Los programas sociales del Estado han sido vistos casi siempre como botín electoral por muchos gobiernos y partidos, y fuente de recursos para movilizar a los ciudadanos, en especial a la población vulnerable y pobre, para propósitos políticos.

De esto mucho sabemos los peruanos, y ha ocurrido en todos los niveles de gobierno. En la última década, sin embargo, con la apuesta por mejores políticas nacionales y la modernización del Estado en un contexto de exigencias ciudadanas, se han dado pasos importantes para un desempeño más responsable de la administración gubernamental sobre sus intervenciones sociales y un mayor compromiso para alcanzar objetivos y metas. Una expresión de ello es la incorporación del enfoque de gestión por resultados como lineamiento de política pública.

Los hitos relevantes vinculados a este enfoque son la Ley Marco de la Modernización del Estado (enero 2002) y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (diciembre 2007) que establece seis principios rectores, entre los cuales figuran el servicio al ciudadano (eficacia, eficiencia, rendición de cuentas); inclusión y equidad (incorporación social, política económica y cultural de las poblaciones vulnerables; igualdad en el acceso a oportunidades y beneficios); y la participación y transparencia (derecho a intervenir y a vigilar la gestión estatal). En esta misma línea se ubica la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (febrero 2013).

El Presupuesto por Resultados es una estrategia de la gestión pública que prioriza el gasto y mejora la calidad de las intervenciones. Vincula la asignación de recursos a la prestación de bienes y servicios; está sujeto a medición y evaluación, y debe mostrar evidencia sobre el cumplimiento de metas. Y aquí entramos a un principio clave, la rendición de cuentas, no sólo en términos monetarios sino además en las metodologías y prácticas más eficaces que contribuyan a conquistar los objetivos planteados.

Uno de los instrumentos del Presupuesto por Resultados son los Programas Presupuestales, los cuales se definen como una unidad de programación de acciones integradas y articuladas para proveer productos, y contribuir a un resultado final asociado a un objetivo de política pública. La validación del diseño e implementación y la continuidad de la transferencia de fondos para las actividades de los programas está y debe estar condicionada a objetivos y metas,  y demostrarse con evaluaciones externas.

La relevancia de los Programas Presupuestales de las carteras ministeriales, programas y proyectos, radica en que estos identifican y asignan, prioritariamente, recursos para los productos que más impacto social representan. Permiten, además, evaluar el gasto, conocer y analizar sus resultados bajo indicadores de desempeño construidos con criterios técnicos e independientes. Eso es lo que se espera de toda gestión pública eficiente y comprometida con el desarrollo y bienestar ciudadano.