Archivo del Autor: Sandro Macassi Lavander

Adelanto Social y seguridades de vida: La contaminación por metales pesados en Pasco

Recientemente se viene discutiendo los alcances del llamando Adelanto social. Ciertamente es una idea importante que fue puesta en la agenda gubernamental desde el 2011 por las empresas y también por grupos de la sociedad civil, y recogida en el programa de gobierno de PPK.

El gobierno se esmeró en difundir el adelanto social como una “nueva” estrategia para prevenir los conflictos, argumentando que destrabará (sic) los proyectos. Sin embargo, tal y como se viene promoviendo, no hace sino evidenciar las dificultades del actual gobierno para comprender los procesos sociales que están detrás de la conflictividad.

La principal debilidad de esta medida es la premisa que está detrás de su diseño: Que los conflictos se originan únicamente por las carencias en infraestructura (de agua y saneamiento, de salud y de educación, de electrificación, de agricultura y riego), que luego se constituyen en caldo de cultivo para los conflictos. Por ello, dicen, adelantar la inversión en infraestructura aliviaría el embalsamiento de las demandas y haría viable los proyectos extractivos.

Si bien este enfoque es muy superior al discurso falaz de que los conflictos surgen por la manipulación de los líderes, desde nuestro punto de vista no hace sino reforzar una visión errada de los conflictos y su abordaje.

En primer lugar, se cree que el origen de los conflictos es solamente por la carencia, y en la medida que haya una transferencia de recursos la población dejara de oponerse al proyecto. De hecho, algunos de los proyectos que generaron una mayor oposición -como en Tambogrande y Tía María- se produjo en territorios donde los procesos productivos se encontraban consolidados con productos de agroexportación y cadenas productivas sólidas y élites locales con ciertos niveles de acumulación. En cambio, territorios con poblaciones muy carenciadas -como las Fuerabamba o el callejón de Conchucos, por citar algunos- ven en la inversión minera ventanas de oportunidades de desarrollo económico que no se abrirán, en la misma medida, con la presencia del Estado. Por lo tanto, la variable de condiciones económicas poblacionales no explica por sí misma el desarrollo procesos de conflictividad y menos aún opera como factor de prevención.

En segundo lugar, un análisis de la literatura internacional –incluso en países ricos- demuestra que los conflictos son producto de un conjunto de variables que tienen que ver con una mezcla de: Un mal diseño técnico, un deficiente manejo ambiental y usualmente una pésima gestión social, lo cual provoca temores, resistencias, reacciones que deterioran la confianza y las relaciones entre las comunidades y las empresas.

En tercer lugar, de todos los temores y preocupaciones que despiertas las industrias extractivas, el que más moviliza e impacta es “el temor a la contaminación”. Por ello, si hablamos de crear condiciones para la viabilidad de los proyectos extractivos, una tarea central debiera ser la creación de un sistema de monitoreo, alerta, identificación de responsables, sanciones, atención y remediación de la contaminación por metales pesados.

A pesar de ello el pasado gobierno y el actual han fallado rotundamente en crear seguridades y garantías para las poblaciones que viven en las áreas de influencia directa de los yacimientos. En el gobierno aprista observamos la contaminación de los niños de Raura Nueva en Huánuco, durante el gobierno de Humala la contaminación de población de Espinar en Cusco y en esta semana la contaminación por metales pesados de 21 niños de Simón Bolívar de Cerro de Pasco. Estos tres casos dramáticamente vigentes (entre muchos más que no aparecen en medios pero que figuran en el reporte de la Defensoría del Pueblo) demuestran el poco interés y la desidia de los sucesivos gobiernos por garantizar la salud de las personas.

El desesperado encadenamiento de los pobladores de Simón Bolívar en las rejas del MINSA nos muestra cómo las diferentes instituciones del Estado fallan -como casino de naipes- en garantizar la atención de los reclamos de estas poblaciones afectadas, incluso teniendo un plan de acción firmado desde el 2012 y una marcha de sacrificio en octubre del 2015.

Observamos una falla sistémica de la política de gestión de casos de contaminación por metales pesados: La OEFA no sanciona a las empresas, CENSOPAS no hace el seguimiento de la contaminación de los niños por falta de presupuesto (el último fue del 2012), el MINSA no implementa a tiempo la estrategia sanitaria de atención a personas Afectadas por Contaminación con Metales Pesados, el MINEM no transfiere desde el año pasado los fondos para la remediación de los pasivos ambientales (a pesar que el acuerdo data del 2012) y Viceministerio de Gobernanza no atiende preventivamente el surgimiento del conflicto (a lo mejor como no estaba en crisis, según ellos, no era un conflicto). Y nadie en el Estado tiene la competencia para identificar las causas de la contaminación, lo cual tiene entrampados en un limbo a los niños de Nueva Raura, Espinar y Simón Bolívar que tienen metales pesados en su sangre.

El mensaje del actual gobierno es lamentablemente claro, si sufres de contaminación por metales pesados, estás condenado a deambular entre una institución y otra, mendigando citas con viceministros, compensación económica, remediación ambiental, o atención médica. En otras palabras, ¿cuál es la seguridad que se le da a las poblaciones de los actuales y nuevos proyectos de que serán atendidos y tratados con justicia en caso ocurra una contaminación? La respuesta es: ninguna seguridad.

Por lo tanto, crear condiciones para la inversión de las industrias extractivas no tiene que ver con la inversión en infraestructura, sino en las “seguridades de vida” que se le deben garantizar a las poblaciones donde se van a desarrollar los proyectos, y es en este punto que el gobierno está disparando a los pies de la inversión.

 

Viceministro de gobernabilidad inaugura la post-verdad en el gobierno de PPK

Pocas veces las declaraciones de un funcionario generan tanta preocupación como las del flamante de un viceministro de Gobernanza Territorial. Quizás lo más alarmante fue su afirmación de que solo se considerarán conflictos si están en crisis y por lo tanto solo existen 5 conflictos en todo el país en lugar de los 212 que la defensoría registro este mes, es decir, que con la entrevista desaparecieron 207 conflictos de la agenda gubernamental.
El intento del actual viceministro de esconder el elefante en el closet no es novedad, en el pasado ya hubo intentos negacionistas en la gestión de conflictos. Vladimiro Huaroc, a cargo de la ONDS, renombró a los conflictos latentes y los llamó controversias, gracias a ello, el gobierno de Humala eliminó 120 conflictos y se “redujo” la conflictividad.
Alguien deben informar al viceministro que, desde hace varias décadas, expertos en relaciones internacionales, mediadores e investigadores (Galtung, Mitchell, Burton, Rubeinstein, Avruch, Kriesberg, Pruitt, Gur, Laue, etc.) vienen sosteniendo con evidencias y estudios que los conflictos tienen un periodo de formación (conflicto latente o fase temprana) que luego pasan por una fase de expresión (conflicto manifiesto, fase de visibilidad del conflicto) y pueden escalar y convertirse en crisis (conflicto des-encauzado), creciendo en intensidad, multiplicando sus problemas y los actores involucrados. Además, mientras más temprano se identifiquen los conflictos más probabilidades hay de transformarlos y es menos costoso.
Su afirmación de que no existen conflictos antes de las crisis, no solo limita la capacidad de actuación de la secretaría de gestión de conflictos, también la de todas las unidades de los ministerios que vienen bregando con actuar a tiempo y evitar que los conflictos crezcan, colocando al ejecutivo, de nuevo, en el rol de bombero en lugar prevenirlos.
Otra de las afirmaciones del viceministro Fernández-Concha fue que no dialogaría si hay una violación del orden jurídico, el viceministro no está informado que las fases de crisis se caracterizan por tener trasgresiones a la ley, y, cuando el periodista le inquiere a que explique cómo saldría del entrampamiento, el viceministro dice que usaría “el mecanismo de conversar” y de “llegar a bases sociales distintas a una mesa de diálogo”, ósea dialogaría, ciertamente se contradijo evidenciando una posición ideológica en lugar de una solvencia técnica.
Además, dijo que usaría el estado de emergencia para resolver las crisis donde se viole el orden jurídico. Basta con recordar el fracaso del gabinete Valdez que quiso resolver los conflictos a punta de Estados de Emergencia y cómo la declaración de emergencia en Conga, Tía María o Las Bambas, por citar algunos, no solo no resuelve el conflicto, sino que crea mayores resentimientos y enconos que agudizan el problema y hacen más difícil su transformación. Además, diversos estudios internacionales han subrayado que la forma cómo el Estado aborda las crisis tiene una repercusión en el recrudecimiento del conflicto (Pruitt y Robin, 1994; Goertz y Diehl, 1993). Este tipo de apuestas se pueden esperar del viceministro de orden interno, pero no de aquel que debe interponer ante todo el diálogo.
Fernández-Concha subrayó, también, que si hay violación del orden jurídico buscaría dialogar con “bases sociales distintas”, ¿podemos interpretar que buscaría crear un diálogo con organizaciones paralelas? Hay que recordar que en el conflicto Cañaris se optó por crear una mesa de desarrollo con “bases sociales distintas” a las titulares del conflicto, lo cual fue un completo fracaso, una pérdida recursos que dejó insatisfechos incluso a los mismos participantes “alternos”.
De aplicarse las medidas que plantea el viceministro la gestión pública de conflictos sufriría un serio revés, los diferentes equipos de los sectores que a duras penas han construido una institucionalidad de gestión, desarrollado protocolos de intervención -con sus errores y aciertos- verán desbaratados sus trabajos si la cabeza del sistema promueve un retroceso en la comprensión y abordaje de los conflictos dejando el rol de mediación para volver al rol de bombero en los conflictos.
Respecto a la estrategia de gestión pública de los conflictos -incluso en su segunda entrevista con el diario el Peruano-, aportó muy pocas precisiones. Desde hace años los estudios -incluido el del Banco Mundial del 2005- encontraron que hay superposición de funciones, intervenciones desarticuladas, criterios de intervención contradictorios, etc., pero, las instituciones a cargo han carecido de poder para armonizar a los ministerios, y precisamente la creación de una secretaria como la actual, no tendrá el poder de organizar y orientar al resto de ministerios como ya lo sostuvimos en un artículo anterior .
Dadas las controversia que generó la designación de un funcionario de mineras a cargo del viceministerio, se esperaba que las declaraciones aborden las raíces de la conflictividad, es decir, las políticas públicas que generan un surgimiento constante de conflictos, por ejemplo que proponga ajustes a los reglamentos de participación en minería, a las normas de concesiones o que anuncie el impulso a la titulación de tierras indígenas y de comunidades campesinas (que están a la base de muchos conflictos), o explique cómo va a cumplir con las 2500 actas de acuerdos que el Estado ha firmado, o simplemente brinde luces sobre cómo va a implementar el ordenamiento territorial. En cambio, sus declaraciones han sembrado más dudas debido a los sesgos ideológicos que traen consigo.
Una de las características del discurso ideológico de algunos sectores mineros, ha sido el simplismo y el reduccionismo de sus diagnósticos, buscando culpables, deslegitimando los problemas, los actores y sus prácticas. Lamentablemente observamos las mismas estrategias discursivas en Fernández Concha, que ponen el énfasis en la deslegitimación del diálogo como mecanismo de abordaje de los conflictos. Felizmente, muy a pesar de estos fervientes sectores, muchas empresas extractivas incorporan en su relacionamiento con la población los principios voluntarios, los lineamientos de la OSCDE o los principios rectores de la ONU. Y muchas vienen asumiendo que: voluntariamente o no juegan un rol en la generación de conflictos y por tanto han desarrollado mecanismos de solución de problemas, identificando tempranamente los conflictos en su fase latente.
Es de suma preocupación que declaraciones como la del viceministro instaure la estrategia de Post-verdad para resolver los problemas en el gobierno de PPK, que, si hoy se niega que haya 200 conflictos, mañana otro viceministro afirme que no existen los “no contactados”, ni indígenas, ni comunidades andinas, la realidad no desaparece con estos actos de prestidigitación verbal.

Poniéndole trabas a la gestión pública de conflictos: El nuevo Viceministerio de gobernanza territorial

La reciente creación del viceministerio de gobernanza territorial a simple vista parece coherente. Se articulan en una sola institución la descentralización, la demarcación territorial, el desarrollo territorial y la gestión de conflictos.
Sin embargo, esta buena idea de articular políticas públicas en torno al eje territorial no es del todo eficiente para la gestión pública de los conflictos sociales. Esta decisión agudiza las dos principales debilidades; el diseño institucional y el enfoque de atención de los conflictos, que tuvieron la antigua Oficina de gestión conflictos Sociales (OGCS 2010-2011) y la Oficina Nacional de Dialogo y Sostenibilidad (de las inversiones), (ONDS 2011-2017),
Los pocos estudios sobre gestión pública de conflictos (Huamaní, Macassi, Alegría y Rojas, 2011; Acevedo, 2011; Alza, 2012; Defensoría, 2005; Prodiálogo, 2014, Scurrah, Bebbington y Chaparro, 2013; Tanaka, 2010; World Bank, 2005) coinciden que el diseño institucional ha sido uno de los problemas más críticos. Todas las recomendaciones apuntan a disponer de una institucionalidad fuerte, con capacidad articuladora, con un respaldo político que se trascienda al actual funcionamiento del el Estado en materia de conflictos: Dispersión de la gestión en muchos ministerios; Enfoques dispares y contradictorios para abordar los conflictos; Competencias superpuestas e intervenciones contrapuestas; Escisión entre el nivel Nacional, el regional y el local; Y una clamorosa falta de análisis y reflexión sobre los conflictos.
Tal vez la gestión de Huaroc como “alto comisionado” en la ONDS fue la más activa de todas, pero su esfuerzo por arrancar compromisos a los ministerios e involúcralos en la gestión de los conflictos fue ciertamente accidentado y generó muchas resistencias y antipatías que finalmente derivaron en su destitución y los siguientes responsables del gobierno de Humala, con un perfil de defensores de las empresas pasaron al olvido, perdiendo la ONDS peso político y capacidad de intervención. Este proceso grafica la dificultad de un diseño institucional con poco peso político.
Sin embargo, contradiciendo los hechos el nuevo diseño del viceministerio de Gobernanza Territorial recluye a la ONDS a una Secretaría, es decir, sin una jerarquía capaz de enfrentar los retos de gestión pública en el contexto actual. Pareciera que quien desarrolló la norma no tiene un diagnóstico mínimo de los problemas actuales de la ONDS.
El nudo central es que la ONDS no es el ente rector de la gestión de conflictos (DS N° 106-2012-PCM), en verdad ninguna institución gubernamental lo es, es más, diversos investigadores y ex jefes de la ONDS coinciden que es necesario desarrollar un sistema de gestión de conflictos, y esta discusión debiera ser el punto de partida del rediseño institucional.
Lo más probable es que a la ONDS le suceda lo mismo que al SENAJU (Secretaría Nacional de la Juventud Nacional de Juventudes) que con el argumento gerencial de optimizar el Estado en el gobierno de García, pasó de tener un asiento en el consejo de ministros y un consejo de representantes juveniles, a ser ubicados en el sótano del organigrama del Ministerio de Educación, condenando a la ley CONAJU al olvido, a las políticas públicas de juventudes al cajón y restringió las oportunidades de miles de jóvenes que ahora son presa del sicariato y el crimen organizado.
El segundo problema crítico es el enfoque que tuvieron las sucesivas oficinas de gestión de conflictos. Al igual que otros organismos del Estado, la organización, la metodología y la actuación priorizó el beneficio de los intereses sector privado en lugar de los intereses de los ciudadanos. Desde su nacimiento su mandato fue garantizar la “sostenibilidad de las inversiones”, con el actual gobierno este enfoque se ha vuelto mucho más descarnado, la consigna es “destrabar” las inversiones lo cual se refleja en la elección de un ex gerente de empresas mineras a cargo del viceministerio.
Si bien la gestión de Vladimiro Huaroc logró administrar varios conflictos, sin embargo aquellos crónicos o más intensos se mantuvieron sin cambios. “Las mesas de desarrollo” -cuya autoría la reclama en MINEM- y que Huaroc implementó en todos los conflictos surgidos durante el gobierno de Humala caía como anillo al dedo para las empresas. Pues el Estado se apersonaba a las localidades a ofrecer un paquete de programas e sociales e inversiones en infraestructura, siempre de por medio las protestas y movilizaciones, con una lógica de transacción, es decir, intercambiar las demandas respecto a impactos ambientales, vulneración de derechos a cambio de este “coctel de inversiones pluriministerial”. De esa manera los problemas subyacentes del conflicto se rellenaban con promesas de cemento y dádivas, sin resolverlos, ni abordar las causas subyacentes de la conflictividad, y de paso ahorrándoles a las empresas la inversión social.
Las mesas de desarrollo en realidad fueron un fracaso en conflictos donde había “rechazo al diseño del proyecto” como fue en los conflictos de Tía María y de Cañiariaco por citar solo dos. Incluso en el conflicto de las Bambas las comunidades rechazaron la mesa de desarrollo y exigieron la conformación de una mesa de diálogo. Estamos frente a un típico caso de política pública donde los funcionarios quieren adaptar la solución empaquetada (favorable a las empresas) a todos problemas que se presenten.
De otro lado, la ONDS ha hecho muy poco por detener las prácticas contrarias al diálogo que varios ministerios desarrollan: Campañas mediáticas de deslegitimación de los opositores, criminalizan la protesta, reglaje a opositores, forzar acuerdos con un fuerte desbalance de poder, restringir la difusión de los informes sobre impactos de la contaminación en la salud o priorizan la represión cruenta de las protestas. En otras palabras, poco se ha hecho por priorizar “ante todo el diálogo”.
Así mismo, la ONDS no pudo generar un debate y reflexión en torno a las políticas públicas de participación en minería, de otorgamiento de concesiones, de contaminación a la salud de las personas, de remediaciones, etc., que necesitan perfeccionarse a fin de evitar en surgimiento recurrente de conflictos, debido a que estas políticas no incorporan estándares sociales y ambientales que a nivel internacional se vienen desarrollando como son “los principios voluntarios”, “las líneas directrices de la OCDE”, “el ISO 26,000”, “los principios rectores de las NNUU”.
Finalmente, a pesar de todas las dificultades Rolando Luque intentó reenfocar la intervención de la ONDS con un modelo más dialogante y participativo, sin embargo su voceada renuncia a la ONDS sería la natural consecuencia de la decisión que sitúa a la ONDS como una secretaría del viceministerio de gobernanza territorial y con ello también se pierde una oportunidad de generar reales procesos de diálogo.

Elecciones e Instinto de supervivencia democrático: Las políticas públicas en el debate electoral

La combinación más impredecible para un proceso electoral es muy simple, una baja cultura ciudadana, partidos políticos débiles y medios de comunicación enfocados en el espectáculo. ¿Qué puede salir de esta combinación? Pues ciertamente más de la misma política que hemos observado en los últimos 15 años, es decir, gobiernos sumamente débiles, políticas públicas erráticas, desconexión entre gobernantes y ciudadanos y una creciente privatización de la política por grupos económicos y mafias.
Tradicionalmente los procesos electorales definían no solo las personas que gobernaban sino una línea de decisiones que conducirían al país. Sin embargo, el escenario ha cambiado, tenemos un Estados complejo en manos de miles de funcionarios e instancias subnacionales que son difíciles de estructurar en políticas de Estado.

El nuestro, es un “sistema” gubernamental desacoplado, carente de ideas transversales que estructuren el accionar político, donde persiste el personalismo de los ministros y gobernadores, sin un sistema comunicativo promueva un funcionamiento sinérgico del gobierno o en el peor de los casos que opere como una amalgama entre sus instancias.
Las políticas públicas constituyen, desde esta perspectiva, procesos de articulación de las acciones gubernamentales para obtener resultados sostenibles y generar valor público en los ciudadanos. Por ello en todo proceso electoral es clave a discutir las políticas públicas transversales.
Sin embargo, la actual agenda mediática está marcando el ritmo de la dinámica electoral, centrándose en los atributos de los candidatos, la competencia entre los mismos, las confrontaciones, las puyas y diatribas. Esta espectacularización de la contienda electoral -como lo han señalado Iyengar y Capella- genera cinismo político y apatía. Ciertamente el distanciamiento entre ciudadanos y el sistema político abre las puertas a soluciones autoritarias como la aventura fujimorista de los noventas.
Lamentablemente la brecha entre el proceso electoral y la gestión gubernamental es cada vez más grande, se requieren un cambio en el enfoque que los medios vienen dando a los procesos electorales, especialmente ahora que no hay un “candidato antisistema” que los amenace, centrarse en las políticas públicas debiera ser parte del instinto de supervivencia democrático.
El futuro gobierno, sea cual fuese, debe crear capacidades en el Estado para generar procesos comunicativos sostenibles con una infraestructura comunicativa propia que matice su alta dependencia de los medios privados

AVISO CLASIFICADO: URGENTE SE BUSCA UN MEDIADOR PARA CONGA

Cuando las partes involucradas en el conflicto, léase gobierno regional, frente de defensa, los ministros y el gerente de Buenaventura se encuentran empecinados en cumplir sus objetivos sin importarles lo que piensen o hagan las partes contrarias, es que estamos en un proceso agudización de la crisis o re-escalamiento, que está generando muertos, daños a la propiedad y pérdidas económicas.

En primer lugar es urgente desarrollar un proceso de distención, el primer paso es que el presidente ordene a sus ministros que cesen en sus ataques verbales. La situación es muy simple el ejecutivo está abordando el conflicto como si se tratara de una lucha política o una contienda electoral, y desarrolla una serie de práctica contenciosas y tácticas políticas para desprestigiar y deslegitimar a los opositores al proyecto. Si el gobierno se planteara como objetivo “encausar” el conflicto, bastaría consultar cualquier manual nacional o internacional de transformación de conflictos y entender que la ruta que han elegido solo echa más gasolina al conflicto, genera el endurecimiento de las partes contraria y una mayor cerrazón en torno a sus posiciones maximalistas. Este sería un gesto de buena voluntad muy significativo.

Si bien el gobierno dice estar dispuesto al diálogo, al igual que el presidente regional de Cajamarca, está claro que no sabe cómo llegar a ese objetivo. Está claro que los pasos tomados han contribuido al escalamiento por lo siguiente: En primer lugar el enfoque dualista de Conga va/ Conga no va, creó las condiciones para la polarización, reduciendo el espacio para que las posiciones intermedias asuman un rol mediador y presionen a las partes extremas (tanto de la empresa y de las poblaciones) para buscar soluciones intermedias. Segundo, al asumir la defensa de la viabilidad del proyecto sin presentar garantías, procesos de monitoreo, límites a la operación o simplemente el respeto de 2 de las 4 lagunas, simplemente el gobierno ha dejado de ser un actor imparcial y es percibido por los opositores al gobierno como un aliado de la empresa. El uso repetido de la fuerza, el excesivo ceño para apresar a los líderes de la protesta de Cajamarca y Espinar generan repuestas más violentas, más aún si las fuerzas del orden no han sido preparadas para intervenir en procesos de negociación y distención desde una perspectiva de paz. Por más que el ministro del interior trate de convencer en los medios que la policía no hace un uso desmedido de la fuerza, las imágenes de todos los medios lo desmienten y las poblaciones perciben el estado de emergencia como coercitivo e injusto, por más que sea este legal. Todo esto genera más frustración, deseos de venganza, rabia y por su puesto más radicalización.

Es evidente que las medidas de fuerza empleadas por los opositores al proyecto, por el gobierno y por la misma empresa, están conduciéndonos a un despeñadero. El gobierno debe buscar con urgencia un mediador o un grupo de notables que pueda servir de puente entre las tres partes, que pueda crear las condiciones de diálogo, que sepa buscar los puntos en común, que sepa construir confianza, y pueda de-construir las emociones e iras acumuladas por este mar de acusaciones y desprestigios. Existe mucha gente a nivel internacional, de universidades, de la ONU que han mediado en procesos muchos más complejos en África, Irlanda, Sir Lanka, Serbia o Centroamérica que ayuden a salir de este entrampe pues ni gobierno ni empresa ni las poblaciones saben cómo. Esto es urgente, es para ayer.

 

QUIÉN QUIERE REMAR POR EL DIALOGO

A lo largo de estos últimos 7 meses de conflicto sobre el proyecto Conga, las partes involucradas en el conflicto, léase gobierno regional, los frentes de defensa, los ministros, el gerente de Buenaventura y los directores de Newmont se han empecinado en cumplir sus objetivos sin importarles lo que piensen o hagan las partes contrarias, y han conducido este conflicto al despeñadero. Desde el primer fallecido por el conflicto estas partes primarias debieron tener la visión de hacer un golpe de timón para cortar la espiral de conflicto que ya tomó 5 vidas. Sin embargo, ellos, y la mayor parte de políticos, periodistas y analistas se enfocaron en deslegitimar, demonizar y estereotipar a la parte contraria logrando una mayor polarización y su consiguiente correlato socio-afectivo de frustración, rabia, sed de venganza y deseos de dañar y eliminar a la otra parte. Afortunadamente el gobierno ha tenido la lucidez de escuchar otras voces y dar un primer paso apostando por un proceso de facilitación.

Sin embargo, los religiosos Cabrejos y Garatea, no debieran estar solos en esta tarea. Se ha observado en otros conflictos internacionales que en la medida que la sociedad entera se compromete en la búsqueda de soluciones y alternativas y crece el número de personas que se posicionan en medio y no caen en la polarización, entonces el conflicto tiene condiciones favorables para su transformación.

Un segundo paso muy importante es desarrollar un proceso de distención, el cual empieza con que el presidente ordene a sus ministros que cesen en sus ataques verbales. La situación es muy simple el ejecutivo está abordando el conflicto como si se tratara de una lucha política o una contienda electoral, y desarrolla una serie de prácticas contenciosas y tácticas políticas para desprestigiar y deslegitimar a los opositores al proyecto. Si el gobierno se planteara como objetivo “encausar” el conflicto, bastaría consultar cualquier manual nacional o internacional de transformación de conflictos y entender que la ruta transitada en los meses pasados solo echa más gasolina al conflicto, genera el endurecimiento de la parte contraria y una mayor cerrazón en torno a sus posiciones maximalistas.

Lo mismo es exigible a Santos, y otros líderes que se oponen al proyecto, vendría bien una “cura de silencio” de su parte para apoyar el proceso de facilitación iniciado. Al cual también debieran sumarse políticos, algunos periodistas y analistas, que si bien no reman a favor del diálogo por lo menos que no deslegitimen el proceso o a los facilitadores.

Si bien el gobierno, al igual que el presidente regional de Cajamarca dicen estar dispuestos al diálogo, está claro que no sabe cómo llegar a ese objetivo y precisamente la comisión facilitadora tiene una tarea central allí. En primer lugar la comisión tiene que evaluar las condiciones para un diálogo constructivo identificando los nudos y oportunidades a partir de reunirse con todos los actores. Tal vez en un periodo cumplan un rol de mensajeros entre las partes buscando puntos en común, desarrollando una agenda y obteniendo mutuas concesiones de ambas partes (como levantar el estado de emergencia y que los mismos opositores al proyecto contengan algunos grupos radicales) conocidos también como gestos de buena voluntad, todo lo cual crean condiciones para el diálogo. Otra tarea de los facilitadores es construir las reglas de juego y desarrollar un acercamiento entre las partes para centrarse primero en los asuntos que son más fáciles de resolver para luego concentrarse en aquellos que demandan que ambas partes cedan y se busque una solución intermedia y creativa.

En estos meses los que han defendido a una de las posiciones o los que han tratado de hacer entender las necesidades de una de las partes, rápidamente han sido engullidos por la polarización mediática y política reinante, es hora que remar hacia el diálogo, dejar de hacer política, y poner el hombro en un proceso más profesional para transformar el conflicto.

Guerra de posiciones, desgate y diálogo alrededor de Conga

La negativa de Santos a participar del proceso de facilitación ha caído como anillo al dedo a quienes creen, que la opción violenta o autoritaria es la vía para solucionar el
status quo actual. Desquebrajado el diálogo, opinólogos y políticos autoritarios se apresuraron a darle partida de defunción a la facilitación, y reiniciaron su campaña de deslegitimación, promoviendo acciones coercitivas contra el presidente regional Gregorio Santos, al cual se sumo el ministro de turismo por parte del gobierno, siendo más papistas que el papa pues prudentemente la empresa no se ha sumado a este cargamontón.

Basta con revisar las experiencias de facilitación en conflictos internos e
internacionales, muchos más complejos y cruentos que Cajamarca, para comprender que
son procesos de avances y retrocesos, de rupturas y acercamientos e incluso de renovación de facilitadores, pero lo importante es el proceso, es decir que exista un canal abierto, un asiento reservado, una puerta abierta para el diálogo. Precisamente eso es lo que no comprenden quienes quieren liquidar el proceso de facilitación, no pocos en el gobierno y muchos políticos autoritarios.

La cultura política de la confrontación imperante entre las partes (gobierno, empresa y gobierno regional) les impiden comprender que un proceso de diálogo no es un ejercicio de presiones y de mejora de su posicionamiento mediático en base a los típicos principios masculinos de mantenerse firmes, defensores de sus posiciones, e inflexibles, creyendo que dialogar es debilidad, que conversar es ceder, que hacer muestras de buena voluntad los debilita, y por tanto las partes se han enfrascado en condicionar el diálogo a pedidos previos, cuando las condiciones previas precisamente son materia de diálogo y acuerdo.

El estatus actual de la facilitación no es resultado de la falta de oficio de los facilitadores, sino del enfoque que sigue primando en las tres partes. Si algún punto en común comparten la empresa, el gobierno regional y gobierno central es que los tres piensan que no deben ceder en sus posiciones y la situación actual va a debilitar al otro. Santos apuesta a que las pérdidas económicas y el daño en la imagen de la empresa los forzará a desistir. El gobierno apuesta a que el estado de emergencia acogote a Santos, desespere a los residentes urbanos de Cajamarca y disminuya el apoyo “anticonga” fozando a Santos a aceptar la viabilidad de Conga tal cual.

Por su parte Santos espera que el “gabinete de concertación” se desdibuje, pierda respaldo popular al no poder resolver los conflictos y eso lo fuerce a desistir del apoyo a Conga. Por último la empresa se empecina en continuar la construcción a toda costa para que la mayor oferta de agua convenza por si misma a la población Cajamarquina y eso incline la balanza a su favor sin necesidad de salvarlas dos lagunas o de construir un sistema para trasladar y conservar los bofedales.

La reunión del pasado viernes 17 entre Newmont y representantes del gobierno ha sido buena según los facilitadores pero ciertamente incompleta, no hay una mesa que se sostenga con 2 patas, la opción de convocar a otros actores de Cajamarca pro-Conga y realizar un simulacro de diálogo es simplemente descabellada y en lugar de ser una solución agudizaría el conflicto. Según mi opinión el gobierno y la empresa han concurrido bajo el cálculo de que Santos no iba a asistir, y de esa manera ganaban terreno mediático contra santos y este simplemente piso el palito. La verdad es que habían pasado semanas y ninguna de las tres partes habían nombrado a sus delegados para el diálogo, no habían levantado el estado de emergencia o paralizado las obras, ni iniciado la investigación fiscal de las muertes en Cajamarca, ni comprometido con no realizar protestas, en otras palabras ni uno ni los otros habían realizado muestras de buena voluntad que los facilitadores repetidamente habían demandado, por tanto la responsabilidad recae en los tres.

Dicho de otra forma ninguno de ellos quiso que el proceso de diálogo marchara y a lo más habían dejado de hacer acciones contenciosas contra el otro: No procedieron con la detención de Santos, no le congelaron las cuentas al gobierno regional, no hubo protestas violentas en Cajamarca, y la empresa no reinicio las operaciones en Conga. Está demás decir, que estas acciones no alimentan el fuego pero definitivamente no lo apagan, es decir no constituyen muestras de buena voluntad, y el conflicto se mantiene. Además, son pertinentes en la fase de la administración de la crisis, pero en la fase actual son insuficientes, pues lo que sí funciona son las acciones que beneficien a la otra parte para crear condiciones de confianza y apertura.

Es necesario subrayar que la vía de la violencia o el autoritarismo disfrazado de legalismo es un camino ya transitado por las organizaciones, los sucesivos gobiernos y los políticos. En todos los conflictos, donde se ha recurrido solo a la violencia, ninguno se ha transformado por esta vía, a lo más se ha logrado visibilidad, pero similares resultados se han logrado usando acciones de resistencia pacífica, movilización ciudadana o protestas cívicas. En la mayoría de casos donde se ha priorizado la violencia el conflicto se ha pospuesto como en Tía María, Majaz o Bagua, pero la transformación del conflicto (en procesos de desarrollo) solo se ha logrado por medio del diálogo, u otros procesos colaborativos.

En resumen las tres partes están empecinadas en una guerra de posiciones esperando
que el otro se desgaste primero y de esa manera ganen el conflicto. Lamentablemente en estas situaciones la experiencia internacional señala que si hay un “ganador” los costos y las pérdidas humanas, materiales y sociales son tan grandes que todos terminan perdiendo. Afortunadamente los facilitadores han apostado por la continuidad de sus labores, pues tarde  temprano Santos y los demás tendrán que sentarse a dialogar, solo espero que no sea a raíz de más muertos, en cuyo caso la responsabilidad será de las tres partes.

Por qué el conflicto Tía Maria llegó a la crisis: Claves para prevenir futuros conflictos

Muchas veces nos hemos preguntado porque en algunas localidades los proyectos mineros, prosperan y a pesar de los conflictos continúan como en Antamina, Tintaya o más recientemente Las Bambas y Cerro Verde. La respuesta no es sencilla pero el análisis de cómo se llevó a cabo el proyecto puede dar luces sobre qué cosas no se deben hacer si se quiere sacar adelante un proyecto de talla mundial.

1             Antes del inicio del proyecto existía una muy mala reputación de Southern en Islay. Muchos ex trabajadores de Southern que viven en Islay tienen malos recuerdos del estilo de gerencia vertical y autoritaria. Algunos adultos recuerdan aún cómo los humos de la refinería de Ilo invadían el valle del tambo y que sus pedidos de reparación fueron desoídos por la empresa. También los adultos mayores fueron testigos de la destrucción de la Bahía de Itre en Tacna debido a que Southern arrojaba los desechos tóxicos al mar. Si bien la administración pasó a manos mexicanas y tratan de adecuarse a la normatividad ambiental, Southern hizo muy poco por revertir la mala reputación que tiene en Arequipa, Moquegua y Tacna, de hecho las estrategias de comunicación y relacionamiento no las tomaron en cuenta.

2             El EIA del 2009 no tomó en cuenta una preocupación crucial para el valle del Tambo que es el agua. De hecho los estudios demuestran que ha disminuido su caudal y con la represa hecha en Moquegua perdieron el control de la cantidad de agua disponible, 2008, esto es más crítico en la cuenca baja del río Tambo, lo cual generó un serio conflicto entre Moquegua e Islay en el 2008.

3             El EIA del 2009 fue evaluado por la UNOPS de naciones unidas encontrando 138 observaciones. Las que más alarmaron a la población fue que se iba a extraer oro y no se precisaba cómo se procesaría lo cual aumentó los temores a la contaminación. El EIA planteaba usar el agua subterránea sin tener un estudio hidrográfico de la cuenca, es decir sin asegurar a los pobladores que existe agua suficiente para ambas actividades, sobretodo porque el 50% del agua que usan los agricultores proviene de las aguas subterráneas.

Tía María: ¿Cómo salir del entrampamiento y caminar hacia el Diálogo?

Como todo conflicto que hace crisis, Tía María ahora es más difícil de resolver y evidentemente estamos en una situación de entrampamiento. En las reuniones ambas partes siguen empecinadas en imponer su posición: El gobierno quiere que el proyecto se concrete a como dé lugar. En Islay hay quienes quieren revisar el EIA, otros aceptan la minería pero rechazan a Southern y otros que no quieren minería.

Además, surgen voces radicales, que piden el Estado de Emergencia, a las FFAA o profundizar el paro. Gobierno y pobladores, están buscando obtener sus objetivos a través de la violencia, en crisis como esta, la experiencia internacional nos enseña que ambas partes están usando acciones cada vez más duras, generando una espiral de la violencia que solo deja derrotados.

¿Qué hacer para salir de este entrampamiento? La respuesta es una sola: Un proceso de diálogo que sea facilitado por personas imparciales que acerquen a las partes, creen condiciones para cesar la violencia, consensuar los mecanismos para conversar, que las partes acuerden una agenda y busquen soluciones negociadas al problema.

Sin embargo, ambas partes han recurrido a un “discurso del diálogo”, tratando de demostrar frente a los medios que la otra parte no quiere el dialogar, buscando reducir el apoyo de la opinión pública.

El ejecutivo impuso una “mesa de desarrollo” donde se prometen inversiones a cambio de la paz social, pero este mecanismo fracasó en conflictos como Cañaris donde existe un rechazo al proyecto. El gobierno regional organizó una “mesa multiactor” que sirve articular la inversión minera al desarrollo territorial, pero que es inútil en un conflicto como este.

Sin embargo, algunos alcaldes desean canalizar el conflicto de manera técnica, despejando miedos o un rediseño del EIA y demandan la mediación de la Defensoría. Por su parte, algunas voces sensatas de las empresas comprenden que el alto nivel de polarización hace inviable cualquier proyecto.

Para salir del entrampamiento es momento de dejar de lado el cálculo político y mediático, y optar por un proceso diálogo auténtico y profesional, sin imposiciones y sobretodo sin usarlo como estrategia de deslegitimación del contrario.

 

Nuevos contrapesos para el creciente Poder mediático

Con un contexto de partidos debilitados, sistemas electorales copados por caudillos y outsiders,  y una ciudadanía descreída de las reglas democráticas en comunicación política está surgiendo un nuevo consenso a nivel internacional: Los medios de comunicación ocupan un lugar más central en la política.

El creciente poder mediático en la política se ha reforzado, además, con una mayor concentración de medios, pero también con leyes que permiten conglomerados aglutinan medios, servicios de cable, telefonía y acceso a redes sociales. Eso tiene como consecuencia que hay demandas sociales que están en la sombra de la agenda pública, en la disminución del debate ciudadano, el exiguo periodismo de investigación y el desplazamiento de la información política por la crónica roja y la farándula.

Sin embargo, en Latinoamérica la legislación ha sido, en general, muy laxa ante este fenómeno apostando a una autorregulación que no funciona bien. En los sistemas democráticos todo poder requiere de contrapesos, el poder mediático en la democracia peruana carece de esos contrapesos.

Frente a esta situación la reacción de la población no ha sido pasiva, diversos colectivos ciudadanos se expresaron en contra de la compra de las líneas editoriales durante el fujimorismo, recientes marchas han rechazado la “televisión basura” y hay un creciente activismo en las redes sociales en contra del poder mediático.

Al mismo tiempo, otros actores de la sociedad civil han desarrollado observatorios como Calandria en los 2000 y más recientemente la fundación Mohme en asocio con la UARM.  Este último esfuerzo es importante, pues vienen aportando un análisis riguroso y estadísticas confiables que muestran las debilidades de la cobertura mediática en procesos electorales o en temas sociales como el tratamiento de la mujer. En diferentes partes de Latinoamérica hay observatorios mediáticos que desarrollan un diálogo constructivo con los productores y periodistas. Este esfuerzo de la Fundación y la UARM, sin duda, aporta un contrapeso muy necesario para el creciente poder de los medios.