Por Payo Pauch

13 de junio, 2013.- El lenguaje inclusivo está en boga por los gobiernos, organismos internacionales, organizaciones empresariales, ONG etc. Es el caballito de batalla del discurso político y gubernamental del actual gobierno peruano, para atenuar las brechas de desigualdad.

El término inclusión, se ha convertido en una expresión retórica, sugestiva, usada como muletilla para hacerla más interesante, como inclusión financiera, inversión inclusiva, desarrollo inclusivo, minería inclusiva entre otros, permitiendo su aplicación flexible y acomodaticia en contextos diversos.

Los estudios enfocan  la exclusión social, como un proceso multidimensional en el que interviene diversos factores que generan pobreza, desigualdad, marginación, discriminación, de los sectores menos favorecidos o vulnerables de la sociedad (llámese pueblos indígenas, comunidades rurales, los pobres, minorías por su color, género, edad, etc.), que viven al margen o excluidos de sus derechos ya sean sociales, ambientales, económicos, políticos o civiles.

Por lo tanto, la inclusión social vendría a ser  el proceso que conjuga mecanismos de  empoderamiento, toma de decisiones y oportunidades que garanticen que dichos sectores sociales  dispongan de las oportunidades y los recursos necesarios en educación, salud, empleo, producción etc. así como el respeto de sus derechos como personas y ciudadanos, que aseguren el acceso a su bienestar. Sin ser ninguneados, aculturados, o absorbidos por el sistema.

La tal mentada inclusión social del actual gobierno, muy eficaz para hacer campañas políticas o justificar acciones gubernamentales, ¿tiene realmente un contenido práctico y un compromiso real y valedero con los desposeídos del país?  O es simplemente declarativo y político, con voz pero sin poder decidir, con participación pero sin poder gobernar, con crecimiento económico pero con desigualdad.

El Perú, uno de los países con mayor grado de desigualdad en América Latina, con una fragmentada realidad social, con demasiadas exclusiones y excluidos; la inclusión social vendría a ser la gran deuda del Estado, un reto necesario de practicarlo pero difícil de realizarlo, en una sociedad que discrimina, margina, sin equidad ni ética, y un gobierno débil y timorato ante las presiones de los grupos de poder económico y mediático.

Con un Presidente rehén de la derecha más reaccionaria, que adolece el síndrome de Estocolmo (alineado a la ideología de los poderosos que prometió enfrentar), convocando a una reunión excluyente  en Palacio de Gobierno, de dirigentes políticos y empresariales de derecha, en torno a temas de Estado, ninguneando a las organizaciones políticas progresistas, y a los gremios sociales y laborales, a quienes les debe su triunfo político, ¿de qué diálogo inclusivo hablamos?

Un gobierno que no respeta el carácter pluriétnico y multicultural de nuestro país, conculcando los derechos de los pueblos originarios andinos y costeños, a ser partícipes de la Consulta Previa. Negando la publicación de la base de datos de pueblos indígenas, quechua, aymara, jacaru, cañari, túcume, moche etc. con el único propósito de facilitar y proteger la inversión minera en sus territorios de origen, ¿de qué inclusión social hablamos?

La DBA del país, alega que las comunidades campesinas andinas y costeñas carecen del carácter indígena por estar “integrados” al mundo accidental. Habrá que recordarle, que más de 7000 comunidades nativas y campesinas de la selva, sierra y costa del Perú, reconocidas oficialmente por la Constitución y las leyes peruanas, son descendientes directos de los pueblos originarios, que conservan total o parcialmente su idioma, su cultura, su territorio y se autodefinen como indígenas o campesinos.

El hecho de ser consumidores de bienes y servicios proveídos por el mercado, no borra ni desaparece las identidades culturales de los pueblos indígenas. No es más que  una recreación, adaptación o reacomodo a la globalización. Pues, no dejan de ser ciudadanos indígenas por usar celular, Internet o tecnología moderna, o ser indígenas urbanos como los shipibo de Cantagallo en Lima. Más bien sacan provecho de la coexistencia con la modernidad occidental, produciendo sus propias formas de modernidad, reformulados en términos de nuevas relaciones sociales y de producción.

Un gobierno indolente ante el problema de salud que aqueja a los peruanos menos favorecidos, siendo el segundo país (después de Bolivia) con mayor cantidad de enfermos de tuberculosis en América Latina (con 32 mil enfermos cada año). Ni que decir sobre la desnutrición crónica infantil, que todavía padece el 23% de niños a nivel nacional y el 37% de niños del área rural. Asimismo, el drama que afronta el pueblo indígena de los Candoshi (río Pastaza-Loreto) afectado por una epidemia de hepatitis B y Delta desde hace años, con consecuencias dramáticas para su población y la amenaza latente de supervivencia de los Candoshi, ¿de qué inclusión social hablamos?

Ante la explotación desmedida y daño ecológico de los recursos naturales, por las malas prácticas de la actividad extractiva, con la consecuente convulsión social de los pueblos afectados, se estará agravando los desencuentros económicos y socioambientales del país, entonces, ¿de qué inclusión social hablamos?

Los programas sociales: Qali Warma, Juntos, Cuna Más, Pensión 65, representan el nuevo maquillaje del modelo neoliberal. Son meros recursos asistencialistas y paternalistas, que le trae al gobierno algunos réditos políticos por ahora, pero que en esencia hará poco o casi nada por los sectores más vulnerables, porque sus derechos estarán siempre postergados y sus capacidades y potencialidades olvidadas. Ya que este modelo neoliberal extractivista, ha servido para crear y ampliar las desigualdades y exclusión social, buscando solamente robustecer la sociedad de consumo.

Mientras no haya cambios en el modelo económico, que es una suerte de fundamentalismo de mercado, simplemente se estará administrando la pobreza y la desigualdad de nuestro país.

Se requiere de un Estado con un nuevo paradigma socioeconómico, alineado a un modelo de desarrollo orientado al desarrollo humano y al capital social. Que fomente y desarrolle las capacidades, potencialidades y competencias de los ciudadanos menos favorecidos o vulnerables, en lo que puedan hacer y ser con lo que tienen y desean, con libertad y autoconocimiento. Que garantice la igualdad de oportunidades y el respeto a sus derechos como personas y ciudadanos.

Solamente así podremos hablar de una inclusión con justicia social.

Referencias:

Franco, Carlos 2012 Inclusión Social en Agenda. Semanario Punto edu- Pucp, año 8, número 261, Lima.

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social: www.midis.gob.pe

Instituto Nacional de Estadística e Informática. ENDES, 2011. www.inei.gob.pe

Organización Panamericana de Salud. Agenda Nacional de investigación en Tuberculosis en Perú-2011. OPS-PERÚ. www.paho.org/per/index.php

Fuente: Servindi