Los conflictos socioambientales son tal vez una de las problemáticas que sintetizan con más claridad las fracturas históricas existentes entre los ciudadanos y el Estado, pues expresan la incapacidad del Estado para realizar intervenciones preventivas, descentralizadas, que prioricen los derechos de las comunidades. Las demandas detrás de los conflictos evidencian también la ausencia de servicios básicos en las comunidades en las áreas de influencia de los proyectos mineros y energéticos y el abandono en que viven.
A diferencia de otras problemáticas como educación o la salud, en la prevención de los conflictos socioambientales hay casi todo por hacer. El impulso que el Estado dio a las inversiones a mediados de los noventas, no fue acompañado de una normatividad, de una institucionalidad y de actuaciones de los ministerios, que preserven con igual ímpetu el medioambiente, los derechos de las comunidades, y la participación de la sociedad en la gestión de las problemáticas que se originaron a partir de los proyectos mineros, gasíferos y de generación de energía. En tal sentido es necesario desarrollar toda una arquitectura de la intervención Estatal en materia de prevención de Conflictos socioambientales que nosotros resumimos en 5 puntos.
Una de las medidas urgentes consiste en desarrollar capacidades en el Estado para poder intervenir tempranamente, allí donde ocurren las problemáticas y en el momento en estas se gestan antes de que los conflictos deriven en crisis. Por ello, es necesaria una institucionalidad al interior del gobierno regional, como una subgerencia, que con los recursos necesarios pudiera generar diálogos facilitar acuerdos y expandir las opciones de solución a los problemas.
Otra de las necesidades es que el Estado involucre a los diferentes actores de la sociedad, movilizando los recursos humanos existentes: A las instituciones de la sociedad civil que pueden cumplir un rol de mediadores o de analistas de los conflictos, a medios de comunicación que puedan servir de garantes u observadores de los acuerdos, a líderes comunitarios que puedan ser puentes culturales entre las visiones de la empresa y las visiones de las comunidades, en otras palabras, allí donde el Estado no está presente y difícilmente llegue, la sociedad puede cumplir un rol imparcial para encausar a los conflictos en la ruta del diálogo y la negociación.
Articular las diferentes actuaciones que los ministerios desarrollan en relación a los conflictos, compartiendo enfoques metodologías, sistemas de información conjuntos y consensuados que gane en eficacia y prontitud. Los fallidos esfuerzos implementados a la fecha llevan a la conclusión de que es necesaria una instancia nacional imparcial y autónoma que articule la acción del Estado en sus niveles nacional, regional y local.
Sin embargo, es necesario que una comisión tripartita, del Estado, la sociedad civil y la empresa, revisen la normatividad relacionada a los proyectos mineros que evidencian problemas en su ejecución como la imparcialidad como se implementa el EIA, los procesos de obtención del permiso social, los mecanismos de comunicación y participación, la forma en que se compran las tierras a los campesinos, entre otras.
Para finalizar, si las empresas extractivas y los ingresos provenientes del canon y regalías no mejoran las condiciones de vida de la población y el Estado no incrementa su presencia en las comunidades con servicios básicos de salud, educación y seguridad, persistirán las condiciones estructurales que generan la recurrencia de las crisis y será muy poco lo que se pueda lograr para una gestión transformadora de los mismos.

*** Publicado en Demo N° 5, mayo 2011, Dirección de comunicación institucional, PUCP