La generación de oportunidades para la población rural en condición de vulnerabilidad, pobreza y exclusión como soporte para salir de estas condiciones que limitan su progreso, puede tener diversos caminos. La inclusión económica, es una de ellas.

No es un fin en sí mismo, sino una tarea estratégica para una salida sostenible de la pobreza, orientado a procesos de crecimiento y desarrollo comunal, y de bienestar familiar.

Que sea sostenible supone no sólo la construcción y ampliación de una base material productiva sino además capacidades para lograr habilidades e iniciativas que faciliten el incremento de ingresos autónomos.

Las políticas para la reducción de la pobreza podrán alcanzar tal propósito si conllevan componentes habilitadores que vayan más allá de la protección social. Y el Estado los tiene: Procompite, Haku Wiñay/Noa Jayatai, Agrorural, Agroideas, Trabaja Perú, entre otros. Pero requieren ampliar su cobertura, financiamiento y articularse no sólo arriba (políticas públicas) sino también abajo (intervenciones territoriales) focalizando hogares para incorporarlos no como beneficiarios sino como usuarios (responsabilidades compartidas entre el Estado y ciudadanos en tanto sujetos de derecho).

Al objetivo de la inclusión económica, es pertinente y necesaria la inclusión financiera como otra estrategia que facilita y estimula la movilidad de los campesinos y pequeños productores para implementar sus actividades agropecuarias y de transformación de productos naturales para obtener valor agregado, como la artesanía y la gastronomía, o desarrollar servicios rurales como hospedaje, turismo comunitario, transporte local, entre otros.

En esta perspectiva, el acceso a los mercados locales y regionales es clave, más todavía si estos pueden extenderse de modo que los ciclos productivos sean también sostenibles en el contexto del ciclo de vida de las personas.

Es particularmente relevante que, como impacto de la pandemia y las urgencias de enfrentar la emergencia sanitaria, desde el Estado se fomente mecanismos que mejoran las capacidades financieras de la población rural, como está ocurriendo con los bonos para mitigar los impactos del Covid (billetera móvil, cuentas de ahorro, cuenta DNI y otras modalidades). Cuando las condiciones mejoren y el hambre amengüe, la cultura del ahorro a partir de la bancarización podrá tener mayor opción entonces, una condición importante para la protección y reproducción de los activos familiares.

La inclusión económica está en la línea de otros fines de las políticas públicas, la diversificación productiva y el desarrollo de la agricultura familiar, instrumentos de la acción estatal que debe complementarse mediante el consenso y la coordinación intersectorial e intergubernamental, sumándose al dinamismo de la economía y reconociendo la nueva ruralidad, expresada hoy en la interdependencia de los espacios rurales y urbanos, que implican igualmente, mejores oportunidades económicas para  el incremento de los ingresos y su diversificación.