La negativa de Santos a participar del proceso de facilitación ha caído como anillo al dedo a quienes creen, que la opción violenta o autoritaria es la vía para solucionar el
status quo actual. Desquebrajado el diálogo, opinólogos y políticos autoritarios se apresuraron a darle partida de defunción a la facilitación, y reiniciaron su campaña de deslegitimación, promoviendo acciones coercitivas contra el presidente regional Gregorio Santos, al cual se sumo el ministro de turismo por parte del gobierno, siendo más papistas que el papa pues prudentemente la empresa no se ha sumado a este cargamontón.
Basta con revisar las experiencias de facilitación en conflictos internos e
internacionales, muchos más complejos y cruentos que Cajamarca, para comprender que
son procesos de avances y retrocesos, de rupturas y acercamientos e incluso de renovación de facilitadores, pero lo importante es el proceso, es decir que exista un canal abierto, un asiento reservado, una puerta abierta para el diálogo. Precisamente eso es lo que no comprenden quienes quieren liquidar el proceso de facilitación, no pocos en el gobierno y muchos políticos autoritarios.
La cultura política de la confrontación imperante entre las partes (gobierno, empresa y gobierno regional) les impiden comprender que un proceso de diálogo no es un ejercicio de presiones y de mejora de su posicionamiento mediático en base a los típicos principios masculinos de mantenerse firmes, defensores de sus posiciones, e inflexibles, creyendo que dialogar es debilidad, que conversar es ceder, que hacer muestras de buena voluntad los debilita, y por tanto las partes se han enfrascado en condicionar el diálogo a pedidos previos, cuando las condiciones previas precisamente son materia de diálogo y acuerdo.
El estatus actual de la facilitación no es resultado de la falta de oficio de los facilitadores, sino del enfoque que sigue primando en las tres partes. Si algún punto en común comparten la empresa, el gobierno regional y gobierno central es que los tres piensan que no deben ceder en sus posiciones y la situación actual va a debilitar al otro. Santos apuesta a que las pérdidas económicas y el daño en la imagen de la empresa los forzará a desistir. El gobierno apuesta a que el estado de emergencia acogote a Santos, desespere a los residentes urbanos de Cajamarca y disminuya el apoyo “anticonga” fozando a Santos a aceptar la viabilidad de Conga tal cual.
Por su parte Santos espera que el “gabinete de concertación” se desdibuje, pierda respaldo popular al no poder resolver los conflictos y eso lo fuerce a desistir del apoyo a Conga. Por último la empresa se empecina en continuar la construcción a toda costa para que la mayor oferta de agua convenza por si misma a la población Cajamarquina y eso incline la balanza a su favor sin necesidad de salvarlas dos lagunas o de construir un sistema para trasladar y conservar los bofedales.
La reunión del pasado viernes 17 entre Newmont y representantes del gobierno ha sido buena según los facilitadores pero ciertamente incompleta, no hay una mesa que se sostenga con 2 patas, la opción de convocar a otros actores de Cajamarca pro-Conga y realizar un simulacro de diálogo es simplemente descabellada y en lugar de ser una solución agudizaría el conflicto. Según mi opinión el gobierno y la empresa han concurrido bajo el cálculo de que Santos no iba a asistir, y de esa manera ganaban terreno mediático contra santos y este simplemente piso el palito. La verdad es que habían pasado semanas y ninguna de las tres partes habían nombrado a sus delegados para el diálogo, no habían levantado el estado de emergencia o paralizado las obras, ni iniciado la investigación fiscal de las muertes en Cajamarca, ni comprometido con no realizar protestas, en otras palabras ni uno ni los otros habían realizado muestras de buena voluntad que los facilitadores repetidamente habían demandado, por tanto la responsabilidad recae en los tres.
Dicho de otra forma ninguno de ellos quiso que el proceso de diálogo marchara y a lo más habían dejado de hacer acciones contenciosas contra el otro: No procedieron con la detención de Santos, no le congelaron las cuentas al gobierno regional, no hubo protestas violentas en Cajamarca, y la empresa no reinicio las operaciones en Conga. Está demás decir, que estas acciones no alimentan el fuego pero definitivamente no lo apagan, es decir no constituyen muestras de buena voluntad, y el conflicto se mantiene. Además, son pertinentes en la fase de la administración de la crisis, pero en la fase actual son insuficientes, pues lo que sí funciona son las acciones que beneficien a la otra parte para crear condiciones de confianza y apertura.
Es necesario subrayar que la vía de la violencia o el autoritarismo disfrazado de legalismo es un camino ya transitado por las organizaciones, los sucesivos gobiernos y los políticos. En todos los conflictos, donde se ha recurrido solo a la violencia, ninguno se ha transformado por esta vía, a lo más se ha logrado visibilidad, pero similares resultados se han logrado usando acciones de resistencia pacífica, movilización ciudadana o protestas cívicas. En la mayoría de casos donde se ha priorizado la violencia el conflicto se ha pospuesto como en Tía María, Majaz o Bagua, pero la transformación del conflicto (en procesos de desarrollo) solo se ha logrado por medio del diálogo, u otros procesos colaborativos.
En resumen las tres partes están empecinadas en una guerra de posiciones esperando
que el otro se desgaste primero y de esa manera ganen el conflicto. Lamentablemente en estas situaciones la experiencia internacional señala que si hay un “ganador” los costos y las pérdidas humanas, materiales y sociales son tan grandes que todos terminan perdiendo. Afortunadamente los facilitadores han apostado por la continuidad de sus labores, pues tarde temprano Santos y los demás tendrán que sentarse a dialogar, solo espero que no sea a raíz de más muertos, en cuyo caso la responsabilidad será de las tres partes.