Un correcto diagnóstico para cualquier decisión sobre política pública es clave, más aún si supone planeamiento, diseño, rediseño o mejora de los programas y proyectos, arquitectura organizacional, personal operativo calificado y asignaciones presupuestales, y si involucra, por supuesto, a los ciudadanos más vulnerables.

Esto es lo que debe hacer el Estado y sus instituciones en materia de políticas sociales, el diagnóstico más correcto para elevar la calidad de sus intervenciones, aunque es verdad que existen otros factores asociados a la toma de decisiones: voluntad política y propósito estratégico.

Ante el reciente Informe Técnico del INEI sobre pobreza monetaria que refleja parte de los impactos de la pandemia del Covid-19, es bueno recordar que la pobreza se manifiesta también en otras dimensiones más allá del ingreso/gasto: salud, educación, saneamiento, vivienda, empleo, transporte, conectividad, y otros indicadores vinculados, por ejemplo, a la territorialidad rural/urbana, y en el Perú en particular a la configuración geográfica (costa, sierra y selva) y su realidad sociocultural.

A esto sumamos el ciclo de vida diferenciada por la edad de las personas y el modo de su participación o inserción en las actividades económicas, sociales y culturales.

El análisis de la pobreza requiere pues un enfoque multidimensional y no sólo monetario, de modo que los reajustes a la formulación e implementación de las políticas sociales contribuyan a enfrentar con éxito la pobreza, la vulnerabilidad, la desigualdad y la exclusión. Lo necesitará el nuevo gobierno y lo necesitamos todos.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tienen que atender, este 2021, el compromiso pendiente de definir el Índice de Pobreza Multidimensional para un diagnóstico certero de las carencias de los ciudadanos y una radiografía más exacta del fenómeno de la pobreza. De este modo tendremos inversiones sociales más pertinentes, eficaces y eficientes.

El INEI trabaja en este tema con la ayuda de la Comisión Consultiva que le da soporte metodológico, en respuesta, además, a los compromisos del Estado peruano ante la comunidad internacional para el monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030 proclamado por las Naciones Unidas en setiembre de 2015.

En efecto, la meta 1.2.  (“De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones…”) obliga al INEI a adoptar indicadores oficiales de pobreza multidimensional complementarias a la medición de la pobreza monetaria. Y junto a esta urgencia, debe actualizar también el “Año Base” con el que compara y evalúa los cambios en la vida económica y social de los peruanos tomando en cuenta los últimos censos y encuestas nacionales.