El entorno de grave crisis y los esfuerzos de recuperación económica en un escenario de pandemia ha traído a debate las políticas sociales y su eficacia para enfrentar la pobreza y pobreza extrema en América Latina, la región más desigual del planeta, con economías de bajo crecimiento y escasa productividad.
Los nuevos desafíos de los gobiernos llaman la atención sobre las estrategias, la pertinencia y la eficacia de las políticas y programas sociales, considerando la vasta experiencia de los estados latinoamericanos en intervenciones públicas para aliviar las precariedades de los hogares urbanos y rurales, aprendizajes que deben acompañar los procesos de decisión gubernamental sobre los sistemas de protección social, entendidos estos como una estructura de oportunidades no sólo asistenciales, como las que alivian el hambre; sino también las que, al tiempo de asegurar derechos básicos, fortalecen capacidades y desarrollan iniciativas para la autogeneración de ingresos.
Pero no siempre ha funcionado así. La complejidad de las sociedades latinoamericanas, disgregadas y fracturadas, con sectores excluidos de los beneficios del crecimiento económico, y gobiernos que han hecho muy poco -y a veces todo mal- por superar la pobreza y apostar por el desarrollo humano, generaron políticas compensatorias que no cumplieron sus propósitos, e inclusive ineficaces a costos elevados para las economías nacionales.
La percepción de la inequidad de la política social en Latinoamérica revela la necesidad de contar con un sistema de protección más inclusivo, favorable al crecimiento y redistributiva entre los segmentos de la población más pobre y vulnerable, de modo que contribuya a reducir la desigualdad y a la ampliación de las oportunidades sociales y económicas.
El Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 del PNUD (https://bit.ly/2SEcJxG) que comentamos la semana pasada, advierte que para reducir la desigualdad es insuficiente subir los impuestos y aumentar la inversión social; se requiere revisar la articulación de los programas de protección en relación a la situación de los trabajadores en el mercado laboral, las condiciones de acceso a estos y su financiamiento.
Y aplicar el principio rector de la protección social: su universalidad, es decir, tiene que llegar a todos los que están expuestos a una determinada condición a través de un solo programa, y las prestaciones deben brindarse con la calidad debida para todos. Un ejemplo de esto en el Perú es el SIS, el Seguro Integral de Salud. Pero al principio de la universalidad debe sumarse el de la integralidad y complementariedad, pues construiría opciones con mayor equidad, reduciendo brechas y habilitando espacios para la cohesión y el desarrollo social.