Las políticas sociales como articuladoras de las intervenciones que favorecen el desarrollo humano, ampliando y fortaleciendo las capacidades de la población vulnerable,  en situación de pobreza y de exclusión, sigue siendo un desafío histórico para la sociedad peruana. Parece no haber manera de lograr políticas públicas de largo aliento que se renueven y mejoren cada periodo de gobierno, que supongan estructuras de oportunidades transparentes, asociadas a las evidencias que se necesitan para evaluar su pertinencia, eficiencia y eficacia.

Ocurre que los buenos propósitos enfrentan todavía dos grandes vallas: por un lado, las limitaciones del Estado en recursos, infraestructura y calidad de gestión; y de otro, las malas prácticas e intereses que coquetean alrededor de las ambiciones personales y de aquellos grupos organizados e intencionadamente distantes del bien común, y, por cierto, de los objetivos estratégicos que dan origen a esas políticas.

Contrario a lo que uno pueda imaginarse, existen, no obstante, experiencias valiosas desde la sociedad civil, el sector privado y del propio Estado que requieren ser reforzadas y promovidas, particularmente en el ámbito de los gobiernos locales. Las lecciones aprendidas dan cuenta que la participación y el control ciudadano no es sólo un discurso de la academia, es una práctica milenaria bastante extendida, por ejemplo, en las comunidades andinas: el ayni, (cuyo origen no es inca sino preinca, ojo); y en particular la minka, como bien sabemos. El uso de los fondos debería, asimismo, estar sometida a una mayor vigilancia comunitaria, y su asignación, igualmente, debe partir de acuerdos socialmente validados, como las que aplican los Comités Locales de Asignación de Recursos hace ya hace bastante tiempo en varios proyectos y programas públicos.

Otros elementos claves parten del diseño de las intervenciones. Los Programas Presupuestales expresan, sin duda, políticas sociales de última generación, asignación y uso de fondos públicos directamente comprometidos a logros basado en evidencias, es decir, objetivos y metas alineados a indicadores desempeño y de impacto, que lamentablemente no ocurre con los programas ediles del Vaso de Leche, por ejemplo.

Un aspecto relevante es la incorporación de los enfoques que sustentan estas políticas, entre otros, el de interculturalidad, igualdad de oportunidades, y en particular, de corresponsabilidad, de modo que el “beneficiario” no sea sólo sujeto receptor de los servicios sino un “usuario”, un ciudadano consciente de sus derechos, pero también de sus deberes ante el Estado y la sociedad.