Viceministro de gobernabilidad inaugura la post-verdad en el gobierno de PPK

Pocas veces las declaraciones de un funcionario generan tanta preocupación como las del flamante de un viceministro de Gobernanza Territorial. Quizás lo más alarmante fue su afirmación de que solo se considerarán conflictos si están en crisis y por lo tanto solo existen 5 conflictos en todo el país en lugar de los 212 que la defensoría registro este mes, es decir, que con la entrevista desaparecieron 207 conflictos de la agenda gubernamental.
El intento del actual viceministro de esconder el elefante en el closet no es novedad, en el pasado ya hubo intentos negacionistas en la gestión de conflictos. Vladimiro Huaroc, a cargo de la ONDS, renombró a los conflictos latentes y los llamó controversias, gracias a ello, el gobierno de Humala eliminó 120 conflictos y se “redujo” la conflictividad.
Alguien deben informar al viceministro que, desde hace varias décadas, expertos en relaciones internacionales, mediadores e investigadores (Galtung, Mitchell, Burton, Rubeinstein, Avruch, Kriesberg, Pruitt, Gur, Laue, etc.) vienen sosteniendo con evidencias y estudios que los conflictos tienen un periodo de formación (conflicto latente o fase temprana) que luego pasan por una fase de expresión (conflicto manifiesto, fase de visibilidad del conflicto) y pueden escalar y convertirse en crisis (conflicto des-encauzado), creciendo en intensidad, multiplicando sus problemas y los actores involucrados. Además, mientras más temprano se identifiquen los conflictos más probabilidades hay de transformarlos y es menos costoso.
Su afirmación de que no existen conflictos antes de las crisis, no solo limita la capacidad de actuación de la secretaría de gestión de conflictos, también la de todas las unidades de los ministerios que vienen bregando con actuar a tiempo y evitar que los conflictos crezcan, colocando al ejecutivo, de nuevo, en el rol de bombero en lugar prevenirlos.
Otra de las afirmaciones del viceministro Fernández-Concha fue que no dialogaría si hay una violación del orden jurídico, el viceministro no está informado que las fases de crisis se caracterizan por tener trasgresiones a la ley, y, cuando el periodista le inquiere a que explique cómo saldría del entrampamiento, el viceministro dice que usaría “el mecanismo de conversar” y de “llegar a bases sociales distintas a una mesa de diálogo”, ósea dialogaría, ciertamente se contradijo evidenciando una posición ideológica en lugar de una solvencia técnica.
Además, dijo que usaría el estado de emergencia para resolver las crisis donde se viole el orden jurídico. Basta con recordar el fracaso del gabinete Valdez que quiso resolver los conflictos a punta de Estados de Emergencia y cómo la declaración de emergencia en Conga, Tía María o Las Bambas, por citar algunos, no solo no resuelve el conflicto, sino que crea mayores resentimientos y enconos que agudizan el problema y hacen más difícil su transformación. Además, diversos estudios internacionales han subrayado que la forma cómo el Estado aborda las crisis tiene una repercusión en el recrudecimiento del conflicto (Pruitt y Robin, 1994; Goertz y Diehl, 1993). Este tipo de apuestas se pueden esperar del viceministro de orden interno, pero no de aquel que debe interponer ante todo el diálogo.
Fernández-Concha subrayó, también, que si hay violación del orden jurídico buscaría dialogar con “bases sociales distintas”, ¿podemos interpretar que buscaría crear un diálogo con organizaciones paralelas? Hay que recordar que en el conflicto Cañaris se optó por crear una mesa de desarrollo con “bases sociales distintas” a las titulares del conflicto, lo cual fue un completo fracaso, una pérdida recursos que dejó insatisfechos incluso a los mismos participantes “alternos”.
De aplicarse las medidas que plantea el viceministro la gestión pública de conflictos sufriría un serio revés, los diferentes equipos de los sectores que a duras penas han construido una institucionalidad de gestión, desarrollado protocolos de intervención -con sus errores y aciertos- verán desbaratados sus trabajos si la cabeza del sistema promueve un retroceso en la comprensión y abordaje de los conflictos dejando el rol de mediación para volver al rol de bombero en los conflictos.
Respecto a la estrategia de gestión pública de los conflictos -incluso en su segunda entrevista con el diario el Peruano-, aportó muy pocas precisiones. Desde hace años los estudios -incluido el del Banco Mundial del 2005- encontraron que hay superposición de funciones, intervenciones desarticuladas, criterios de intervención contradictorios, etc., pero, las instituciones a cargo han carecido de poder para armonizar a los ministerios, y precisamente la creación de una secretaria como la actual, no tendrá el poder de organizar y orientar al resto de ministerios como ya lo sostuvimos en un artículo anterior .
Dadas las controversia que generó la designación de un funcionario de mineras a cargo del viceministerio, se esperaba que las declaraciones aborden las raíces de la conflictividad, es decir, las políticas públicas que generan un surgimiento constante de conflictos, por ejemplo que proponga ajustes a los reglamentos de participación en minería, a las normas de concesiones o que anuncie el impulso a la titulación de tierras indígenas y de comunidades campesinas (que están a la base de muchos conflictos), o explique cómo va a cumplir con las 2500 actas de acuerdos que el Estado ha firmado, o simplemente brinde luces sobre cómo va a implementar el ordenamiento territorial. En cambio, sus declaraciones han sembrado más dudas debido a los sesgos ideológicos que traen consigo.
Una de las características del discurso ideológico de algunos sectores mineros, ha sido el simplismo y el reduccionismo de sus diagnósticos, buscando culpables, deslegitimando los problemas, los actores y sus prácticas. Lamentablemente observamos las mismas estrategias discursivas en Fernández Concha, que ponen el énfasis en la deslegitimación del diálogo como mecanismo de abordaje de los conflictos. Felizmente, muy a pesar de estos fervientes sectores, muchas empresas extractivas incorporan en su relacionamiento con la población los principios voluntarios, los lineamientos de la OSCDE o los principios rectores de la ONU. Y muchas vienen asumiendo que: voluntariamente o no juegan un rol en la generación de conflictos y por tanto han desarrollado mecanismos de solución de problemas, identificando tempranamente los conflictos en su fase latente.
Es de suma preocupación que declaraciones como la del viceministro instaure la estrategia de Post-verdad para resolver los problemas en el gobierno de PPK, que, si hoy se niega que haya 200 conflictos, mañana otro viceministro afirme que no existen los “no contactados”, ni indígenas, ni comunidades andinas, la realidad no desaparece con estos actos de prestidigitación verbal.

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