Las políticas sociales buscan reducir las brechas que impiden a la población en situación de pobreza y de vulnerabilidad, acceder a una educación y salud de calidad, a ingresos autónomos dignos, y a oportunidades de desarrollo socioeconómico que les garanticen ejercer sus libertades y sus capacidades humanas.

Esta tarea supone pertinencia, eficacia y eficiencia de la gestión estatal, y demanda la disponibilidad de recursos para financiarla, soporte administrativo y tecnológico, y equipo humano con liderazgo.

Pero no es lo único. Se requiere de una intervención diseñada sobre una lógica causal de objetivos y metas que contribuya a resolver el problema y generar evidencia de ello.

En estos lineamientos de política pública -diríamos además en el contexto de los esfuerzos de modernización del Estado- se ubican los Programas Presupuestales, tal como ya lo tienen ministerios, proyectos especiales, gobiernos regionales y locales. El gran reto es articularlos y traducir estas intervenciones en resultados.

Todo ello no es viable si no hay voluntad gubernamental, es decir, decisión de transformar el estado de cosas existente a una condición mejor que asegure el presente y futuro de estos segmentos de la población en un escenario de igualdad de oportunidades con enfoque inclusivo. No es una utopía, hubo y hay avances significativos en algunas regiones como Huancavelica, Ayacucho y Cajamarca.

La construcción de un sistema de políticas sociales articuladas y coordinadas en los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), con programas y proyectos que incorporen indicadores de desempeño, de efectos e impactos, adaptables y flexibles a los espacios geográficos, así como a las realidades socioeconómicas y culturales de un país tan diverso como el nuestro, es uno de los más grandes desafíos del Estado, pues comprende, entre otras consideraciones básicas, una visión compartida, un amplio consenso y un acuerdo estratégicamente sostenible de mediano y largo plazo, es decir, gobernanza territorial.

En ese camino, el enfoque de derechos (que reconoce a las personas no como “beneficiarios” sino como “usuarios” de la política social, es decir, con responsabilidades compartidas entre el Estado y el ciudadano), puede allanar la ruta para estos acuerdos y para la ampliación de los programas habilitadores de oportunidades económicas (existen pero son pocos) en ámbitos locales, aprovechando corredores socioeconómicos y microcuencas bajo esquemas vinculantes con la institucionalidad existente en los territorios.

¿Es posible todo esto? Pues sí. También lo es, bajo el mismo enfoque, la universalización de la seguridad social, transferencias económicas condicionadas a objetivos de salud y educación para los estratos en pobreza extrema, inclusión laboral y productiva e ingresos dignos con salario mínimo. Contribuirán a reducirán la desigualdad y la pobreza, y promoverán el desarrollo social con más oportunidades.