García, con el respaldo del siempre “dialogante” Yehude Simon, ha declarado el estado de emergencia en 8 distritos amazónicos de Loreto, Amazonas, Ucayali y Cusco. Pretende así imponer “mano dura” a la huelga de las comunidades nativas iniciada el 9 de abril pasado que reclama la derogatoria de 9 DL inconstitucionales –que afectan la territorialidad y los recursos forestales y naturales en las tierras comunales–, así como la Ley de Recursos Hídricos que amenaza al agro y abre puertas a la administración privada del agua.

Claro, el estado de emergencia no incluye todas las áreas de movilización de nativos –caso de San Martín y Yurimaguas– sino, específicamente, aquellas en las que hay ductos de petróleo y de gas e importantes concesiones de transnacionales. A fin de cuentas, se trata de “garantizar seguridad” a las grandes empresas, no a la población, garantizar el progreso amenazado por los “perros del hortelano”.

El gobierno del Dr. Alan García Pérez ha decretado, desde el sábado 9, el estado de emergencia en casi todo el territorio amazónico, allí donde las organizaciones indígenas protestan con paros, movilizaciones e incluso bloqueos de ríos y carreteras contra el paquete de leyes del “perro del hortelano” que es una puerta abierta a la transnacionalización de la Amazonía peruana.

Era previsible la respuesta violenta y represiva del régimen alanista a las justas demandas indígenas. La razón de fondo es la siguiente: como el alanismo y la derecha económica con la que cogobierna han puesto todos los huevos de la política económica en la canasta del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y el TLC es el candado del modelo neoliberal que se cae a pedazos en todo el mundo, Alan García y sus socios no permiten que el modelo sea tocado ni con el pétalo de una rosa.