Si bien la nueva ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas creó cierta inconformidad en algunos círculos empresariales, e incluso en organizaciones amazónicas, todo indica que el Ejecutivo debe aprobar esa norma cuanto antes, en principio, en prevención de conflictos como el de Bagua, que hoy seguimos lamentando. Sin embargo, también queda claro que la aplicación de esta legislación exigirá al Gobierno actuar en concordancia, es decir, desarrollar acciones paralelas que, efectivamente, contribuyan a restaurar sus resquebrajadas relaciones con los conglomerados involucrados.

Sin duda, toda ley resulta perfectible. Pero, parafraseando a la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, estamos ante una norma que puede ser un paso trascendental para institucionalizar el diálogo y el reconocimiento de los derechos de un sector de la población que debe ser incluido en la agenda de las necesidades nacionales. Lo contrario sería proseguir con una forma efectista de gobernar, consistente en actuar solo cuando las crisis estallan o a través de comisiones que no sirven de mucho.