Por José De Echave*

7 de agosto, 2013.- La situación que vive la provincia de Espinar se torna preocupante. En menos de una semana se han conocido dos noticias que han generado inquietud en sus pobladores y autoridades. En primer lugar, la drástica reducción de las transferencias del canon minero, lo que significa un recorte de más del 90% de los ingresos programados para este año y por otro lado el pedido de diez años de prisión para el alcalde Oscar Mollohuanca y otros dirigentes sociales de la zona.

¿Qué está pasando? ¿Todo es una desafortunada coincidencia? Lo lamentable es que estos hechos le añaden tensión a una zona del país en la que la población y sus autoridades han estado haciendo un enorme esfuerzo para superar el escenario de conflicto que se presentó en mayo de 2012.

Sobre el tema del canon y la reducción de las transferencias, lo menos que se le debería pedir a esa “isla de excelencia del Estado peruano” (así es como se autocalifican), que se llama Ministerio de Economía y Finanzas, es una explicación de cómo así presentaron presupuestos de apertura con datos tan errados. ¿Qué les pasó? La transferencia programada para Espinar era de 65´531,309.00 millones de soles y van a recibir apenas 5´031,688.88 millones de soles. (ver cuadro)

Además, habría que exigir una discusión lo más transparente posible sobre este tema para ver qué es lo que ha pasado y sobre todo cuáles son las salidas. ¿O acaso los del MEF piensan que las municipalidades se las tienen que arreglar solas? ¿Cuál es la responsabilidad del MEF en todo esto?

También cabe preguntar para qué sirve que el Perú haya firmado la Iniciativa de Transparencia Financiera para las Industrias Extractivas, si en una situación como la descrita no se va a actuar con la mayor transparencia posible.

Como se ha mencionado, el otro tema que ha generado preocupación y malestar en Espinar es la acusación presentada por la Fiscal María Ley Tokoumuri, en la que solicita 10 años de prisión para el alcalde Óscar Mollohuanca y los dirigentes Herbert Huamán y Sergio Huamaní, entre otros. La Fiscal, que aparentemente nunca ha pisado Espinar y que ha investigado el caso desde Ica, los acusa de ser autores de varios delitos: contra la seguridad pública, entorpecimiento de servicios públicos, disturbios, apología del delito, fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos.

¿Es todo una lamentable coincidencia? El argumento que siempre se esgrime en este tipo de situaciones es el de la independencia de los poderes y que desde las altas esferas del poder político no se ejerce ningún tipo de presión. Lamentablemente, la realidad es mucho más complicada: basta con escuchar el reciente audio difundido en los medios de comunicación -en el que el entonces Ministro de Justicia, Juan Jiménez, el agente peruano y hoy Ministro del Interior, Pedro Cateriano y el ex presidente del Poder Judicial, parecieran intentar influir en la jueza que debía resolver el complicado caso de Chavin de Huantar-, para tener una idea de cómo se presiona, bajo supuestas sugerencias, al Poder Judicial.

Al margen de especulaciones, lo cierto es que estos dos hechos pueden provocar que se pierda todo lo avanzado en el diálogo sostenido durante más de un año en Espinar, buscando superar un escenario de conflicto como consecuencia de la presencia de la actividad minera. No se debe perder de vista que los equilibrios siguen siendo precarios en esa provincia cusqueña.

*José De Echave, economista y experto en temas mineros, ex viceministro de Gestión Ambiental del Perú y miembro de la ONG CooperAcción.

Fuente: CooperAcción