El gobierno ha suspendido por un tiempo indeterminado la vigencia de los decretos de urgencia 1090 y 1064.

Es una derrota política para el gobierno, una admisión explícita de su sangriento error, y una desilusión para el sanchecerrismo del siglo XXI, que lo que quería era un Marañón de sangre.

Es también una luz verde para el reinicio del diálogo. Un diálogo que tendrá que plantearse sobre bases nuevas, la primera de las cuales habrá de ser la del respeto por la intangibilidad de los territorios comunales y la consideración por las tradiciones y los derechos históricos de las tribus que pueblan el oriente peruano.

Es un paso atrás gubernamental que, casi de seguro, no habrá de satisfacer a los dirigentes más radicales del movimiento selvático, cautivos de una prédica que sólo admite victorias absolutas.