Archivo por meses: septiembre 2021

La crisis y el Estado

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Los esfuerzos de la lucha contra la pobreza en América Latina, y sus significativos avances desde una perspectiva global en las dos últimas décadas han sido arrasados por la pandemia del coronavirus en menos de dos años.

Los impactos sociales y económicos del virus del Covid-19 que se propagó por el planeta son enormes y develan la fragilidad de aquel crecimiento que elogiaron muchos solo porque las cifras crecían en azul para el capital financiero y rentista, soslayando el desarrollo social que reclamaba su espacio para el acortamiento de las brechas de la desigualdad y la exclusión, hoy con indicadores de escándalo en la región.

Las secuelas de este enfoque economicista son dolorosas. En este año, cuando el acceso a la vacuna es desigual para muchas naciones y cuando el Perú procura nivelarse a pasos más acelerados que en los meses precedentes, tenemos un escenario que ofrece una engañosa esperanza de recuperación.

Las previsiones recientes que ha hecho UNCTAD, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, apuntan a que el crecimiento económico promedio de 5.3 por ciento para este año, será la tasa promedio más alta en medio siglo, pero insuficiente para recuperar los niveles pre pandemia debido que caímos más hondo de lo que imaginamos. Tal crecimiento se licuará en el hoyo apenas atisbe sus bordes desiguales.

El Perú se esfuerza para subir al menos hasta la línea de flotación, de modo que el ascenso hacia a la superficie pueda consolidarse como una plataforma de salvataje para sobrevivir y ganar tiempo, y tal vez recuperar parte de lo perdido; pero para entonces, una nueva generación de ciudadanos reclamará legítimamente sus necesidades en un proceso de superación de la crisis que se extenderá más allá del año 2025, según estimación de la UNCTAD.

Estamos pagando muy caro lo que como país dejamos de hacer, no haber fortalecido ni ampliado la base productiva, como tampoco haber reducido la informalidad; es más, “descuidando” las inversiones en salud y en educación con los propósitos transformadores que el desarrollo social y los derechos ciudadanos demandan.

En estas condiciones y en medio de la crisis, muchos sectores han volteado a mirar y a pedir la mano del Estado invocando ayuda, obligaciones y derechos, precisamente aquellos que cuestionaron y cuestionan su rol en la construcción de una sociedad democrática, un discurso que revela la doble moral y el interesado comportamiento político de sus voceros.

Y, sin embargo, “el mundo ha vuelto a descubrir el papel y la importancia del Estado tras muchos años de aplicar políticas que fracasaron frente a los pobres y a la clase media”, ha reconocido la nueva secretaria general de la UNCTAD, la costarricense Rebeca Grynspan, entre otras cosas, porque de pronto “descubrimos que países como el nuestro han sido más golpeados por la actual crisis de la pandemia que por la crisis financiera del 2008”.

 Tenemos todavía encarnado el mal endémico de soslayar la construcción del bienestar con más equidad y oportunidades, sabiendo inclusive que es la ruta que hace viable y sostenible un mundo mejor para todos.

Yanapay Perú

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A pocas horas de iniciarse la entrega del Bono 350 (Yanapay Perú) es oportuno llamar la atención sobre el subsidio estatal de emergencia que, como tal, no debería ser una estrategia recurrente ni exclusiva para la contención del hambre y la expansión de la pobreza a causa de la pandemia del Covid-19.

Si bien el monto parece no ser significativo en el plano individual, lo es en el ámbito familiar. Es insuficiente, cierto, pero recursos adicionales en el hogar hacen economías de escala y se convierte en un alivio temporal para atender las urgencias de la alimentación ante la caída del empleo y la reducción de los ingresos, que como sabemos, afectan con dolorosa incidencia a la población pobre y a la población vulnerable en áreas urbanas y rurales, y especialmente a niños y adultos mayores.

Los bonos constituyen un flujo de ingresos directamente vinculados a la alimentación y salud, protegen el capital humano y dinamizan las economías locales con efectos alentadores para la recuperación económica en términos más globales.

Sin embargo, las sucesivas ayudas monetarias solo han estado acompañadas de recomendaciones sanitarias ante el virus mortal y no incluyeron estrategias de comunicación que hagan incidencia en su buen uso, como sí ocurre con el subsidio regular del programa social Juntos que gestiona el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el cual está condicionado a controles de salud en los establecimientos del MINSA y a la asistencia escolar.

Es importante que las familias tengamos claro que Yanapay Perú como las asignaciones anteriores, tiene el propósito garantizar la alimentación, es de carácter extraordinario y le cuesta al país. Es una medida de protección social temporal y el mensaje debería acompañar todo el proceso, antes, durante y después de su distribución.

Es relevante promover el enfoque de corresponsabilidad sobre el apoyo monetario. Al deber del Estado de aliviar las condiciones de emergencia, le compete al usuario (ojo, usuario, no beneficiario) la responsabilidad de dedicarlos exclusivamente al propósito que les dio origen.

Los estipendios tienen la ventaja de impulsar la inclusión financiera (billetera móvil, transferencias electrónicas, cuenta DNI y otras modalidades) en territorios rurales. En esta línea la educación financiera y la cultura del ahorro tienen que tener un espacio para intensificarse como conocimiento y como práctica.

La protección social sin asistencialismo, y la ampliación de oportunidades económicas para el incremento y diversificación de los ingresos familiares, abre espacio para una ruta sostenible en la lucha contra la pobreza, más allá de los impactos del Covid-19.

La vulnerabilidad monetaria en el Perú

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Dependiendo de nuestra relación con los bienes económicos y sociales, y considerando los espacios territoriales donde nos encontremos, podemos estar o no dentro del universo de la vulnerabilidad, una situación de precariedad que nos expone a muchos o todos los riesgos.

Esto ocurre porque en tanto vulnerables -una condición variable de riesgo e inseguridad- estamos expuestos a cambios bruscos que alteran o nos alejan de los medios de vida sostenibles. En esta categoría se ubica la población no pobre pero susceptible de caer en pobreza, es decir, aquel sector que desde el punto de vista de los ingresos se encuentra en el umbral de la Línea de Pobreza, el costo monetario de una canasta básica de consumo de alimentos y no alimentos (para el año 2020 era de S/ 360 mensuales por habitante, según el INEI).

Esta es la situación de miles de familias peruanas de la costa, sierra y selva, en un país que antes de la pandemia del Covid-19 se preciaba de ser una nación de ingresos medios no obstante su alto nivel de informalidad.

La vulnerabilidad es un fenómeno multidimensional, pero tiene obviamente características propias con un rango más amplio de consideraciones. El Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo identifica cinco dimensiones claves: vulnerabilidad monetaria, vulnerabilidad alimentaria, vulnerabilidad laboral, vulnerabilidad financiera y vulnerabilidad hídrica, y sus umbrales son, en ese orden, línea de pobreza total, línea de requerimientos calóricos mínimos, salario mínimo vital por ley, fuente de ahorro con mayor liquidez, y fuente de abastecimiento de agua por red pública (Vulnerabilidades: más allá de la pobreza. PNUD Perú, 2021).

En febrero pasado el INEI presentó el Mapa de Vulnerabilidad Económica a la Pobreza Monetaria, y dio cuenta que el 34.0% de la población peruana era “no pobre vulnerable”; y apenas el 45.8% “no pobre no vulnerable”.

Estas cifras no recogen los impactos de la pandemia pero revelan desde ya la gran magnitud de la vulnerabilidad monetaria en el Perú, pues ha de tenerse en cuenta que la pobreza total para entonces llegaba al 20,2% y hoy es del 30.1% de acuerdo al último Informe de Pobreza Monetaria publicado en mayo de 2021, un incremento de diez puntos porcentuales en tan solo un año.

Y es que si bien la pandemia del Covid-19 es una amenaza de origen biológico, las vulnerabilidades con las que interactúa en los hogares peruanos son de carácter económico y social.

Las cuatro provincias más vulnerables a la pobreza monetaria son Purús, Padre Abad (departamento de Ucayali), Puerto Inca (Huánuco) y Atalaya (Ucayali) con una incidencia entre el 61.9% y el 53.3%, en ese orden; y las cuatro provincias menos vulnerables son Lima, Ilo, Trujillo y Arequipa, que se ubican entre 23.3% y 24.2%, respectivamente. Así estamos.