No hay forma de decirlo de otra manera. El 2021 tiene que convertirse en un punto de quiebre, una inmejorable oportunidad para hacer lo que no hemos hecho -o dejamos de hacer- en doscientos años de historia republicana: el inicio de una nueva etapa para construir un país integrado, más equitativo, menos excluyente, más cohesionado y con mayores oportunidades para todos, es decir, más inclusivo.

Es retórica, cierto, pero siendo tal confluye hacia una aspiración común que debe guiar la acción política y las decisiones gubernamentales; del gobierno que se instaure en julio y de los que lo sucedan en adelante. Seremos los ciudadanos igual de responsables como las autoridades elegidas si dejamos pasar la oportunidad. Es poco probable que haya un cambio sustantivo en los decires y en las prácticas políticas de los próximos años si la ciudadanía no articula sus demandas de modo que se inserten y se sostengan en la agenda pública, ejerciendo su derecho al bienestar.

La lucha contra el hambre y la pobreza, en el contexto del Covid-19 y su impacto en la vida de las personas es hoy la prioridad; es la única certeza en medio de la incertidumbre sobre el curso que tomará la pandemia en el Perú y en América Latina no obstante la vacuna contra el SARS-CoV-2 y sus nuevas cepas.

Como sabemos, luego de dos décadas de progresos significativos en la reducción de la pobreza rural, los avances de los indicadores en la región se han ralentizado desde el 2016.

La CEPAL y la FAO recomendaban antes de la crisis sanitaria cinco ejes de acción: fomentar la agricultura familiar; promover el empleo rural no agrícola; una nueva relación del Estado, sector privado y ciudadanos con los recursos naturales; un sistema de protección social más amplio; e inversión en infraestructura. Pero combatir la pobreza en medio de la expansión del nuevo coronavirus, necesita sumar a estos ejes una estrategia de contención priorizando la seguridad alimentaria, mejorando los servicios de salud, y ampliando y diversificando la base productiva.

Supone otra mirada a lo rural, reconocerlo como espacios económicos y sociales, que más allá del incremento de la inversión pública, pueden generar recursos y ofrecer mayores oportunidades para su población si se articulan la producción agropecuaria y agroindustrial con los servicios y otras actividades económicas complementarias, promoviendo el desarrollo rural sostenible.

Hay pues, en este sentido, mucho que exigir a los candidatos presidenciales y congresales, quienes, por sus propias ambiciones políticas, deben nutrir mejor su menú electoral.