Las elecciones siempre tienen un poco de carnaval pero a pesar del escepticismo ciudadano también avivan las esperanzas de que algunas cosas se arreglen. Con este nuevo gobierno ciertamente se esperaban muchas cosas que no se vienen cumpliendo, pero una en particular me interesaba, era la esperanza que los conflictos sociales no resultaran en muertes innecesarias como las ocurridas recientemente en Madre de Dios.
Ya en setiembre del 2011, a escasos 2 meses de asumir el gobierno, el conflicto en Tacna por la ampliación de la concentradora de Southern había arrojado 19 heridos de bala, y afortunadamente ningún fallecido. Este incidente pasó desapercibido en la Opinión Pública, preocupada por el rumbo económico del nuevo gobierno, pero era un claro indicio de que las cosas en materia de prevención y resolución de los conflictos seguían igual que antes. Ahora el conflicto en madre de Dios ha derivado en la muerte de 3 personas y ha develado una vez más la inoperancia del enfoque y actuación Estatal.
Sobre este conflicto está claro que el gobierno ha heredado un pasivo enorme pues dada la inacción de Toledo y especialmente de García el problema de la minería informal e ilegal se ha convertido en una economía paralela de la cual dependen una larga cadena productiva que según algunos cálculos involucra a cerca de medio millón de personas (según de FENAMARPE). Está claro también que este gobierno sí tiene la voluntad de resolver esta problemática dado el alto impacto que tiene a nivel ambiental, social y en el fortalecimiento de otras mafias.
Sin embargo, desde la perspectiva de la población articulada a la minería ilegal, se trata de un escalamiento generado por el gobierno, donde el Estado es percibido como un interventor que perjudica su acceso a los recursos y afecta el empleo que ellos mismos se han generado, en regiones donde el Estado no invierte y se perciben marginados del crecimiento económico. Este conflicto encaja más en el modelo “Agresor- defensor” que el de Conga donde el Estado era un interventor que buscaba regular, de manera parcial o imparcial, un conflicto entre las comunidades y la empresa, involucrados hace tiempo en una espiral de agresión-respuesta.
Lamentablemente el gobierno aún no tiene claro que la solución autoritaria sirve tal vez para la tribuna, pero por si misma no resuelve ningún conflicto. Si bien en el “conflicto Conga” la actitud enérgica del premier Valdez significó algunos puntos en la aprobación presidencial, en el mediano plazo está generando un embalse mayor del conflicto con resultados difíciles de predecir.
El problema es la forma en que se han gestionado las normas, la manera en que se ha conducido las negociaciones y las malas decisiones para contener la protesta. No basta con que el gobierno y la opinión pública capitalina sepan los daños que esta actividad genera. Es necesario construir consensos, especialmente entre la población de Madre de Dios y demás localidades donde la Minería ilegal viene operando, difundir técnicas sostenibles, generar planes de legalización, antes de iniciar un proceso tan difícil y complicado. En otras palabras, en necesario un plan de prevención del conflictos y alternativas de solución y no ponerse a pensar en ellas recién después de las crisis.
No vemos en el gabinete quien abogue por el diálogo, quien establezca puentes entre las partes más dialogantes, quien construya confianza y condiciones para la negociación, no observamos campañas informativas, solo enérgicas decisiones unilaterales policiales y legislativas que ilusamente creen que van a acabar con la problemática y de paso con el conflicto social que crece alrededor de esta.
Al igual que el famoso poema de John Done, citado por Hemingway, esta vez las campanas doblan no solo por los 3 muertos sino también por las débiles estrategias del gobierno regional, por la forma de gestionar los conflictos del gobierno central y por la indiferencia de la sociedad civil.