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Conga: Una cosa es con hoja de ruta y otra con políticas

Contra lo que se puede afirmar desde el sentido común, la actual situación posterior al paro de Cajamarca, con la renuncia del premier Lerner es el resultado de una falta de políticas públicas y un exceso de operadores políticos. El conflicto de Conga evidencia una vez más lo que expertos de diversas tiendas y colores han venido observando: La ausencia de una arquitectura gubernamental para el abordaje de los conflictos socioambientales.

En los últimos años la gestión de conflictos se ha nutrido de diagnósticos pero también de propuestas, durante las elecciones diversas instituciones alcanzaron a todos los candidatos propuestas generales y detalladas de cómo desarrollar una institucionalidad que prevenga los conflictos para que no actúe de bombero bufo sin agua en la cisterna, sin embargo, el problema central sigue siendo la dificultad de que las propuestas permeen a los funcionarios y autoridades.

¿Por qué es tan difícil desarrollar una institucionalidad pública que gestione los conflictos de manera temprana y acertada? La respuesta es simple, la gestión de conflictos no se reduce únicamente a convencer a los que protestan de que sus demandas son infundadas y que el gobierno puede invertir en más pistas y construir una represa pero dejar las cosas con la empresa minera tal cual. Este esquema de una negociación transaccional ha fracasado repetidamente y el nuevo gobierno insiste en el error.

Gestionar los conflictos implica abordar las problemáticas de fondo, que originan el problema, transformar las causas mediatas que amenazan el acceso de la población a los recursos para cubrir sus necesidades básicas y abordar las relaciones deterioradas entre empresas y campesinos. En estos tres puntos los gobiernos pasados y el actual no tienen una ruta de cambio que se plasme en una política pública. La declaración de los voceros del gobierno de que la prioridad en el uso del agua es el consumo humano, luego la agricultura y posteriormente la minería, no se traduce en políticas concretas.

A mi juicio hace falta un mayor manejo técnico, pero en una dirección muy diferente a la que el nuevo premier Valdés plantea. En primer lugar los instrumentos técnicos que son materia de controversia deben replantearse, estos fueron hechos a la medida de las empresas, sin un consenso social y como parches a las leyes fujimoristas de inversión minera que datan de hace 20 años y en un contexto nacional y ambiental muy diferente.
En primer lugar, la elaboración, aprobación y gestión de los EIAS (Estudios de Impacto ambiental), tienen muchos defectos: Los elaboran consultoras a pedido y medida de las empresas mineras, estos EIAS los aprueba el Ministerio de energía y minas (MINEM) con un equipo de técnicos limitados en número y en especialidades, y sumamente sobrecargados, y no exentos de fuertes presiones de las empresas. El informe de UNOPS sobre el EIA del proyecto Tía María encontró 138 observaciones y demostró la ineficiencia del equipo del MINEM a cargo de la aprobación de los EIAS, sin dejar de mencionar la famosa pero inubicable consultoría elaborada para el MINEM por una experta donde encontró que muchos de los EIAS de las empresas mineras eran de copia y pega de otros.

Además de ser juez y parte, el MINEM no involucra, en la decisión, a los otros ministerios como el Ministerio de Agricultura o el Ministerio del Ambiente, tampoco recoge las opiniones de la población antes de otorgar la conseción. En tal sentido este proceso tiene el disfraz de “técnico” y legal pero es a todas luces ilegitimo y no se corresponde con las necesidades de la nación.

Otros instrumentos “técnicos” como son la audiencia pública y la difusión del EIA también adolecen de problemas de diseño y de vicios en su aplicación. En la práctica la difusión no tiene ningún parámetro y no garantiza que la población conozca el EIA y por lo tanto al desconocerlo no opina y cuando se entera de cómo los afecta es muy tarde pues el MINEM ya aprobó el EIA.

Las audiencias públicas, por su parte, son todo menos públicas, las empresas (como sucedio en el conflicto de la petroquimica en Paracas) y en algunos casos el ministerio del interior (recientemente en Conga) elaboran las listas de los participantes y oradores, restringiendo la participación de los líderes opositores, de las instituciones que acompañan a las comunidades. Es conocido, además, el uso de power points en castellano en audiencias con quechuahablantes, o su realización en el propio campamento minero como ocurrió en Toquepala en setiembre.

En la práctica, antes de las audiencias, muchas empresa prometen a las comunidades una serie de beneficios que luego de aprobado el EIA no siempre cumple, lo cual se refleja en que la mayoría de conflictos que reporta la defensoría del pueblo es por el incumplimiento de promesas y una vez iniciadas las operaciones otra cosa en con cajón.

Algo similar pasa en las negociaciones con los dirigentes de las protestas, como ha ocurrido en los gobiernos anteriores, sigue siendo conducida de manera empírica e improvisada, lo demuestra el video difundido sobre las gestiones del ex-premier Lerner, que con todas las buenas intenciones carece de un experto en facilitación y se recurre a la presión por tiempo como estrategia de negociación.

De otro lado, como es ampliamente conocido quien informa al gobierno de la situación del conflicto y quien selecciona a los participantes de las negociaciones no es un personal técnico en gestión de conflictos y crisis sino el servicio de inteligencia nacional. Quien haya leído sus informes tendrá en claro que son útiles para identificar enemigos y anularlos para guerras externas pero demuestra una total ignorancia de qué son los conflictos socioambientales, sus dinámicas, causas y naturalezas. Este es otro ejemplo donde se carece de un procedimiento técnico adecuado.

En conclusión, los procesos “técnicos” para gestionar los conflictos no son eficientes, justos, ni participativos y no cumplen con los requisitos mínimos de los estándares internacionales. El gobierno se debe ocupar de una vez por todas de desarrollar una política de gestión de conflictos que implique un nuevo consenso entre diversas fuerzas políticas dialogantes que siente las reglas de juego para gestionarla.

Mientras el gobierno no haga su tarea los conflictos seguirán jaqueando la gobernabilidad del país, las inversiones y los derechos de las poblaciones. Tener una hoja de ruta no basta en absoluto, hace falta dejar atrás el periodo electoral y pasar a la etapa de políticas públicas que articule las diferentes visiones de los ministerios y concrete la política de priorización que el mismo presidente Humala plantea. Caso contrario tendrá que asumir el costo político: Bajar en las encuestas y perder el apoyo social ganado y la paralización de muchas inversiones y asumir un destino similar al del APRA. Sigue leyendo