En las pasadas elecciones del 2011, observamos la infaltable presencia del tema de juventud en los planes de gobierno, sin embargo, las políticas públicas a favor de la inclusión de los jóvenes no han seguido el mismo entusiasmo que las promesas hechas por candidatos.

Al final del gobierno de Toledo se contaba con la Ley CONAJU, a pesar de ser imperfecta, generó institucionalidad, impulsó procesos de participación nacional de los jóvenes y ciertamente incentivó esfuerzos nacionales y regionales por desarrollar políticas de juventud que atiendan al tercio de población que se encuentra al margen de la actuación del Estado.

Sin embargo, al inicio del periodo de García se derogó la Ley CONAJU, se desactivaron los consejos de participación juvenil regionales y nacionales, además, la comisión nacional de juventud paso de ser una OPD a ser una secretaría más en el organigrama del ministerio de educación, sin recursos, sin iniciativa, sin capacidad de operación, ni de transversalizar sus acciones, y por último, con una directora que desconocía totalmente el tema.

Durante las elecciones del 2011 de nuevo estuvimos frente a nuevas promesas de fomentar una institucionalidad pública juvenil. Perú Posible, quien impulso la Ley Conaju en su primer gobierno, plantea en su plan de gobierno un ministerio de la Juventud y el deporte. Coincidentemente o de forma calculada, el 4 de febrero del 2011 se ingresó a la mesa de partes del congreso el proyecto de ley del ejecutivo 4657/2010-PE, para la creación del “Ministerio de la juventud y el deporte”. Más allá de la oportunidad de la propuesta o del contexto de pugna política entre el candidato Toledo y el presidente García, ambas iniciativas de “Ministerio de la Juventud y del Deporte” presentan una serie de deficiencias que merecen discutirse.
A todas luces el proyecto de ley del ejecutivo, era apresurado e imperfecto, de una simple lectura se desprendía el mayor peso y la mayor precisión que tienen las funciones relacionadas al deporte, lo cual se explica porque uno de sus impulsores era Arturo Woodman, presidente actual del IPD.

Analizando con mayor acuciosidad, en la descripción de las funciones exclusivas atribuidas a este ministerio se confunden acciones con los objetivos, figuran como funciones crear el registro de organizaciones juveniles junto a necesidad de la prevención para el uso de sustancias. En general observamos que hace falta una mayor precisión sobre el mandato del ministerio y las problemáticas que le corresponde atender más allá de impulsar el deporte. Existen una referencia vaga a objetivos como la promoción de organización, el fortalecimiento de liderazgos y el desarrollo de la ciudadanía pero que quedan muy cortos frente a las actuales problemáticas juveniles que se tienen que atender.

La propuesta de ministerio de la juventud y deporte del plan del gobierno de Perú Posible, la única que estuvo en el partidor, avanzaba un poco más allá, pues proponía un Fondo de emprendimiento juvenil, para la creación de empresas. Nadie discute la urgencia y necesidad de esta medida, pero que era ciertamente limitada, está documentado que el Perú es líder en la generación de emprendimientos pero también es sabido que estas no duran mucho. Hace falta fortalecer la educación superior, articulada a los emprendimientos pues los montos de inversión que el país destina a la educación superior están por debajo de la media latinoamericana.

Otra de las propuestas del plan de gobierno toledista era un “seguro social juvenil”, sin embargo, la necesidad de acceso a la salud estadísticamente es mucho menor la etapa juvenil que en otras etapas, la principales dificultades de salud de los jóvenes tienen que ver con los estilos de vida saludables, con las conductas de riesgo, relacionadas a las salud sexual reproductiva, al embarazo adolescente, la violencia juvenil, el abuso de drogas, el pandillaje entre otros, por lo tanto, no requiere de un “seguro” sino de ampliar la capacidad del Estado de atender estas problemáticas a través de programas concretos de prevención y atención diferencial para los y las jóvenes.

Ahora, los problemas de las juventudes son mayores que hace 5 años, a pesar del tiempo y las oportunidades perdidas, el periodo electoral del 2011 puso en la discusión pública la creación de un Ministerio de la Juventud que fue un paso positivo, pues se trata de una iniciativa mucho más ambiciosa que los intentos anteriores sectoriales y del CONAJU. Lamentablemente una política pública de juventud está fuera de la agenda del actual gobierno y no hay un horizonte de cambio más allá de “beca dieciocho” es una medida sectorial sumamente limitada en su impacto.

La institucionalidad pública juvenil es aún vigente, necesaria y urgente, merece un amplio análisis, una mejor formulación y una mejor comprensión de las problemáticas de la juventud pues la idea no es constituir una institucionalidad que no corresponda a los retos que los y las jóvenes nos plantean. Sigue leyendo →