Por Nelson Manrique
¿Por qué no actuó García de esta manera? Según la versión oficial, el problema fue de deficiencias en la comunicación, pero la razón verdadera es otra: el grueso de los conflictos se dio en torno a las actividades extractivas, especialmente mineras, y las medidas que García pretendía imponer favorecían a las grandes empresas transnacionales e iban en contra de los intereses de las mayorías involucradas. Ante la imposibilidad de lograr un amplio apoyo, se recurrió entonces a una combinación de engaños, sorpresas, mecidas y, finalmente, bala. Da una medida de la carencia de base social de estas propuestas que en la virtual totalidad de los casos, luego de producido el saldo de dolorosas pérdidas humanas, se terminara retrocediendo y dando la razón a los protestantes, lo cual por cierto no va a devolver la vida a los asesinados.
En materia de corrupción, el saldo es igualmente negativo. El marino Elías Ponce Feijoó ha puesto en cueros a García y sus colaboradores, acusándolos de estar tras de las operaciones de espionaje telefónico y de interceptación de correos electrónicos de BTR. Ponce ha confirmado lo que Gustavo Gorriti había denunciado en su libro Petroaudios: el 2006 espió al entonces candidato Ollanta Humala a pedido de Alan García, quien después lo premió ascendiéndolo a contralmirante, a pesar de que ya se encontraba en el retiro. Añadió que García y Del Castillo tenían montada una estrategia para “birlar” US$ 875 millones al Estado, para mantenerse en el poder hasta el 2021. Dos nuevos pasos de Ponce Feijoó –desdecirse primero de su afirmación de que escuchó en un audio la voz de García, para ahora amenazar a través de otro implicado, el suboficial Fernández Vírhuez, con hacer públicos los audios que comprometen a García y Del Castillo después del 28/7– muestran su juego: obligar a los involucrados a comprar su silencio.
Con la denuncia del casi clandestino indulto “humanitario” que García ha otorgado a Julio Espinoza, militante aprista sentenciado a prisión por 15 años por el robo de 19 millones de soles destinados a los damnificados por el terremoto en Pisco, a apenas 8 meses de su detención, se reitera el modus operandi seguido para amnistiar a José E. Crousillat: alegar que el delincuente padece una “enfermedad terminal”, que se termina en el momento mismo en que el caco alcanza la calle.
¿Cómo sorprenderse de que el grupo editorial El Comercio decidiera censurar a Rosa María Palacios (el único programa político que quedaba en ese horario) en estos tiempos calientes?
Fuente: La República