Perú: Desbande en el Ministerio de Cultura por presión contra Resolución viceministerial

                             

– Gobierno preferiría explotar Lote 88 antes que cautelar la vida de pueblos en aislamiento y contacto inicial.

Servindi, 25 de julio, 2013.- La presión gubernamental para desaparecer una Resolución del Viceministerio de Interculturalidad que advierte las amenazas que significa para pueblos en aislamiento y contacto inicial la aprobación del estudio de impacto ambiental del Lote 88 sería uno de los motivos para la renuncia de una retahila de funcionarios del Ministerio de Cultura.

Luego de la renuncia del ministro de Cultura Luis Peirano, ahora sigue la renuncia de Paulo Vilca, viceministro de Interculturalidad y Hernán Coronado, director de la Dirección General de Interculturalidad y derechos de los pueblos.

La norma de la discordia es la Resolución Viceministerial N° 005-2013-VMI-MC del 12 de julio de 2013, que aprobó su opinión técnica previa vinculante y que formula 83 observaciones al “Estudio de Impacto Ambiental para la Ampliación del Programa de Exploración y Desarrollo en el Lote 88”.

La medida que precisa que las observaciones deberán ser levantadas por la empresa Pluspetrol como condición para generar una nueva opinión técnica previa vinculante fue publicada en el portal del Ministerio de Cultura el 15 de julio pero fue retirada y actualmente no se encuentra en ningún portal del Estado.

Llamado al jefe de Estado

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) ingresó el martes 23 de julio una carta dirigida a Ollanta Humala, presidente del Perú, solicitándole que priorice la protección de los derechos fundamentales de los pueblos que se encuentran en la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti y otros (RTKNN) y que serían afectados por la ampliación del proyecto para extraer gas.

La aprobación del EIA del lote 88 implicaría una clara desprotección a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial “poniendo en riesgo la vida y salud de estos peruanos, vulnerando con ello el derecho constitucional a la vida y a la salud” indica la CNDDHH.

Las deudas del ministerio de Cultura

El miércoles 24 de julio Luis Peirano fue reemplazado en la cartera de Cultura por Diana Álvarez Calderón, quién tiene como antecedente haberse desempeñado como se ha como jefa del Área de Desarrollo Humano en la Defensoría del Pueblo y miembro del Gabinete de Asesores de la Municipalidad de Miraflores.

El lunes 23 Luis Peirano Falconí recibió el Informe Final del Grupo de Trabajo sobre Institucionalidad Pública en materia de Pueblos Indígenas u Originarios, el cual incluye una conjunto de acuerdos en torno a las características de entidad encargada de las políticas públicas indígenas.

Los acuerdos alcanzados corresponden a que la entidad responsable en materia indígena cuente con a) nivel ministerial, b) rectoría en materia indígena, c) contar con la participación efectiva de los pueblos indígenas y d) contar con órganos desconcentrados.

Entre las organizaciones indígenas existe preocupación por los compromisos sobre institucionalidad a los que se han arribado luego de reuniones que se han venido prolongando durante ocho meses.

Otro factor de preocupación ciudadana es la vigencia del cuestionado Decreto Supremo 054-2013-PCM que aplica el silencio administrativo positivo luego de 20 días hábiles de la solicitud del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) a la Dirección de Arqueología del Ministerio de Cultura o las Direcciones Regionales de Cultura.

Si se considera que el Perú no posee un catastro de restos arqueológicos, ni ha concluido la identificación de estos, “reducir plazos para que el Ministerio de Cultura haga esa labor en solo 20 días, es obligarlo a que actúe de manera poco diligente” afirmó Ana Leyva, de la asociación FEDEPAZ al respecto de la norma.

La nueva ministra de Cultura

Según informa el diario La República, Álvarez Calderón Gallo cursó estudios en Centrum Católica-Universidad de Tulane y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. También ha sido responsable de la Oficina de Administración en la Secretaría General del Ministerio de Justicia.

También ha formado parte de la junta directiva del Instituto del Ciudadano y ha sido miembro del directorio de la organización no gubernamental Desarrollo en Democracia.

Fuente: Servindi

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