Los resultados de los comicios en primera vuelta son evidencia de la debilidad de la democracia peruana, no por la naturaleza ni la oferta de las dos opciones -extremas y antagónicas- que irán al balotaje del 6 de junio, sino sustancialmente por la ausencia en las ánforas de al menos 7 millones de peruanos y de otros 3 millones que sí acudieron a las urnas, pero para viciar el voto.

Las cédulas electorales de Pedro Castillo y Keiko Fujimori apenas sumaban 4 millones 529 mil 371 (al 99.9% de las actas procesadas, ONPE a las 15:30 horas del jueves 15 de abril), es decir, una ínfima proporción de los 25 millones de peruanos hábiles para ejercer su derecho a elegir. Así las cosas, cualquiera sea quien gane la segunda vuelta, tendrá una legitimidad de origen muy precaria.

Las voces que sostienen que estamos en una nueva etapa y se requiere, por tanto, una nueva mirada a partir de la realidad electoral surgida la noche del domingo 11, se equivocan en un asunto tan clave como sencillo de entender. Los votos nulos y blancos por su significativo número valen mucho en términos sociales y políticos, gritan a viva voz sentencias condenatorias a la clase política, son las gargantas agitadas que no mostraron apetito alguno sobre el menú de abril; pero nos recuerdan también el hartazgo vomitivo sobre los discursos retóricos poco decorosos ante las emergencias y urgencias nacionales.

Y entonces, como lo dijimos el sábado anterior, hemos perdido todos. Los candidatos sobrevivientes para la segunda vuelta no deberían olvidar las cuentas pendientes con el resto de ciudadanos que les negaron el voto, y deben considerarlo a la hora de ofrecer un nuevo menú, que sin bien puede perder el sabor que le encontraron sus seguidores el último domingo, puede salvarlos por ahora de la campana.

Porque lo cierto es que el escenario de crisis recurrente no se esfumará ante el nuevo mapa político nacional y la nueva representación en el Congreso, variopinto el primero, multipartidario y fragmentado el segundo; salvo que apuesten -a la luz de los dichos del día siguiente- por algo que en el fondo no quieren, un acuerdo político y social, el consenso básico que la Nación entera reclama para enfrentar la pandemia, recuperar la economía, los empleos,  la oportunidad para ascender a la superficie, y sobrevivir.

No habrá ganadores en la primera vuelta electoral de este domingo, ni ganador o ganadora en la segunda, y no necesitamos esperar el día de los comicios para saberlo. Todos somos desde ya perdedores en este proto-proceso electoral que no termina de cuajar ni ocurrirá tampoco el 28 de julio con la asunción de mando del nuevo gobierno.

Y no es culpa -para nada- de la pandemia, a la que quieren muchos atribuirle todo o parte de los males que aquejan al país desde hace trece meses, más allá de la muerte, el dolor y la incertidumbre cotidiana, la nueva normalidad que experimentamos.

El escenario recurrente de crisis política es consecuencia de las tareas pendientes, lo que dejamos de hacer, lo que no hicimos para profundizar y fortalecer la democracia; de la inconclusa reforma política agujereada, dicho sea de paso, por las prácticas deshonestas de los líderes y partidos que accedieron a las cuotas del poder público y de los perversos ejemplos de dirigentes corruptos de las organizaciones sociales; de la falta de transparencia y de las malas enseñanzas de uno y otro lado, y sobre todo, la falta de empatía con los valores ciudadanos y los principios básicos claves de la ética y la moral pública, que a pocos importa.

Requerimos recuperarnos de este escenario de terror, un nuevo pacto político y social, un nuevo Acuerdo por la Gobernabilidad a cuya dirección avanzaremos siempre que logremos darle el sentido y la utilidad que no le dio la clase política en los últimos lustros. Esta es precisamente la enorme deuda que nos tienen.

La institucionalización del diálogo y la concertación, para la construcción de mejores políticas públicas y sus dimensiones operativas respecto de las prioridades económicas y sociales, es el camino más apropiado para la definición de una agenda prioritaria que teniendo como centro a las personas, suponga una nueva relación entre Estado, Gobierno y sociedad.

Sin embargo, la realidad está lejos de esta necesidad y demanda, por lo demás llena de desafíos ante un sistema que se resiste al cambio, o, por último, a su reinvención, de un modo que represente y exprese mejor las oportunidades que se merecen todos los peruanos sin exclusión.

Y en esta coyuntura tendría que empezar con un plan de emergencia, que alrededor de la lucha contra la pandemia del Covid-19 y sus secuelas escale hacia las transformaciones y reformas pendientes. Es crucial para ello profundizar y fortalecer la movilización y participación ciudadana, desterrar el desaliento, y derrotar a las voces que proclaman la anarquía.

Los estudios de los organismos multilaterales sobre el futuro macroeconómico de América Latina post pandemia, llaman la atención por su optimismo en la progresiva recuperación de los indicadores económicos. En buena hora porque eso es lo que se espera en medio de los estragos del Covid-19 y sus impactos en la vida de la gente, especialmente en los sectores pobres y vulnerables. Las recomendaciones incluyen reformas económicas orientadas a mejorar la productividad, eficiencia de los servicios públicos, ampliación de las inversiones en infraestructura y otras.

Los bancos centrales de la región, advierten, “tendrán que navegar aguas peligrosas y desconocidas”, pues, entre otras cosas, tienen menos fondos disponibles y tasas de interés de política monetaria en mínimos históricos.

Los ahorros en el gasto público y los mayores ingresos fiscales producto de una mayor exigencia tributaria, deberían destinarse a los proyectos con altos beneficios sociales y en proyectos que favorezcan el crecimiento. Lo recomienda así el Banco Interamericano de Desarrollo en su último informe macroeconómico para América Latina y el Caribe (BID, marzo 2021), que incluye, una mejor focalización de los programas sociales de transferencias económicas, sobre el cual, Perú evidencia progresos significativos hace varios años.

La perspectiva que tiene la Comisión Económica para América Latina, organismo del sistema de Naciones Unidas, apuesta, sin embargo, por “la creación de un verdadero Estado de bienestar, tarea largamente esperada en la región”. Su último estudio, Panorama Social de América Latina 2020 (CEPAL, marzo 2021) sostiene que la pandemia ha exacerbado las brechas de la desigualdad estructural y “se vive un momento de elevada incertidumbre, en el que aún no están delineadas ni la forma ni la velocidad de la salida de la crisis”. Observa que los costos de la desigualdad se han vuelto insostenibles y que es necesario reconstruir las naciones con igualdad y sostenibilidad.

Esta otra mirada se nutre de las necesidades y expectativas de los países latinoamericanos y puede articular esfuerzos gubernamentales, así como los discursos renovadores del desarrollo económico y social que mejoren las políticas públicas, entre estas, políticas sociales con programas productivos habilitadores de oportunidades económicas, una ruta estratégica de contención de la vulnerabilidad y la pobreza para un horizonte menos aterrador de lo que hoy observamos.

La crisis económica y sanitaria, cuando en el Perú ya casi hemos tocado fondo, exige el esfuerzo de todos. Demanda un pacto social y político básico, un plan de emergencia nacional, y una agenda a mediano plazo centrado en las personas.