– El caso ilustra cómo el TLC y el Estado peruano protegen a los inversores por encima de los derechos humanos.

Servindi, 7 de mayo, 2013.- La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presentará hoy en la ciudad de La Oroya, región Junín, el informe “Complejo Metalúrgico de La Oroya: Donde la inversión se protege por encima de los derechos humanos”, que trata del grave daño causado por la compañía Doe Run en la población del lugar.

De la mesa de presentación formarán parte María José Veramendi, asesora legal de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Nilton Velazco, del Arzobispado de Huancayo, y Jorge Abrego, de la Asociación Pro-Derechos Humanos (Aprodeh).

Esta última es miembro activo de la FIDH que tiene su sede en París, Francia.

La población de La Oroya durante décadas estuvo expuesta a altos niveles de contaminación del aire debido a las emisiones tóxicas del complejo que trabaja plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre y que la llevó a ser considerada desde hace años una las diez ciudades más contaminadas del mundo.

Tal como lo recordó la asesora legal de AIDA, en una presentación que se hizo ayer en la ciudad de Huancayo, el 97 por ciento de menores de 6 meses a 6 años y el 98 por ciento de niños de 7 a 12 muestran niveles altos de plomo en la sangre, llegando a al cien por ciento en La Oroya Antigua, la zona más próxima al complejo.

Doe Run Perú, subsidiaria de la empresa norteamericana Doe Run Company, comenzó a operar el complejo luego de su privatización en 1997. Tanto la empresa como el Estado han incumplido sus obligaciones para prevenir el impacto ambiental y respetar los derechos humanos de la población de La Oroya.

El informe repasa de este modo las acciones tomadas en los últimos por organizaciones como AIDA y otras que solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas de protección para las personas cuya salud estaba en grave riesgo por la contaminación.

Asimismo, se detiene en lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses respecto al desempeño del Gobierno en el tema y la actuación de Doe Run tras la publicación de los resultados de los estudios que demostraban el daño provocado en la población.

Recuerda así que la respuesta de Doe Run fue, “no solo una negativa rotunda y campañas de desinformación, sino, más aún, estigmatización y ataques contra quienes se atrevieron a protestar”.

La representante de AIDA indicó en ese sentido que el informe narra el proceso de Doe Run para liberarse de las responsabilidades que tiene.

El estudio también informa sobre como a finales de 2010, Renco inició un arbitraje internacional —alegando la violación de sus derechos como inversor extranjero, garantizados por el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos— y pidió una compensación de 800 millones de dólares.

Jorge Abrego de Aprodeh, quien también participó de la presentación que se desarrollo el lunes, sostuvo en este sentido que el informe hace énfasis en la desigualdad de herramientas que tienen las víctimas para la exigibilidad de sus derechos.