Los Programas Presupuestales constituyen un modelo de programación de intervenciones públicas integradas y articuladas para generar bienes y servicios destinados a lograr un cambio cualitativo, y cuyo propósito final está vinculado a un objetivo de política pública. Se sustenta en el enfoque de gestión por resultados y necesita medir sus logros con indicadores que lo demuestren con las suficientes evidencias que permitan evaluar si alcanzó o no el éxito esperado.

Para tales aspiraciones se requiere presupuesto, recursos logísticos y personal con las capacidades para darle al programa o proyecto orientación y dinamismo, y avanzar hacia objetivos y metas con eficacia y eficiencia. Pero como las cosas no se hacen solas, además, se precisa de ejecutores con una visión compartida de lo que se busca y de lo que realmente pueden hacer; con las habilidades para incidir, coordinar y articular; es decir, un liderazgo legitimado por su desempeño. Sin estas condiciones es poco probable alcanzar los cambios que esperamos contribuyan al bienestar y desarrollo, propósito de los Programas Presupuestales.

Lo señalamos la semana anterior en esta columna. Ahora bien, la cadena de valor de una intervención supone al final de esa ruta, la transformación deseada, y subsecuentemente, la generación de valor público. Es decir, traducir los recursos y el tiempo invertido en una mejora sustantiva en la vida de los ciudadanos, fin supremo de las políticas de Estado, socialmente reconocidos por aquellos en su condición de sujetos de derecho.

Sometidos siempre a los desafíos de la gestión pública, y a los vaivenes de las decisiones gubernamentales, la mayoría de los programas sociales en el Perú han logrado superar el manejo antojadizo de los grupos políticos en el poder con la valiosa contribución de la veeduría ciudadana.

Desde la sociedad civil, las propuestas de la academia y de los propios gestores públicos -que buena experiencia han ganado en la última década- se han implementado estructuras de oportunidades económicas y sociales para la población en condición de pobreza extrema como una salida sostenible a las precariedades materiales, de modo que las capacidades de estos sean el soporte para la generación de ingresos autónomos.

Estas plataformas, con enfoque productivo, creemos, son los que deben extender sus alcances, y articularse a otras ya existentes en diversos sectores del Estado, de tal modo que contribuyan a la reducción de las brechas económicas y sociales que bloquean el desarrollo nacional. Esta tarea debe ser también parte relevante de la agenda del nuevo gobierno.