Por: Fiorella Peyrone Villacorta [1]*

Importa destacar que el uso de la palabra “privilegio” en la normativa no es adecuado, puesto que genera una interpretación errada; en la que se superpone la función pedagógica a la sancionadora. De acuerdo al contenido normativo de la modificatoria, se establecen dos etapas claramente diferenciadas respecto del sistema de fiscalización laboral en SST; en primer lugar  la función pedagógica y en segundo lugar, la función sancionadora.

Es evidente que, la referida estrategia preventiva no es suficiente en sí misma para lograr el objetivo de “informar” a todos los empleadores del Perú respecto de sus obligaciones legales en materia de SST no solo por carecer del número adecuado de Inspectores de Trabajo especialistas en SST para todo el país, sino por la falta de instrumentos técnicos para evaluar determinados factores de riesgo, falta de metodologías apropiadas, entre otros.

Para garantizar el cumplimiento de la normativa en SST en el país es necesario que el Estado asuma la responsabilidad de difundir adecuadamente los derechos que se reconocen en las normas jurídicas que promulga en materia de SST, para que éstas sean efectivamente aplicadas por todos los sectores e individuos involucrados, para ello, es imprescindible que éste dote de los recursos humanos y financieros necesarios no solo al sistema de fiscalización laboral para que cumpla con su labor pedagógica sino para ejecutar las medidas consensuadas en la Política y en el Plan Nacional de SST en esta materia.

Consideramos que si bien la función pedagógica de la fiscalización laboral en SST fomenta el cumplimiento normativo en materia de SST, ésta no debe ser “privilegiada” dado que esta función es indisoluble con la función de control o sanción en el sistema de la fiscalización laboral.

Finalmente, concordamos con Boza y Mendoza respecto a que la función educativa o pedagógica del sistema inspectivo, no debería amparar una cultura de impunidad[2].