política social | LA TARUCA

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Los Programas Presupuestales constituyen un modelo de programación de intervenciones públicas integradas y articuladas para generar bienes y servicios destinados a lograr un cambio cualitativo, y cuyo propósito final está vinculado a un objetivo de política pública. Se sustenta en el enfoque de gestión por resultados y necesita medir sus logros con indicadores que lo demuestren con las suficientes evidencias que permitan evaluar si alcanzó o no el éxito esperado.

Para tales aspiraciones se requiere presupuesto, recursos logísticos y personal con las capacidades para darle al programa o proyecto orientación y dinamismo, y avanzar hacia objetivos y metas con eficacia y eficiencia. Pero como las cosas no se hacen solas, además, se precisa de ejecutores con una visión compartida de lo que se busca y de lo que realmente pueden hacer; con las habilidades para incidir, coordinar y articular; es decir, un liderazgo legitimado por su desempeño. Sin estas condiciones es poco probable alcanzar los cambios que esperamos contribuyan al bienestar y desarrollo, propósito de los Programas Presupuestales.

Lo señalamos la semana anterior en esta columna. Ahora bien, la cadena de valor de una intervención supone al final de esa ruta, la transformación deseada, y subsecuentemente, la generación de valor público. Es decir, traducir los recursos y el tiempo invertido en una mejora sustantiva en la vida de los ciudadanos, fin supremo de las políticas de Estado, socialmente reconocidos por aquellos en su condición de sujetos de derecho.

Sometidos siempre a los desafíos de la gestión pública, y a los vaivenes de las decisiones gubernamentales, la mayoría de los programas sociales en el Perú han logrado superar el manejo antojadizo de los grupos políticos en el poder con la valiosa contribución de la veeduría ciudadana.

Desde la sociedad civil, las propuestas de la academia y de los propios gestores públicos -que buena experiencia han ganado en la última década- se han implementado estructuras de oportunidades económicas y sociales para la población en condición de pobreza extrema como una salida sostenible a las precariedades materiales, de modo que las capacidades de estos sean el soporte para la generación de ingresos autónomos.

Estas plataformas, con enfoque productivo, creemos, son los que deben extender sus alcances, y articularse a otras ya existentes en diversos sectores del Estado, de tal modo que contribuyan a la reducción de las brechas económicas y sociales que bloquean el desarrollo nacional. Esta tarea debe ser también parte relevante de la agenda del nuevo gobierno.

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Bien sabemos que las urgencias del gobierno que se va y del que viene es y será la lucha contra la pandemia, la contención de su impacto en la vida de las personas y el plan de vacunación para los sobrevivientes. Éstas, junto a la reactivación económica y la lucha contra la pobreza, son las demandas ciudadanas.

La vorágine disputa por el poder hizo “olvidar” a quienes quieren llegar a Palacio que los electores necesitamos claridad en sus propuestas sobre la pobreza, las carencias y las vulnerabilidades, el plan mínimo para conocer qué y cómo lo harán, más allá de las declaraciones generales. En el debate político poco se ha dicho sobre el tema, pues más relevantes para estos ha sido la forma de convencer a los incautos con ofertas de todo orden y ningún plan.

Es tarde. A pocas horas de las elecciones, la mayoría ya tomó su decisión y acudirá este domingo a manifestarla en las ánforas, sobre las tres opciones posibles, la tercera, el voto blanco/viciado. Pero hay una porción de indecisos de última hora que inclinarán la balanza.

Entonces, “el día después de mañana”, cuando el mar agitado recobre la tranquilidad, cuando la calentura política amengüe y no haya marcha atrás, sabremos de las ganancias y las pérdidas de la película electoral, de las oportunidades y tal vez de los daños colaterales que cargaremos, quien sabe más allá de los cinco años del periodo gubernamental.

La agenda prioritaria no puede ser sino la lucha la pandemia, la reactivación económica, la generación de empleo y una fortalecida estrategia de reducción de la pobreza urbana y rural que, como consecuencia de la crisis sanitaria, ha trepado de 20.2 a 30.1% en tan solo un año, y sólo en el ámbito rural se incrementó de 40.8 a 45.7%

La política social del nuevo gobierno debe recoger los aprendizajes obtenidos de los planes, programas y proyectos públicos y privados, porque hay un largo sendero de experiencias, y unas más significativas que otras, que deberían de enriquecer las intervenciones exitosas para cerrar las brechas sociales y construir mayores y mejores oportunidades para todos, pero en particular para aquellos excluidos del desarrollo económico.

Y mucho de esto dependerá que los programas sociales no sean fuente de clientelaje político del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y municipales -como ocurrió en los años del alanismo primario y del fujimorato– ni de cacicazgos regionales que aún subsisten, ante lo cual los ciudadanos tendremos algo que decir y mucho por actuar.