Por casualidad cayó en mis manos el formulario que se usa en el Banco de Sangre de Essalud para tramitar donaciones para transfusiones. El sugerente lema convoca a todos: “¿Amas la vida? Dona sangre, y salva una …”. El lema, lamentablemente, no está completo pues debería de añadir, “salvo si eres homosexual”.

Se menciona personas a las que se prohíbe donar sangre, lo cual en principio es lógico dado el riesgo de transmisión de enfermedades. Hay que reconocer, además, la delicada y sacrificada labor del personal médico y de enfermería que atiende el Banco de Sangre y de Essalud en contextos en los que las necesidades de atención a los pacientes suelen desbordar las posibilidades de provisión oportuna para transfusiones, especialmente en cierto tipo de sangre.

Lo extraño –y escandaloso– es que en esa “lista negra” de proscritos están mezclados los homosexuales con quienes ciertamente generan riesgo, como quienes han tenido hepatitis o fiebre malta y quien es “promiscuo sexual, drogadicto intravenoso o si tiene tatuajes de dudosa procedencia”. Todo en un saco.

Para Essalud en el “paquete” de enfermos y “pervertidos” parecen estar, pues, los homosexuales (curiosamente no se excluye a los portadores de HIV-SIDA). Eso en pleno siglo XXI y en un formulario de una entidad del Estado que parece adherirse a la siniestra calificación que hiciera el purpurado “summa cum laude” de la intolerancia de que los homosexuales no están en el “plan de Dios”.

En el abc de una sociedad y Estado democráticos un ingrediente esencial es la prohibición de la discriminación. Que supone la simultánea obligación de garantizar que no se discrimine a nadie. Los Estados están obligados a proteger los derechos de las personas, sin discriminación alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Como lo ha establecido la jurisprudencia internacional (europea e interamericana), la orientación sexual de las personas es una categoría protegida dentro del concepto de “cualquier otra condición social”. Tal es el razonamiento por el cual la Corte Interamericana estableció hace algunas semanas la responsabilidad internacional del Estado chileno por haber discriminado por su orientación sexual a la jueza Karen Atala. Chile se ha comprometido a cumplir con la sentencia del tribunal interamericano.

Se trata, pues, de obligaciones jurídicas. Lo que implica que un Estado como el peruano está obligado a garantizar que no se discrimine a una persona por su orientación sexual. Como lo he recordado en esta misma columna (“No basta con no matar”, 6 de abril de 2012), ninguna norma, decisión o práctica puede disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual.

La obligación del Estado supone enfrentar de manera activa y categórica las prácticas e inercias discriminatorias para reemplazarlas por conductas y prácticas no discriminatorias. En esa ruta debe hacer frente a inercias, prejuicios y estereotipos como son, por ejemplo, los de emparentar a quienes tienen una orientación sexual diferente con los enfermos, promiscuos o adictos a la heroína.

Es que es inaceptable que una entidad del Estado, que se encuentra obligada a garantizar la no discriminación, no sólo tolere sino que promueva una práctica discriminatoria como la de equiparar una orientación sexual diferente con una “enfermedad” o asimilarla soterradamente a la promiscuidad. Estoy seguro que el Dr. Álvaro Vidal, presidente de Essalud, tomará cartas en el asunto y producirá de inmediato una rectificación para que no se generen graves responsabilidades para el Estado.

Solidaridad.- Mi firme solidaridad con Gastón Garatea, la última víctima de un acto intolerante más de alguien cuya conducta tiene poco que ver con la solidaridad, concordia y la benevolencia cristianas y, ciertamente, no parece estar, eso sí, en el “plan” de ningún Dios.