La manera en que se van a implementar las decisiones y quehaceres de la política social del nuevo gobierno exige una mirada pertinente a la realidad sociocultural y política de los territorios, especialmente rurales, que no corresponden siempre ni necesariamente a los patrones generales de la cultura occidental, como bien sabemos desde hace mucho, si no, por el contrario, a las particularidades de las culturas y de las prácticas locales inclusive.

Y esto no es un enfoque ni académico ni caprichoso, es un abordaje intercultural validado a lo largo de los años, resultado de las experiencias públicas y privadas, y de los aprendizajes en la lucha contra la pobreza rural en el mundo andino y amazónico.

Tenemos en el Perú 48 lenguas originarias, 44 de ellas se hablan en la Amazonía y 4 en la zona andina: quechua, aimara, jaqaru y kawki (el jaqaru se habla en los distritos de Tupe y Catahuasi, provincia de Yauyos; y el kawki o cauqui en el pueblo de Cachuy ubicado dentro de la jurisdicción de Catahuasi). Pero además, los peruanos vivimos en tres regiones naturales, que se diferencian no sólo por la geografía, la economía y la cultura, sino también por la forma cómo las comunidades y la gente que las habita se articulan a los pueblos más grandes, a las ciudades intermedias y a las metrópolis, especialmente de la sierra y la costa; dinámicas atravesadas a su vez por elementos histórico-culturales y en particular por modelos de desarrollo que restringen las oportunidades, generan desventajas e  imponen exclusiones.

Son las brechas de la desigualdad y la pobreza las principales barreras en la construcción del desarrollo y el bienestar. En este escenario, sin embargo, cabe observar y tener presente la percepción de bienestar de las personas, sus aspiraciones de cambio, su disposición y capacidad para la transformación, así como los factores socioeconómicos, educativos y políticos que lo bloquean o dificultan.

En esa coyuntura crítica, de polarización social y política, es crucial romper la visión apocalíptica del futuro de la Nación y asumir el esfuerzo de construir a base de consensos mínimos las prioridades de las políticas sociales, con la pertinencia y las especificidades descritas para enfrentar con eficacia y mejores resultados el hambre y la pobreza que hoy vulnera los derechos básicos de al menos 30 por ciento de peruanos, como consecuencia, entre otras razones, de la pandemia del covid.

El Estado peruano ha acumulado ya una vasta experiencia no solo en el diseño, y ejecución de políticas, programas y proyectos sociales, sino además en su evaluación y rediseño, validadas inclusive internacionalmente, de modo que no hay razón para volver a los años funestos del uso político de los programas sociales como ocurrió en la década de los 90 del siglo pasado.

El enfoque de desarrollo territorial rural como un modelo de intervención que articula a los actores institucionales, colectivos e individuales sobre la base de las potencialidades del espacio geográfico y económico, y alrededor de las necesidades y expectativas de la población para construir el cambio, tiene el propósito estratégico de promover el bienestar en sus dimensiones económicas, sociales, políticas y culturales.

Es esta perspectiva, creemos, la que debe gobernar el proceso de construcción de las políticas y programas sociales para el mundo andino y amazónico, involucrando en la gestión a las comunidades y usuarios organizados, siempre que asuman una responsabilidad compartida que evite la clientela política, la dependencia asistencial y el populismo de antaño. Ha llegado la hora.

Los procesos colectivos facilitan los cambios hacia un desarrollo territorial inclusivo, pero para ello deben renovarse y reajustarse las políticas nacionales del Estado peruano a partir de un consenso mínimo de los sectores públicos y privados, sociedad civil y el concurso de los ciudadanos reconocidos por sus compromisos y prácticas honorables. La coordinación intersectorial y la colaboración multinivel convergen en sinergias para facilitarlo. La coyuntura no puede ser más propicia hoy en el año del bicentenario, y un nuevo Acuerdo por la Gobernabilidad puede ser la plataforma más pertinente.

El modelo expresa una estrategia liberadora de las capacidades y fortalezas del territorio (entendido como espacio de interacciones que conllevan una visión compartida del desarrollo y actores comprometidos en su construcción), más aún cuando se encuentran aliados institucionales, cuando se extiende la confianza mutua y se reconoce al interlocutor en todas sus dimensiones humanas, y cuando se generan oportunidades para una salida sostenible de la pobreza sin dañar la dignidad de las personas.

Hemos sido testigos de cómo las ofertas ofensivas a la situación de pobreza de miles de compatriotas durante la campaña contaminaron el discurso electoral, cobrando inusitadas promesas en la segunda vuelta, por ejemplo, de una candidatura empeñada en una fuga hacia adelante, para lo cual no escatimó anuncios de distribución de dinero a cuenta de los recursos del canon minero.

En un contexto de crisis sanitaria, crisis política y crisis económica; y en un escenario crispado por pugnas y puyas de grueso calibre, un nuevo modo de gestionar la política pública, y más precisamente un nuevo estilo, transparente y democrático, se hace urgente en las horas cruciales de la patria, cuando iniciamos la tercera década del segundo milenio, cuando nos envuelve el Bicentenario de la Independencia Nacional, y cuando está próximo el fin y el inicio de un nuevo gobierno.