimiento de cobranza coactiva por una deuda de impuesto predial, el ejecutado no podrá solicitar la suspensión por haber presentado una solicitud de exoneración del pago de dicho impuesto. De igual forma, no podrá solicitar la suspensión argumentando haber interpuesto un recurso en contra de la resolución que denegó su solicitud. Así y más claro se señaló en el precedente de observancia obligatoria del 27/09/04 contenido en la Resolución del Tribunal Fiscal N° 07367-3-2004 que indica lo siguiente:

“De acuerdo con el inciso c) del numeral 31.1 del artículo 31º de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, Ley N° 26979, modificada por la Ley N° 28165, no procede la suspensión del procedimiento de cobranza coactiva durante la tramitación de un recurso de apelación formulado dentro de un procedimiento no contencioso.”

 Explicando el colegiado que:

“debe entenderse que dichos recursos deben ser formulados dentro de un procedimiento contencioso tributario, pues sostener lo contrario, esto es, que se pueda suspender la cobranza coactiva por el inicio de un procedimiento no contencioso, implicaría introducir una causal no prevista en la ley que no guarda relación con el carácter exigible de la deuda, más aún si se considera que no existe un plazo para presentar una solicitud no contenciosa, de modo que el contribuyente se encuentra en cualquier momento en la atribución de presentar dichas solicitudes, pudiendo por tanto desvirtuar el carácter exigible de la deuda” [3].

La reclamación contra una orden de pago y la aplicación del principio solve et repete

1.  Definición

La orden de pago —cuya antigua denominación era la de giro provisional— es un acto administrativo por medio del cual la Administración exige al particular la cancelación de la deuda tributaria a su cargo sin necesidad de realizar una fiscalización previa o emitir una resolución de determinación.

 Por regla general, la orden de pago se sustenta en la propia declaración jurada del contribuyente, quien se reconoce como deudor tributario y determina a su vez el monto que considera adeudar luego de haber practicado una auto liquidación. Se trata  de un supuesto de declaración y no pago de la deuda, es decir la omisión del pago, lo que no amerita sanción penal ni administrativa, salvo en lo referente al devengo de intereses, que en tal caso tendrán mero carácter resarcitorio. De ahí precisamente que la denominación “orden de pago” sea correcta, ya que en un sentido lato debe entenderse como un simple mandato de pago de la deuda tributaria: la Administración toma la propia declaración del contribuyente y sobre tal sustento le exige que cancele la deuda que él mismo ha declarado y reconocido en su oportunidad. La declaración del contribuyente no es revisada ni cuestionada y simplemente es aceptada por la Administración, quien a su vez requiere el pago de la deuda así declarada; sin perjuicio que posteriormente dicha declaración pueda ser objeto de fiscalización y determinarse una deuda mayor si así correspondiera.

 2.  El principio solve et repete

La regla general en materia de recursos es que su interposición suspende los efectos del acto administrativo, por lo que no será posible proceder a su cobranza ordinaria o coactiva sino hasta que concluya el procedimiento tributario. Sin embargo, ocurre que muchas veces se utiliza la reclamación como un medio para postergar o evitar pagar tributos antes que como un medio legal de defensa, privándose al Estado de importantes ingresos con los cuales atender y satisfacer las necesidades públicas.

 Lo expresado ha llevado a muchos países —sobre todo los menos desarrollados— a recurrir al tan discutido y zaherido principio solve et repete, que en buena cuenta significa “paga y luego reclama”. Es decir, si el deudor tributario desea reclamar una orden de pago –bajo la aplicación de tal principio- será requisito para admitir el reclamo a trámite la satisfacción de la deuda que se cuestiona, de lo contrario no podrá  existir un pronunciamiento de fondo por parte de la Administración y deberá declararse inadmisible el recurso presentado.

Bielsa encuentra el sustento jurídico del solve et repete en la presunción de legitimidad y en la ejecutoriedad de los actos administrativos[1]. Con mayor sentido práctico, Giuliani Fonrouge agrega la necesidad de asegurar la recaudación ya que se evitan dilaciones en la recaudación de los tributos[2].

Este último argumento constituye en realidad el verdadero argumento a favor del solve et repete y preciso es decir que tal argumento no nace del foro sino del tesoro público, puesto que con esta regla se dota al fisco de un instrumento idóneo que le permite garantizar la recaudación de una forma segura y rápida. El solve et repete sirve a propósitos fiscales de singular valía en el caso de economías con escasez de recursos, como son la seguridad y rapidez en la percepción de los tributos y la menor litigiosidad. Esta necesidad, que puede entenderse como un interés general, prima sobre el bien particular.

Desde la otra orilla y como es obvio, vivas y unánimes críticas se han manifestado en contra de tal principio. Llamada también “regla odiosa”, la doctrina mayoritaria no duda en tachar de inconstitucional tal exigencia, en  atención a considerar que vulnera el principio de libre acceso a la justicia y atenta contra el derecho de defensa, calificándola de inicua y absolutamente arbitraria. No es justo –se dice- condicionar el derecho de contradecir la existencia y validez de una deuda a su previo cumplimiento ya que se impide al particular ejercer de manera incondicionada su derecho de contradicción, lo que resulta más grave aún en el caso de aquellas personas que no cuentan con suficientes recursos económicos.

En lo que a nuestro tema interesa, consideramos que resulta lógico y razonable la aplicación del principio solve et repete cuando se trata de una orden de pago que ha sido emitida tomando como sustento la propia declaración del contribuyente (en otros países el principio se aplica sobre cualquier tipo de deudas, sin importar su origen, lo que explica que haya despertado tanta animosidad). Si nos encontramos frente a la propia declaración jurada y reconocimiento de una deuda por parte de un contribuyente, no resulta lógico ni coherente que a posteriori el propio declarante cuestione su declaración y no la reconozca. De alguna forma, la justicia aparece de la mano con la regla venire contra factum proprium non valet que impide a las personas contrariar sus conductas pasadas.

Con todo, la regla no ha sido aplicada ni seguida a pie juntillas por nuestra legislación. Por el contrario, ha sido atemperada ya que sólo se encuentra referida a la reclamación de órdenes de pago y permitiéndose excepcionalmente impugnar el acto sin pago previo dentro del plazo de veinte días hábiles siguientes a su notificación, siempre y cuando existan circunstancias que evidencien que la cobranza pueda ser improcedente (artículo 119° del Código Tributario).

Claro está que no será el contribuyente quien determine cuándo la cobranza resulta improcedente. Tal constituye una facultad discrecional —pero nunca arbitraria— de la Administración Tributaria, quien deberá evaluar en cada caso si se cumple tal condición. A nuestro entender, la Administración debe comunicar al contribuyente que se ha admitido a trámite su reclamación o en su defecto requerirle el cumplimiento del pago previo y, de no abonarse, proceder a emitir una resolución declarando inadmisible el recurso. De esta forma se elimina la incertidumbre respecto a si debe o no proseguirse con la cobranza.

Sigue leyendo