Con un gobierno conservador que no comprende la realidad multicultural de nuestra sociedad, que no está dispuesto a encaminar propuestas interculturales, y que es refractario a la diversidad como lo demuestran temas recientes en Sernam, es casi inevitable que la relación entre Pueblos Indígenas y Estado transcurra en medio de tensiones. Sobre todo si no hay señales de querer dialogar sobre los temas que marcan la agenda desde hace ya demasiados años.

El próximo 15 de septiembre se cumple un año de la entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT. Tuvieron que transcurrir casi 20 años para que el Congreso Nacional aprobase su incorporación en la legislación nacional. Casi el mismo tiempo que llevamos de gobiernos democráticos.

En ese mismo día, un año antes, el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet puso en marcha las normas vinculantes de este tratado internacional para ser cumplidas por el Estado. Este hito marca un antes y un después de la demanda histórica de nuestros pueblos originarios, pues el Convenio 169 convierte en derechos positivos lo que antes era un objetivo que dependía de una concesión graciosa de los poderes establecidos. Lo que hace el Convenio es transformar los derechos indígenas en una tarea y responsabilidad efectiva y concreta del Estado y de toda la sociedad.

Entre septiembre del 2009 y marzo del 2010 se aplicaron las primeras normativas, y el gobierno envió al Congreso los proyectos destinados a crear un Ministerio de Asuntos Indígenas, un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y a modernizar la gestión del Estado haciendo transversal el tema indígena en las políticas públicas. Y se adoptaron decisiones importantes en relación al reconocimiento constitucional de nuestros pueblos, iniciativa largamente negada por la derecha e incluso incomprendida por sectores de la Concertación. Con ello, quedó instalado un marco programático indígena en el Congreso Nacional. Hoy, ese marco duerme el sueño de los justos tanto en el Parlamento como en el Gobierno, dejando la impresión que estamos a foja cero.

Entre marzo y septiembre de este año el Gobierno conservador deberá ser evaluado por su relación con el tema indígena. Lo primero que tendremos que decir a la comunidad nacional e internacional es que no hay política indígena relevante que actualmente esté en marcha. La aplicación del Convenio 169 se encuentra en estado inerte y el Gobierno sólo ha dispuesto medidas cosméticas para el abordaje del tema de tierras y una pretendida modernización de la Conadi.

Su reacción más visible está dada en problemas de seguridad en los conflictos del sur. Allí el Gobierno juega con la alternativa de controlarlos mediante la amenaza de una draconiana política de represión.

Sin embargo, los procesos interculturales van por otro camino y son más integrales y complejos en sus contenidos, y requieren diálogo con voluntad política para solucionar de manera estable y permanente los problemas que plantea. Los pueblos indígenas de hoy, en Chile, no son los pueblos indígenas de la colonia. Por ejemplo la problemática territorial mapuche no es exclusiva de este pueblo. A ella se suman hoy los Rapa Nui en Isla de Pascua, y en el norte, diversas comunidades diaguitas emergen con fuerza en su lucha contra las centrales térmicas que amenazan con invadir sus territorios. Cada una de ellas tiene su identidad y su complejidad cultural, social y política.

Así las cosas, la apertura para un auténtico diálogo no pasa por un Presidente que se vista con manta Aymara o poncho Mapuche, o autoridades que se esfuercen por generar la sensación de que están en terreno resolviendo problemas administrativos urgentes. Lo que se requiere es fecha, modo y plazo en que el Gobierno conservador convocará a los Pueblos Originarios a resolver con soberanía los temas de la agenda instalados antes del 10 de marzo. Este es el tema país y el nudo político principal que habilitará cualquier solución posterior a los problemas.