García, con el respaldo del siempre “dialogante” Yehude Simon, ha declarado el estado de emergencia en 8 distritos amazónicos de Loreto, Amazonas, Ucayali y Cusco. Pretende así imponer “mano dura” a la huelga de las comunidades nativas iniciada el 9 de abril pasado que reclama la derogatoria de 9 DL inconstitucionales –que afectan la territorialidad y los recursos forestales y naturales en las tierras comunales–, así como la Ley de Recursos Hídricos que amenaza al agro y abre puertas a la administración privada del agua.

Claro, el estado de emergencia no incluye todas las áreas de movilización de nativos –caso de San Martín y Yurimaguas– sino, específicamente, aquellas en las que hay ductos de petróleo y de gas e importantes concesiones de transnacionales. A fin de cuentas, se trata de “garantizar seguridad” a las grandes empresas, no a la población, garantizar el progreso amenazado por los “perros del hortelano”.

La decisión gubernamental se aplicó aprovechando la distracción del Día de la Madre y luego de una intensa campaña mediática que trata de calumniar y desprestigiar a AIDESEP, organización dirigente central de los nativos amazónicos, atacando los proyectos de desarrollo y educación bilingüe que dirigen los propios pueblos amazónicos descentralizadamente.

El estado de emergencia –por 60 días– se adoptó sin establecer la Mesa de Diálogo con AIDESEP que Simon comprometió semanas atrás. ¿Lo hará con dirigentes presos en Piedras Gordas, con sangre derramada, o no habrá diálogo? Cachetea las treguas de 24 y 48 horas anunciadas por las organizaciones de las comunidades nativas como Orpio (en Loreto) y Orpian (en Bagua y San Ignacio).

Desconoce la firme y meditada invocación al Presidente y al Congreso Nacional, hecha por obispos de 8 zonas amazónicas, a efectos de que dispongan “la derogatoria de dichos dispositivos legales (los DL que rechazan AIDESEP y las comunidades nativas) y contribuyan a la reformulación de su contenido con la participación de las poblaciones indígenas”, demandando cumplir con la consulta previa establecida en la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de NNUU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Finalmente, ignora la decisión del pleno del Congreso, tomada a regañadientes, de disponer que la Comisión de Constitución estudie por 15 días la inconstitucionalidad de los DL en cuestión y que la comisión multipartidaria especial –que analizó el caso– encontró evidente.

El Gobierno decidió responder a las demandas con un zafarrancho de combate y plomo para eliminar a los “perros del hortelano” amazónicos y abrir las puertas de la Amazonía al “desarrollo y progreso” que traen las transnacionales y su explotación de nuestros recursos naturales. Pero las comunidades ven con extrema preocupación las concesiones a Repsol en Pucallpa, a Perenco en el lote 67, y la presencia de Petrobras en Paquitzapango para establecer hidroeléctricas que atenderán las necesidades eléctricas del estado de Acre, en Brasil, con un severo impacto ambiental en el lado peruano no evaluado.

“Muerto el perro, muerta la rabia” pensará Fujigarcía al declararles la guerra a los nativos. Pero se equivoca. Ellos pelean por la vida, por su vida, por sus condiciones mismas de sobrevivencia. Y pelean por el país. No demandan aumento de sueldos o salarios, ni aumento de presupuesto a algún programa social. Defienden sus condiciones materiales fundamentales de vida: su territorio, el manejo de los recursos existentes en él, así como la preservación de los ecosistemas que, muchas veces, arrasan los extractores de materias primas que lo miden todo en función de su tasa de ganancia y que se sientan a la mesa con García.

Los “perros del hortelano” defienden su huerto, sin el cual no sobreviven. En realidad, el huerto del Perú, la soberanía sobre sus recursos y sobre la decisión de su manejo y su destino en función de los intereses del país. De allí que el reclamo de una nueva Constitución sea cada vez más claro.

Indigna que el gobierno envíe personal inexperto al VRAE, a enfrentar al “enemigo principal”, el narcoterrorismo, mientras envía policía de élite, de la Dirección de Operaciones Especiales, a enfrentar los reclamos de los nativos en Bagua y San Ignacio, o a la Marina de Guerra a atropellar las embarcaciones de nativos sobre el Napo. Pero su acción caldea los ánimos. Lo revela la ocupación por nativos de Corral Quemado, los cierres de carreteras entre Quillabamba y Echarate, los nuevos bloqueos en el Napo.

La solidaridad con los nativos motiva pronunciamientos de Conveagro y acuerdos de paro y movilizaciones en zonas como San Martín. Las centrales de trabajadores y campesinos –junto a las fuerzas políticas democráticas, descentralistas, de izquierda y nacionalistas– anuncian una Jornada Nacional de movilización y lucha este 27 de mayo que plantea la plataforma de los nativos, junto a la demanda de replantear el Plan Anticrisis para responder al golpe que sufren los sectores populares y las decenas de miles de trabajadores despedidos y sometidos a salarios de hambre. García y Simon están destapando una caja de Pandora.