Por Luis Hallazi Méndez*
31 de enero, 2013.- El Gobierno vuelve a demostrar su incapacidad para hacerle frente a un conflicto que hoy es noticia pero que desde hace varios meses venía mostrando serios síntomas de malestar, no solo de la comunidad campesina San Juan Bautista de Cañaris, sino de todo el distrito, lo que fue transmitido en su oportunidad por sus autoridades (1). Por tanto no solo se trata de incapacidad, puesto que ésta es una consecuencia ante una situación puntual. Esto sin duda, se trata de una crisis de la gobernabilidad respecto a la conflictividad socio-ambiental, debido entre otras causas a la estructura del Estado, que carece de una organización territorial que le permita actuar con una lógica de Estado de derecho. Nos referimos por ejemplo a que las autoridades regionales y sus órganos especializados, en este caso la Gerencia Regional de Energía y Minas de Lambayeque carecen de competencias y de recursos económicos que les permitan resolver en primera instancia un malestar o conflicto ciudadano comprensible desde todo punto de vista.
