El Índice de Inseguridad Alimentaria es un indicador que se utiliza para evaluar las condiciones de nutrición de la población en un rango de 0 a 1, en donde la primera cifra reporta que no existe vulnerabilidad en la disponibilidad, en el acceso, ni en el consumo de alimentos, y la segunda, todo lo contrario.

La disponibilidad está relacionada a la cantidad de alimentos existentes en los ámbitos nacional, regional y local y se vincula al suministro suficiente según los requerimientos estándar, y tiene que ver con los volúmenes de producción en los ámbitos territoriales.

La posibilidad de que las personas alcancen una alimentación adecuada y sostenible depende del acceso a los alimentos, es decir, de su obtención o compra por la familia, la comunidad o el país, y como es obvio está asociada a los ingresos económicos para tales propósitos.

La tercera variable, el consumo, se refiere a la ingesta de alimentos y a las preferencias, actitudes y prácticas, e involucra, naturalmente, criterios socioculturales.

Teníamos para el año pasado 732 distritos con un índice de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria mayor al 0.61, lo que implica impactos adversos en la salud de al menos 4.2 millones de personas, cifra que ha aumentado como efecto de la pandemia. Estos distritos reportan una situación limitada o incierta de disponibilidad de alimentos nutricionalmente adecuados e inocuos.

Mejorar la alimentación y reducir los índices de desnutrición y anemia en el Perú requiere decisiones, compromisos, recursos  y acciones, pero también otro conjunto de condiciones y variables.

Es importante recordar que de manera consensuada entre diversos sectores públicos, la representación de la FAO en el Perú identificó cinco “áreas prioritarias” que el Estado y gobierno peruanos deben tomar en cuenta para enfrentar los desafíos de la alimentación  y la agricultura: seguridad alimentaria y nutricional; desarrollo productivo, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la biodiversidad; desarrollo e inclusión para la población rural; sistemas alimentarios sostenibles y acceso a alimentos inocuos y nutritivos; y gestión de riesgo de desastres, adaptación y mitigación al cambio climático (ver: https://bit.ly/3j1n6FM).

El establecimiento y desarrollo de políticas públicas para superar el hambre y reducir la pobreza en el Perú -en marcha ya hace buenos años- no son suficientes ni en el contexto de los compromisos nacionales sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030 de la ONU, en particular, el Objetivo 1: Hambre cero.

Perú no logrará este propósito; por el contrario, a diez años del plazo límite, las brechas de la inequidad pre pandemia se han agigantado hoy por las crisis sanitaria, económica y social. Hay más hambre y menos dinero en los hogares peruanos.

A la incertidumbre política debemos sumar, lamentablemente, el lastre que los peruanos somos expertos en arrumar en cada travesía, en esta oportunidad para navegar sobre una ruta de claros oscuros que no se despejan ni con las mejores luminarias. Así recibimos hoy el Día Mundial de la Alimentación.