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Juegos del hambre

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Antes de la pandemia la mayoría de las naciones estaban muy lejos de alcanzar uno de los principales compromisos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, poner fin al hambre y a la desnutrición. A casi dos años de su presencia en nuestras vidas la brecha se ha agigantado y nos martillea la conciencia, porque, además, son los niños y las mujeres sobre quienes recaen más sus demoledores impactos.

Durante el 2020 entre 720 y 811 millones de personas en el mundo fueron afectadas por el hambre,161 millones más que el año precedente, de acuerdo a las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Pero ya en el año 2019, el 19.3% de la población de América Latina y el Caribe (113 millones) no podían alimentarse adecuadamente. Las cifras comparativas nos dan una mejor comprensión de cómo nos encontramos quienes habitamos en esta región. Así, en Europa solo un 1,7%; y en América del Norte 1,4% padecía hambre. En el otro extremo, en el África subsahariana 84.7% (975 millones), y en el Asia meridional, el 71.3% (1,282 millones de habitantes).

Si esto ocurría el año 2019, las cifras al cierre del año 2021 serán más dolorosas y dramáticas aún, pues en el segundo año de la pandemia, los servicios de salud están golpeados por la abrupta demanda y la escasez de personal médico y asistencial, en tanto el acceso a una alimentación adecuada tenían ya graves secuelas. Continuarán sintiéndose en los próximos años, según todos los estudios, entre ellos, el informe sobre el impacto del Covid-19 en la seguridad alimentaria y la nutrición emitido por la ONU.

Sólo hay que recordar que unos 370 millones de niños en todo el mundo no tuvieron oportunidad de acceder a la alimentación escolar debido al cierre de colegios, y aunque muchas naciones adoptaron estrategias para remontar esta circunstancias -como lo ha hecho Qali Warma en el Perú- las respuestas gubernamentales no siempre fueron oportunas ni suficientes.

Es pertinente recordar los datos revelados hace unos días por la FAO en su informe sobre el Panorama de la Seguridad Alimentaria 2021. El 47.8% de la población peruana padece inseguridad alimentaria entre moderada y grave; y cerca de 6 millones de compatriotas se encuentran con malnutrición severa.

Y son los hogares rurales los que más sufren las secuelas del hambre, no obstante que los territorios donde viven y trabajan sostienen los sistemas agroalimentarios. El juego tenebroso de la inequidad y la indiferencia.

El día después de mañana

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Bien sabemos que las urgencias del gobierno que se va y del que viene es y será la lucha contra la pandemia, la contención de su impacto en la vida de las personas y el plan de vacunación para los sobrevivientes. Éstas, junto a la reactivación económica y la lucha contra la pobreza, son las demandas ciudadanas.

La vorágine disputa por el poder hizo “olvidar” a quienes quieren llegar a Palacio que los electores necesitamos claridad en sus propuestas sobre la pobreza, las carencias y las vulnerabilidades, el plan mínimo para conocer qué y cómo lo harán, más allá de las declaraciones generales. En el debate político poco se ha dicho sobre el tema, pues más relevantes para estos ha sido la forma de convencer a los incautos con ofertas de todo orden y ningún plan.

Es tarde. A pocas horas de las elecciones, la mayoría ya tomó su decisión y acudirá este domingo a manifestarla en las ánforas, sobre las tres opciones posibles, la tercera, el voto blanco/viciado. Pero hay una porción de indecisos de última hora que inclinarán la balanza.

Entonces, “el día después de mañana”, cuando el mar agitado recobre la tranquilidad, cuando la calentura política amengüe y no haya marcha atrás, sabremos de las ganancias y las pérdidas de la película electoral, de las oportunidades y tal vez de los daños colaterales que cargaremos, quien sabe más allá de los cinco años del periodo gubernamental.

La agenda prioritaria no puede ser sino la lucha la pandemia, la reactivación económica, la generación de empleo y una fortalecida estrategia de reducción de la pobreza urbana y rural que, como consecuencia de la crisis sanitaria, ha trepado de 20.2 a 30.1% en tan solo un año, y sólo en el ámbito rural se incrementó de 40.8 a 45.7%

La política social del nuevo gobierno debe recoger los aprendizajes obtenidos de los planes, programas y proyectos públicos y privados, porque hay un largo sendero de experiencias, y unas más significativas que otras, que deberían de enriquecer las intervenciones exitosas para cerrar las brechas sociales y construir mayores y mejores oportunidades para todos, pero en particular para aquellos excluidos del desarrollo económico.

Y mucho de esto dependerá que los programas sociales no sean fuente de clientelaje político del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y municipales -como ocurrió en los años del alanismo primario y del fujimorato– ni de cacicazgos regionales que aún subsisten, ante lo cual los ciudadanos tendremos algo que decir y mucho por actuar.